«Queremos denunciar que desde el inicio de este año se ha agudizado la represión y se ha extendido la violencia en general», señala en entrevista Domingo Ixcoy Hernández, dirigente de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej
El pasado 17 de Marzo desapareció el presidente del Parlamento del Pueblo Xinca, Roberto Morales, y fue asesinado Exaltación Marcos, quien iba con él. Ambos eran dirigentes indígenas comprometidos con denunciar los intentos de las empresas mineras que quieren entrar en estos territorios. Existe en Guatemala un problema serio entre las comunidades rurales y las pretensiones extractivas de las empresas extranjeras, que en algunos casos desemboca en hechos de violencia y represión.
Bárbara Trentavizzi, antropóloga italiana residente en Guatemala comprometida con las luchas de los pueblos indígenas, entrevistó a Domingo Hernádez Ixcoy, dirigente indígena -que a su vez ha sido objeto de amenazas de muerte el año pasado- quien se refiere a la difícil coyuntura que se está viviendo en este país centroamericano.
A continuación la entrevista completa:
– ¿Podría ilustrar usted la situación que se está viviendo en las áreas rurales, de frente a las licencias mineras, hidroeléctricas y diversos proyectos que se pretendem implantar en Guatemala?
– Nosotros queremos denunciar que desde el inicio de este año se ha agudizado la represión y se ha extendido la violencia en general. Dentro de esta violencia común, relacionada también con la disputa de poderes e intereses ilegales, está también la violencia que se perpetúa contra el movimiento social que defiende la tierra, y que se manifiesta sobre todo con la persecución en contra de dirigentes comunitarios.
Han habido una serie de hecho lamentables que han afectado a los dirigentes de los municipios involucrados en la resistencia: Tomas Quej, de la comunidad Kalija, de Purulha, Baja Verapaz; Carlos Hernández Mendoza, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, del Frente Nacional de Lucha, de la Asociación campesina Camoteca; la captura de Germán y Santiago Vargas Hernández, de la comunidad Primavera de San Cristóbal de la Paz; la captura de Rubén Herrera, dirigente de asamblea departamental para la defensa de los recursos naturales de Huehuetenango; el secuestro del 17 de marzo de Roberto González, que hasta el momento no ha aparecido y la muerte de Exaltación Marcos, secretario y mayordomo del pueblo Xinka. Roberto era presidente del Parlamento Xinca y uno de los principales dirigentes de la región. Sin contar los graves hechos de violencia del año pasado en Totonicapan, el estado de sitio en Barillas.
Estamos viviendo un escalofriante momento de violencia que nos hace recordar la época del conflicto armado, cuando los dirigentes eran asesinados por reclamar sus derechos. Ahora somos perseguidos por no entregar los bienes naturales a las empresas nacionales y extranjeras. Los que defienden la vida, la identidad y el futuro del país son asesinados, perseguidos, secuestrados.
La política neoliberal es un proyecto de muerte y división, que está propiciando la criminalización hacia los movimientos sociales. Nosotros como dirigentes sociales estamos muy preocupados por esta política vertical que en nada contribuye a la democracia en Guatemala y que utiliza métodos del terror colectivo hacia las comunidades.
– ¿Cuáles son las razones profundas que están atrás de estos hechos?¿Qué análisis elaboraron ustedes como movimiento indígena?
– En nuestro país, durante los 36 años del conflicto armado los grupos de poder económico desarrollaron un gran arsenal de criminalización hacia los movimientos sociales. Se dice que los indígenas se oponen al desarrollo, que son de ultraizquierda y que sólo son pequeños grupos. Pero acaba de salir una encuesta que afirma que el 76 por ciento de la población no quiere la minería, la gente en el área rural, sobre todo, tiene plena conciencia de lo que implica la minería, y el engaño que representa. Los que hemos tenido la oportunidad de estar afuera vimos que en ningún país ha significado un desarrollo para los pueblos, cuando se habla de desarrollo se refiere sólo para las grandes empresas y para la oligarquía, no para nuestros pueblos.
Uno de los grandes problemas es la falta de una política de consultas. Para nosotros, en nuestras comunidades, la consulta es importante, se centra en el diálogo, en el consenso, en el ponerse de acuerdo sobre aspectos de importancia común. En cambio, el sistema político impone reformas. Miremos por ejemplo la reforma educativa, este tema afecta intereses de muchos sectores, pero no se consulta. De esta manera el estado vulnera los derechos de los pueblos y el que se opone a este proyecto es criminalizado y perseguido.
