El 10 de diciembre de 2013 se aprobó en Uruguay una ley que regula la venta, la producción y el consumo de la marihuana. En un país donde una de cada cinco personas es consumidora, se apuesta por una regulación del mercado del cannabis que aleje esta sustancia del circuito ilegal, permita su control directo […]
El 10 de diciembre de 2013 se aprobó en Uruguay una ley que regula la venta, la producción y el consumo de la marihuana. En un país donde una de cada cinco personas es consumidora, se apuesta por una regulación del mercado del cannabis que aleje esta sustancia del circuito ilegal, permita su control directo en los procesos de producción y comercialización, garantice el acceso para su uso medicinal; y posibilite abordar abiertamente, y sin estereotipos, la difusión de información que reduzca los riesgos en el consumo recreativo.
Se estipula que las tres vías legales para la adquisición de la marihuana son el autocultivo (hasta 6 plantas por persona), los clubes de cannabis, y las farmacias (un máximo de 40 gramos mensuales por persona). Al igual que con otras drogas, se sancionará a quienes la produzcan sin autorización, y no se podrán conducir vehículos bajo sus efectos. Se prohíbe la venta del cannabis a menores de edad, así como su publicidad; y se regula su consumo en lugares públicos.
Ante este importantísimo avance en materia de políticas de drogas, el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) realiza hoy un evento en la ciudad de Lima, donde abordará los sustanciosos beneficios de esta ley, y donde discutirá el ostensible fracaso que la guerra antidrogas ha demostrado tener en el Perú y en el mundo.
A pesar de que el artículo 299 del Código Penal peruano permite la posesión de pequeñas cantidades de droga para uso personal (en el caso de la marihuana, un máximo de 8 gramos), la esquizofrénica lucha antidrogas genera constantemente actuaciones desinformadas, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, criminalizando así a los consumidores y violando la ley. Solo en 2012, casi el 60% de las detenciones de la PNP por tráfico ilícito de drogas fueron por actos de consumo personal.
Pero la falta de puntería de nuestras autoridades no solo está en estas injustas detenciones, sino en todo el planeamiento estatal de «estrategias contra las drogas», que no ejerce un debate público acerca del tema, que militariza las zonas de cultivo, criminaliza a consumidores y a pequeños campesinos productores -quienes se encuentran en situaciones de absoluta pobreza e indefensión. De manera obvia y descarada, la política adoptada por el Perú no ataca las raíces del problema, razón por la cual, a pesar de los atropellos mencionados, el país es hoy el primer productor mundial de cocaína.
La organización «Regulación Responsable de la Marihuana» señala que la ley aprobada en Uruguay reduciría la fuga de capitales de un negocio de alrededor de 30 millones de dólares al año en el país. En su lugar, el Estado podría reinvertir estos recursos en educación, salud, y demás derechos. Por tanto, desde donde se le mire, una regulación como esta reporta muchos más beneficios que inconvenientes Entonces, ¿qué es lo que nos impide repensar nuestras políticas y aprender del Estado que hoy dirige José Mujica?
Fuente original: http://diario16.pe/noticia/43409-lea-apoyando-ley-regulacion-mercado-marihuana-uruguay-columna-francesca-emanuele