Estados Unidos vs China en América Latina y el Caribe

En 2024 el comercio bilateral de China con América Latina superó los 500.000 millones de dólares por primera vez, aproximadamente 35 veces el nivel de 2001 y se espera que el comercio en 2025 vuelva a superar esa cifra, lo que pondría de relieve la creciente profundidad del compromiso económico de China en la región.

China ya ha superado a Estados Unidos como principal socio económico en países clave como Chile, Perú y Uruguay. Brasil envía alrededor del 28% de sus exportaciones a China, en comparación con aproximadamente el 13% a Estados Unidos.

La inversión de China en América Latina, estimada en unos 650.000 millones de dólares, se está acercando al total estadounidense, de aproximadamente un billón de dólares.

Sin embargo, los gobiernos latinoamericanos concurren apresuradamente a Washington, a fin de explicarle la situación y les den autorización para negociar con China.

Desde la llegada de Donald Trump por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos esto esto ha sucedido con el rechazo del presidente José Raúl Mulino de Panamá al pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del gobierno chino por el fallo de la Corte Suprema de Justicia panameña sobre el contrato que la empresa portuaria china CK Hutchison Holdings tenía para administrar dos puertos en el Canal. Mulino manifestó que Panamá era un Estado de derecho y que se debían respetar las decisiones de la justicia. El gobierno chino había impugnado la sentencia que anuló el contrato.

También la acusación y posterior destitución del ex presidente interino de Perú, José Jerí, por supuestos vínculos “semiclandestinos” con empresarios de ascendencia china. Durante varias semanas previas a la acción de destitución legislativa, la embajada estadounidense en Perú estuvo haciendo comentarios que solo se pueden tildar de impropios e inusuales en el ámbito de la diplomacia y de injerencia sobre un asunto interno ajeno al rol de la representación estadounidense en Lima.

Incluso desde la época en que la general Laura Richardson como jefa del Comando Sur bajo el gobierno de Joe Biden, daba órdenes e impartía instrucciones a presidentes y autoridades locales.

Es sabido que Perú juega hoy un rol estratégico en la región suramericana a través del mega puerto de aguas profundas de Chancay y otras importantes infraestructuras. Revertir o reducir las inversiones chinas en Perú podría tener grandes implicaciones en los planes futuros de China y su iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda.

El entonces presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez, calificó de “inaceptable” que el estatal Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) no pudiera supervisar el puerto de Chancay, después de que el Poder Judicial ordenara a este organismo regulador abstenerse de inspeccionar esta infraestructura controlada por la empresa china Cosco Shipping Lines.

Álvarez dijo que le preocupaba que siendo Chancay un puerto sumamente importante para el Perú y para todo el comercio en el Pacífico, pudiera haber algún aspecto de la actividad o una parte, ya sea del mar o del territorio mismo de las instalaciones portuarias, que no puedan ser materia de supervisión por el órgano regulador. En este sentido, dijo que el gobierno apelaría el fallo, y si no consigue una respuesta favorable, analizaría la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

En otra acción que se inscribe en esta ofensiva anti china de Estados Unidos en los últimos días, Washington, a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, informó personalmente acerca de la revocación de las visas a tres funcionarios del gobierno de Chile: el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Cristian Araya; y el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Guillermo Petersen. Estados Unidos señaló que revocó los visados por “comprometer infraestructura crítica de las telecomunicaciones y socavar la seguridad regional en el hemisferio”, en relación con el proyecto de un cable de fibra óptica que conecta Valparaíso con Hong Kong.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones se mostró “dolido” con la decisión, ya que tiene un “lazo” especial con Estados Unidos, tanto familiar como académico.

En el Caribe, el embajador de Estados Unidos en las Bahamas, Herschel Walker, argumentó que los términos de la financiación china de 195 millones de dólares para el segundo hospital de New Providence no es “lo mejor para los intereses” de esta nación y prometió que la administración Trump “ayudaría a asegurar un mejor acuerdo”.

En una declaración oficial en respuesta a las revelaciones de un periódico de Bahamas en torno a que la ley y la jurisdicción chinas regirán el préstamo del Banco de Exportación e Importación de China que cubre el 72,8% o casi tres cuartas partes de las necesidades de financiamiento de 278 millones de dólares del hospital, argumentó que a las Bahamas le iría mejor si consiguiera «opciones de financiamiento que se adhieran a las normas internacionales».

Al sugerir que el gobierno debería reconsiderar el acuerdo, Walker dijo: «No parece ser lo mejor para los intereses de las Bahamas someterse a la ley y los estándares laborales chinos en su propio territorio”. Consideró que era mejor tomar en cuenta otras opciones de financiamiento que se ajusten a las normas internacionales para lo cual el presidente Trump iba a imponer acuerdos justos que beneficien a ambas naciones, comprometiéndose a ser el socio económico y de seguridad predilecto.

La declaración de Walker también confirmó las revelaciones del servicio financiero Tribune Business de que China Railway Construction Corporation, el principal contratista del segundo hospital de New Providence estaba entre un grupo de entidades chinas que atrajeron la atención de Donald Trump durante su primera presidencia debido a sus orígenes históricos y vínculos con el ejército chino. Por esta razón, el gobierno de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los estadounidenses poseer acciones en estas empresas debido a dichos vínculos.

