El parlamentario Bernardo Márquez, representante por el MVC, acaba de radicar un proyecto de ley para derogar la prohibición de las coaliciones electorales contenida en el Artículo 6.1 del Código Electoral. Hace tiempo he venido abogando por la derogación de ese engendro legislativo.
En mi próximo libro, Enhebrar las cuentas, escritos contemporáneos sobre Puerto Rico, que pronto saldrá a la luz, lo discuto en mayor detalle, e insto a convertirlo en asunto de consenso general, o cómo se dice en países soberanos en asunto de estado.
Todo ciudadano que crea verdaderamente en expandir los ideales, valores y principios de democracia y justicia debe respaldar proyecto de ley del representante Bernardo Márquez.
El texto de la constitución del ELA recoge el siguiente modelo del derecho al voto: votan los mayores de 18, se prohíben ciertos discrímenes, gana el candidato que obtenga la mayoría de votos, y todo lo demás relacionado al derecho al voto, partidos, candidatos y sistema electoral se dispondrá por ley. Para cambiar el modelo mayoritario por uno que incorpore la segunda ronda se requiere un proceso de enmienda constitucional que exige una resolución concurrente de dos terceras partes de los legisladores en año no electoral y tres cuartas partes en año electoral, con la firma del Gobernador.
La prohibición de las coaliciones electorales se dispone por ley y solo se requiere el 50% de los votos de los legisladores y la firma del Gobernador para ser derogado. Es más fácil derogar esta prohibición de coaliciones qué instaurar una segunda ronda. Pero derogada la prohibición legal no se altera el modelo mayoritario porque ganaría el candidato que mayor número de votos obtenga, ya sea de algún partido o coalición. La aspiración a instaurar una segunda vuelta electoral debe ser a más largo plazo.
La prohibición legal de las coaliciones se puede derogar por una sentencia judicial. Esta aberración jurídica violenta derechos constitucionales fundamentales de los electores, partidos y candidatos al voto, libertad de expresión y organización, reparación de agravios e Igual protección de las leyes, sin que exista un interés apremiante o racional del estado que lo justifique. Hace falta un litigio que impugne en la corte, mediante recurso de sentencia declaratoria, esta prohibición que permite la alternancia en el poder del bipartidismo y sus élites mientras se evita que gobierne una mayoría del pueblo.
El periodo especial que ha vivido Puerto Rico, causado por la crisis de deuda pública, agravado por desastres naturales y la pandemia, ha provocado un cambio paulatino en la conciencia política del pueblo. En el 2012 el bipartidismo PNP-PPD obtuvo un respaldo electoral combinado de 96% de los votos y los partidos minoritarios (PIP menos del 3%, PPT 18,000 votos) , es decir en agregado de menos de un 4%. En el 2016 el bipartidismo bajó a un 80.75% de respaldo (41.76 % el PNP y 38.98% el PPD y los partidos emergentes subieron a un 19.25 % (Lúgaro un 11.13%, Cidre un 5%, el PIP un 2.13 % y el PPT cerca de 5,000 votos). En el 2020 el PNP sacó de 32.93 %, el PPD 31.56 % para un 64.49%. Los partidos emergentes un 35.52 %. (Lugaro del MVC 14.29 %, Juan Dalmau del PIP 13.72 %, el PD 6.90 % y Eliezer Molina cerca de 8,000 votos). Pero como no se coaligaron por la prohibición legal o por falta de voluntad al no poder nuclearse dentro de un mismo partido, no ganaron la gobernación.
Hoy gobierna un partido minoritario con el 32.93 % de los votos y la mayoría del pueblo, con un agregado del 67.08 %, no gobierna. Eso es antidemocrático, propio de una dictadura, atenta contra la esencia del derecho fundamental al voto universal y al principio y contrato social de gobierno por la mayoría. El derecho al voto es la institución social más importante, garantía de la paz social y convivencia armoniosa. Un sistema y reglamentación electoral decente y justo es el escudo óptimo de ese derecho universal humano.
Esta era requiere un desprendimiento del nuevo liderato y bases emergentes . Dejar los egos y sectarismos a un lado. Es una era parecida al 1938, marcada por una depresión económica. Entonces el nacionalismo fue perseguido, descabezado y encarcelado. Muñoz Marín había salido del Partido Liberal y se formó como partido el PPD en el 1938, que era una alianza amplia de diversas tendencias ideológicas. Por cierto, en esa época se permitían las coaliciones electorales. Luego el PPD excluyó al independentismo de sus filas y adoptó la prohibición legal de las coaliciones.
Si un sector del liderato emergente se opone o no hace nada por derogar esta prohibición, incrementará el respaldo del pueblo, como adalid o héroe político, a aquellas formaciones y líderes que promuevan, con hechos y compromisos, las coaliciones electorales federadas, unidas por un contrato y programa común, mientras se respeta las autonomías de cada formación política. Una alianza del pueblo que evite el canibalismo y la cultura de acosos que promueve el uso fragmentado del medio electoral. División que se filtra a todos los espacios de organización y luchas del pueblo.
Hace falta un movimiento de pueblo que reclame esta reivindicación histórica. Un movimiento de pueblo que respalde esta iniciativa legislativa y un gran litigio social. Esos tres eventos dinamizarán procesos de discusión y educación pública que darán a la ciudadanía la información necesaria para llegar a juicios idóneos sobre sus preferencias electorales. Y en la eventualidad de que el bipartidismo caduco boicotee la nueva legislación, ese pueblo consciente se levante pacíficamente, como en el verano del 2019, para jamaquear el andamiaje electoral antidemocrático actual. Estamos a tiempo camino al 2024. Manos a la obra.
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