Es un hecho, a lo largo de la historia humana, que el consentimiento y el control de los sectores populares han sido un asunto de vital importancia para la supervivencia de los grupos o clases dominantes.

El reajuste político institucional que se produzca por efecto de la coyuntura económica por la que atraviesa el país y por las concesiones a Washington y a las diferentes dirigencias opositoras formalizadas por el gobierno de Nicolás Maduro y la alta jerarquía del PSUV, no pueden estar por encima de los intereses y los derechos del pueblo.

En palabras de Amy Goodman y Denis Moynihan «la perspectiva de un cambio climático catastrófico e irreversible y el posible declive de la democracia en el mundo son escenarios muy reales».

El siglo XXI representa un presente que no augura un futuro positivo.

El auge y la extensión del capitalismo de vigilancia conforman una realidad totalizadora que no habría, prácticamente, ningún ser humano ajeno a ella. Éste explota un mercado donde las personas somos el producto a vender.

Para el capitalismo (o liberalismo, como muchos también lo definen), los únicos balances válidos son los contables.