Según el profesor Wang Wen decano y profesor del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China (RDCY), “…si Estados Unidos continúa su política de marginar los intereses chinos de la región mediante un enfoque gradual y fragmentado, es probable que China responda con una estrategia combinada de contraataque defensivo y escalada estratégica”. Esto incluiría “la integración económica, el empoderamiento financiero, la reestructuración de las reglas, la coordinación diplomática y la gestión de riesgos, diseñada tanto para proteger las inversiones existentes como para ampliar nuevas áreas de cooperación, consolidando la comunidad de intereses económicos compartidos entre China y América Latina”.

Puerto de Chancay: nueva disputa geopolítica entre China y EE.UU.

El puerto de Chancay, ubicado a 75 kilómetros al norte de Lima e inaugurado en noviembre de 2024, se ha convertido en el centro de una creciente controversia internacional luego de que una sentencia del Tribunal Constitucional peruano limitara las facultades de supervisión estatal sobre la terminal, controlada mayoritariamente por capitales chinos.

El megapuerto, considerado el primero de su tipo en América Latina por su infraestructura inteligente, es operado por el consorcio Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., integrado por la estatal china COSCO Shipping Ports (60 %) y la peruana Volcan Compañía Minera S.A.A. (40 %).

Desde su inauguración, la obra ha sido vista como un hito en la cooperación bilateral entre Beijing y Lima, pero también como un símbolo de la creciente presencia china en la región.

El 29 de enero de 2026, el Primer Tribunal Constitucional de Lima emitió un fallo que respaldó parcialmente un recurso de amparo presentado por el consorcio operador que limita las competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de uso Público (Ositran) para supervisar, regular, inspeccionar y sancionar las operaciones de la terminal.

La presidenta del Ositran advirtió que, de no revertirse en instancias superiores, la resolución establecería un régimen jurídico diferenciado para el consorcio chino, lo que afectaría la capacidad del Estado peruano para regular la actividad económica en su territorio.

La administración de Donald Trump, que en diciembre pasado publicó una nueva Estrategia de Seguridad Nacional que identifica la presencia china en América Latina como una amenaza prioritaria, emitió una advertencia pública días después del fallo.

Trump señaló que la participación china en Chancay podría implicar un golpe contra la soberanía peruana, en la estrategia estadounidense de contener lo que considera una penetración estratégica de Beijing en el continente, especialmente en puntos neurálgicos para la logística comercial del Pacífico.

La advertencia de Trump coincidió con un nuevo episodio de inestabilidad política en Perú.

El 17 de febrero, el Congreso destituyó al presidente José Enrique Jerí Oré, quien había asumido el cargo de manera interina cuatro meses antes y donde la causal esgrimida fueron reuniones con empresarios chinos investigados por presuntos actos de corrupción.

La simultaneidad de los hechos podría no ser casual, en un contexto donde Estados Unidos busca reforzar su influencia en la región y China mantiene una sólida posición como principal socio comercial de Perú.

El puerto de Chancay, el nuevo eje de disputa entre EE.UU. y China
Por Damian Cichero

A través de la publicación de su Estrategia de Seguridad Nacional, Donald Trump dejó en claro que su objetivo es que “tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y para proteger nuestra patria y nuestro acceso a geografías clave en toda la región”. Y dicha estrategia se está observando de lleno en el marco de la disputa entre EE.UU. y China por el puerto de Chancay en Perú.

Trump acelera

El interés de Washington por la región se confirmó cuando, a principios de año, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en Venezuela. Desde ese momento, EE.UU. controla la producción de petróleo en el país latinoamericano.

Pero Venezuela no es el único país de la región en el que Trump se interesa a la hora de negarles “a los competidores fuera del hemisferio la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”.

En esta línea, otra de las grandes preocupaciones de Washington es el puerto de capitales chinos ubicado en Chancay, Perú. Hace algunas semanas, un juez peruano excluyó al puerto de ser regulado y fiscalizado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

Y, como era de esperar, la noticia no cayó para nada bien en la Casa Blanca: la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental, dependiente del Departamento de Estado, mostró su preocupación “por los últimos reportes de que Perú podría quedarse sin el poder para supervisar Chancay, uno de sus puertos más grandes, que está bajo la jurisdicción de propietarios depredadores chinos. Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar la infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero chino barato cuesta soberanía”.

¿Por qué Trump se preocupa por el puerto?

Inaugurado en 2024 por el propio presidente de China, Xi Jinping, el puerto posee una capacidad de un millón de contenedores al año. Se ubica a 80 kilómetros al norte de Lima y pertenece, en un 60 %, a la empresa estatal china Cosco Shipping y, en un 40 %, a la minera peruana Volcan Compañía Minera.

El puerto es fundamental para agilizar los vínculos comerciales de China con América Latina: durante su primer año en funcionamiento, el puerto impulsó entre el 5% y el 10% del crecimiento total de exportaciones de Perú.

Pero la inversión china va más allá de este país: Pekín está en conversaciones con Brasil para construir un ferrocarril que conecte el mega puerto con las regiones brasileñas (actualmente, China ya es el principal socio comercial tanto de Brasil como de Perú).

Según lo estipulado, el corredor ferroviario recorrerá los estados de Bahía, Goiás, Mato Grosso, Rondônia y Acre, antes de cruzar la cordillera andina y alcanzar el litoral peruano, reduciendo la distancia comercial marítima entre Brasil y China en al menos 10.000 kilómetros

Por ello, teniendo en cuenta la trascendencia del puerto, desde el Gigante Asiático acusan a Estados Unidos de una “fabricación y difamación flagrantes” en relación con el proyecto desarrollado por Cosco.

