El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, y otros Tratamientos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes», presentó recientemente ante el 22º período de sesiones del Comité de Derechos Humanos de ese organismo, un informe sobre la situación de la tortura en el mundo, en donde denuncia las diferentes formas de tortura y de […]
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, y otros Tratamientos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes», presentó recientemente ante el 22º período de sesiones del Comité de Derechos Humanos de ese organismo, un informe sobre la situación de la tortura en el mundo, en donde denuncia las diferentes formas de tortura y de tratos crueles que las mujeres reciben en los entornos de salud en diversos países del mundo (A/HRC/22/53).
Entre otras cosas, este informe concluye que, cuando un sistema de salud niega el aborto terapéutico a una mujer que lo necesita para salvar su vida, este sistema de salud está cometiendo un acto de crueldad contra esa mujer. Asimismo se señala que cuando un Estado prohíbe legalmente todas las formas de interrupción de embarazo o cuando manda a la cárcel a mujeres que acuden a los hospitales a recibir servicios de salud para no morir por las consecuencias de un aborto inseguro, ese Estado está quebrantando la obligación legal o moral que han adquirido frente a la comunidad internacional, de prohibir la tortura en su territorio.
Como es sabido, El Salvador desde 1998 forma parte del grupo de países que prohíben todas las formas de interrupción del embarazo (incluyendo el aborto terapéutico) y en donde se encarcelan a mujeres hasta por 30 años de prisión por practicarse un aborto, sin importar los motivos que les llevan a practicárselo. En consecuencia, y de acuerdo al Informe del Relator Especial sobre la Tortura, en El Salvador no solo se cometen tratos crueles contra las mujeres sino que se les tortura por este motivo.
Estos nuevos señalamientos del Relator Especial sobre la Tortura se añaden a las conclusiones del Comité de Derechos Humano de la ONU en octubre de 2010 sobre la grave violación a los derechos humanos que se comete en El Salvador al penalizar todas las formas de interrupción del embarazo. En esa misma oportunidad, el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo una solicitud al Gobierno de El Salvador de tomar medidas para impedir que las mujeres que acuden a los hospitales públicos sean denunciadas por el personal médico o administrativo por el delito de aborto, y para gestionar la suspensión temporal de las incriminaciones por el delito de aborto contra mujeres y contra personal médico, mientras no se revise la legislación vigente.
Frente a estos informes y recomendaciones de la ONU, las autoridades competentes para llevar a la práctica estas recomendaciones, han optado por la estrategia de guardar silencio, negándose a asumir la responsabilidad que tienen con los derechos de las mujeres salvadoreñas, en especial con el derecho de no morir por un embarazo. En su lugar han tomado el camino fácil de trasladar la responsabilidad a otras instancias y/o de desviar la atención hacia aquellos otros «temas de mujeres» que sí gozan de la aceptación general en la agenda mediática (violencia intrafamiliar, programas sociales, microcréditos, emprendendurismo) y que no ponen en riesgo sus alianza con las Iglesias conservadoras ni representan amenazas a su popularidad en las encuestas de opinión.
Sin embargo, más tarde o más temprano, la realidad termina por mostrarle al mundo el trato cruel y la tortura a la que son sometidas las mujeres en El Salvador: Beatriz, una mujer pobre y rural de 22 años, con un embarazo de 18 semanas que sufre de un cuadro de Lupus Eritematosos Discoidea agravado con nefritis, se encuentra en este momento en el Hospital de Maternidad en riesgo de muerte si continua con su embarazo, que ha sido detectado como anencefálico. El personal médico de este hospital se niega a practicarle este procedimiento por miedo a ser inculpados por complicidad en el delito de aborto, mientras que un representante de la Fiscalía General de la República le ha comunicado que si se somete a una interrupción del embarazo, será procesada penalmente de forma inmediata. Ni siquiera el argumento de que su muerte dejará en la orfandad a un niño de un año de edad ha sido suficiente para que las autoridades salvadoreñas permitan la realización de este procedimiento.
Todo esto sucede frente al ya tradicional silencio de la Presidencia de la República, la Ministra de Salud, del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el Grupo Parlamentario de Mujeres, la Procuradora General de la República y de los honorables magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pero también transcurre con la complicidad de organismos internacionales como ONUMUJERES y el Fondo de Población de Naciones Unidas, que se niegan a reconocer la tragedia que viven las mujeres en un país en donde están prohibidas legalmente todas las formas de interrupción del embarazo y que en su lugar, se empeñan en seguir otorgando innumerables reconocimientos al Gobierno de El Salvador por sus «avances en la defensa de los derechos de las mujeres».
El Mahatma Gandhi decía que no le asustaban las malas acciones de la gente mala, sino que le aterrorizaba la indiferencia de la gente buena. ¿Qué esperan gentes buenas dentro y fuera de El Salvador para salir de su indiferencia y salvar esta vida? ¿Es qué creen que la muerte de Beatriz no terminará por inculparnos a todos y a todas por nuestra pasividad y por nuestro silencio en estos momentos cruciales?
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.