Tras la debacle de la mayoría de los gobiernos progresistas y reformistas de izquierda en Latinoamérica, sectores de la derecha continental han recuperado posiciones de poder político en distintos países de la región. Aunque con importantes diferencias entre sí, diversos gobiernos conservadores comparten una orientación común: apertura económica al gran capital, fortalecimiento de las élites empresariales locales y transnacionales, acercamiento estratégico a Estados Unidos (EEUU) y una ofensiva contra conquistas sociales y laborales alcanzadas durante el ciclo de movilización popular de inicios del siglo XXI.
Bajo el liderazgo de Donald Trump en EEUU, este reordenamiento regional ha adquirido mayor nitidez. Gobiernos de derecha como el de Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador, Santiago Peña en Paraguay o Nayib Bukele en El Salvador —entre otros[1]— expresan, con distintos matices, un horizonte político favorable al gran capital, el disciplinamiento social y el reforzamiento de alianzas geopolíticas funcionales a Washington[2].
En este escenario se inscribe el ascenso del presidente boliviano Rodrigo Paz tras su victoria electoral en segunda vuelta en 2025. Sin embargo, a diferencia de otros gobiernos de derecha de la región, el suyo se asienta sobre bases mucho más frágiles: su limitada capacidad de dirección política, críticas al interior de la derecha boliviana por no sostener ni aplicar medidas de shock contundentes (como el DS Nº 5503), la división de su bancada parlamentaria y su dependencia de apoyo legislativo de otras fracciones de derecha, la inviabilidad de su proyecto político —“capitalismo para todos”— y el agravamiento de la crisis económica han debilitado rápidamente su margen de maniobra.
Apenas seis meses después de asumir el cargo, Bolivia atraviesa un escenario de fuerte conflictividad social. Las movilizaciones originadas, en un principio, por mejoras salariales ante la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional, por el rechazo a la Ley Nº 1720 de conversión de la pequeña propiedad campesina a mediana, por mejores condiciones para la educación y la salud, así como por el fin de la escasez y la mala calidad de combustibles (gasolina/diésel), han derivado en la demanda de renuncia del presidente.
Es en este contexto que tanto la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel han emitido comunicados de respaldo al presidente boliviano.
Mientras tanto, Javier Milei ha enviado dos aviones Hércules C-130 con “ayuda humanitaria” e “insumos de primera necesidad”, versión que el diputado Rolando Pacheco desmintió al señalar que se trata, en realidad, de material antidisturbios para reprimir las protestas sociales[3].
A ello se suma la solicitud de 31 expresidentes iberoamericanos del grupo ultraderechista “Iniciativa Democrática de España y las Américas” (IDEA) —entre los que aparecen Jorge “Tuto” Quiroga y Jeanine Áñez—, quienes exigen a la Organización de Estados Americanos (OEA) el despliegue de “medidas de prevención” para impedir que Rodrigo Paz sea depuesto del cargo.
¿Pero por qué este reordenamiento oligárquico-neoliberal en América Latina se esfuerza tanto en sostener a un presidente tan frágil? La respuesta se halla en la memoria histórica del continente.
No debe olvidarse que Bolivia fue uno de los principales epicentros de la rebelión popular latinoamericana a inicios del siglo XXI. La Guerra del Agua (2000) y la Guerra del Gas (2003) no sólo derrotaron proyectos privatizadores y precipitaron la caída de gobiernos neoliberales; también mostraron que la movilización popular organizada podía alterar profundamente la correlación de fuerzas en la región. Aquellas luchas se articularon con otros procesos continentales, como la rebelión argentina de 2001 y las movilizaciones contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en 2005, configurando un ciclo de resistencia al neoliberalismo.
Por ello, no resulta exagerado plantear que una eventual caída del gobierno de Rodrigo Paz bajo presión de la movilización popular podría tener repercusiones políticas más allá de las fronteras bolivianas. En una América Latina atravesada nuevamente por ajustes económicos, precarización laboral y creciente malestar social, Bolivia podría volver a convertirse en un laboratorio político capaz de reactivar experiencias de lucha y alimentar nuevas resistencias.
Sin embargo, el problema de fondo trasciende la figura de Rodrigo Paz. La crisis actual no puede comprenderse únicamente por errores de gestión o debilidad de su liderazgo, sino que expresa una contradicción más profunda: las dificultades de la derecha boliviana para consolidar una restauración oligárquico-neoliberal. Haber conquistado electoralmente el gobierno, con falsas promesas de campaña, no significa haber construido hegemonía. Y precisamente allí radica uno de los principales límites objetivos del actual gobierno.
La crisis que atraviesa Bolivia revela, de manera anticipada, una tensión que recorre varios países de la región: el intento de restauración oligárquico-neoliberal choca una y otra vez con sociedades aún marcadas por memorias de lucha, por el deterioro de sus condiciones materiales de vida y por una creciente disposición a la protesta social. Así, la pregunta de fondo ya no es solo si Rodrigo Paz caerá, sino ¿Qué fuerzas sociales y políticas lograrán disputar el rumbo de esa crisis? Y, más aún: ¿Qué impacto tendría sobre la correlación de fuerzas en América Latina si el eslabón débil que se rompe arrastra consigo toda la cadena?
Notas:
[1] Es posible que este bloque se amplíe una vez se definan los resultados de las elecciones en Colombia, previstas para el 31 de mayo, y de la segunda vuelta presidencial en Perú, programada para el 7 de junio.
[2] Como el “escudo de las américas” (Shield of Americas), una iniciativa político-militar encabezada por EEUU para coordinar operaciones conjuntas contra el narcotráfico, frenar la inmigración masiva hacia el país del norte y contener la creciente influencia de China en la región.
[3] De confirmarse estas acciones, serían similares a las que realizaron los expresidentes Mauricio Macri (Argentina) y Lenín Moreno (Ecuador), quienes enviaron armamento militar y material antimotines al gobierno “ipso facto” de Jeanine Áñez tras la ruptura del orden constitucional en 2019.
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