Pekín presentó el tercer documento sobre su política hacia América Latina y el Caribe

La iniciativa, estructurada en un prólogo y tres capítulos, analiza el potencial de América Latina y el Caribe como “maravillosa tierra llena de vitalidad y esperanza”, repasa el crecimiento de las relaciones China-ALC y propone una hoja de ruta para construir una comunidad de futuro compartido.

China presentó en diciembre pasado en Beijing su tercer “Documento sobre la política de China hacia América Latina y el Caribe”, anunciando su disposición a fortalecer la cooperación con la región mediante cinco programas estratégicos que abarcan la solidaridad, desarrollo, civilizaciones, paz y pueblos.

El texto, publicado por el Gobierno chino, busca “planificar juntos para el desarrollo y la revitalización” y elevar las relaciones bilaterales a “una nueva altura”.

El documento se difunde días después que la Casa Blanca publicara su Estrategia de Seguridad Nacional, donde la Administración de Donald Trump reafirma la Doctrina Monroe en América Latina y el Caribe, con el objetivo de asegurar el «acceso continuo a lugares estratégicos clave» y a «recursos estratégicos que Estados Unidos debería desarrollar en asociación con sus aliados regionales».

La iniciativa china, estructurada en un prólogo y tres capítulos, analiza el potencial de América Latina y el Caribe como “maravillosa tierra llena de vitalidad y esperanza”, repasa el crecimiento de las relaciones China-ALC y propone una hoja de ruta para construir una comunidad de futuro compartido.

El ministro adjunto de Relaciones Exteriores de China, Cai Wei, destacó que el documento responde activamente a las necesidades de cooperación de ALC en comercio, inversión, finanzas, innovación científico-tecnológica y lucha contra el cambio climático, abarcando más de 40 áreas prioritarias.

El documento, tercero desde 2008 y actualización del plan de 2016, afirma que “China y América Latina ya se han convertido en una comunidad de destino común”, basada en la “igualdad”, la “cooperación” y el desarrollo mutuo. Entre sus ejes centrales destaca la cooperación económica en sectores estratégicos como inteligencia artificial, telecomunicaciones, energías renovables, hidrógeno verde, minería y procesamiento de minerales.

«Este documento pone de pleno manifiesto la alta importancia atribuida por China a sus relaciones con ALC y su sincera voluntad de materializar el desarrollo conjunto de ambas partes, y servirá como hoja de ruta y guía para el desarrollo de las relaciones entre China y ALC en la nueva etapa», destacó el ministro Cai Wei.

El documento propone expandir proyectos de infraestructura bajo las Nuevas Rutas de la Seda, iniciativa a la que se han adherido unos 20 países de la región, en áreas como transporte, logística, vivienda y energía eléctrica.

Además, aboga por “ampliar la cooperación en lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y los flujos financieros ilícitos”, ofreciendo cursos de formación en la materia y en seguridad, insta a “profundizar la cooperación contra las drogas y el narcotráfico”, mientras promueve el turismo mediante políticas de facilitación de visas, como la exención reciente para ciudadanos de Argentina, Perú y Chile.

Martin Charles, decano del cuerpo diplomático latinoamericano y caribeño en China y embajador de Dominica, subrayó que su implementación impactará sectores clave como infraestructura, tecnología, educación y agricultura sostenible, reforzando la alianza estratégica entre ambas regiones.

El texto renueva el compromiso iniciado con los primeros documentos publicados en noviembre de 2008 y noviembre de 2016, que sentaron las bases políticas para la cooperación actual. Ahora, con un enfoque en desarrollo sostenible, innovación y respeto mutuo, China busca consolidar alianzas que trasciendan lo económico, incluyendo intercambios culturales y académicos.

Diferencias abismales entre China y EE.UU. en su relación con Latinoamérica
Por Pedro Barragán

Como trasfondo de las terribles agresiones marítimas norteamericanas contra Venezuela y de las anunciadas terrestres, estos días hemos conocido dos documentos donde se detallan las políticas de China y de Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe: el Documento de Política de China sobre América Latina y el Caribe y la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Estos documentos presentan visiones profundamente distintas sobre el orden internacional, la soberanía, el desarrollo y la seguridad regional en América Latina y el Caribe. El contraste entre ambos permite observar con claridad dos enfoques claramente divergentes, el primero centrado en la cooperación, el multilateralismo y la orientación al desarrollo, y el norteamericano que prioriza la seguridad, la primacía hemisférica y el enfrentamiento geopolítico explícito, enmarcados en su lógica hegemónica.

Multipolaridad versus hegemonía hemisférica

Si nos fijamos en la evolución histórica de la relación entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe, resulta innegable el impacto perjudicial de la Doctrina Monroe. A lo largo de algo más de un siglo, desde la guerra entre México y Estados Unidos, la guerra del 98 contra España por la apropiación de Cuba, el control del Canal de Panamá, hasta la promoción de golpes de estado para derrocar gobiernos legítimos en países como Guatemala y Chile, ocupaciones militares en Nicaragua, República Dominicana y Haití, intentos de invasión como Bahía de Cochinos en Cuba y la invasión a Panamá para derrocar a Manuel Noriega, el embargo y bloqueo de Cuba, etc., etc., Estados Unidos se ha apropiado de los recursos naturales y ha generado graves sufrimientos sociales y políticos, negando de manera sistemática los Derechos Humanos fundamentales de los pueblos latinoamericanos, incluidos su derecho al desarrollo y a una vida digna.

