Como consecuencia de un acuerdo entre los gobiernos de Milei y Meloni, la Corte Suprema argentina ordenó el pasado jueves la detención del exmiembro de las Brigadas Rojas Leonardo Bertulazzi, revocando así su estatus de refugiado y contradiciendo a la ONU.
Tras 20 años refugiado en Argentina un acuerdo entre los gobiernos del presidente, Javier Milei, y de la premier italiana, Giorgia Meloni, autorizó la detención de Leonardo Bertulazzi, exmiembro del grupo armado italiano Brigadas Rojas. Conocido en los años 70 por su alias Stefano, Bertulazzi estaba prófugo desde 1980, que lo condenó en ausencia a 27 años de prisión por secuestros, asociación ilícita y uso de armas de guerra.
Amparados en la actual sintonía ultra, los gobiernos de ambos países colaboraron estrechamente en el proceso previo al arresto. Según el comunicado del Ministerio de Seguridad argentino, Bertulazzi es calificado como un «terrorista», y su captura fue «producto de un profundo trabajo de inteligencia llevado adelante por el Ministerio de Seguridad de la Nación, y la Vicejefatura de Gabinete del Interior, quien se encargó de retirarle al terrorista su reconocimiento como refugiado político». Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue tajante: «En la Argentina de Milei, el que la hace la paga».
«No hay ninguna base para la detención», declara a GARA Rodolfo Yanzón, abogado de Bertulazzi, y añade que se trata de «una decisión política».
LA REVOCACIÓN DEL ESTATUS
La particularidad de este caso reside precisamente en el cambio de criterio de la jueza a cargo del caso.
En 2004 el Gobierno argentino, a través de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare y con respaldo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), le otorgó a Bertulazzi el estatus de refugiado, después de que en 2002 Italia solicitara su detención por hechos que entonces la jueza consideró «prescritos».
Ahora «no es la situación legal la que ha cambiado, sino la política», señala Yanzón, atribuyendo el giro al Gobierno de Milei. Aun así, advierte, «esta tendencia ya había comenzado con Macri».
Según el abogado, «la ley argentina es clara: si se presenta un pedido de extradición contra una persona con estatus de refugiado, debe ser rechazado directamente». Para Yanzón, la gran equivocación es «considerar que el refugio ha cesado».
Desde la detención en el barrio porteño de Monserrat, la familia de Bertulazzi no ha recibido noticia alguna.
«Para Milei, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados es un obstáculo», denunció Yanzón. No obstante, el abogado se mostró esperanzado y confió en que «Argentina se comporte como lo que siempre ha sido: un país respetuoso del estatus de refugiado». Además, dada la carga política de la decisión, vaticinó que «el tiempo juega a favor de Leonardo», ya que «un cambio de gobierno puede revocar también decisiones arbitrarias como esta».
En 2003 sus letrados ya habían conseguido que los tribunales argentinos rechazaran una solicitud de detención cursada por Italia, por lo que Yanzón asegura que tanto él como la familia de Bertulazzi darán una «lucha política». «Tiene que volver a casa», concluyó el abogado.