A lo largo y ancho de nuestro continente, la pelea por la identidad sexual y los derechos de la comunidad homosexual, se vieron fortalecidas por los nuevos gobiernos populares, que se hacen cargo de todos y de todas. El aborto también es uno de los grandes reclamos de distintos movimientos de género, y no sólo […]
A lo largo y ancho de nuestro continente, la pelea por la identidad sexual y los derechos de la comunidad homosexual, se vieron fortalecidas por los nuevos gobiernos populares, que se hacen cargo de todos y de todas. El aborto también es uno de los grandes reclamos de distintos movimientos de género, y no sólo tiene que enfrentarse al prejuicio de la sociedad sino también a la iglesia y a los grupos autodenominados «Pro vida».
En Ecuador aún no se registran grandes logros en materia de derechos de identidad y diversidad sexual, sin embargo, un comunicado de «14 millones», que reúne a grupos autodenominados «provida», piden la destitución de la ministra de Salud, Carina Vance. Solicitan que se veten todos los artículos que despenalizan el aborto y que se incluya la limitación de esa práctica en el proyecto de reforma del Código Orgánico Integral Penal.
Tampoco están de acuerdo con el matrimonio civil y adopción por parte de parejas del mismo sexo. El tema se debate en la propuesta de Ley Reformatoria del Registro Civil y está en primer debate en la Asamblea Nacional.
En rechazo a estos temas, familias, estudiantes de colegios católicos, sacerdotes y grupos de embarazadas participaron esta semana en un plantón en los bajos de la Gobernación del Guayas.
Un grupo de representantes dialogó con la gobernadora Viviana Bonilla para entregar sus propuestas, dirigidas al presidente Rafael Correa.
Este polémico tema ha sido parte de los discursos de precampaña de algunos candidatos a la presidencia del país.
Pero Juan Carlos Castelblanco, representante de «14 millones» Guayas, dice que es un tema en defensa de la familia. «En el país el 84 por ciento somos católicos y algo más del 81 por ciento está en contra del aborto».
Pero algunos de quienes pasaban por el lugar no estuvieron del todo de acuerdo, como Jaime Pérez: «El aborto es una decisión personal de la mujer, pero en ciertos casos. Imagínese en caso de una violación», dijo.
En Bolivia, la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSMCIB) prometió fortalecer la unidad de ese sector y respaldar el proceso de cambio en el II Congreso Ordinario que se realiza en La Paz.
«Este congreso debe servir para unirnos más, para fortalecer nuestra organización, para que se reconozcan los derechos y los valores de las mujeres y para hacer planes y proyectos para seguir impulsando el proceso de cambio que lleva adelante el presidente Evo Morales», afirmó la secretaria ejecutiva de esa entidad sindical, Natalia Quispe.
Informó que la CSMCIB está en constante crecimiento y está conformada por federaciones de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Beni y Pando, con proyección de aglutinar a todos los departamentos.
El congreso se realizó en el excine Miraflores con la presencia en el acto inaugural de las presidentas de las cámaras de Senadores y Diputados, Gabriela Montaño y Rebeca Delgado, respectivamente; también del secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Trujillo y de la Confederación de Interculturales, Pedro Calderón, además de asambleístas nacionales y dirigentes de organizaciones femeninas.
La presidenta de la Cámara de Senadores destacó la importancia de la participación de las mujeres en la vida política y en la toma de decisiones del país.
«Debo informales que en esta gestión aprobamos 90 leyes en beneficio de todos los sectores y también se aprobaron leyes en favor de las mujeres», remarcó.
Subrayó que no debe haber discriminación con las mujeres elegidas o designadas como autoridades y «menos que las obliguen a hacer algo con lo que no están de acuerdo».
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados dijo que las mujeres tienen toda la capacidad para ejercer cargos públicos, para construir leyes pensando y sintiendo junto al pueblo.
En Uruguay luego de haberse aprobado en el Senado la Ley que despenaliza el aborto, la norma espera ser reglamentada en las próximas semanas para luego ser promulgada por el presidente José Mujica. Mientras, los partidos de la oposición al Frente Amplio buscan distintos canales para derogarla.
A estas alturas, el ministerio de Salud Pública de Uruguay trabaja en la reglamentación y estiman que en un mes más estará lista para la firma. La Legislatura anterior había aprobado una ley similar en 2008, que finalmente fue vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez, médico de profesión, por «razones filosóficas y biológicas».
La nueva Ley establece que «la interrupción del embarazo no será penalizada» y que «no serán aplicables» los artículos del Código Penal referidos a este tema, «para el caso que la mujer cumpla voluntariamente con los requisitos que se establecen (…) y se realice antes de las 12 semanas de gravidez».
La norma contempla tres procedimientos para interrumpir el embarazo: dos con el uso de fármacos: misoprostol -que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)- y una combinación de esa droga y el mifepristone; y el otro, mediante aspiración intrauterina. La utilización de cada uno de estos métodos dependerá de cada caso, de la situación sanitaria de la mujer y del tiempo de gestación del embarazo.
Entre las voces que rechazaron la medida, se destacan los partidos Colorado y Nacional y la Iglesia. Por supuesto, también el secretario de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU), monseñor Heriberto Bodeant
La Iglesia no participará de la convocatoria a una consulta popular, y en el mismo sentido se pronunciaron distintas organizaciones antiabortistas.
En Uruguay se realiza este tipo de debate a causa de los 30 mil abortos ilegales, según cifras oficiales, aunque la mortalidad materna como consecuencia de esa práctica es muy baja. La nueva Ley dejará sin efecto la legislación de 1938, que penaliza con entre tres y nueve meses de prisión a la mujer que aborte y con hasta dos años de cárcel para quien lo practique.
Tras la aprobación de la propuesta en el Senado, Uruguay es el segundo país de América Latina, después de Cuba, en despenalizar el aborto. En Argentina y Colombia está permitido en distinto grado cuando existe riesgo de vida para la madre o cuando la mujer fue víctima de una violación.
En cuanto a la ampliación de reconocimiento de derechos hacia la diversidad de identidades sexuales, Argentina es uno de los países más avanzados. Fue el primer país donde se aprobó y es ley el matrimonio igualitario, la adopción de niños por parte de matrimonios del mismo sexo; y hasta la identidad de género a partir de la adecuación en el documento de identidad a toda persona que solicite la rectificación registral del sexo, simplemente debe ser mayor de 18 años y presentarse ante el Registro Nacional de la Personas para modificar sus datos, salvo el número del documento original. Los menores de edad también pueden acceder a la rectificación de sexo, en este caso a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor.
Sin embargo, en Argentina el aborto seguro, legal y gratuito sigue siendo un tema trabado por sectores de la iglesia católica y hasta de sectores de la dirigencia política conservadores en esta materia.
El aborto en Argentina es un delito descripto en el Código Penal, pero -desde hace más de 50 años- sí se considera en ese mismo texto normativo el aborto no punible en los casos de violaciones, de riesgo de vida de la mujer y en caso de personas con discapacidades o deficiencias.
Fuente: http://www.apasdigital.org/apas/nota_completa.php?idnota=5764