Centrándonos en las últimas formulaciones, el documento chino parte de una lectura del sistema internacional marcada por la transición hacia un mundo multipolar y por el ascenso del Sur Global. América Latina y el Caribe son descritos como parte legítima de la gobernanza global, con capacidad de decisión y derecho a definir sus propias trayectorias de desarrollo. Esta visión contrasta fuertemente con la Estrategia estadounidense, que reafirma explícitamente una versión actualizada de la Doctrina Monroe, rebautizada como “Corolario Trump”.

Lejos de reconocer la autonomía estratégica de la región, el documento estadounidense la concibe como un espacio cuya orientación debe ser regulada para evitar la presencia de “competidores externos”. Esta formulación implica una negación práctica de la soberanía latinoamericana, al asumir que las decisiones económicas, tecnológicas o diplomáticas de los países de América Latina y el Caribe sólo son legítimas si no contradicen los intereses de Washington. En este sentido, la estrategia estadounidense reproduce una lógica histórica de tutela y control, difícilmente compatible con un orden internacional basado en la igualdad soberana.

Soberanía y condicionamientos políticos

China insiste reiteradamente en la no injerencia y en la ausencia de condicionalidades políticas, subrayando el apoyo a las vías de desarrollo elegidas por cada país y a la cooperación basada en el consenso.

Estados Unidos, en cambio, adopta un enfoque abiertamente instrumental. La Estrategia de Seguridad Nacional propone “reclutar” gobiernos alineados y recompensarlos, mientras se ejerce presión explícita sobre aquellos que cooperen con países considerados adversarios. Incluso se plantea condicionar acuerdos comerciales, de seguridad o de inversión a la exclusión de China y otros competidores, lo que reduce la cooperación hemisférica a una relación jerárquica. Queda patente la percepción de que Washington concibe a América Latina y el Caribe como una extensión de su perímetro de seguridad.

Desarrollo económico versus subordinación estratégica

El contraste es especialmente marcado en materia de desarrollo. China plantea una agenda amplia que incluye comercio, inversión, infraestructura, energía, agricultura, ciencia y tecnología, finanzas y reducción de la pobreza. La Iniciativa de la Franja y la Ruta se presenta como un mecanismo abierto, flexible y orientado al desarrollo sostenible, con énfasis en infraestructura física y digital, industrialización y conectividad regional.

Estados Unidos aborda la economía latinoamericana desde una lógica instrumental. El desarrollo regional es relevante en la medida en que contribuya a detener la migración, a asegurar cadenas de suministro cercanas (near-shoring), a garantizar acceso a minerales críticos y a reducir la dependencia de China. La Estrategia estadounidense se centra en el uso de aranceles, de acuerdos comerciales “recíprocos”, de presión regulatoria y de apoyo selectivo a empresas estadounidenses, priorizando explícitamente los intereses del trabajador y la industria de EE.UU. La retórica de cooperación queda eclipsada por una lógica extractiva y utilitaria, donde los beneficios para la región son secundarios frente a las necesidades estratégicas de EE.UU.

Seguridad y militarización

China dedica una parte relativamente limitada de su documento a la seguridad tradicional. Su planteamiento privilegia la cooperación en seguridad no tradicional: lucha contra el crimen transnacional, ciberseguridad, gestión de desastres, operaciones de paz y control de armas. El lenguaje es defensivo y multilateral y se inscribe en el marco de Naciones Unidas.

Estados Unidos, en contraste, sitúa la seguridad en el centro de su política hemisférica. La Estrategia de Seguridad Nacional contempla el uso de la fuerza militar, de los despliegues focalizados, de la expansión de la presencia naval y de los guardacostas, de la cooperación en inteligencia y en ventas de armas. La migración, el narcotráfico y la influencia china son tratados como amenazas directas a la seguridad nacional, justificando -como vemos estos días en las aguas de Venezuela y Colombia- el uso de la fuerza letal contra ciudadanos de otros países sin consentimiento de sus estados. Esta militarización del vínculo ignora las causas estructurales de muchos de estos problemas, como el narcotráfico asentado sobre el blanqueo económico en los bancos norteamericanos y el político a través de los gobernantes latinos aliados de EE.UU., y refuerza una relación asimétrica basada en la coerción.

Fomento de los vínculos sociales

China desarrolla extensamente el ámbito de los intercambios culturales, educativos, científicos y entre pueblos. Programas de becas, cooperación académica, medios de comunicación, deportes y diálogo civilizatorio ocupan un lugar central. Todo ello busca construir legitimidad y una presencia de largo plazo basada en vínculos sociales y culturales.

Estados Unidos también reconoce la importancia del poder blando, pero lo subordina claramente a la competencia estratégica. Su discurso pone el acento en la defensa de valores propios y en la lucha contra la “influencia extranjera hostil”, presentando la cooperación cultural y educativa como un instrumento más dentro de una estrategia de contención.

Los documentos analizados revelan dos proyectos profundamente distintos para América Latina y el Caribe. China propone una relación estructurada en torno al desarrollo, la cooperación Sur-Sur y la integración en un orden multipolar, con un discurso inclusivo y de largo plazo. Estados Unidos, por el contrario, formula una estrategia centrada en la primacía hemisférica, la seguridad y la competencia directa con China, donde la región aparece más como un espacio a controlar que como un socio autónomo.

La actitud estadounidense centrada en la primacía y la coerción, a través de la agresión pura y dura, posiblemente puede acelerar el alejamiento de América Latina y el Caribe de un país que, durante décadas, ha proclamado su predominio, pero nunca ha ofrecido una relación verdaderamente equitativa.

Esperemos, por otra parte, que la actual agresión norteamericana contra el pueblo de Venezuela, con el ya claro intento de desestabilización económica y de apropiación de sus recursos -petróleo entre otros-, pueda ser neutralizada por la presión internacional.

