Política agraria en retroceso

Este artículo se basa en discusiones con miembros de organizaciones campesinas y ambientalistas del Departamento de Olancho, sobre los posibles cambios en la política agraria en el nuevo Gobierno de la República, Catacamas, Honduras, 21 de Marzo de 2026.

En Honduras todo va en retroceso. El bipartidismo (Partido Nacional y Partido Liberal) en el Congreso Nacional reventó al Fiscal General, Johel Zelaya, del partido Libertad y Refundación (LIBRE) sin seguirle el debido proceso, lo que autoriza a éste a demandar al Estado de Honduras y ganar demanda millonaria como aquella de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el Gobierno de Porfirio Lobo (2010-2013). Se nombró un nuevo fiscal afín al Partido Nacional, lo cual, a no dudarlo, llegará a proteger y blindar a exfuncionarios públicos y  diputados, especialmente aquellos con demandas por lavado de activos, “robo” de fondos públicos, incluso narcotráfico.

Para evitar el juicio político, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Raquel Obando, interpuso su renuncia al cargo, siendo su eventual sustituto un magistrado afín al grupo de Yani Rosenthal, miembro destacado del llamado lado “oscuro” del Partido Liberal, donde se involucra a Jorge Cálix, Roberto Contreras y Carlos Flores Facussé (expresidente de la República). Se espera que el representante del partido LIBRE en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, renuncie al cargo o enfrente el juicio político pedido a gritos por diputados del bipartidismo, donde piensan demostrar la conspiración montada por LIBRE para suspender las elecciones y  denigrar a las consejeras de otros partidos miembros por manipuladoras del proceso. Igual se pretende hacer con el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán [2].

En el tema laboral se aprobó la Ley de Empleo a Tiempo Parcial [3] como solución al problema del desempleo que afecta el 6.4% de la población, unas 205.000 personas a inicios de 2026; pero el subempleo afecta a más de 2 millones de personas, o sea, 66.5% de la población (INE, 2026).  Ello sin  valorar a fondo los problemas  y rigideces estructurales del mercado de trabajo y las prácticas “represivas” como antecedentes de los patronos contra los trabajadores, como el de captar parte de ingreso por “propinas” que corresponden a los empleados y aumentar la intensidad del trabajo al reducir su número en negocios y restaurantes. Se suman violaciones al Código de Trabajo y Constitución de la República, donde se establece que el ser humano (en realidad la reproducción de la vida humana) es el fin supremo de la sociedad, siendo el Estado su garante.

En el tema agrario estamos en reversa desde hace mucho tiempo. En los años 70, para Clodomir Santos de Moráis, el teórico de la reforma agraria hondureña, Honduras no tenía otro camino que impulsar cambios -desde el Estado- en la estructura de tenencia de la tierra y sus formas de organización productiva y social. Es un tipo de reforma agraria para  países atrasados con serios problemas de acceso a recursos para potenciar acciones de integración económica y social, pero también para nuevas  oportunidades de cambio económico, social y político, donde grandes masas poblacionales demandaban activos productivos para producir y vivir.

Para qué le sirve a una sociedad una gran cantidad de tierra productiva inculta o mal utilizada donde sus “dueños” disfrutaban de la tranquilidad del campo viendo pastar una vaca en una manzana o hectárea de tierra, coexistiendo con un gran número de pequeños productores mini y microfundistas subsistiendo hasta que las fuerzas físicas lo permitan después de más de 12 horas de trabajo diario con sus familias.

La propuesta de Santos de Moráis y de otros teóricos como Gerson Gómez, era la creación de un nuevo sector en el agro hondureño denominado contemporáneo, conformado por empresas y cooperativas de campesinos organizadas con productores sin tierra o con poca tierra, recuperadas del sector tradicional (tierras en posesión de la llamada oligarquía agraria), y del mismo Estado, sea de carácter nacional o ejidal [4].

Aunque no se cumplió con la meta de entregar 600,000 hectáreas de tierras para beneficiar a 120,000 familias campesinas propuesta en el plan de gobierno militar (1974-1978), en 1990 existían 2,503 grupos campesinos de la reforma agraria con 279,907 ha. de tierra adjudicadas y 58,889 asociados (Posas: 1996) [5] y el sector reformado de la economía hondureña generaba el 26% de la producción de granos básicos,  60% de la palma africana, 49% de banano y 59% de melón, entre otros (Suazo: 1996) [6].

