El 4 de febrero de 1962, como respuesta a la expulsión de Cuba de la OEA, Fidel Castro, ante una plaza colmada por un millón y medio de cubanos, denominó a la organización como el “ministerio de las colonias” de los Estados Unidos.
El texto contenido en la Segunda Declaración de La Habana expresaría: “La OEA quedó desenmascarada como lo que es; un ministerio de colonias yankis, una alianza militar, un aparato de represión contra el movimiento de liberación de los pueblos latinoamericanos.”
Este lunes 10 de marzo se elegirá un nuevo Secretario General para la Organización de Estados Americanos (OEA) en reemplazo de Luis Almagro. El único postulante para el cargo es Albert Ramdin, desde 2020 ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, quien ya actuara como secretario general adjunto del organismo entre 2005 y 2015.
La pregunta que muchos se hacen, luego de la década encabezada por el ex canciller uruguayo, es si algo cambiará en la esencia del organismo con el recambio de su secretario general.
El recambio en la secretaría general
La elección de Ramdin está en principio asegurada, luego del retiro de la postulación del actual canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, quien representa posiciones de derecha dura, en particular con referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua.
El surinamés cuenta expresamente con los votos de 22 países miembros, lo que asegura su elección en el cargo para el cual es necesario contar con una mayoría simple de 18 votos.
Su postulación ha sido respaldada por los 14 miembros del CARICOM, a los que en una reciente declaración de apoyo se sumaron Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Colombia. Declararon asimismo su adhesión posteriormente los gobiernos de República Dominicana, Costa Rica y Ecuador. Estados Unidos y Canadá no han anticipado aun su voto.
Es de destacar que el padrón de supuestos 34 países miembros es irregular – por no decir falso – ya que, más allá del retiro de Nicaragua de la organización en abril de 2022, son contabilizados como miembros Venezuela, que efectivizó su salida soberana en 2019 y Cuba, que pese a una apertura condicionada en 2009 a su “readmisión”, no participa del organismo.
Almagro, una década de alineamiento imperialista
Los diez años de la gestión de Luis Almagro al frente del organismo se caracterizaron por una desembozada actitud de agresión contra los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Postulado para ocupar el cargo por el gobierno de Uruguay, Almagro fue elegido en marzo de 2015 con un voto casi unánime de 33 países miembros, salvo la abstención de Guyana, apoyo que mermaría a 23 voluntades en su reelección en 2020.
Durante esa década Almagro adhirió sin cortapisas a las posiciones estadounidenses, asumiendo una postura agresiva contra los gobiernos de izquierda de la región. La Revolución Bolivariana fue su blanco preferido, legitimando incluso la posibilidad de una intervención armada contra el país, contraria, al menos en teoría, a los mismos principios del organismo. Este posicionamiento le valió al uruguayo la expulsión del Frente Amplio uruguayo en 2018.
También fue clave el intervencionismo de la OEA en las elecciones de Bolivia en 2019 previas al golpe de Estado, cuestionando en su informe “la integridad de los resultados”. Almagro llamó entonces abiertamente a anular la elección y convocar nuevos comicios.
En relación al Ecuador y a su viraje político hacia la derecha, señalan en un artículo como conclusión Adoración Guamán y Carola Íñiguez, “Almagro se arroga a sí mismo la representación de la organización, de manera autónoma de sus órganos y traspasando los límites de sus funciones y atribuciones y para ello ha llegado incluso a presionar a los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, con el objetivo de blindar a los gobiernos de Ecuador, tanto durante el mandato de Lenin Moreno como durante el mandato de Guillermo Lasso.”
En otro artículo del libro “La OEA en tiempos de Almagro”, Tamara Lajtman y Aníbal García Fernández señalan la “inocultable selectividad a la hora de denunciar violaciones a los derechos humanos (DD. HH.) y en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en ciertos países, asociada al apoyo deliberado a determinados gobiernos.” En particular, la referencia se dirige a la sindicación desde la institución de Venezuela y Cuba como presuntos instigadores de un “patrón de desestabilización”, al calor de la intensa protesta social desatada en 2019 y 2020 en Colombia, Ecuador y Chile.
¿Cambiará algo con Ramdin?
