Francisca Fernández Droguett es militante feminista y socioambiental, parte del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) de Chile. Realiza un recorrido del modelo económico extractivo, la privatización del agua y el trabajo de las organizaciones sociales, pueblos indígenas y campesinos. Afirma que los bienes naturales deben ser gestionados por los pueblos.

Andrés Cedrón es el director del documental “Cuellos Blancos. El caso Vicentin”, que describe la causa judicial por delitos económicos de la empresa y la vinculación de la cerealera con el poder político y judicial. «Hay gobiernos que les ofrecen todos los beneficios y otros que no intentan recuperar derechos, no quieren tocar esos intereses», afirma.

En Las Petacas, localidad de Santa Fe, Lola Arrieta logró que las fumigaciones con agrotóxicos se alejen de su casa y de sus hijos. Uno de ellos, adolescente, llegó a ser utilizado por empresarios como «bandera humana» para señalar dónde rociar con herbicidas. Ahora la mujer exige que no instalen un galpón con venenos a metros de su vivienda. «Son pueblos donde mandan los sojeros», denuncian vecinos de la zona.

La empresa Bayer fue denunciada en Alemania por afectar derechos básicos de poblaciones de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Desalojos de campesinos e indígenas, afectaciones en la salud, desmontes y contaminación de aguas son algunas de las consecuencias de los agrotóxicos y transgénicos que comercializa la compañía europea.

Más de 400 organizaciones socioambientales, universitarias y de productores denuncian que el Gobierno y las grandes empresas intentan avanzar en el control de las semillas, primer eslabón de la cadena alimentaria. Vía el proyecto de Ley Ómnibus buscan la adhesión a la normativa UPOV 91, que beneficia a compañías como Bayer-Monsanto, Syngenta, Bioceres y Don Mario.

Roberto Solano, de la Federación Nacional Campesina, y Cristina Agüero, de la Asamblea No a la Mina de Esquel, comparten sentires e ideas sobre lo que hará el nuevo gobierno, cómo accionarán las organizaciones sociales y no le escapan al pensar por qué llegó la ultraderecha a la Argentina. La defensa del territorio y el agua, los derechos y las calles.

Montevideo está en crisis hídrica. Mientras el Gobierno culpa al clima, a la falta de obras en gestiones anteriores y propone la compra de agua embotellada, desde sectores socioambientales explican que se trata de una mala planificación, cuestionados negocios con sectores privados y del modelo extractivo de monocultivos y pasteras. «No es sequía, es saqueo», afirman.

La relación directa entre el modelo extractivo y la salud de la población, el diálogo de saberes entre la academia y los territorios, la producción de alimentos sanos y la soberanía alimentaria. Fueron algunos de los ejes del VII Congreso de Salud Socioambiental, espacio de referencia para articular y fortalecer acciones colectivas.

Una investigación en ocho pueblos fumigados de Santa Fe, que involucró a 27.000 personas, confirmó la relación entre agrotóxicos y cáncer. Los jóvenes de estas localidades tienen 2,5 veces más probabilidades de morir de cáncer que quienes viven lejos de zonas con uso de pesticidas. El agronegocio, los gobiernos que fomentan el modelo y los impactos en la salud.

Para cumplir con las metas fiscales del FMI, el Gobierno relanzó el programa Dólar Soja. Pequeños y medianos productores reiteraron sus críticas a una medida que beneficia a las empresas exportadoras y altera los precios internos. La agricultura campesina y cooperativa sigue a la espera de respuestas, con cinco proyectos de ley pendientes en el Congreso.