En Guatemala se realizaron más de 64 consultas comunitarias que se pronunciaron con un No a la minería y megaproyectos, y han sido despreciadas por el Estado, cuando han representado un gran ejercicio de ciudadanía y participación local.
– Las empresas rechazan las acusaciones de los movimientos sociales de provocar hechos delictivos y de represión hacia dirigentes, ¿ustedes que opinan?
– Lamentablemente hemos observado que en muchos casos los trabajadores se convierten en pequeñas fuerzas de choque, en grupos armados a favor de las empresas. Vemos en San Miguel Ixtahuacan, en San Juan Sacatepequez, los tristes hechos de Barillas. Las empresas engañan, hacen propaganda falsa y engañosa, y cuando encuentran obstáculos empiezan a demandar a líderes comunitarios creando mucho daño. Quieren explotar los recursos naturales de manera violenta a como de lugar, con el apoyo de los gobiernos de turno. Sabemos que muchas de las demandas que afectan a nuestros dirigentes son por haberse opuesto a empresas y proyectos y los abogados son contratados por las empresas que se alían con los sectores poderosos del país que utilizan las fuerzas militares y policíacas para reprimir.
Donde hay destacamento militares es porque hay proyectos de recursos naturales, se intenta amedrentar a la población. No es, como se cree a nivel urbano, para combatir el narcotráfico y la violencia delincuencial. Se vuelve a recurrir al miedo a través de la presencia del ejército.
– ¿Cuáles son sus exigencias?
– Nosotros queremos que se resuelvan los problemas estructurales del país. La firma de los acuerdos de paz impulsó lamentablemente un proyecto neoliberal que nos empobreció y nos está llevando a la violencia. No importa cuál de los dos partidos hubiera ganado, todos siguen el mismo esquema liberal excluyente y racista y un sistema que quiere robarnos las tierras. Sin tierra, el campesino maya no tiene vida, por eso siempre la defenderá, es parte de nuestra cultura milenaria.
Queremos que se pronuncie la comunidad internacional sobre estos hechos de violencia. Ahora no hay guerrilla pero hay resistencia comunitaria en defensa de la madre tierra, y ésta es criminalizada y perseguida.
– A los grupos indígenas se les acusa de atrasados, de no querer modernizarse, de no querer el desarrollo. ¿Cuál es su concepto de desarrollo?
– Nosotros creemos en un desarrollo surgido de los pueblos, controlado por los pueblos, administrado por los pueblos. Un ejemplo de desarrollo es para nosotros la turbina comunitaria de la Zona Reyna. Las comunidades están pagando 20 Q y tienen luz, ellos tienen el manejo de la energía. Aquí se propone que veamos con buen ojo a las grandes hidroeléctricas extranjeras que utilizan el agua de nuestras tierras, cuando en muchos lugares donde están operando las comunidades no tienen ni luz.
El desarrollo se puede crear sin necesariamente entregar a las empresas transnacionales nuestro país. Si ellos dejan millones como regalías es porque se están llevando miles de millones,
Se puede pensar en un desarrollo conducido por los pueblos, respetando a la madre naturaleza. Los pueblos indígenas no manejamos una lógica capitalista de acumulación a toda costa, sin importar la vida humana y el futuro de la tierra. Las comunidades pueden sembrar y exportar de una manera equilibrada, las cooperativas, por ejemplo, son una alternativa, pero no reciben apoyo porque amenazan intereses económicos muy fuertes. Durante el conflicto armado se les acusaba de pertenecer a la guerrilla y se le reprimió a pesar de no tener ningún vínculo con las fuerzas rebeldes. Las cooperativas son un potencial para mejorar la vida de los campesinos y de sus hijos.
– ¿Alguna consideración final?
– Nosotros hacemos un llamado a los movimientos sociales, a los académicos a la sociedad indígena y mestiza, a los medios de comunicación, para que exijan el cese de la represión, queremos que se tome conciencia de que la violencia jamás va a servir para el desarrollo de Guatemala.
Como dirigentes y líderes indígenas estamos sumamente preocupados por lo que está pasando y pedimos a la comunidad internacional presente en el país levantar la voz sobre estos hechos.