Como lo demuestran sucesivas encuestas y elecciones, la oposición de derecha al gobierno de López Obrador carece de la fuerza electoral suficiente para recuperar el poder perdido. Y para revertir esta situación de poco sirve el griterío mediático que sólo convence a los ya convencidos.

En las elecciones intermedias del 6 de junio de 2021 la derecha refrendó los guarismos de su techo electoral: un tercio del electorado. Para llegar a ese punto echó mano de todos sus recursos. Primeramente una alianza formal de los tres partidos políticos que la representan: PRI, PAN y PRD.

En los comicios de 2018 el PAN obtuvo 9 millones de votos, en tanto que el PRI logró 7 millones. De modo que la derecha cosechó 16, contra los 30 de Morena. Digamos que, más o menos, la proporción fue dos a uno. Y tres años después esa proporción se mantiene. Dicho de otro modo, la derecha cuenta con un tercio del electorado, en tanto que dos tercios sufragan por Morena.

Como es público y notorio, ninguna de las medidas de carácter económico puestas en práctica por el gobierno del Presidente López Obrador ha sido del agrado de la derecha. O del conservadurismo, como él prefiere decir. Pero no todas ellas han generado el mismo nivel de rechazo de los conservadores.

Desde las elecciones de julio de 2018 que lo convirtieron en Presidente de México se sabe que López Obrador cuenta con el apoyo electoral de dos terceras partes de los ciudadanos, es decir, con el 66 por ciento de los sufragios.

Con el propósito de arrebatarle a López Obrador la mayoría en la Cámara de Diputados en las inminentes elecciones del 6 de junio próximo, el movimiento conservador está poniendo en práctica los mismos recursos que utilizó para derrotar al hoy Presidente en los comicios del 6 de julio de 2018: una intensa, extensa y abrumadora campaña mediática de infundados, calumniosos y absurdos ataques contra el obradorismo.

En la ardua, compleja y titánica lucha contra la corrupción, el Presidente López Obrador ha cosechado enormes victorias. Para empezar, desde el inicio de su mandato, puso freno a la forma más descarnada y nociva de la corrupción: la privatización de las empresas públicas.

La mala fama pública del Instituto Nacional Electoral (INE) no es una cuestión reciente. Esa pésima imagen lo acompaña desde el mismo momento de su fundación. Recuérdese que fue creado por el régimen usurpador de Carlos Salinas de Gortari para simular elecciones libres y democráticas. Siempre ha sido un órgano de la oligarquía para la conservación del poder.

Durante más de tres décadas el Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE) pudo ser el exitoso organizador, gestor y ejecutor del fraude electoral porque tenía de su lado el poder presidencial. Y una cosa semejante acontecía en el Poder Judicial de la Federación. Éste era el garante del impune torcimiento de la ley. Y lo era porque tenía de su lado el poder presidencial.