Hoy Eluana es el cuerpo de Italia. Dice Berlusconi que si fuera su padre no la desenchufaría. Beppino Englaro, el verdadero padre de Eluana, ciudadano heroico que cree en la Constitución y en la justicia, lleva 10 años batallando para que su hija consiga encontrar finalmente descanso. Berlusconi, «Padre de Italia», aprovecha la ocasión mediática […]
Reunirá al Parlamento «ad horas» y aprobará la ley que lo permita en un plazo de dos días, Berlusconi lo tiene decidido: seguirán alimentando a Eluana. Aunque tenga que «convocar al pueblo y cambiar la Constitución», que es «filosoviética». El gobierno italiano no puede esperar a que la ley sobre testamento biológico complete su curso normal en el Parlamento; tampoco hace caso a la nota que envió el Presidente de la República desaconsejando el recurso al decreto; no le importa tampoco que el Presidente de la República se niegue a firmarlo. El gobierno se salta apoyado en la pértiga del Vaticano el valor de una sentencia del máximo órgano judicial.
Este decreto ley es el colofón de un conflicto entre el poder ejecutivo y el legislativo. El Tribunal Constitucional, el Tribunal de Casación (dos veces) y el Tribunal de Apelación del Lazio han juzgado ilegítima la actuación del gobierno, que, mediante decreto ley, impide que una sentencia pueda ejecutarse. Al margen de las cuestiones éticas que plantea, el caso Englaro deja claro que Italia sufre hoy -como Eluana- una suerte de ensañamiento contra la democracia. Si por democracia entendemos un sistema basado en una Constitución, en la división de poderes -con los debidos controles y contrapesos-, en el que se protege la libertad de expresión y asociación, y se respetan los derechos humanos, hoy Italia no es tal.
El Parlamento, protagonista del poder legislativo, no legisla: está en coma. En lo que llevamos de cuarto gobierno Berlusconi -recordemos que ganó por amplia mayoría a finales de abril de 2008- han recurrido 11 veces a la cuestión de confianza. La confianza es el instrumento político del que dispone el Presidente del Gobierno o el primer Ministro en los regímenes democráticos para afrontar una situación de debilidad del poder ejecutivo frente al Parlamento, y mediante la cual el Gobierno pide el expreso respaldo a una política concreta o a un programa. ¿Por qué entonces, teniendo mayoría absoluta, recurre el gobierno a la cuestión de confianza? El mecanismo es sencillo: promulgo un decreto ley, que debe convertirse en ley en el plazo de 60 días, y para ello, someto al Parlamento una cuestión de confianza, que gano seguro y sin que la oposición pueda modificar una sola coma. A base de decretazos y mociones de confianza han abordado cuestiones tan graves y dispares como los siguientes:
–el salvamento del canal de televisión Rete 4, que pertenece a Mediaset (Berlusconi) y que emitía ilegalmente desde su creación, pese a que hubo dos sentencias de la Corte Constitucional italiana y un procedimiento de infración contra Italia de la Comisión Europea. Gracias a ese decreto, Rete 4 podrá emitir hasta 2012.
-el decreto fiscal que preveía la eliminación del impuesto sobre la vivienda (medida populista de cosmética electoral) y que modifica las ayudas a las editoriales,
-recortes a la escuela y la universidad (el gobierno luego tuvo que recular por el fuerte movimiento de protesta),
-afrontar la emergencia basura en la región Campania militarizando con 2.500 soldados los vertederos, que pasan a ser «lugares de interés estratégico nacional»,
-la militarización de las ciudades con 3.000 soldados,
-la impunidad de los cuatro cargos más importantes del Estado: Presidente de la República, Presidente de la Cámara de Diputados, Presidente del Senado, y Presidente del Consejo de Ministros,
-la agravante de clandestinidad en los delitos que cometan los inmigrantes sin papeles,
-gestionar el fin de la Alitalia como una «bancarrota pilotada», protegiendo a los últimos comisarios encargados de dirigirla.
–recortes de fondos a la cooperación civil y favorecimiento de la cooperación militar
-medidas contra la crisis financiera, lo que supuso que el Presidente de la Cámara de Diputados, Gianfranco Fini, protestara porque «así no se rendía honor a la centralidad de las Cámaras»
-la transformación del centro de primera acogida de Lampedusa en «centro de identificación y expulsión».
Pues bien: si el poder ejecutivo se ha ensañado con el legislativo, ¿qué no decir de su actuación con respecto al poder judicial? Obviemos las injurias que Il Cavaliere ha lanzado a la magistratura a lo largo de su trayectoria política («ser jueces es de perturbados mentales», «los jueces son la metástasis de la democracia») y centrémonos en la actualidad. En la apertura del año judicial, la Asociación Nacional de Magistrados lanza la alarma sobre la lentitud de los procesos: Italia figura en el puesto 156º tras Guinea y Gabón.
