Alrededor de un 45% de la población residente en viviendas de alquiler en España se encontraba en riesgo de pobreza o de exclusión social en el período 2015-2023. Es la proporción más elevada en el conjunto de las economías europeas, situándose unos 13 puntos porcentuales (pp) por encima de la media de la UE a 27. Son datos de Eurostat recogidos por el Banco de España. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda es el tercer problema que más preocupa a la población. Si escuchamos a la calle, manifestaciones incluidas, sería el primero.

Dar alas a los buitres o cortárselas es una cuestión de voluntad política. Buitres entendidos como fondos usureros. El ejemplo lo tenemos no muy lejos de aquí, en un país que está en el corazón de la Unión Europea como es Bélgica. Bélgica disfruta, desde el año 2015 de una Ley contra los fondos buitre. En el Estado español… ¿Cuánto dinero público podríamos destinar al “interés general” con una ley similar a la belga contra los fondos buitre?

Elliott, el fondo buitre más agresivo del mundo, que acorraló a Argentina y carroñea en las deudas públicas y privadas de medio mundo, ya opera en cuatro hospitales públicos de Madrid: Los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz (FJD), Rey Juan Carlos (Móstoles), Infanta Elena (Valdemoro) y General de Villalba [1]. ¿Cómo es posible?

Licencia para contaminar. Es la lógica que rige el mercado europeo de carbono, creado presuntamente para pilotar la transición hacía energías más ‘verdes’ en la Unión Europea (UE). Convertido el CO2 en un producto financiero, su especulación está directamente relacionada con la escalada del precio de la luz.

El señor del Ibex 35 BlackRock, que está detrás de la especulación con el agua en Bolsa, ya advirtió el pasado mes de julio a los buitres del ladrillo del riesgo para el negocio inmobiliario de la sequía en España [1]. El quebrantahuesos financiero global situó a las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (SOCIMIs) que operan en nuestro país en el tercer puesto mundial de amenaza por estrés hídrico en 2030 [2].