“Los pequeños productores de granos básicos, el eslabón más débil de la cadena de producción de alimentos en el país, merecen un trato preferencial y diferenciado por el Estado, incluyendo la protección efectiva frente a las comprasno controladas de estos productos en el exterior” (Ralf Flores, economista, planificador agrícola)
El ajuste estructural agrícola, sustentado en la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (decreto 31-92 del 5 de marzo de 1992), y el Tratado de Libre Comercio CAFTA-RD con Estados Unidos y los demás países de la región (Honduras lo aprobó el 1 de abril de 2006), son políticas que impactan negativamente en las economías campesinas, cuya lógica de acumulación de capital no es la ganancia, sino la reproducción material de la unidad familiar. Impacta también en los grupos campesinos y cooperativas de la reforma agraria, y en los pequeños productores agrícolas, donde gran parte de la producción es de alimentos básicos.
La LMDSA cercena el derecho de los campesinos para acceder a un pedazo de tierra y servicios de apoyo a la producción, sobre todo de las mujeres jefes de hogar, y el CAFTA-RD, a dejar de producir granos básicos por ser más barato importarlos de EEEUU donde los productores reciben subsidios. Ambos instrumentos de política agrícola y comercial, conllevan acciones que reducen la producción para el mercado interno, sobre todo de granos básicos y hortalizas, pero además generan un desplazamiento “forzoso” de población campesina cuya vía de escape, para salir de la pobreza, es la migración y/ o el narcotráfico.
Pero, desde la perspectiva del desarrollo del sector agroalimentario, la política de ajuste estructural, con el CAFTA-RD incluido, compromete la soberanía alimentaria del país y aumenta la desnutrición infantil y hace visible el hambre que, como en el caso de Honduras, supera el millón de personas, con tendencia a aumentar.
Una tesis no muy aceptada en gobiernos latinoamericanos“progresistas” con programas de ajuste estructural, incluso, sobre todo en el sectoragrícola,es qué los campesinos que producen granos básicosserán afectados con las políticas de estabilización y ajuste estructural, pero durará poco, ya que las unidades productivas campesinas setrasformarán en unidades eficientes con producción de bienes para la exportación como palma africana,okra, camote, cacao, entre otros; lo cual no sucede.
La falta de crédito preferencial, insumos, asistencia técnica, comercialización y el factor riesgo climático, les impacta negativamente, pero también los desmotiva las importaciones masivas de granos básicos que orilla a la pobreza y venta de sus activos.
En lo concierne a los granos básicos, con la vigencia del CAFTA-RD, se otorgó un tiempo de protecciónarancelaria para que los productores de estos rubros cambiaran sus sistemas productivos y prácticas de cultivo, aumentando la productividad física por unidad de superficie, moviéndose a cultivos másrentables y/o vendiendo las propiedades a otros productores más eficientes.
Este tiempo ya pasó, y productos como el maíz y arroz pueden entrar libre al país sin pagar el impuesto arancelario exigido de un 45% que servía como escudo para los productores nacionales dedicados a estos rubros. La agroindustria nacional puede importar libremente del mercado norteamericano-en este caso- arroz, pero el gobierno debe constatar que no existe producción nacional suficiente y, por tanto, hay un desabasto del grano que amerita su importación. Igualmente, velar porqué se pague al productor nacional un precio de garantía pactadoque supere sus costos de producción.
El problema es que no siempre se han respetado estos acuerdos, y el gobierno con información de la agroindustria ha autorizado la importación del grano en perjuicio de los productores, especialmente los pequeños y las unidades de producción campesina. La información de precios del sector agroalimentario no la maneja el gobierno, por lo que se dificulta el monitoreo continúo de estos, sumado a la falta de información sobre áreas sembradas, rendimientos, producción y venta. Igualmente, la capacidad de almacenamiento de granos es insuficiente, hay evidencia de prácticas corruptas e ineficiencia administrativa en el manejo de la reserva estratégica[1], acompañado de un uso poco efectivo de la banda de precios como mecanismo estabilizador de precios internos.
