Ingreso de tropas yanquis. Renuncia de ministros. Jornada nacional de movilización.
“Todo fluye, todo cambia, nada permanece” Heráclito.
“El Perú es un país minero”, reza el eslogan de los poderosos empresarios y sus respectivos gobiernos. No es para menos.
Hay un boom de exportación de minerales se debe a la gran demanda de la locomotora china para desarrollar su impresionante producción. No obstante, mientras, por un lado, tenemos esta gran bonanza para unas cuantas poderosas empresas mineras, por otro, tenemos miserias para los trabajadores y comunidades aledañas.
Y es que, de los más de 300,000 trabajadores mineros, una mayoría están tercerizados con salarios miserables. Y en el caso de los impuestos que dejan los monopolios mineros a las comunidades donde se desenvuelve la extracción del mineral, son muy exiguos. La reforma constitucional fujimorista en el artículo 62 señala que, “…La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase…”.
El cobre, oro, zinc y hierro figuran entre los principales productos exportados representando el 88.5% del valor total de las exportaciones mineras y el 52% del total de exportaciones nacionales en la balanza comercial peruana. La minería aporta un 20% de los ingresos fiscales y contribuye más del 15% del PBI nacional.
En la década de 1990 el gobierno fujimorista privatizó los centros mineros casi en su totalidad. Hoy día pagan 7840 millones de soles de canon minero, considerado un record. Pero en el 2021, al sector minero le correspondía pagar impuesto a la renta de tercera categoría por S/ 16,945 millones de soles, sin embargo, solo se recaudó S/ 5,038 millones de soles, generando una brecha de S/ 11,907 millones de soles.
En el otro extremo -según el Instituto Nacional de Estadística (INEI)-, el 43.1% de los niños están desnutridos o anémicos; más de 3 millones de familias no tienen agua potable; 4 millones de familias no tienen techo digno donde vivir; cada año hay 300,000 que integran el mercado de desempleados, y cerca de la mitad de la población (de 33 millones), vive en la pobreza.
Sistema político capitalista en completa descomposición
Estas razones económicas-sociales expuestas están en la base de la fenomenal volatilidad política. Algunos señalan que esta volatilidad empezó en el 2016 con la asunción al poder del empresario liberal Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Pero la pobreza endémica es de antaño y tiene su razón de ser en las relaciones de producción, opresión y explotación capitalistas. La llamada “crisis de representación política” que se agudiza en 1990 costó el derrumbe de los partidos políticos de derecha, centro y de izquierda. En el 2016 la crisis de estas formaciones políticas se profundiza por los escandalosos casos de corrupción de Lavajato y los Cuellos Blancos del Puerto del Callao.
Es así como a la vacancia golpista de PPK (por parte del accionar “parlamentario” del keikofujimorismo), le siguió la traición de Meche Araoz y el contragolpe contra Vizcarra, la asunción de este último al poder (producto de una componenda con Keiko), y luego, la traición de Vizcarra a la líder fujimorista, prisiones preventivas contra un sector de la “casta política” y el cierre del Congreso de mayoría fujimorista (apoyado por la izquierda reformista), y una pandemia que mató a 250,000 peruanos. Después vino la vacancia de Vizcarra por parte del Congreso que él mismo convocó. A continuación, tuvimos el contragolpe de Merino que produjo una espectacular movilización juvenil (con el costo del asesinato de Inti y Brayam), que derrotó el golpe del mismo.
Entonces, los partidos minoritarios pequeño burgueses como el Frente Amplio (FA), y el Partido Morado (PM), se hicieron del poder Legislativo y Ejecutivo, respectivamente, continuando con la vigencia de las políticas de saqueo imperialista del FMI.
El ascenso de Castillo al poder implicó la aspiración de las masas de buscar un cambio
Es en este contexto de extrema volatilidad que, “sorpresivamente”, se da la asunción de Castillo al poder y luego su vacancia por parte de un golpe de Estado que se comenzó a diseñar ni bien el profesor ganó las elecciones.
