La Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social.
Un reclamo de la embajada de Washington en Tegucigalpa por un proyecto de revisión de contratos con empresarios de la electricidad en Honduras provocó una dura respuesta del gobierno de este país a la injerencia estadounidense en sus asuntos internos, en el primer roce del gobierno de Joe Biden con el de la progresista Xiomara Castro.
«La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora» de energía, tuiteó la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu.
El cruce entre los diplomáticos ocurre luego de que la presidenta Xiomara Castro envió un proyecto de reforma estructural del sector energético para garantizar el acceso a la energía eléctrica así como solventar la millonaria deuda adquirida por la estatal energética durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, hoy extraditado, precisamente, a Estados Unidos, por narcotráfico y corrupción.
El proyecto de ley de reforma del sector energético prevé garantizar el servicio de energía eléctrica como bien público y propone revisar los contratos con las empresas generadoras de energía y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Según la diplomática estadounidense le preocupa el efecto de la reforma en la inversión extranjera, una forma de encubrir diplomática los intereses de las expoliadoras empresas de su país.
Dogu tuiteó que «la reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como he escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora» de energía,
El ministro de Relaciones Exteriores hondureño, Enrique Reina, cuestionó la intervención de Laura Dogu: «Sra. Embajadora. Ud. ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre la política interna, lo que no contribuye a las buenas relaciones con EEUU«, advirtió.
“Nos preocupa su desacertada opinión sobre la política interna, lo que no contribuye a las buenas relaciones con EEUU, señalo el canciller.
Dogu asumió funciones el 12 de abril, en la reanudación plena de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Honduras, que se habían mantenido a nivel de encargado de negocios desde 2017. El envío de un embajador fue interpretado por el nuevo gobierno hondureño, que asumió el 27 de enero, como una señal de la administración de Joe Biden de fortalecer las relaciones con Xiomara Castro.
La Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, prevé subsidios a sectores de bajo ingreso (73 por ciento de la población), desempleados o discapacitados y la revisión de contratos con generadoras térmicas, eólicas y de otras fuentes para que rebajen el precio del kilovatio por hora.
El proyecto establece que en caso de que no sea posible una renegociación “se autoriza a plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio”.
La ley actual de la Industria Eléctrica fue promulgada en mayo de 2014, en el primer mandato de Juan Orlando Castro luego de ejercer la presidencia del Congreso hondureño, desde donde abrió las puertas de la estatal energética a la inversión privada que dos años más tarde tendría a la Empresa Energía Honduras (EEH) al frente de la distribución de energía en el país.
El secretario de Energía, Erick Tejada, aseguró que la empresa térmica Lufussa amenazó a la ENEE y al gobierno con suspender el suministro de energía. “No vamos a negociar con la pistola en la cabeza”, dijo el funcionario, quien recordó que la renegociación de los contratos con esas empresas es una de las promesas de campaña de la presidenta de Honduras.
“La mayoría de esos contratos son lesivos para el interés público y es imposible concebir el rescate de la ENEE sin la renegociación de esos contratos”, añadió. Desde 2010 el Estado le ha pagado 2.600 millones de dólares a Lufussa. Esta empresa privada aseguró que no amenazó a la empresa estatal, y que “simplemente se está notificando que no contamos con los recursos financieros para la compra de combustible que garantice al máximo la producción de energía”.
La demanda energética del país es de unos 1.700 megavatios y el 60 por ciento es generado por plantas térmicas que funcionan con derivados de petróleo. A partir de esos contratos con las generadoras privadas (unas veinte empresas) que abastecen el 60 por ciento de la demanda energética del país, el Estado de Honduras arrastra una deuda de más de tres mil millones de dólares.
Según los expertos, los gobiernos anteriores negociaron con las generadoras contratos «leoninos» por los altos precios en que fijaron el kw/h, muy por encima de los precios de los demás países de Centroamérica, y diputados oficialistas denunciaron numerosas irregularidades en la aprobación de esos contratos.
En el proyecto, la presidenta Castro también da cuenta que desde el golpe de Estado de 2009 las pérdidas aumentaron y sólo en el área de distribución (desde 2016 a cargo de la EEH) incrementaron de 20,8 por ciento a 30,75 por ciento al 31 de diciembre de 2021.
Victoria Korn. Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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