Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Tal es la hostilidad en este país hacia los pobres y desempleados -señal segura de la preocupante disminución de empatía y compasión de los últimos treinta años-, que una encuesta realizada esta semana por el Canal 4 de Noticias halló que el 58% de la gente pensaba que los recortes sociales propuestos por el gobierno deberían haber sido más severos, o que «eran justos», y el 66% contestó que sí a la pregunta de: «¿Debería haber un límite máximo de 400£ a la semana en el total de la ayuda para vivienda que la gente puede reclamar, aunque esto signifique que se vean forzados a cambiar de casa?».
En los últimos meses, mientras el gobierno de coalición y unos medios lamentablemente complacientes convertían en chivo expiatorio a los desempleados, en sustitución de las «oleadas de inmigrantes» que fueron el blanco de mis mezquinos conciudadanos bajo el gobierno laborista, la narrativa que ha aparecido define persistentemente a los desempleados como vagos y parásitos, ignorando la complejidad de los problemas existentes y también, sobre todo, evitando la incómoda verdad de que hay actualmente, como he mantenido y según las propias cifras del gobierno, 2,45 millones de desempleados y sólo 459.000 empleos disponibles.
En cuanto a las ayudas para vivienda, se ha ido alimentando la antipatía hacia los desempleados utilizando historias falaces que se centraban en un puñado de ejemplos extremos de gente viviendo en casas lujosas, que se ha interpretado como una clara invitación a que periodistas, lectores y ciudadanos se quejen abiertamente, en términos envidiosos, sobre lo injusto que es que gente desempleada esté viviendo en casas que ellos no se pueden permitir, consiguiendo así que apoyen los planes para su traslado forzoso, y de esa forma se sientan mejor pensando que ellos no pierden nada..
Detrás de tanto titular manipulador, la verdad del ataque del gobierno a las ayudas a la vivienda es que -con un resultado neto que no va servir para ahorrar dinero y encima es muy posible que cueste 120 millones de libras esterlinas más al año- están felices de presidir lo que el Alcalde de Londres Boris Johnson identificó correctamente como «limpieza social al estilo de Kosovo» con ese límite a las ayudas para vivienda mencionado en la encuesta del Canal 4 -de 400£ la semana-, lo que casi significa que por todo Londres, por ejemplo, miles de hogares en barrios acomodados no podrán pagar su alquiler y se verán obligados a mudarse a barrios más pobres, cuyos ayuntamientos están ya luchando para poder proporcionar algo a sus propios menesterosos mientras los feroces recortes del gobierno a sus presupuestos municipales van también arraigándose.
Aunque yo entiendo que los alquileres de más de 400£ a la semana son caros, lo que se ignora casi completamente en todos los ataques a los que viven en esas propiedades es que ellos no son quienes se quedan con el dinero, y la culpa de esos alquileres desorbitados se encuentra en las siguientes razones: o porque sus propietarios son gentes avarientas y sin escrúpulos que están ordeñando la tesorería estatal todo lo que pueden; o por la reacción en cadena de un mercado inmobiliario sobrevalorado (el mayor regalo laborista de codicia y división hecho al pueblo británico); o debido a la escandalosa falta de inversión en viviendas sociales desde que Margaret Thatcher empezó a liquidar las viviendas de protección oficial y prohibió a los municipios que utilizaran cualquier fondo para construir casas nuevas (una política que, en caso de que alguien lo haya olvidado, el gobierno laborista tuvo buen cuidado en mantener).
La respuesta de George Osborne al problema de la escasez de viviendas sociales fue, por supuesto, típicamente desagradable. En lugar de aceptar que el gobierno debería pensar en un programa de viviendas sociales masivo, ha recortado la inversión para viviendas a precios razonables en un 30% y ha decidido financiar nuevas viviendas sociales elevando los alquileres en un 80% a los nuevos inquilinos de las mismas, un ataque sin precedentes contra las viviendas a precios asequibles al que añadió otra horrible innovación: acabar con los contratos de arrendamiento seguros para todos los inquilinos de viviendas de protección oficial.