Sin embargo, no es la lentitud de los procesos lo que preocupa al gobierno Berlusconi, sino la autonomía y el poder de los órganos judiciales. En Italia, aquellos jueces que ponen al descubierto la corrupción sistémica que recorre todos los rincones de la península, son eliminados, pero no con trilita, como hicieron con Falcone y Borsellino, sino impidiéndoles hacer su trabajo. El pasado día 28 de enero la Asociación de Familiares de Víctimas de la mafia convocó una manifestación en Roma, en apoyo de varios jueces del tribunal de Salerno, que vieron cómo el ministro de Justicia pedía que expulsaran al juez de Salerno, Luigi Apicella, y trasladaran a otros seis jueces de ese mismo tribunal. El ministro de Justicia los acusó de defender de manera parcial la actuación del juez De Magistris en el caso Why not (1). Se trata, según el cronista judicial Marco Travaglio, de la primera vez en la historia de Italia en que un miembro del Ejecutivo se salta los mecanismos disciplinarios que gobiernan el aparato judicial . Ni siquiera el fascismo se había atrevido a tanto, denuncia Travaglio.
Por otro lado, hay una nueva ley de interceptaciones que es motivo de polémica incluso dentro de la mayoría. Prevé esta ley las escuchas no superen un periodo de 60 días (30+15+15), que deban basarse en «graves indicios de culpabilidad», que no se realicen en caso de haberse agotado el presupuesto del tribunal… En una palabra: hacer escuchas será más difícil. En un país en el que el crimen organizado mueve 100.000 millones de euros anuales, los jueces tendrán menos medios para combatir el crimen.
No acaba aquí el ataque a la democracia de este gobierno. La libertad de expresión -¿puede acaso haberla en un régimen calificado como «populismo mediático»?- sufrirá otro ataque más mediante otro decretazo que permitirá al Ministerio del Interior -no a las autoridades judiciales- el cierre de sitios internet en los que se cometa delito de apología o se instigue a la delincuencia. También se perfila un negro horizonte para el derecho de huelga: dentro de 15 días se presentará al Parlamento un diseño de ley que prevé una representación mínima de un 50% de los trabajadores, la declaración anticipada de la adhesión individual, y la efectividad de las multas a quienes violen estas reglas mediante intervención del fisco.
Se dice en los manuales que otra de las señas de identidad de la democracia es el respeto de los derechos humanos. Este gobierno acaba de aprobar en el Senado un proyecto de ley que permite a los médicos denunciar a los inmigrantes sin papeles y que de hecho hará que muchos inmigrantes no recurran a la sanidad pública por miedo. El artículo 46 de ese mismo proyecto de ley institucionaliza «las libres asociaciones de ciudadanos para la tutela del territorio» para «cooperar con los órganos de policía local en la actividades de presidio del territorio». Para entendernos, se legalizan las «rondas» que tanto gustan a la Liga Norte, aunque gracias a una enmienda del Partido Democrático se ha conseguido que no puedan ser rondas armadas. Las consecuencias de estas medidas racistas se aprecian todos los días. Como gesto de protesta extremo, tal vez el único remedio para evitar la deportación, diez inmigrantes fueron atendidos ayer en el ambulatorio de Lampedusa por intento de suicidio. Algunos se tragaron tornillos, otros intentaron colgarse, otro se tragó una cuchilla de afeitar y tuvo que ser trasladado con urgencia a Palermo por heridas graves en la tráquea.
Gana terreno la barbarie. Sacan pecho los fascistas sabedores de que cuentan con un sólido respaldo institucional como demuestra el reportaje de Saverio Tommasi y Ornella de Zordo, que han recibido amenazas. Muestran orgullo los fascistas, que presentan en el Parlamento una propuesta de ley para equiparar a los combatientes por la libertad con los fascistas de la República de Saló, que servían a los nazis. Ayer por la mañana, en el teatro Italia de Roma, la Asociación Nacional de Partisanos de Italia, único movimiento capaz de reunir a la oposición, salió furiosa de las trincheras del olvido y, anudado el pañuelo tricolor al cuello, combatió una batalla más contra el fascismo y el revisionismo histórico.
El 17 de enero de 1992 Eluana Englaro se estrelló en coche, entró en coma y comenzaron a alimentarla artificialmente. El 19 de julio de ese mismo año, 50 días después del asesinato del juez Falcone, un coche bomba con 100 kg. de trilita mató a Paolo Borsellino y cinco de sus escoltas. El juez Antonino Caponetto, colega de Falcone y Borsellino en el equipo de jueces antimafia, declaró entonces: «Todo ha terminado» .
Pero no. No todo había terminado. Quedaba la Constitución. Queda la Constitución, y Berlusconi amenaza con cambiarla, de ahí que los partisanos, verdaderos padres de la República italiana, gritaran ayer dos cosas: ¡Unidad! ¡Ahora y siempre: Resistencia!
Nota:
Miles de personas se manifestaron ayer en defensa de la Constitución en Génova, Milán y Roma.
Ver imágenes de la manifestación de ayer en Milán