Cuando se inicio el juicio a Pedro Castillo, en los primeros días de marzo, dijimos dos cosas que se han confirmado plenamente. Que se trataba de una parodia de juicio dado que las “autoridades competentes” tenían todo arreglado para condenar al presidente derrocado el 2022; y que éste era absolutamente inocente de los cargos formulados por el Ministerio Público dado que las cosas habían ocurrido exactamente al revés.
En efecto, el cacareado Golpe de Estado esgrimido como pretexto para derribar al presidente Constitucional de la República había sido ejecutado por la ultraderecha fascista desde el Congreso, contando con la complicidad del empresariado, la cúpula militar, la dirección de los “partidos” reaccionarios y la Prensa Grande al servicio del Gran Capital. Todo ello hoy ha quedado plenamente confirmado.
Al inicio del proceso judicial las encuestas registraban, sin embargo, que sólo un 33% de la ciudadanía creía en esa versión. El 57% en cambio admitía la idea vendida por los medios de comunicación y pensaba que Castillo había accionado el resorte golpista que había culminado con su caída.
Hoy las encuestas arrojan un cambio radical en la percepción ciudadana: el 59% cree que el Golpe fue dado contra Castillo y sólo el 33% sostiene la idea original.
Este giro, no es casual. Es el resultado natural de los acontecimientos que se han percibido en el proceso y que no han podido ser ocultados por la inmensa propaganda desatada por los enemigos del pueblo.
Y es que en cada audiencia han sido desbaratadas las acusaciones contra el presidente depuesto y, al contrario, ha salido a flote, una realidad indiscutible: las acciones golpistas fueron perpetradas por quienes hoy usurpan el Poder.
Se dijo, por ejemplo, que el presidente Castillo había ordenado “el cierre del Congreso”. En la audiencia se demostró que fue Martha Moyano -vicepresidente del Congreso y fujimorista reconocida- la que ordenó el cierre del Legislativo. Ella misma lo admitió.
También se dijo que Castillo había ordenado la detención de los parlamentarios, pero los acusadores no pudieron presentar un solo caso de un Parlamentario que hubiese sido detenido o al que se hubiese intentado detener.
Se dijo que “el Golpista” había ordenado a la Fuerza Armada sublevarse contra los poderes instituidos, y la Fiscalía no pudo presentar un solo testimonio de un militar o policía que hubiese cumplido -o siquiera recibido- tal orden.
Por lo demás, pudo establecerse que, a comienzo de la tarde del 7 de diciembre del 2022, Castillo salió de Palacio de Gobierno siendo jefe de Estado. En tal condición, se la abrió paso oficial, se le brindó custodia y se le acompañó como era el protocolo formal.
No obstante, veinte minutos más tarde, unidades policiales y militares rodearon el “Cofre” que se desplazaba por la avenida Wilson y encañonaron al presidente y a su familia obligando al mandatario a descender.
¿Como puede admitirse que salió de Palacio siendo presidente y poco después perdió su condición de tal sin que mediara ningún hecho o disposición de organismo constitucional alguno?
En el juicio quedó absolutamente demostrado que Pedro Castillo fue detenido siendo jefe de Estado, violándose en forma flagrante la inmunidad constitucional que lo amparaba. Por lo demás, no pudo establecerse quién dio la orden para el cumplimiento de tamaño despropósito, ni qué investidura lo arropaba en ese instante.
También pudo establecerse que Castillo fue forzado a trasladarse a la prefectura de Lima donde quedó recluido. Allí fue visitado por la entonces Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que poco después fue destituida por graves delitos de función.
En paralelo -y estando ya privado de su libertad- Castillo fue destituido por el Congreso de la República sin que se estableciera -de acuerdo con la ley- el antejuicio correspondiente a su investidura. El Legislativo -como se recuerda- obró ilegalmente violando todos los procedimientos, y sin reunir siquiera los requisitos elementales que le exigían un número mayor de votos que los alcanzados para procedimientos como el ejecutado. En otras palabras, el presidente fue destituido ilegalmente violándose los procedimientos constitucionales establecidos.
Los jueces a cargo del procedimiento iniciado en marzo sabían todo esto, pero les ha sido confirmado en cada audiencia de tal modo que ahora enfrentan un hecho consumado: no pueden probar lo que les habían encomendado. Ante sí, sólo tienen dos posibilidades reales: o declaran nulo el proceso y absuelto al acusado, o se empinan sobre su propia miseria y confirman la sentencia que ya tienen escrita.
Por lo pronto, están absolutamente desamparados. Incluso juristas de reconocida ejecutoria penal, y que nadie podría acusar de parcialidad en favor del acusado, como es el caso de Elio Riera, César Nakasaki o Benjj Espinoza han admitido la absoluta inviabilidad del juicio.
Este juicio ha tenido lugar en circunstancias extrañas. Se ha desarrollado en una sala especialmente acondicionada en el Penal en el que está recluido Castillo, para que “no vea la calle” y -obviamente- para que la calle no lo vea a él.
Las sesiones han transcurrido “en privado” y el evento no ha sido trasmitido. La ciudadanía ha podido enterarse de las cosas por pequeños fragmentos recogidos por algunos programas o gracias a las redes sociales, pero no ha existido una versión oficial de nada.
Dicho de otro modo, se ha tratado de un proceso incoado a un reo virtualmente secuestrado, y privado de los más elementales derechos. Aleatoriamente, Castillo asumió la táctica de ignorar el proceso para descalificarlo, con la idea de cuestionar sus resultados en el escenario internacional, como habrá de ocurrir.
Por lo demás, los jueces a cargo del proceso no constituyen garantía de probidad. Una de las integrantes del tribunal adelantó opinión contra Castillo hasta en 13 oportunidades por lo que fue recusada.
No obstante, fue amparada por los otros miembros de la Sala. Y los otros miembros del Colectivo, no han mostrado imparcialidad.
En suma, una pila de irregularidades que descalifican el accionar de un Poder sometido a la influencia de un escenario adverso a la justicia y a la ley. Y es que el juicio a Castillo se cae ante la impotencia real de jueces en un callejón sin salida.
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