El viernes 13 de septiembre de 1974, una bomba estallaba en la cafetería Rolando de Madrid, adyacente a la Dirección General de Seguridad, provocando la muerte de 13 personas, dos de ellas agentes policiales. Durante décadas, el atentado fue atribuido a ETA, organización que no reconoció su autoría, a pesar de que al día siguiente de los hechos, el comunicado en el que se atribuía la paternidad del mismo iba a ser publicado en el diario parisino “Libération”. Diferencias notorias en su dirección sobre la oportunidad de hacerlo, abortaron la decisión, negando incluso su responsabilidad posteriormente. En 2018, ETA, en su última entrevista, al hacer un recorrido sobre antiguos temas, asumió una autoría ya conocida.

Con una naturalidad que escandaliza y con el sempiterno argumento de que el fin justifica los medios, hay una tendencia gubernamental y de sus acólitos que frivoliza y descarta la excepcionalidad carcelaria que han padecido al menos 7.000 hombres y mujeres de Euskal Herria.

Mikel Zabalza fue torturado aplicando las técnicas habituales de Intxaurrondo y cuando murió en la «bañera», el crimen ocultado por la cúpula de Interior, la misma que en aquella época participó en el diseño y contratación de mercenarios y agentes para los GAL.

¿Saben por qué no modifican la Ley de Secretos Oficiales? Porque se encontrarían con relatos que evidenciarían la impunidad y el premio que han recibido los torturadores.

En los últimos días hemos asistido a una guerra despiadada entre diferentes sectores de la derecha española por el control del poder en el seno de su casa común, el Partido Popular. Detrás del conflicto nos hicieron creer que estaban los inesperados resultados en las autonómicas de Castilla y León, donde el supuesto ascenso de Vox retrataba a la derecha del bipartidismo. Pero como ya explicó meridianamente Iñaki Iriondo en este mismo medio, los neofascistas ya tocaron techo anteriormente.