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María Egea Muñoz de Zafra tiene 90 años, pero tenía cinco cuando embarcó a bordo del carguero británico que transportó hacia el exilio a republicanos españoles al final de la Guerra Civil en una hazaña que pasaría a la historia.
El historiador de la Universidad de Trent (Canadá) acaba de publicar ‘Los pueblos de Franco’, en el que estudia a fondo la política de colonización del franquismo para reubicar a familias campesinas con el que el dictador intentó limpiar su imagen en el mundo agrario.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática entrega a las hermanas del anarquista catalán ejecutado con garrote vil en 1974 una declaración de reparación que oficializa que la sentencia que le condenó a muerte es nula y lo reconoce como víctima del franquismo.
El Gobierno otorgará el próximo 31 de octubre a los descendientes del escritor una declaración de reconocimiento y reparación en la que se detallará que su condena a pena de muerte “por adhesión a la rebelión” es nula en virtud de la Ley de Memoria Democrática.
Una nueva investigación concluye que la dictadura se estudia de forma “reduccionista” y “superficial”, apenas se profundiza en las facetas de la opresión y se asocian los años 60 y 70 al “progreso” sin nombrar “los costes sociales” del momento.
La historiadora Miriam Saqqa publica la primera investigación que aborda el operativo puesto en marcha por el franquismo para dignificar a sus víctimas, un proceso que “construyó una narrativa política e ideológica” para justificar la represión.
El escritor y periodista desgrana en ‘Presentes’ (Alfaguara) un relato a dos bandas para contar el viaje del féretro de Alicante a El Escorial a hombros de falangistas y las historias de quienes sufrían los horrores de la guerra: “Hubo una primera memoria histórica que se asentó en el 39, que fue sectaria, fanática y falsa”.
El experto en Historia del Derecho Rubén Pérez Trujillano detalla en ‘Jueces contra la República’, publicado este año, cómo el poder judicial “decidió no acompañar” las reformas de carácter social de la Constitución de 1931 y contribuyó a “cortocircuitar” el nuevo régimen.
Una comisión de expertos creada por el Gobierno al amparo de la Ley de Memoria Democrática estudiará las vulneraciones de derechos durante esta etapa, entre ellas los excesos de las fuerzas policiales que acabaron con la vida de ciudadanos sobre los que el reconocimiento oficial ha pasado de puntillas.
El profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona propone en ‘¿Quién teme a Francisco Franco?’ darle una segunda vida a los vestigios de la dictadura contextualizándolos y explicándolos y rechaza de plano su retirada tal y como establece la Ley de Memoria Democrática.