En 1992, el ajuste estructural agrícola cercenó la reforma agraria, sobre todo las causales de afectación de tierras y el crédito solidario a los grupos campesinos, con lo cual se desvalorizó la política de reforma agraria como alternativa para el desarrollo del campo, sobre la base de modelos de organización y producción campesina cooperativos y comunitarios, integrándolos a procesos de transformación, comercialización y entrega de servicios, incluso para la exportación.

Han transcurrido más de 33 años desde que se aprobó la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), en el Gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1993), del Partido Nacional y después de ocho (8) años de gobiernos liberales (1982-1989). No obstante, en este largo periodo trascurrido con la vigencia de una ley y programa de ajuste estructural neoliberal del sector agrícola, los gobiernos, incluyendo el de Manuel Zelaya (2006-junio de 2009) y Xiomara Castro (2022-2025), no realizaron una evaluación de los resultados de su vigencia, y más bien pareciera que se avanzara en la ruta correcta al aprobarse y aceptarse sin más el Tratado de Libre Comercio RD-CAFTA, como un instrumento complementario a los alcances de su articulado [7]

Con la llegada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) al poder y Xiomara Castro en el Gobierno, se pensó en la vigencia de una estrategia de desarrollo alternativo para el agro hondureño, sobre la base de la repotenciación de las economías campesinas y comunidades étnicas, las garantes de la seguridad alimentaria del país y la protección de los recursos naturales y fuentes de agua. Las expectativas crecieron al nombrarse a Francisco Fúnez como director del Instituto Nacional Agrario (INA), que ya lo había sido en el Gobierno de Mel Zelaya, y como subdirector a Rafael Alegría, dirigente campesino fundador del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas (COCOCH) y miembro activo de la Vía Campesina en Honduras.

Su gestión, a decir de Rogelio Ortega, economista agrícola y catedrático universitario ya fallecido, se puede resumir en: a) intentos timoratos por plantear reformas a la LMDSA; b) reunionismo burocrático en conjunto con empresarios del agro, dirigentes campesinas y fuerzas de seguridad para calmar el conflicto social que generan las invasiones de tierras (¿recuperaciones?); c) entrega de títulos de tierra ya en posesión de los campesinos;  d) pocos títulos a favor de comunidades étnicas y pueblos originarios; e) la no vigencia ni aprobación de una nueva política agraria que revalore el rol de las economías campesinas en el medio rural hondureño [8].

A ello se suma la no vigencia del Fondo de Tierras, como una vía de mercado para el acceso a tierra productiva para familias campesinas -sobre todo mujeres- sin tierra  o con poca tierra, que había sido utilizada en el Gobierno de Carlos Flores Facusse  (1998-2001), con Aníbal Delgado Fiallos a la cabeza del INA, lo que permitió -de entrada- el acceso a 8 millones de dólares de organismos internacionales para ejecutar un proyecto de acceso a la tierra vía mercado, con el proyecto de Acceso a la Tierra (PACTA). Hay evidencia que el INA en el Gobierno de Xiomara Castro compró tierras para otorgarlas a los campesinos, pero su impacto fue marginal frente a la demanda, sobre todo de mujeres campesinas solas y jefas de hogar. 

El presidente de la República, Nasry Asfura, nombró al abogado Javier Talavera como Director del INA, que ha generado expectativas en el campesinado nacional. Es un profesional con amplios conocimientos de la problemática agraria, sobre todo de la conflictividad que generan las llamadas invasiones de tierras, al participar de las mesas instaladas en el Gobierno anterior para soluciones a dicha problemática. Ha recibido felicitaciones de dirigentes de organizaciones campesinas, directivos del Sindicato de Trabajadores de la Institución y empresarios del agro.

Para ciertos dirigentes del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH) como Darwin Cálix “su nombramiento representa una continuidad de problemas sin soluciones. El funcionario formó parte de una comisión que nunca resolvió los conflictos de invasiones y desatendió a los campesinos”. (…) Con ironía y mostrando su incredulidad, Cálix dijo literalmente: “No me haga reír” que tengo los labios partidos» dijo, al referirse a la contradicción entre el pasado de Talavera y sus declaraciones actuales, dejando en evidencia la preocupación del sector campesino” (Noticias 24/7).

