Todos los lunes, de 10 a 11 horas, acudimos a la entrada del Ministerio español de Asuntos Exteriores (MAE) a dar testimonio por los presos políticos saharauis encarcelados por el régimen reaccionario de Marruecos, que pretende anexionarse -ilegal, ilegítimamente y mediante la ocupación militar- el territorio del Sáhara Occidental, cuyos dueños son única y exclusivamente los saharauis, que han constituido y mantenido ejemplarmente, durante más de 45 años, su propio Estado, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocida por más de 80 países, a pesar de las rastreras artimañas del régimen alauita para evitarlo.

Durante 45 años el Consejo de Seguridad de la ONU se ha estado negando a dotar de competencias a la MINURSO para que pudiera vigilar el respeto de los DDHH en ese territorio bajo ocupación militar marroquí.

El Frente POLISARIO nació como consecuencia del rechazo de la España de Franco a una solución pacífica y pactada, y de una represión feroz y miope.

Aunque la ley comunitaria otorgue el derecho de denuncia a sus ciudadanos, siempre es lamentable que un simple ciudadano de la UE se vea en la tesitura de tener que denunciar la actuación institucional de su propio país -en este caso, España- ante las instituciones comunitarias. No es precisamente un plato de buen gusto, sino una gran responsabilidad.