La relación de China con América Latina y el Caribe

Mientras avanzaba el debate del XV Plan Quinquenal (2026-2030), el balance de los últimos cinco años destacó la relación de China con América Latina y el Caribe (ALC) como uno de los progresos más sólidos en el proceso de construcción de una comunidad de futuro compartido. Este acercamiento estratégico alcanzó niveles de cooperación jamás logrados, a pesar de un contexto geopolítico en el que EE.UU. hizo todo lo posible por boicotearlo, en su afán hegemónico de controlar una región a la que sigue considerando como su «patio trasero».

En la actualidad, la República Popular China mantiene relaciones de distinto tipo con 16 países de ALC, es el segundo mayor socio comercial de la región desde hace cinco años, tiene tratados de libre comercio con cinco naciones (Chile, Perú, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua), y la Iniciativa de la Franja y la Ruta articula estrategias de desarrollo con más de 20 países del área.

Según datos del Ministerio de Comercio, el flujo de inversión directa de China hacia ALC alcanzó los 14.710 millones de dólares en 2024; el volumen de comercio entre ambas regiones llegó en el mismo año a U$S 518.400 millones (en comparación con los 316.600 millones de 2020); y los países latinoamericanos establecieron 37.000 empresas en China hasta marzo de 2025.

China ejecutó más de 200 obras de infraestructura y creó decenas de millones de empleos, desde el proyecto de transmisión de alta tensión de Belo Monte, en Brasil, y el conglomerado de energía eólica Helios en Argentina, hasta la autopista Norte-Sur en Jamaica y el Parque Industrial Fénix en Trinidad y Tobago. En 2024 inauguró el mega puerto de Chancay, un proyecto emblemático de cooperación con Perú que logró reducir al menos en 10 días el transporte de mercancías entre Sudamérica y Asia.

En materia cultural y educativa, Beijing otorgó a la región 17.000 becas gubernamentales y 13.000 plazas de capacitación, suscribió 26 documentos de cooperación educativa con 19 países y estableció 68 Institutos Confucio en 26 naciones.

Ambas regiones profundizaron su colaboración en organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU), el G20, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y el grupo de los BRICS, fomentando una necesaria reforma del sistema de gobernanza global y salvaguardando los intereses comunes de los países en desarrollo. En la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC, celebrada en mayo 2025, se firmó el Plan de Acción Conjunto China-CELAC para la Cooperación en Áreas Clave (2025-2027), además de la concreción de más de 100 proyectos de cooperación trienales y el anuncio de la exención de visado a los ciudadanos de Argentina, Chile, Brasil, Perú y Uruguay.

«Desde enero 2025, la política del gobierno de Trump hacia el sur del río Grande, mucho más confrontativa, en ocasiones está generando el efecto contrario y abre nuevas oportunidades para el gigante asiático», planteó un reciente comentario editorial de la cadena de noticias CNN, «¿El tiro por la culata? La misión de Trump de bloquear a China puede haberle jugado en contra en América Latina», sobre las reiteradas amenazas, ataques y guerras comerciales impulsadas desde EE.UU., para frenar los crecientes vínculos China-ALC anteriormente enumerados.

«El gobierno de Trump, que ha presionado a varios países para contener la proyección china, ha adoptado este año una diplomacia más coercitiva en su principal esfera de influencia, con una fuerte política anti-inmigratoria, la aplicación de aranceles adicionales, designación de carteles y pandillas como grupos terroristas y hasta un despliegue militar en el Atlántico en medio de tensiones con Venezuela», criticaron desde la CNN.

Entre esas maniobras de manipulación se destacó la destrucción de lanchas venezolanas bajo la excusa de pertenecer al narcotráfico, el despliegue de fuerzas navales y aéreas en aguas del Caribe, la imposición de aranceles del 50% a Brasil en represalia por la condena al ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, y las recientes acusaciones de Trump a su par colombiano, Gustavo Petro, de fomentar la producción y distribución de drogas.

En este delicado escenario geopolítico, la República Popular China calificó estas intromisiones de EE.UU. en los asuntos soberanos de otras naciones como una reacción repudiable, que hace recordar los tiempos de la Guerra Fría. «América Latina es la casa del pueblo latinoamericano y no es el ‘patio trasero’ de ningún país», afirmó el canciller chino Wang Yi, durante un encuentro con su par de Bolivia realizado en febrero de 2025. El portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, reiteró los cuestionamientos a Washington y lo urgió a «dejar de obligar a los países latinoamericanos a elegir bandos, y a cesar su injerencia en sus asuntos internos».

El plan maestro del Gobierno de EE.UU. para la región latinoamericana
Por Daniel Kersffeld

A partir del acuerdo político impulsado por Javier Milei en Washington, en el que el Gobierno argentino habría pactado la cesión de yacimientos estratégicos de litio y gas, el establecimiento de una base estadounidense en el extremo sur y la limitación de China en la actividad económica del país, a cambio de una pretendida estabilidad cambiaria, Donald Trump podría sentirse satisfecho con el rediseño neoimperial que actualmente se encuentra implementando en América latina.

Se trata de una ingeniería política que, en un amplio sentido, apunta a recuperar el predominio de Estados Unidos en la región y que busca desplazar a cualquier competidor que atente contra la obtención de los cada vez más preciados recursos naturales vitales para el transporte, la comunicación pero, sobre todo, la industria de la guerra y la tecnología del futuro.

