Otro acto de descarada injerencia de la OEA en los asuntos internos de Nicaragua ha obligado a Managua a cesar su presencia en el organismo dirigido por Luis Almagro.
Nicaragua responde así a la aprobación de otra moción ilegítima contra su soberanía, elaborada sobre la base de la hostilidad política exclusiva y la acritud ideológica, no sobre la base de argumentos probables y veraces.
La decisión de abandonar un foro que, desafiando toda decencia, se inmiscuye continuamente en los asuntos internos de Nicaragua, aunque no sea en absoluto un foro de jurisprudencia internacional, parecía tan oportuna como inaplazable. Nicaragua, de hecho, se une a Venezuela y Cuba en el abandono de la OEA y, en consecuencia, en su desconocimiento como entidad política representativa del continente latinoamericano. Lejos de cumplir con sus estatutos, la OEA es en realidad un instrumento de agresión contra el conjunto de los países progresistas y socialistas de América Latina, una especie de oficina para América Latina del Departamento de Estado de Estados Unidos, destinada a implicar directamente a los países miembros en la aplicación de la política estadounidense a nivel continental.
El enfrentamiento entre la OEA y el gobierno nicaragüense, ya existente desde hace varios años, se había recrudecido aún más tras la campaña de Estados Unidos contra Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia iniciada por Trump y continuada con Biden, y tuvo sus consecuencias en la negativa de Nicaragua a aceptar la observación electoral de la OEA, Estados Unidos y la UE.
La decisión de no invitar a la OEA como observador electoral tuvo varias explicaciones, todas ellas muy convincentes. Es el resultado de una declarada y manifiesta hostilidad preconcebida e instrumental, desprovista de todo argumento de fondo, que ve al gobierno nicaragüense objeto de reiterados ataques tan injustificables en términos de derecho como del propio estatuto de la OEA. Después de todo, la OEA ya había decidido, incluso antes de que se celebraran las elecciones, que no reconocería el resultado. Entonces, ¿qué habría observado?
No se puede tolerar la creciente injerencia del organismo, que ha transformado a Nicaragua de país miembro en blanco de ataques políticos ordenados por Washington. La OEA, que nunca ha ocultado estar del lado de los golpistas, parecía cada vez más convencida de que podía ejercer una influencia política en el país, intentando erigirse en un interlocutor inmejorable en los planos legislativo, reglamentario y normativo de todo el proceso electoral. Una apropiación indebida de la soberanía nacional nicaragüense que el gobierno sandinista nunca hubiera concedido a nadie.
La OEA parecía estar imitando a la jerarquía eclesiástica nicaragüense: pretendiendo ser árbitros de tercera parte mientras dirigía una de las dos facciones. La repetida intervención en apoyo del golpe parecía intolerable e indicaba claramente el marco en el que se desarrollaría la observación. Entre ellas, la definición de la infame caravana del chamorrismo, experta en el lavado de dinero y el golpismo, como «candidatos de la oposición» sin ellos haberlo sido nunca y sin tener un partido. Entonces, ¿debería el gobierno sandinista haber invitado e investido de credibilidad internacional a un organismo que, incapaz de determinar la victoria de la derecha, habría tratado de invalidar el proceso electoral para no ver ganar al comandante Ortega?
El papel de Almagro en las elecciones
Pero no sólo en Nicaragua la OEA ha demostrado carecer de neutralidad política y calidad jurídica: recuérdese que, en materia de elecciones libres, ha reconocido al golpista Micheletti en Honduras, a la golpista Añez en Bolivia (que asumió el cargo precisamente con el apoyo de la OEA) y acoge como representante de Venezuela a un payaso llamado Guaidò, nunca candidato y nunca elegido, sólo nombrado presidente por un tuit del ex vicepresidente estadounidense Mike Pence. Es, como mínimo, un concepto completamente ideologizado de la democracia y de cómo debe ser un proceso electoral: un circo el primero, una farsa el segundo.
Incluso antes de las elecciones, al evaluar las condiciones de acceso a las candidaturas en los respectivos países, la OEA se muestra como un actor activo en la disputa política: silencio sobre el uso político y criminal de la ley (lawfare) a todos los líderes de la izquierda latinoamericana, pero un dedo señalando a Venezuela o Nicaragua. En definitiva, la OEA cumple la misión que le ha asignado Washington: proporcionar una legitimidad política y faux-técnica-legal a los gobiernos fascistas aceptables para Washington y desconocer y definir como ilegítimos a todos los del área progresista.
