Desde las elecciones de julio de 2018 que lo convirtieron en Presidente de México se sabe que López Obrador cuenta con el apoyo electoral de dos terceras partes de los ciudadanos, es decir, con el 66 por ciento de los sufragios.

Con el propósito de arrebatarle a López Obrador la mayoría en la Cámara de Diputados en las inminentes elecciones del 6 de junio próximo, el movimiento conservador está poniendo en práctica los mismos recursos que utilizó para derrotar al hoy Presidente en los comicios del 6 de julio de 2018: una intensa, extensa y abrumadora campaña mediática de infundados, calumniosos y absurdos ataques contra el obradorismo.

En la ardua, compleja y titánica lucha contra la corrupción, el Presidente López Obrador ha cosechado enormes victorias. Para empezar, desde el inicio de su mandato, puso freno a la forma más descarnada y nociva de la corrupción: la privatización de las empresas públicas.

La mala fama pública del Instituto Nacional Electoral (INE) no es una cuestión reciente. Esa pésima imagen lo acompaña desde el mismo momento de su fundación. Recuérdese que fue creado por el régimen usurpador de Carlos Salinas de Gortari para simular elecciones libres y democráticas. Siempre ha sido un órgano de la oligarquía para la conservación del poder.

Durante más de tres décadas el Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE) pudo ser el exitoso organizador, gestor y ejecutor del fraude electoral porque tenía de su lado el poder presidencial. Y una cosa semejante acontecía en el Poder Judicial de la Federación. Éste era el garante del impune torcimiento de la ley. Y lo era porque tenía de su lado el poder presidencial.

En México hay algo menos de 15 millones de personas que ya han cumplido 60 años de edad, a quienes convencionalmente se califica como de la tercera edad. O adultos mayores. O simplemente ancianos. Se trata del grupo en el que se concentra el mayor número de contagios y fallecimientos por covid.

El próximo domingo 6 de junio habrá elecciones para renovar la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas estatales. Y sólo habrá dos opciones. Por un lado, a la izquierda, el obradorismo; y por el otro, en estrecha alianza, PAN y PRI, los dos viejos partidos de la derecha mexicana. No hay y no se vislumbra, al menos por ahora, una tercera opción electoral.

Es muy claro que luego de más de 20 años de calumniosos y masivos ataques mediáticos contra López Obrador la derecha no ha logrado aprender que esa táctica no hace mella en el tabasqueño y que, por lo contrario, lo acoraza, lo blinda, lo hace más fuerte.

El alma de la teoría y de la práctica neoliberales es la privatización de los bienes públicos. O, dicho de otro modo, la apropiación por los particulares de los bienes colectivos. La primera medida económica del gobierno ex soviético, a cuyo frente quedó Boris Yeltsin, fue la privatización de las empresas hasta entonces propiedad del Estado: tierras, aguas, minas, bancos, fábricas.

El obradorismo se apresta a dar un nuevo paso en la tarea de desmontar otro de los pilares del neoliberalismo: los llamados órganos autónomos, una forma de gobierno paralelo ideada para desviar recursos de la nación hacia manos privadas.