Estados Unidos incentiva así una nueva política internacional que, sin embargo, retrotrae a nuestra región a los tiempos de la Guerra Fría, en un enfrentamiento con las principales potencias globales que se articula con distintos conflictos, como ocurre con la inseguridad y la lucha contra el narcotráfico, o con la economía y la política arancelaria, con las medidas frente a los inmigrantes deportados y, finalmente, con la política de apropiación de recursos naturales.

El primer frente, y al mismo tiempo, el caso más representativo de esta renovada ofensiva digitada desde Washington tiene como eje central al Mar Caribe. Lo que comenzó como una amenaza de Trump a Panamá para recuperar el Canal, supuestamente, bajo control de Beijing aunque en realidad a cargo del holding hongkonés CK Hutchison y ambicionado por el fondo de inversión estadounidense BlackRock, pronto derivó en otros aspectos problemáticos.

Las reiteradas declaraciones de intervención directa frente a lo que desde Washington se califica como una política demasiado permisiva con el narco esconde, en realidad, una creciente inquietud frente a los cada vez más fuertes lazos comerciales que unen a México con China, lo que le ha posibilitado al Gobierno de Claudia Sheinbaum un importante grado de autonomía gracias a un alto índice de popularidad y a un conveniente balanceo entre poderes externos.

El enfrentamiento directo con el Gobierno de Nicolás Maduro, que pasó del plano discursivo a la acción armada a través de un inédito movimiento de recursos militares hacia las costas venezolanas, tuvo hasta el momento su principal efecto en el ataque a algunas embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico. En el medio, la disputa por el petróleo entre dos de las principales multinacionales, Exxon y Chevron, sumada a la confrontación por el Esequibo entre Venezuela y Guyana, elevó la tensión en un territorio clave para los Estados Unidos.

La ofensiva en el Caribe sufrió una escalada a raíz del ataque a un navío supuestamente vinculado al narcotráfico y atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN). La falsa denuncia en torno a Gustavo Petro y su rol como jefe del comercio ilegal de drogas no sólo apunta a debilitar la figura de uno de los principales críticos de Trump: es también un tiro por elevación a la izquierda en momentos en que la coalición oficialista dirime sus propios candidatos para la elección presidencial de 2026. La identificación del Gobierno colombiano con el narcotráfico constituye así un intento claro por desestabilizar al área caribeña, en un contexto de creciente inseguridad, pero también de aprovechamiento político por parte de la Casa Blanca.

El segundo frente tiene a Ecuador, Perú y Chile como sus componentes esenciales, en un escenario en el que la violencia, la explotación de recursos naturales y, más aún, la creciente relación con China, operan como elementos activos en las relaciones con los Estados Unidos. Sin tanto estruendo, y aprovechando una muy baja legitimidad, el pasado 10 de octubre sectores del establishment peruano enquistados en el Parlamento desplazaron a Dina Boluarte.

Aunque no figura entre las causas de su destitución, la exgobernante peruana se acercó demasiado a Beijing, promoviendo la construcción del estratégico puerto de Chancay, construido con financiamiento chino, y a cuya inauguración, el 14 de noviembre de 2024, asistió el presidente Xi Jinping. En carpeta se encuentra un proyecto todavía más amplio: el megapuerto Corío, en Arequipa, de mayor calado que Chancay. Empresas chinas y estadounidenses están en una fuerte puja por este emprendimiento, si bien en Lima se está operando un alineamiento directo con Washington por parte del actual mandatario José Jeri.

Daniel Noboa, uno de los principales aliados de Trump, ofrece al Ecuador como una trinchera para preservar los intereses estadounidenses en la región. […]

En Chile, el interés prioritario de la Casa Blanca apunta a incidir en las elecciones generales que se desarrollarán entre noviembre y diciembre. El temor al triunfo de la candidata de izquierda Jeanette Jara alimenta el interés por robustecer a la actual oposición al Gobierno de Gabriel Boric, nutrida especialmente por distintas variantes de la derecha y la ultraderecha que ya han acordado un plan de apoyo mutuo en caso de que alguna llegue al balotaje. El control soberano a las reservas de litio y de otros recursos estratégicos está directamente atado al resultado electoral.

En tanto que, por sus implicaciones geopolíticas hacia toda Sudamérica, el caso de Bolivia resulta clave para la impronta hegemónica de Trump, más aún, luego de concretado el triunfo de Rodrigo Paz el 19 de octubre. La implosión del modelo político y económico llevado adelante por el MAS fue aprovechada por la Casa Blanca, la que contribuirá a operar un viraje hacia la derecha que, entre otros aspectos, seguramente pondrá en cuestión los acuerdos alcanzados previamente con China y con Rusia para la explotación del litio, del gas y de distintos recursos naturales estratégicos. El predominio total sobre Bolivia posibilitado por la derecha era un factor político largamente anhelado por Washington durante los mandatos de Evo Morales y Luis Arce.

El último frente, el del Atlántico, probablemente sea el más complejo para el Gobierno de Trump. Lula da Silva ha demostrado su fortaleza y liderazgo para enfrentar la política arancelaria impuesta desde el norte, y ha enfatizado su independencia para juzgar y condenar al expresidente Jair Bolsonaro por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado de 2022, pese a las presiones ejercidas a favor de su liberación.

Brasil representa hoy el principal escollo para el plan político encabezado por Trump, teniendo en cuenta, además, la proyección de su Gobierno en el plano internacional y la construcción de alianzas determinantes en el marco de los BRICS y con distintas regiones del Sur Global. El hecho de que Brasil sea, además, el tercer país a nivel mundial con yacimientos de tierras raras, le confiere un peso específico particular. ¿Será por todos estos motivos que recientemente Trump aceptó ceder y negociar sus relaciones políticas y económicas con Lula?