El dirigente Cálix dejó entrever además que la subdirección del INA corresponde al Movimiento Campesino, al ser una conquista de éste. La pregunta que se hacen campesinos de tierra adentro es para qué sirve dicha conquista si la LMDSA sigue vigente y no hay evidencia de la aprobación de una nueva política agraria alternativa al ajuste estructural agrícola neoliberal; es más, sigue vigente el RD-CAFTA y esperan  Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES) recargadas [9].

Hay en proceso la aprobación de una Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, donde se busca blindar las áreas de tierra de rubros dedicados -principalmente- a la exportación, incluyendo las instalaciones físicas y transporte; en respuesta a la llamada “ola” de invasiones de tierra que se dio en el Gobierno de Xiomara Castro y que, según personeros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) afectan a más de 45,000 hectáreas de tierra en todo el país.

Se buscan, entre otras medidas o acciones de política pública a ejecutarse con base legal, las siguientes: a) garantizar la inafectabilidad de las tierras en posesión de empresas agroindustriales o que demuestren que transforman materia prima nacional y en el territorio; b) criminalización de la protesta social y las llamadas invasiones (¿recuperaciones?), de tierras; c) uso de la fuerza de seguridad pública y militar para los desalojos en forma rápida; d) la pérdida de competencias del INA en la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, sobre todo la recuperación de tierras por sobre techos agrarios; e) invisibilidad de las economías campesinas como abastecedores directos de materias primas a la agroindustria,  exportación de bienes con mayor valor agregado y garantes de la seguridad alimentaria.[10]

En la Zona del Aguán del país, municipio de Colón, estas iniciativas están teniendo respaldo de productores y empresas palmeras de la reforma agraria hondureña. Se busca, con apoyo del Gobierno y Congreso de la República, generar proyectos agroindustriales que permitan la transformación de la materia prima. Los representantes de la Asociación Industrial de Palmeros del Mediano y Alto Aguán (Asipalma) buscan apoyo para instalar la primera planta extractora de aceite de palma en la comunidad de Tepusteca, municipio de Olanchito, departamento de Yoro, con una inversión de entre 300 y 400 millones de lempiras y  generación de más de 500 empleos directos y 5,000 indirectos para beneficio de 10,000 familias. (La Prensa: 26/03/2026). La preocupación de los grupos ambientalistas refiere al deterioro del ambiente y control de las fuentes de agua, por lo que se exige evaluaciones de impacto ambiental debidamente documentadas e identificados los recursos para los posibles impactos negativos, pero, sobre todo, la consulta directa a los ciudadanos del municipio y comunidades sobre el proyecto.

Para dirigentes campesinos del COCOCH y Movimiento Campesino del Aguán (MCA), parte de las  tierras y derechos de propiedad de empresas agroindustriales se sustentan en títulos ilegales que ameritan un revisión detallada que, al parecer, la Comisión creada por el Gobierno de Xiomara Castro cumplió parcialmente, culminando en desalojos.  A ello se suma que, contrario a lo que se piensa, parte de la tierra sujeta de recuperación por los campesinos no está siendo utilizada y la protección que se brinda al sobre techo agrario con los certificados de inafectabilidad, no demuestra el compromiso de cumplimiento de la función social de la tierra.

Hay,  sin embargo, una creciente percepción en el medio rural hondureño, de que el gran ausente de la nueva política agraria del Gobierno de Nasry Asfura serán el campesinado y los pueblos originarios. El sustento es que: a)  la entrega de tierra nueva y sus documentos de propiedad a empresas campesinas y comunidades étnicas está vedada al seguir vigente la LMDSA y leyes conexas, más bien, se avizora un conflicto potencial por la reactivación de los proyectos extractivos al aprobarse su ejecución por el Gobierno; b) disminución de recursos de crédito canalizados por el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y del presupuesto del INA; c) disminución de los recursos para apoyar el programa de bono tecnológico a productores menores de 5 manzanas; d) aumento del costo de los insumos importados; e) profundización del debilitamiento de las organizaciones campesinas en su lucha por la reivindicación de derechos sobre la tierra donde a varios de sus dirigentes, tal como sucedió en  gobiernos pasados,  se les salió la saya azul (simpatizantes con el Partido nNacional en el poder).