Lo mismo puede decirse de la cuestión de los derechos humanos, la bandera andrajosa e instrumental del nuevo intervencionismo estadounidense en el continente latinoamericano: se ignora deliberadamente la matanza colombiana de opositores para acusar a Nicaragua de haber detenido a ocho criminales; se absuelve al chileno Piñera de haber ordenado disparar a los ojos a los estudiantes manifestantes, pero se culpa a Ortega de reaccionar al golpe de Estado.
Mucho más allá de Nicaragua, que a pesar de todo se ha convertido en el paradigma de un abuso de prerrogativas y de un papel equivocado y arrogante asumido por la presidencia de Almagro, la decisión de Managua tendrá repercusiones en toda la estructura. Son ya muchos los países que no toleran la gestión del organismo como portavoz de los intereses de Estados Unidos en el continente: Argentina, México, Bolivia, El Salvador, son algunos de los países que más claramente han expresado su disconformidad con la actuación de Almagro y el valor en sí mismo de un organismo que parece tan inadecuado como irreformable.
De hecho, el marco político latinoamericano emergente pone en cuestión la propia existencia de la Organización, víctima de la pretensión de Estados Unidos de mantenerla en vida como expansión continental de las decisiones de la Casa Blanca. Por otro lado, el estatuto establece que la OEA, que vive del 80% de la contribución de Estados Unidos, puede discutir la situación de todos los países, pero no la de Estados Unidos. Que, por tanto, juzga a todos pero no puede ser juzgado por nadie.
La OEA no es un agregado multipolar, una asociación entre distintos países, un instrumento destinado a la cooperación regional y a la puesta en valor de la diversidad del continente en un marco de cooperación y reconocimiento mutuo: la OEA es, a todos los efectos, el instrumento político formal de la dominación estadounidense sobre América Latina. La estructura de la OEA también sirve para dar un barniz de asociacionismo multilateral y coparticipación a lo que siempre ha sido una política unipolar con mando centralizado. Da un aura de democracia y responsabilidad compartida a decisiones que son sólo de Washington en función de sus intereses estratégicos.
Al abandonar la OEA, Managua consigue un resultado político que tendrá consecuencias positivas, ya que la decisión desactiva los planes de aislamiento diplomático y comercial previstos por Washington. Al abandonar el organismo, Managua no podrá someterse a medidas como las previstas en la Carta Democrática. Cada país latinoamericano podrá decidir libremente sus relaciones políticas, comerciales y diplomáticas con Managua. Esto da a toda la región la libertad de continuar e incluso aumentar el comercio con Nicaragua, permitiendo a sus economías acceder a acuerdos mutuamente beneficiosos que se habrían perdido en caso de sanciones bajo la Carta Democrática. Un ejemplo importante es el de la región centroamericana, donde Nicaragua es el principal exportador de productos alimenticios clave para algunos (El Salvador a la cabeza) y la ruta ineludible para el comercio regional por carretera. Las mismas posibles y probables sanciones de Estados Unidos rebotarán contra los intereses generalizados y entrelazados de la región, así como la diferenciación de la cartera de importaciones y exportaciones de Nicaragua.
Managua sabe cómo defenderse. Al igual que Caracas y La Habana, es una libre universidad donde se enseñan dignidad y independencia, donde se practica la desobediencia a los intereses extranjeros y la obediencia a los del propio país. La soberanía se practica no sólo para uno mismo, sino también para distinguirse de los que, de rodillas y con las manos extendidas, esperando que caigan las migas de pan rancio de la mesa del imperio, practican la servidumbre a diario.
La OEA es ahora una réplica de las alimañas conocidas como Grupo de Lima. La Nicaragua sandinista está lejos del espíritu que anima a los congregados en el baile donde suena solo la música del dueño. No han querido o sabido escuchar a las razones de la independencia, al orgullo de la soberanía. Los que viven en completa genuflexión, en realidad ven más de cerca a los que se arrastran que a los que se mantienen orgullosamente de pie y con la espalda recta.
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