El plan maestro de Donald Trump se encuentra hoy en plena ejecución y aparenta ser un modelo exitoso. Sin embargo, la coerción constante podría dar paso a escenarios mucho más complejos. Más allá de todos sus problemas y contradicciones, y pese a sus gobiernos cómplices y subordinados, la historia de América latina evidencia que la identidad y la protección de sus recursos siempre se sobrepone a los imperativos externos y, principalmente, a aquellos poderes que, en medio de tensiones y conflictos, difícilmente entienden de derechos y soberanías.

«La doctrina Monroe nunca ha estado más viva»

«La Doctrina Monroe nunca ha estado tan viva», observa Carlos Gustavo Poggio, profesor de Ciencias Políticas en el Berea College, en EE.UU., y también en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (PUC-SP).

«Más aun viendo una Casa Blanca [bajo la administración del republicano Donald Trump] cuya cabeza está en el siglo XIX».

Esta es su reacción a las recientes declaraciones de Pete Hegseth, el actual secretario de Defensa de EE.UU.

En abril, Hegseth dijo en The Will Cain Show de Fox News que Estados Unidos debe recuperar influencia en su «patio trasero perdido» ante China.

Hegseth se refería a la tensión de la actual Casa Blanca con el gobierno de Panamá por el control del canal marítimo que atraviesa el país centroamericano y les ahorra días de viaje a los barcos que necesitan pasar de un lado a otro del continente.

Washington alega que Panamá violó los Tratados Torrijos-Carter cuando se unió a la Iniciativa del Cinturón y la Ruta, el proyecto masivo de expansión comercial de China conocido como la «Nueva Ruta de la Seda», en 2017.

Se refería a los tratados firmados en la década de 1970 para entregarle el Canal a Panamá, construido con fondos estadounidenses entre 1904 y 1914, al país centroamericano a partir de 1999.

Días antes de la entrevista de Hegseth con Fox News, la Autoridad del Canal de Panamá (entidad que administra el paso marítimo) había emitido un comunicado conjunto con el propio secretario reafirmando la soberanía panameña sobre el Canal, pero autorizando la intensificación de la presencia militar estadounidense en el país.

En febrero de 2025, Mulino recibió la visita del secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, poco después de que el presidente estadounidense dijera que, si fuera necesario, utilizaría la fuerza militar para retomar el Canal.

Según un informe de la BBC, China fue responsable de alrededor del 21% de la carga transportada a través del Canal entre octubre de 2023 y septiembre de 2024.

El país asiático fue el segundo mayor usuario del paso, solo por detrás de EE.UU.

«Vamos a invertir en lo que impulse los intereses estadounidenses en nuestro patio trasero mientras interrumpimos la influencia china allí», dijo Hegseth.

Hablar de «patio trasero» es un legado que dejó la Doctrina Monroe como una forma común de referirse a América Latina y el Caribe desde la perspectiva estadounidense.

Esta doctrina se refiere a la política exterior adoptada por EE.UU. a partir de 1823 y a las diversas redefiniciones que ha sufrido desde entonces.

Poggio, autor, entre otros libros, de El pensamiento neoconservador en la política exterior de Estados Unidos (Unesp, 2010) afirma: «Dicen: ‘Miren, ustedes los latinoamericanos necesitan aprender a comportarse. Hay muchas revoluciones, mucho caos allí, y nosotros, los anglosajones, necesitamos ponerles orden’. Esta visión está muy presente en la actual administración de Trump».

Poggio añade: «Sólo actúas así en un lugar que consideras como tu ‘patio trasero’».

Expertos entrevistados por BBC News Brasil coinciden en que, al menos desde el Corolario de Roosevelt (1904), no ha habido un momento en el que la postura de EE.UU. hacia América Latina y el Caribe haya sido tan agresiva como ahora.

Los entrevistados afirman que, si bien el país mantuvo una postura intervencionista en la región a lo largo del siglo XX -como en las ocupaciones de países como Haití (1915-1932) y Nicaragua (1912-1933) o en el apoyo a las dictaduras militares involucradas en la Operación Cóndor, en la Guerra Fría-, EE.UU. siempre buscó legitimar sus acciones cubriéndolas con «valores universales».

«Justificaron sus intervenciones ya sea construyendo un ‘mundo libre’, defendiendo la libertad o incluso expandiendo la democracia».

«Ahora, nada de eso está sucediendo: Trump claramente planea simplemente retomar la antigua orientación imperial de EE.UU.», explica Fábio Luis Barbosa, profesor del Programa de Posgrado en Integración Latinoamericana de la Universidad de Sao Paulo (Prolam-USP).

Lo hace sin apelar a ningún gran valor universal. Trump dice abiertamente que solo lo hace por interés.

Poggio suscribe esta lectura, afirmando que Trump retoma la visión estadounidense del siglo XIX.

«Es la idea de zonas de influencia, de poder puro sin ningún criterio moral ni siquiera de derecho internacional», dice.

Sin embargo, destaca que toda la agresividad de la postura estadounidense hasta ahora se limita al ámbito retórico.

«Trump ‘habla fuerte’», dice, refiriéndose a la famosa frase de Roosevelt, «pero el garrote aún no ha sido usado».

«No sabemos si lo sacarán», añade.