La victoria electoral de Castillo, como candidato de un partido político que se reclamaba “marxista” como Perú Libre (PL), puso con los pelos de punta a los grupos del poder económico. Sin embargo, lo de “marxista” era solo un tufo ya que, durante una gestión anterior de poder en una región de la sierra central (Junín), PL se caracterizó como un partido aggiornado al régimen de explotación capitalista. No dirigió ni una sola huelga significativa, ni sacó alguna ordenanza pública que amenazara los intereses de los burgueses locales. Esto, en parte debido, a la política estalinista de las dos etapas. Justamente, el programa de PL, se denominaba “Economía Popular de Mercados”, donde se plantea la convivencia e impulso de las transnacionales que hayan invertido “en negocios productivos”.
A pesar de esto, y de ser Castillo solo un invitado, el slogan de campaña “no más pobres en un país rico” fue muy potente y conectó con el sentimiento de las mayorías trabajadoras pobres, ya que a su vez planteaba la renegociación (pseudo “nacionalización”), de los contratos con las transnacionales mineras, gasíferas, con el fin de conseguir más dinero para aumentar el presupuesto para la educación, salud, etc.
Este tímido programa reformista, por su propia dinámica, chocaba con los intereses de la oligarquía imperialista minera (inglesa, norteamericana, canadiense y China). Es así como se comprende la intensa campaña de boicot y destrucción mediática del gobierno de Castillo con el fin de desgastarlo y hacerle perder su base popular. Castillo, en forma pusilánime, cedió al chantaje (haciendo renunciar y reemplazando a sus ministros una y otra vez, rompiendo con PL, negociando cupos ministeriales con la derecha golpista, llegando a acuerdos con Washington, etc.), enterrando su propia plataforma.
“La debilidad invita a la agresión”, reza el dicho. Y en efecto, con las políticas de concesiones hechas por Castillo y PL, en vez de apaciguar a la derecha, lo que lograron fue envalentonarla más, a la vez que el castillismo perdía fuerza en las masas plebeyas. Es así como el 7 de diciembre, la derecha volteó a Castillo (contando con la venia de la embajadora yanqui Lisa Kenna quien respaldó luego la masacre social).
La respuesta de las masas campesinas no se hizo esperar. Por dos meses los trabajadores del campo (en menor medida de la ciudad), se organizaron autónomamente desarrollando coordinadoras de lucha, y tomaron las calles, bloquearon carreteras, hicieron paros y marcharon hacia Lima, desafiando la sanguinaria represión operativizada por el nuevo régimen dictatorial, con el saldo de más de 70 jóvenes y trabajadores asesinados, miles de heridos y cientos de detenidos o procesados (y algunos soldados ahogados en Puno). En este proceso las huelgas desarrollaron embriones de poder dual en las zonas más combativas y las masas llegaron a arengar “Dina asesina”, “el pueblo unido, jamás será vencido”, “ahora sí, guerra civil”. Una movilización con una composición mayoritariamente campesina y juvenil (universitaria y trabajadora), y donde la clase obrera agroindustrial también participó espontáneamente (como en Barrio chino, en la región norteña de Ica).
Medio año después, la crisis no se cierra, las masas siguen en lucha (con epicentro en las provincias del sur, en particular Puno), y la derecha golpista ingresa en contradicciones por sus diferencias de intereses y por la inflación, y el aislamiento social que rechaza su curso represivo y antipopular
La dictadura cívico-militar no cierra la crisis política
Es en este escenario que se plantea la permanencia o no de Dina en el poder. Su “estabilidad” es ocasional. En el reciente conclave de presidentes latinoamericanos convocado por Lula en Brasil, no pudo asistir (envió a su jefe de gabinete) por temor a que no se le permitiera reasumir su cargo presidencial. Si bien es cierto que las protestas han disminuido, pues, nada es estático, todo está en constante cambio y contradicción. La rebelión popular puneña que se mantiene es inspiradora. Cuando todo el mundo pensaba que se venía la continuidad de una represión sangrienta, se generó una crisis en el régimen militar cuando varios soldados fueron rescatados por las comunidades en lucha y otros murieron por desidia de los altos mandos. Esta crisis volteó la tortilla y el gobierno tuvo que frenar por miedo a una rebelión de la tropa de soldados. La permanencia de Dina Boularte, aún al frente de la presidencia, se debe a que las masas –y, particularmente, el movimiento obrero de Lima- no se han podido articular en una lucha unitaria y conjunta.
