Presionado por la opinión pública, el ex Presidente García tuvo que presentarse a declarar en el juicio que se sigue por la mataza de Accomarca, ocurrida en agosto de 1985. Desde un inicio, hizo resistencia, y se negó a comparecer, alegando no tener nada que decir por cuanto los hechos habían ocurrido casi al inicio […]
Presionado por la opinión pública, el ex Presidente García tuvo que presentarse a declarar en el juicio que se sigue por la mataza de Accomarca, ocurrida en agosto de 1985. Desde un inicio, hizo resistencia, y se negó a comparecer, alegando no tener nada que decir por cuanto los hechos habían ocurrido casi al inicio de su primera gestión gubernativa y cuando él ignoraba muchos de los entretelones del Poder.
Esta vez acudió a la cita judicial, aunque fue acompañado de una agresiva turba que pretendió blindarlo y que, en el extremo de la prepotencia, llegó a enfrentarse con los familiares de los asesinados en esos parajes andinos y por quienes buscan justicia.
En su defensa García se circunscribió a declarar con voz engolada: «Los sucesos de Accomarca fueron un hecho aislado que ocurrió durante mi gobierno». Debió decir, en primer lugar que no hubo un muerto -lo que podrìa considerarse «un hecho aislado», sino 69. Omitió reconocer, además que, a partir de allí, ocurrieron numerosos otros «actos aislados»:
Pucayacu, Llocllapampa, Umaro, Callca, Bellavista, Pomatambo, Parcco Alto, Puccas, Huancapi, Cayara, Santa Rosa, y otros; fueron solo algunos de los nombres de pueblos arrasados por el Terrorismo de Estado en los años de García. Ellos configuraron la política del régimen en ese entonces, y por la cual -tarde o temprano- deberá responder ante la justicia de los hombres.
En la mayoría de los casos estos hechos fueron atribuidos a Sendero Luminoso, o se presentaron ante la ciudadanía como resultado de un «duro enfrentamiento» entre efectivos militares y la «guerrilla maoísta». Una breve investigación permitió demostrar que las acciones aludidas no fueron ejecutadas por SL, sino por efectivos de la Marina de Guerra o del Ejército; y que los «enfrentamientos armados» sólo existieron en la febril imaginación de la «prensa grande» o en los reportes interesados de la institución castrense. Ellos mismos le dieron categoría de «guerrilla maoísta» a la que no era más que una estructura terrorista artificialmente inflada.
La diligencia celebrada recientemente, y a la cual el señor García debió comparecer más bien cómplice; nos permite recordar los sucesos en cuestión, que se iniciaron el 14 de agosto de 1985, y se prolongaron a vista y paciencia de las autoridades, por casi un mes. Incluso el 9 de septiembre fueron registradas acciones militares contra la población indefensa, allí y en otras comunidades contiguas.
Si bien pudo haber ocurrido que el Jefe del Estado fuera sorprendido en un comienzo ¿cómo explicar que estos hechos continuaran despiadadamente sin que nadie hiciera nada por detenerlos, y que en ese lapso fueran muertas otras personas, incineradas aldeas, robado ganado y precarias pertenencias de los campesinos?
Pero hay más: los crímenes que ocurrieron en esa circunstancia -todos- fueron ocultados al país. 69 personas, -incluidos niños, mujeres y ancianos- fueron quemados vivos. Los introdujeron a la fuerza en una choza, y les lanzaron luego bombas incendiarias hasta hacerlos víctimas de una muerte horrenda.
En esa etapa, las autoridades no solamente no castigaron a nadie, sino que ni siquiera lo denunciaron. Ni lo informaron al país. Prefirieron guardar silencio albergando la ilusión de la impunidad. Incluso, la Comisión del Senado que investigó el caso, fue presionada para ocultarlo, al extremo que el propio Senador aprista Vallerriestra -que la presidía- se vio forzado a renunciar a ella. Por lo demás, el informe final en torno al tema, quedó archivado como documento para la historia y sólo hoy asoma considerado como una «referencia» de lo ocurrido.
Es claro que el gobierno de entonces y la Clase Dominante, creyeron que jamás se sabría la verdad. Y es que habían eliminado a todos, incluidos los que creían que fuesen «los únicos testigos» de esa conducta horrenda.