Para Gusmão, la postura actual de la Casa Blanca hacia la región se puede explicar, curiosamente, por la dependencia que EE.UU. proyecta tener de América Latina y el Caribe a medida que comiencen a sentirse los efectos de la imposición de aranceles comerciales a casi todo el mundo.

En su análisis, la economía estadounidense necesitará recurrir a los países de la región en busca de materias primas para la industria y, al mismo tiempo, explorar mercados de consumo.

Por eso, recuperar el control del «patio trasero» es también una forma de bloquear el acceso chino a las mismas materias primas y mercados potenciales.

El gigante asiático es, hoy en día, el principal socio comercial de países como Brasil, Perú, Chile y Venezuela.

EE.UU., a su vez, ocupa este papel entre naciones como México, Guatemala, Colombia y Ecuador.

Entre ellos, Brasil tiene un peso decisivo en esta esfera de influencia global, ya que es el principal socio de vecinos como Argentina, Bolivia y Paraguay.

En este sentido, la declaración de Trump sobre Brasil el día de su investidura: «No los necesitamos, pero ellos nos necesitan», es todo lo contrario.

«Trump necesita reservar este espacio para posibles reflexiones internas sobre sus políticas económicas. Es un área de disputa con China», afirma Gusmão.

«Lo que nadie sabe es cómo reaccionarán los países ante los ataques», continúa.

Desde que fue anunciada por James Monroe, la doctrina ha sufrido varias reinterpretaciones, a la luz de las circunstancias globales y del papel que EE.UU. asumió en esos períodos.

En 1845, por ejemplo, el presidente James Polk leyó, desde la misma tribuna, un texto que decía que EE.UU. estaba abierto a anexarse otras regiones.

No fue casualidad que, un año después, declarara la guerra al vecino México, al que le arrebataría dos tercios del territorio. El discurso se conoció como el «Corolario Polk».

Ese mismo año, un periodista daría forma a la idea del «Destino Manifiesto» de EE.UU.: una creencia común de que el país tenía el «derecho moral y la misión divina de expandir sus territorios desde la costa atlántica hasta el Pacífico».

Más de dos décadas después, en 1871, Ulysses Grant, un militar que gobernó EE.UU. durante dos mandatos, también hizo su corolario.

Afirmó que el país no podía permitir que «ningún gobierno independiente, dentro de los confines de América del Norte, pasara de una condición de independencia a una posesión o protectorado bajo una potencia europea».

Fue una justificación para el intento de anexión de la República Dominicana (entonces llamada Santo Domingo), que se venía gestando desde 1870.

Existe también el Corolario Olney, de 1895, que trata de que EE.UU. es «prácticamente soberano en este continente (…) con fuerza de ley para los súbditos que están confinados dentro de su interposición».

Las palabras fueron pronunciadas por Richard Olney, secretario de Estado del gobierno demócrata de Glover Cleveland.

Para Barbosa, si bien la Doctrina Monroe tenía, de hecho, cierto carácter emancipador, los corolarios tenían significados opuestos: cada uno reforzaba un poco más los intereses exclusivos de EE.UU. en América Latina y el Caribe.

«Cuando Roosevelt anunció su corolario, el del ‘gran garrote’, fue como una autorización para intervenir si percibían que sus intereses están siendo perjudicados».

«No es diferente a lo que ocurre ahora en Panamá», explica.

«Es como la Cuba de 1903», continúa Gusmão.

Se refiere a la Enmienda Platt, un conjunto de leyes que EE.UU. logró imponer a la Constitución cubana después de la guerra que independizó a la isla en 1898.

Propuesta por el senador Orville Platt de Connecticut, limitaba al país vecino la posibilidad de realizar negocios y firmar tratados con otras naciones.

También abrió el territorio a los planes militares estadounidenses y autorizó a la Casa Blanca a intervenir cuando fuera necesario «para preservar la independencia cubana».

«La Enmienda Platt no fue una política dirigida únicamente a Cuba. De hecho, reforzó el derecho de EE.UU. a intervenir en Latinoamérica dondequiera que sus intereses políticos y económicos estuvieran en riesgo.
«No es casualidad que entrara en vigor poco después, en la República Dominicana», explica, recordando la invasión militar de la isla vecina en 1904, meses antes del Corolario Roosevelt.

La Doctrina Monroe y sus corolarios posteriores dieron, en la lectura de Barbosa, el tono completo de un complejo balance de las acciones estadounidenses en América Latina.

«A veces se basa más en el consenso, a veces más en la coerción», dice. «Una combinación de momentos donde hay más esfuerzos en una dirección y otros donde los métodos son coercitivos».

El golpe de Estado que depuso y mató al entonces presidente electo de Chile, Salvador Allende, en 1973 fue, por ejemplo, un momento de coerción y violencia explícitas, señala Barbosa, aunque bajo la narrativa de un supuesto valor universal, el anticomunismo.

La implementación de la agenda de ajuste económico estructural, con el objetivo de abrir los mercados de los países latinoamericanos al neoliberalismo, «se hizo sobre la base del consenso y el diálogo».

El regreso del Corolario Roosevelt y su gran garrote significaría, hoy, el posible uso de la fuerza militar para llevar a cabo los planes expansionistas de Trump, principalmente la reanudación del control del Canal de Panamá.

Fuente: Vinícius Mendes* – BBC News Brasil

*Vinícius Mendes es Doctor en Sociología y profesor en la FMU-FIAM-FAAM en São Paulo.

Fuentes: Rebelión, Almayade en Español, Resumen Latinoamericano, teleSUR, tiempoar.com.ar, Página/12

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