La rebelión popular trató de ser contenida a través de las elecciones locales del 2022
En Chile, la rebelión popular del 2019 fue producto de una “chispa” manifestada en los abusivos costos del pasaje en el Metropolitano con el grito de rabia “no son 30 pesos sino 30 años”. En Perú, el estallido social del 2020 fue contra el golpe de estado de Merino y cia. Y la rebelión popular de diciembre del 2022 se da contra el golpe de Estado de la derecha contra Castillo. Sin embargo, las protestas, se han focalizado en las provincias más sumergidas y pobres del interior y no en Lima.
No obstante, en las elecciones locales de octubre pasado, antes del golpe, la derecha y sus variantes, presentándose como opositores a la inoperancia de Castillo, ganaron una parte del voto popular, aprovechando que las masas explotadas no contaban con alternativa política (por la defección de PL y la centroizquierda que se subordinaba al gobierno impotente). Fue una expresión de como la “democracia republicana capitalista” se torna en la enajenación de la voluntad popular ya que los candidatos luego traicionan a sus electores.
Mayoría popular quiere nuevas elecciones y Asamblea Constituyente
Hoy el rechazo a la dictadura cívico-militar de Boluarte es altísimo. Según encuestas, más del 80% quiere nuevas elecciones y un porcentaje poco menor, reclama una Asamblea Constituyente. Esta perspectiva aterra a la derecha por la “incertidumbre” del cuadro de movilización política que se pueda crear y lo que se pueda aprobar en la misma.
Las variantes derechistas co-gobiernan con Dina. Pero a la vez tienen sus propias contradicciones con la presidenta por intereses económicos y políticos particulares. Hay contradicciones entre el nacionalismo, fujimorismo, acuñismo, pepelunismo, etc. La asunción de Dina al poder no fue un cheque en blanco. Está obligada a hacer un papel semibonapartista, de “títere”, entre los diversos intereses de la derecha. De lo contrario, la podrían vacar. Pero ella quiere ser “equilibrista” y tener cierto margen de maniobra. En verdad, no hay antecedentes históricos de un gobierno impopular, que sin bancada y sin estructura partidaria insertada en el movimiento de masas haya logrado terminar su mandato.
Eso, en el marco de una crisis mundial y nacional que ahora vuelve a hacer mella a una economía afectada por la inflación, los ajustes del FMI y la deuda externa, así como con los más de 200 muertos por dengue que evidencian el desastre de la salud pública.
La protesta social no cesa y se prepara la “tercera toma de Lima” el próximo 19 de julio. El 30 de mayo hubo un paro “seco” en Puno. Dina y sus ministros son abucheados en las actividades públicas a las que concurren en las provincias y distritos de Lima.
Contradicciones en las alturas entre Keiko, los militares y Dina (y en el círculo de confianza de esta última)
La derecha parlamentaria, Keiko y los militares, disparan contra Dina pidiendo la “cabeza” de los ministros de salud, minería e interior, no por amor al chancho sino a los chicharrones. Estos quieren gobernar directamente. Keiko tiene un proceso judicial y sabe que va a ser difícil que pueda ganar una elección por el desgaste de su imagen y el voto antifujimorista. Pero seguir “pegada” a un gobierno impopular (frente a las demandas sociales), la puede desgastar aún más. El nacionalismo burgués aventurero y desgastado también tiene sus propios intereses como el de salvar a su jefe de la cárcel. Los partidos que son lobbies de las universidades bamba (privadas) tiraron abajo la reforma universitaria, en defensa de sus negociados y corruptelas. Y ahora el grupo Intercorp (UPT), quiere apoderarse de mercado de Alas Peruanas.
