La oposición al gobierno de López Obrador se da y se expresa en varios frentes. El primero y más visible y ruidoso es, obviamente, el mediático. Otro es el representado por los gobernadores, legisladores y alcaldes del viejo régimen. Uno más, desde luego, es el de los desprestigiados partidos políticos de la derecha: PRI, PAN, PRD y MC (Movimiento Ciudadano). Y en esa lista de opositores ligados a la derecha no podían faltar los miembros más conservadores del Poder Judicial.

Los datos duros son más reveladores que las toneladas de noticias falsas que diariamente pretenden abrumar a la ciudadanía para mermar el apoyo de la gente a López Obrador. He aquí algunos de esos datos: el precio del dólar se encuentra por debajo de 21 pesos y la inflación está bajo control y no supera la cota del cuatro por ciento.

Hace apenas unos días el banco español BBVA (Bancomer) anunció su decisión de no regatear ni litigar más el pago de sus añosos adeudos de impuestos. Bancomer optó por cumplir sus obligaciones legales y cesar su airada confrontación con el gobierno de López Obrador.

La disyuntiva para el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es en realidad muy sencilla. O se queda en el gabinete a defender sus concepciones políticas o presenta su renuncia.

Hasta ahora han fracasado todos los intentos del viejo régimen por desestabilizar al gobierno de López Obrador. Y no parece sencillo que pueda lograrlo en lo futuro. Los neoliberales no muestran fuerza porque no la tienen.

Entre las instituciones públicas más corruptas de México el Instituto Nacional Electoral (INE) ocupa un merecidísimo primer lugar. Puede decirse que nació podrido.

Para explicar la ferocidad de los ataques de la derecha mexicana contra el Presidente López Obrador es necesario recordar la serie de acciones gubernamentales que han minado el sistema de enriquecimiento ilegítimo y el poder económico de esa misma derecha.