En vista de todo esto, parece especialmente cruel y contraproducente obligar hasta a 134.000 inquilinos a trasladarse a zonas más pobres (según la investigación dirigida por Shelter), o, como los municipios de Londres han advertido, 82.000 hogares, o 200.000 personas sólo en Londres, donde, además de poner una carga sobre esos ayuntamientos y sus ya restringidos servicios, probablemente se encontrarán con que se les ha trasladado a guetos de desempleados.
Además, por supuesto, esos planes provocarán también un aumento en la escasez de viviendas, mientras otras familias e individuos -quizá quienes no son parásitos, como ellos les llaman, pero tienen otros problemas que requieren apoyo (problemas de salud mental o minusvalías físicas, por ejemplo)- se verán arrojados a la calle, obligando a los municipios a enfrentarse al aumento de la escasez de vivienda y a gastar incluso más dinero realojándoles en alguna parte, en ciudades costeras que han sido vertedero de desempleados durante muchos años, o quizá incluso desde el sur al norte de Inglaterra, donde, de nuevo, las oportunidades de trabajo son mínimas o inexistentes.
Aparte de todo esto, otro factor que va a contribuir a la escasez de vivienda será, casi con toda certeza, la decisión del gobierno de recortar en un 10% las subvenciones a la vivienda si se lleva un año en paro. Teniendo en cuenta las cifras de desempleo y de puestos de trabajo disponibles citadas arriba y la intención declarada del gobierno de añadir otros 1,3 millones de seres a las filas de desempleados, este es otro plan pavorosamente cruel, que hará que los que no puedan recurrir a sus ahorros acaben también en la calle, donde se unirán a la cola de desempleados que se ven obligados a vivir en viejos vagones de tren y a trasladarse a las ciudades de Hastings o Hartlepool.
Otro cambio desagradable último es una modificación a la existente «tarifa por una única habitación», que se aplica actualmente a los menores de 25 años, proporcionándoles una subvención a la vivienda sólo si viven en una casa compartida. El gobierno ha aumentado ahora la edad a 35 años, lo que ha llevado a Jim Jepps, de Conspiración Liberal, a declarar: «Así pues, si actualmente trabajas en el sector público y vives en un piso pequeño, una carta de despido puede significar que te quedarás sin trabajo y en la calle».
En contraste con toda esta miseria, el gobierno ha tenido la desfachatez de proclamar que los alquileres privados bajarán cuando se introduzca el cupo [de inmigrantes], aunque no hay prueba alguna de que los propietarios privados los hayan bajado nunca voluntariamente, ni es probable que lo hagan ahora.
Todo esto se añade a una política terriblemente mal concebida que, por desgracia, ya ha superado un obstáculo erigido en la Cámara de los Comunes por el diputado laborista Douglas Alexander, quien propuso una moción que establecía que: «Aunque sea necesario reformar las subvenciones para viviendas, las propuestas del gobierno implicarán importantes pérdidas para cientos de miles de familias trabajadoras y pensionistas, con el riesgo añadido de tener que gastar 120 millones de libras en proporcionar alojamientos temporales».
La moción de Alexander, que fue derrotada esta semana por las filas del partido, con los demócratas liberales votando en masa con sus colegas torys para rechazarla, también apelaba a que gobierno «revise las propuestas de reforma de los subsidios a las viviendas para que no se penalice a quienes no puedan conseguir empleo en doce meses, y que garantice un calendario de revisión de las propuestas implementadas que permita a los ayuntamientos, inquilinos y propietarios llevar a cabo posibles ajustes, seguir el impacto en los alquileres y evitar gastos adicionales en alojamientos temporales».
Demasiado poco, demasiado tarde, puede ser bien el veredicto sobre esa propuesta laborista, que acabó derrotada por 61 votos, pero que hace que me pregunte quién puede desafiar esas terribles políticas para intentar garantizar que cientos de miles de personas no sufran dificultades innecesarias antes de que -quizá en unos años- pueda haber un despertar de la compasión o, muy al contrario, que se llegue a un punto en que el gobierno de coalición pueda jactarse de que ha tenido éxito en su maligno intento de eliminar la red de seguridad que una sociedad solidaria proporciona a los más pobres y vulnerables.