Sucedió, sin embargo que hubo pobladores que, angustiados, lograron huir del escenario del crimen, se refugiaron en inhóspitos parajes andinos, y fueron después abordados por parlamentarios interesados en la materia. Eso permitió hacer la luz. El diputado Jorge Tincopa Calle ubicó las tumbas de los muertos. Si eso no hubiera ocurrido el crimen hubiese permanecido oculto.
Autores materiales de esa masacre, que abarcó los predios de la localidad, fueron oficiales del ejército; pero los operativos fueron ordenados por la Jefatura de la Fuerza Armada que operaba entonces en el cuartel Los Cabitos, de la ciudad de Huamanga. Por eso, a la hora de las indagaciones saltaron los nombres de Sinesio Jarama -hoy fallecido-, Enrico Praeli y Wilfredo Mori, Jefe Político Militar de la Zona de Emergencia éste último. Varios de ellos fueron retirados de su función, pero ninguno fue sometido a la justicia ordinaria. Allí, a todos les salió barata la aventura.
Hoy lo reconoce el propio García quien ante el juez sostuvo que «lamentablemente» el tema solo fue visto «en la justicia militar». ¿Y qué hizo él para variar ese rumbo? Ud. amigo lector puede responder a esa pregunta.
La impunidad campeó en esa circunstancia y se prolongó durante los cinco años de García en los que, además, se alimentó la capacidad operativa de los destacamentos punitivos de la zona, lo que dio lugar a otras acciones: que fueron posibles porque sus autores sabían que nada habría de ocurrirles. En esos predios ubicados en los contrafuertes andinos, y virtualmente alejados de la civilización, actuaron con entera libertad las tropas del ejército causando enormes bajas a la población civil.
Nada les ocurrió a los autores intelectuales del crimen, pero ¿a los autores materiales? Tampoco. Thelmo Hurtado -el subteniente que comandaba la columna, tuvo un mal rato porque debió comparecer ante una Comisión Parlamentaria; pero después, se libró de todo. Juzgado en el fuero castrense se le sancionó -inicialmente con 8 días de rigor- por «desacato» y «abuso de autoridad». Nadie la había ordenado matar, ni menos hacerlo de manera brutal ¿verdad? Ya eso, fue su propia iniciativa.
Después Hurtado volvió a la cancha. Siguió en la institución armada todos los años de García, ascendió impunemente, e incluso fue condecorado por los «servicios prestados» a la institución castrense. Finalmente descubierto, fue pasado a retiro en un gesto administrativo. ¿Nadie es responsable de que eso haya ocurrido así? El Presidente de entonces ¿pudo no haber tenido culpa alguna en estos hechos?
El mandatario aprista se valió de sus altas funciones en la estructura del Estado para encubrir los hechos y proteger a los autores materiales e intelectuales de los mismos. ¿No debió informar a la justicia en ese entonces? Claro que sí. Lo que ocurre. es que no es sólo García el implicado.
En la zona operó una columna militar apodada Lince, que estuvo a cargo del general Williams Zapata. Sus acciones depredadoras fueron denunciadas, pero nunca castigadas Después, ya bajo el fujimorismo, fue Jefe del Batallón Chavín de Huántar, y se coronó en esa clase de acciones el 22 de abril del 97, cuando «recuperó» la sede de la residencia nipona en manos del MRTA. Solo que la secuela, fue la muerte de todos los muchachos -dos mujeres, una de ellas en estado de gestación- que con Cerpa Cartolín atacaron cuatro meses antes ese lugar.
Incluso más tarde, cuando ocurrió en conocido «Andahuaylazo» -la insurrección de Antauro Humala-, este mismo general fue convocado «de urgencia» para dirigir las recientes acciones militares orientadas a debelar la insurgencia. La actitud de los alzados, que depusieron cautamente las armas impidió que el general tuviera ocasión de operar en la región. Hubiese sido una nueva cirugía sangrienta.
Demandar ahora que no sólo Thelmo Hurtado comparezca, sino que la investigación y la sanción por estos hechos infaustos se extienda a quienes fueron cómplices, responsables y encubridores de los sucesos de Accomarca; no constituye ningún pedido fuera de lo común. Lo que si carecería de sentido es que se confirme la impunidad que durante todos estos años ha caracterizado la conducta oficial en la materia.
Hoy, como antes, las víctimas de estos crímenes horrendos, claman justicia. Y es que Accomarca y el Infierno, fueron sinónimos.
Gustavo Espinoza M. Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.