A esta cuestión habría que agregar que los militares están recelosos con Dina porque ésta última y su premier Otárola, se han lavado las manos respecto a los 70 muertos por la represión a las revueltas populares. La CIDH en su informe es categórica en señalar que hubo “ejecuciones extrajudiciales y masacres sociales”. No obstante, hasta ahora no hay un solo detenido por las muertes de decenas de trabajadores peruanos. Esta cuestión estaría produciendo contradicciones entre el ala militar del ejército y Dina, que se expresaría en que este no quiera salir a reprimir en la “tercera toma de Lima”.
Esta cuestión y la crisis social por los huaycos (desmoronamientos de laderas por las tormentas, frente a los cuales el gobierno casi no tuvo intervención de auxilio), el dengue y una economía que está siendo golpeada por la crisis mundial y la inflación, ha producido que varios de los ministros de Dina fueran cambiados y la Ministra de Salud haya tenido que renunciar. A esto habría que agregarle las reyertas por los negocios entre los operadores de Dina y el grupo liderado por Otárola (de origen en el derruido partido de Ollanta Humala), etc.
El ingreso de las tropas yanquis a Perú
La profunda volatilidad del régimen político ha llevado a que el Congreso y la presidenta golpistas hayan aprobado el ingreso de 1.000 marines norteamericanos armados con el fin de apuntalar al gobierno golpista y fortalecer a las fuerzas represivas. El Imperio del Norte quiere disciplinar a todos los gobiernos de su patio trasero para una eventual guerra mundial contra Rusia y China. No es una demostración de fortaleza sino de debilidad de la administración Boluarte: las tropas yanquis van especialmente a las zonas donde más fuertes fueron las movilizaciones (Puno, etc.) y donde también están radicadas las mineras más importantes. En esas zonas la masividad de las protestas hizo vacilar a los soldados.
Así como pronosticamos que la vacancia de Castillo iba a producir una rebelión popular (Perspectivas para Castillo, 26/09/21), que el gobierno de Castillo estaba camino a su derrumbe (un gobierno impotente para enfrentar a la reacción golpista, 19/10/22), y que las FF.AA. no iban a apoyar que el ex mandatario cierre el Congreso (¿Se derrumba el gobierno de Castillo?, 06/08/22), podemos plantear que Dina no cierra la crisis política y que su permanencia en el poder es inestable y condicionada en función de diversos factores. Un escándalo de corrupción, la sequía, una nueva epidemia, una confrontación con la derecha parlamentaria por intereses corporativos, la intervención de las masas en lucha (la más importante), puede desencadenar su derrumbe. La volatilidad está instalada en la política peruana.
19 de julio: La tercera toma de Lima
En este marco de descomposición y polarización social, la marcha denominada “la tercera toma de Lima”, puede ser importante. El 19 de julio se conmemora un hito de la lucha de clases ya que, en 1977, un paro convocado desde las bases obreras de la CGTP contra los planes de ajuste del FMI que quería imponer el dictador Morales Bermúdez, obligó a los militares a maniobrar convocando a una Asamblea Constituyente. Esta terminó produciendo la constitución de 1979 (que introducía algunos planteos simbólicos que sin embargo no alteraban la dominación clasista del capital y que hoy algunos sectores de izquierda reclaman como salida a la crisis actual).