Los arrozazo(s)[2], o sea la importación de grandes cantidades de arroz sin consulta a los productores nacionales y sin validar en terreno el desabasto, se han dado por estos motivos, habiéndose permitido compras del grano en otros mercados como el caso de países asiáticos y suramericanos, no necesariamente a productores de arroz de EEUU.Estas importaciones se autorizan mediante decreto ejecutivo, sustentado en una decisión de la Secretaria de Agricultura y Ganadería en consulta –supuestamente-con autoridades del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y productores.
El presidente de la Asociación de Productores de Arroz, Fredy Torres, denunció la autorización de importación de un contingente de 60,000 toneladas de arroz por desabasto, más de 1, 300,000 quintales de arroz seco de países suramericanos a “cero” arancel, sin que Honduras tenga un tratado comercial con dichos países. El decreto 001-2026 del 5 de junio de 2026 así lo dice, y está firmado por el presidente de la República, Nasry Asfura (Confidencial.hn, 18 de junio de 2026). El decreto está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, y cubre los meses donde sale la cosecha de arroz de los productores “valientes” que aún quedan en el agro. Esta Importación tendrá un impacto negativo en las finanzas públicas, pero también en la producción interna y empleo rural.
Como en el pasado, el gobierno dice que todo es legal y se autoriza la importación por falta de producción, ya que la cosecha no ajusta. Y aunque no cuenta con un Plan de Desarrollo de la Producción de Granos Básicos, todo parece indicar que las importaciones masivas de estos rubros continuarán, incluso fuera del mercado “gringo” y a “cero” arancel. “Honduras autorizó importaciones de maíz, frijol y arroz para sostener el abastecimiento interno y contener los precios, mientras impulsa nuevas semillas de arroz para elevar la producción nacional. La Secretaría de Agricultura y Ganadería informó las medidas este fin de semana, ante una demanda que supera la oferta local en varios granos básicos”.[3]
Los productores de arroz lo que piden, además de apoyo con semilla mejorada, crédito subsidiado y seguro agrícola, es un precio de garantía a tiempo y compra por la agroindustria de toda la producción nacional, regulando las importaciones en los meses de salida de la producción interna. Igualmente, la vigencia de una Plan de Desarrollo del Sector Agroalimentario con políticas claras y diferenciadas por estrato de productores y zonas geográficas del país.[4]
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Fiscalía e incluso el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), deben investigar estas importaciones masivas con impactos visibles en la producción nacional. La experiencia con los arrozazo (s) anteriores, es que son prácticas corruptas con “moje” en cada una de ellas. Ello es urgente, ya que según la Asociación de Productores de Arroz, Honduras ha perdido más del 67% de la producción nacional y 92% de los productoresentre 2015 y 2025, pasando de producir más de 1.5 millones de quintales a 448,000 quintales, siendo una de sus causas las importaciones masivas de arroz que afectan las áreas de siembra y motivan a los productores a abandonar el campo.
Notas:
[1] En el mes de mayo se denunció la pérdida de 70,000 quintales de maíz y 44,500 quintales de frijol, ya que, al parecer, dejaron que pudrieran y no poderse vender y consumir, lo cual implica unos 100 millones de lempiras para el Estado como dinero votado.
[2]Se recuerdo el arrozazo de enero de 2012, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, donde se autorizó la importación de una carga de 14,600 toneladas de arroz, siendo su mayoría provenientes fuera del CAFTA-RD, sin que exista castigo a los responsables y reconozcan los daños a la producción nacional y compensación monetaria a los productores.
[3]Ver www.Infobae,com , 5 de julio de 2026
[4]El gobierno con apoyo de la FAO y del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), aprobó la Estrategia de Incentivos para el Desarrollo del Sector Agroalimentario 2026-2030, buscando atraer inversiones y aumentar la productividad, integrando mesas de trabajo técnico; pero los productores de granos básicos demandan planes por rubro y tipo de productores, identificando medidas de políticas para fortalecer la institucionalidad de apoyo a la producción y comercialización de sus productos en los mercados nacionales y regionales.
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