Responder a esta pregunta requiere un alto grado de escepticismo.
La OEA, fundada en Bogotá en 1948 a instancias de los Estados Unidos, se enmarcó en la intención de ese país de contener la expansión del comunismo y las ideas igualitarias en el continente. Al mismo tiempo, el organismo cumplió desde entonces con la institucionalización de la Doctrina Monroe en la región – denominada “hemisferio” en la jerga de la organización y del Departamento de Estado- pretendiendo con ello solidificar su influencia única y autoasumiendo el rol de supuesto garante de democracia, derechos humanos y, claro está, supremo defensor del liberalismo económico y la propiedad privada.
Según señala la politóloga argentina Silvina Romano, coordinadora del libro ya mencionado, desde sus inicios, “la OEA no ocultó su tendencia a adecuarse a las premisas de seguridad y de política económica postuladas desde EE.UU”.
De este modo, el recambio en su secretaría general no significó nunca la modificación estructural de ese objetivo estratégico, ya que los once funcionarios que ocuparon el cargo representaron fielmente su papel de gestores de este modelo de relaciones diplomáticas asimétricas. Fundamental en ello ha sido que el financiamiento de la OEA depende en gran medida de la cuota que aportan los Estados Unidos, en la actualidad muy cercana al 50%.
En el transcurso de la primera década del nuevo siglo, frente a la implosión de los esquemas neoliberales y la proliferación de gobiernos de izquierda o de centroizquierda, la OEA tuvo que reimpulsar un perfil de secretario general de supuesto mayor diálogo y más presentables para las izquierdas, eligiendo a funcionarios como Miguel Insulza, del partido socialista de Chile o Luis Almagro, que había sido canciller del frenteamplista José “Pepe” Mujica.
Sin embargo, esta táctica se develó al muy poco tiempo como esencialmente publicitaria y no logró evitar la construcción de instancias de integración soberanas como la UNASUR y posteriormente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En particular esta última, en la que no participan ni los Estados Unidos ni Canadá, representó un severo desafío para la pretensión de la OEA de ser el ámbito rector de la diplomacia regional. Sus dictámenes, concepciones y políticas sobre democracia y derechos humanos, evidenciaron en este período su decadencia y su distancia de la plurinacionalidad realmente existente en la región y su deseo de emancipación definitiva.
En este marco de pérdida de credibilidad de la organización en cuanto a su neutralidad y confiabilidad, acentuada todavía más por la gestión Almagro, la elección de Albert Ramdin, indica en principio un renovado intento de “lavado de cara”.
En cuanto a la gestión en sí, las intenciones geoestratégicas del gobierno estadounidense, ante la pérdida relativa de influencia global de la otrora potencia unipolar en la esfera global, indican a las claras una nueva adaptación a las circunstancias de la bicentenaria Doctrina Monroe.
En este caso, el lema de “América para los americanos”, se reinterpretará como denuncia a la ya intensa inserción económica y tecnológica de China y el relacionamiento con Rusia en América Latina y el Caribe, y más allá, intentará cortar la participación continental en el proyecto de la Franja y la Ruta, la incorporación a los BRICS y, sobre todo, evitar el abandono del dólar como moneda patrón de intercambio comercial.
Sin embargo, es de suponer que el nuevo Secretario General colocará algunos matices, como el de generar cierto diálogo intraregional, apoyándose sobre todo en su buena relación con las naciones anglófonas del Caribe y en el respaldo obtenido por el ala de gobiernos no revolucionarios de centroizquierda.
Es probable también que en este período, se intente, una vez más, el “relanzamiento” de la influencia de la OEA con un perfil de secretario general de supuesto contrapeso a la agresiva actitud del actual mandatario de los Estados unidos, Donald Trump, en lo que, en un guión cinematográfico podría ser incluido como los personajes del “policía bueno y el policía malo”.
Una película vista ya muchas veces y que en los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, más allá de su proverbial tendencia a la esperanza y cierta positiva ingenuidad, deberá ser motivo de inicial desconfianza. Al menos, hasta que los acontecimientos hablen por sí mismos.
Javier Tolcachier es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en agencia internacional de noticias Pressenza
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