El lema del nuevo Ministro-Director del INA, Javier Talavera, es “Paz en el campo con seguridad jurídica”, donde los conflictos actuales y potenciales se esperan resolver aplicando las leyes vigentes. No hay ninguna mención a reformas a la LMDSA, evaluación del RD-CAFTA en el sector productor de bienes salarios y ambiente, ley de sobre techos agrarios, fondo de tierras, programa de desarrollo y derechos de propiedad  definitivos  sobre tierras de comunidades étnicas y economías campesinas.  Es lo que se demanda desde tierra adentro, y no un comisionismo  burocrático, demagogo, represivo  y corrupto que obstruye las alternativas de solución frente al aumento de la pobreza, desigualdad y hambre en el medio rural hondureño [11]

Al menos dos iniciativas deben ejecutarse para empezar a cumplir al campesinado.  La primera es el Programa o Estrategia de Desarrollo de la Economía Familiar Campesina, como uno de los principales instrumentos para combatir la pobreza, inseguridad alimentaria y el hambre. Ya había iniciativa en marcha preparada por la Secretaria de Agricultura con apoyo de la FAO, faltando actualizarla, definir las fuentes y uso de los fondos y estrategia de ejecución.  La segunda es la aprobación del programa del fondo de tierras para beneficio de las mujeres campesinas en el marco, curiosamente, de la Ley de Fondo de Tierras creada en el Gobierno de Callejas Romero como un paliativo a la presión sobre la tierra generada con la vigencia de la LMDSA.

Notas:

[2] Si se consuma la destitución de Marlon Ochoa y Mario Morazán de los órganos electorales, el partido LIBRE queda desarmado para la próxima contienda electoral y debilita su capacidad de incidencia en los procesos electorales, pero además, según Salvador Nasralla, se borrarían todas las evidencias del fraude fraguado en su contra.

[3] Es una Ley de respuesta a la decisión tomada por el Gobierno de Xiomara Castro y Congreso Nacional de eliminar la Ley de Empleo por Hora aprobada en el Gobierno de Porfirio Lobo “Sosa, mediante decreto 354-2013 del 31 de marzo de 2014, como un reconocimiento de legalización de los buenos resultados que, a decir del Gobierno, tuvo el Programa Nacional Temporal de Empleo por Hora creado mediante Decreto Legislativo N. 230-2010 del 4 de noviembre de 2010, para enfrentar los efectos negativos de la crisis que generó el golpe de Estado contra Zelaya Rosales.

[4] Ver Clodomir Santos de Moráis “El modelo hondureño de desarrollo agrario”, PROCCARA-INA, 1976.

[5] Mario Posas “El sector reformado y la política agraria en Honduras» en «El agro hondureño y su futuro”, Eduardo Baumeister, Cor.J. Wattel, ed al, Editorial Guaymuras, Honduras, 1996, pág. 135.

[6] Ver Javier Suazo “La política agraria en Honduras durante los 90”. CEDOH, Honduras, 1996, pág. 4.

[7] Lo mismo puede decirse de la Academia, ya que no hay evidencia de una evaluación mínima de dicha legislación y sus impactos en la producción, empleo y manejo de recursos naturales, como en el acceso a activos productivos y desplazamiento de población campesina y étnica de su hábitat natural.

[8] Lo anterior, aun cuando se evidenció un fuerte apoyo del Gobierno de Xiomara Castro al INA, al aumentar su presupuesto y recuperar la institucionalidad que se había perdido en el Gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH). Para el caso, en 2024, el presupuesto aprobado del INA fue de 554.9 millones de lempiras, de los cuales un 65% se concentraba en gasto corriente (partidas 100 y 200 del presupuesto) y muy poco para gastos de inversión productiva. Ver para ampliación INA “Informe anual de ejecución POA 2024”. Tegucigalpa, Honduras, Enero de 2025. En contraste, en 2021, último año del Gobierno de JOH, el presupuesto de INA aprobado fue de 345.3 millones de lempiras, de los cuales más del 90% correspondía a gasto corriente (partidas 100 y 200). Ver INA “Informe de ejecución 2021”. Tegucigalpa, Honduras, enero de 2022.

[9] La ZEDE Próspera protege el Arrecife de Coral en Roatán, un patrimonio de la humanidad, en Islas de la Bahía, dando vigencia a un Estatuto de Protección Especial. Se desconocen los controles y supervisiones que realizan autoridades de Gobierno y los mecanismos de coordinación entre ambos y las organizaciones  internacionales.

[10] Ver para ampliación a Kevin Isidro  en Análisis Semanal de CESPAD-HN, 16 de marzo de 2026.

Javier Suazo, economista y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.

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