Hace ya varios años que la FOPE (Fuerzas de Operaciones de Policías Especiales) viene desplazándose hacia el norte del país en los departamentos de Concepción y San Pedro, principalmente, en busca de un grupo de 14 ó 20 personas, a quienes se las conoce como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), acusadas de realizar varias […]
Hace ya varios años que la FOPE (Fuerzas de Operaciones de Policías Especiales) viene desplazándose hacia el norte del país en los departamentos de Concepción y San Pedro, principalmente, en busca de un grupo de 14 ó 20 personas, a quienes se las conoce como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), acusadas de realizar varias actividades delictivas y que representarían el «renacer de la lucha armada» o de guerrillas en el Paraguay, aunque existen diferentes lecturas y análisis con respecto a la existencia o no del mencionado grupo y el carácter realmente revolucionario que pueda tener.
El Estado en los últimos tres años ha impulsado varios y aparatosos operativos militares/policiales, ha declarado Estado de Excepción durante dos años consecutivos (2010-2011), exponiendo a la población civil al arbitrio de las fuerzas militares, autorizando la salida de los mismos para el control de las personas, el custodio de propiedades privadas e intereses de grandes ganaderos, propiciando diferentes tipos de atropellos contras personas humildes y criminalizando al movimiento social, en particular la lucha campesina.
Se ofrecen cuantiosas suma de dinero desde el Ministerio del Interior como recompensa a quienes den información sobre los «enemigos internos», en materia legislativa se cuenta con una Ley antiterrorista, se compran armas de grueso calibre para equipar a las fuerzas de élites, se ha aumentado el presupuesto militar y se profundiza el asesoramiento o «cooperación» militar colombiano-estadounidense con el gobierno paraguayo en materia de seguridad.
Días atrás, para ser más específicos el 11 de abril del 2012, nos enterábamos a través de los medios de comunicación de que un joven de 22 años fue herido de bala en el cuello por parte de agentes de la FOPE en la zona de Arroyito, Departamento de Concepción. Fue trasladado de manera urgente al hospital de Emergencias Médicas, en grave estado de salud con pronóstico reservado, en donde hasta la realización de este artículo sigue internado en terapia intensiva.
El joven de apellido Ledesma resultó ser una persona sordomuda que las fuerzas policiales confundieron con un miembro del EPP, alrededor del hecho han intentado distorsionar la información, sacando varias y acotadas versiones sobre lo que realmente sucedió, y excusando de que supuestamente el joven estaba armado.
Sin embargo los pobladores del lugar niegan esa versión y reclaman justicia ante el lamentable e irresponsable hecho que mantiene entre la vida y la muerte al joven Agustín Ledesma; en una movilización con más de mil personas de repudio a lo ocurrido «Juan Cuevas, docente de la zona, calificó de vergonzoso que la Policía Especializada (FOPE) haya confundido a un joven indefenso con miembros del EPP, para dispararle. Por su parte, el vicario general de la Diócesis de Concepción, monseñor Pablo Cáceres, lamentó las versiones distorsionadas brindadas por el ministro del Interior Carlos Filizzola…», según expresa la nota del periodista Justiniano Riveros del diario Ultima Hora [1] .
El proceso de militarización que se vive en los departamentos del norte del país, tiene una nueva víctima, una más de las tantas que de diversas maneras son afectadas por la presencia militar y policial que se promueve desde el Estado. Las instituciones responsables de lo ocurrido y la prensa comercial quieren colocar el hecho como un simple «error», y al parecer, ya que se trata de la vida de un pobre y en tiempos en que la indignación social se encuentra relegada, la exigencia de justicia será solo de algunos vecinos/as, familiares y/o amigos de Ledesma.
Teniendo en cuenta de que la militarización en Paraguay avanza a pasos agigantados y que lo hace además de la mano de organismos especializados de Colombia y Estados Unidos, no podemos descartar la hipótesis de que este caso se podría haber convertido en lo que se conoce como «falsos positivos», una práctica ya común del ejército colombiano, asesinar a civiles (generalmente de escasos recursos económicos) y presentarlos como guerrilleros muertos en combate, como forma de legitimar la presencia militar en determinadas zonas y hacer convencer a la opinión pública de la efectividad de las fuerzas represivas. ¿Estamos acaso ante una nueva fase de militarización en la que se incorporará la nefasta estrategia de falsos positivos? ¿O ya nos encontramos en ella? ¿Cuantos crímenes más cometerá la Policía? Son las interrogantes que quedan abiertas en el Paraguay del siglo XXI.
Nota:
[1] Ver en: http://www.ultimahora.com/notas/519534-Horquetenos-cierran-ruta-en-repudio-al-ataque-policial-a-joven-sordomudo-de-Arroyito
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