En esta reflexión se parte de la convicción de que la prisión, y más ampliamente el sistema penal y la cultura de la pena, son elementos que sostienen y perpetúan las desigualdades sociales. Por ello, debemos dejar de lado la necesidad de ser culpables y asumir que la respuesta a los conflictos sociales que llamamos delitos no es un castigo. Hemos dado al Estado el poder de juzgarnos y castigarnos. Es preciso arrebatar al Estado el poder de resolver nuestros conflictos y también el poder de decidir cómo se pueden resolver.