Hoy en Perú existe mucha desazón con la dictadura cívico-militar de Boularte y el parlamento reaccionario ya que esta no ata ni desata. El dengue, que es una enfermedad natural, se convirtió en epidemia asesinando a más de 200 peruanos y llegando a más de 130,000 contagiados. Las obras públicas de envergadura están paralizadas. Hace unas semanas hubo paros regionales en el norte conservador del país contra la desidia del gobierno por los huaycos que inundaron a poblaciones enteras y que siguen abandonadas a su suerte. La pobreza no disminuye y más bien la inflación crece con una disparada de precios que no se veía hace tiempo. La corrupción continúa en el Estado y por más que la dictadura continúa con el “terruqueo” y echándole la culpa de todo al castillismo, 82% de la población rechaza al gobierno de Dina Boluarte y un porcentaje similar quiere nuevas elecciones o Asamblea Constituyente. A esto habría que agregar las contradicciones entre las bancadas congresales con el gobierno que han obligado a renunciar a varios ministros y de algunos grandes medios de prensa que están “golpeando” al gobierno con el nombramiento del nuevo ministro de Salud, por tener este “vínculos con el castillismo, tener antecedentes y estar vinculados al partido de Acuña”.
Frente a la marcha sobre Lima para el 19 de julio, la propia Dina Boluarte echa más leña al fuego al amenazar a los protestantes declarando que, “Desde diciembre hasta febrero hemos estado como bomberos, apagando casi 500 manifestaciones violentas. Ahora mismo hago un llamado a estas personas que nuevamente están anunciando la tercera Toma de Lima: ¿Cuántas muertes más quieren? ¡Por amor de Dios!”.
Entonces, “el problema” viene por el lado de la izquierda y la movilización popular. Existen por lo menos tres espacios de articulación para la “toma de Lima”: El Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (CONULP) con fuerza en el sur, la Convención Nacional de Lucha de Las Regiones del Perú (CONALREP) en el norte, y la CGTP y la Asamblea Nacional del Pueblos que están convocando para el 1 de julio al Primer Encuentro Nacional de las Regiones y Pueblos Organizados del Perú.
Según la revista Marka (15/6): “En la tarde del domingo 11, a 5 semanas del inicio de la nueva jornada nacional de lucha y de la toma de Lima que arranca este 19 de julio, se ha aprobado por unanimidad y con un lleno total del auditorio que se de paso permanente a la Convención Plurinacional de las Regiones del Perú, la cual mantendrá la sigla del CONALREP. (…) Las consignas centrales son que se vaya Dina, que se cierre el Congreso y que se de una nueva Constituyente. Se ha planteado la urgencia de un frente único de todos los frentes de defensa, sindicatos y comités de lucha (incluyendo la Asamblea Nacional de los Pueblos y la CONULP, CGTP, CATP y otros sectores) para coincidir en la acción”.
El CONULP fue la coordinación que convocó a las grandes marchas pasadas en el sur que conmovieron el país. El gobierno –con intrigas- ha tratado de cooptar a algunos de sus dirigentes. Pero hay que destacar que tuvieron un planteamiento político estratégico supercorrecto al propugnar la lucha por derrocar al gobierno y convocar a una Constituyente soberana.
La CONALREP ha ganado cuerpo en las últimas semanas planteando también el cierre del Congreso, Constituyente soberana y plurinacional, libertad para los presos políticos y la anulación de la vacancia de Castillo. Este punto ultimo no es apoyado (está en debate) por la CONULP que reclamando la libertad de Pedro Castillo y todos los presos políticos coloca el centro en la Asamblea Constituyente soberana.
Por su lado, la CGTP y la izquierda reformista nucleada en Nuevo Perú, Frente Amplio, Movimiento de Unidad Popular (MUP), plantean, en forma limitada, solamente nuevas elecciones y que se haga un referéndum paralelamente, para ver si el pueblo quiere que se convoque a una Constituyente.
“Todos los gremios sindicales agrupados a la CGTP y a la Asamblea Nacional de los Pueblos, así como otros colectivos sociales, respaldan la tercera Toma de Lima, que tiene como objetivo principal exigir a la mandataria cumpla su palabra y deje el poder. Dina Boluarte debe renunciar antes del 19 de julio y evitar la convulsión social… Los peruanos estamos decididos a recuperar la democracia, la cual se refleje en un nuevo proceso electoral para elegir a nuestras autoridades nacionales que acabe con la polarización. Esta marcha cívica será contundente”, señaló un dirigente de la central sindical. En la lucha contra Dina Boularte, se evidencia aquí un planteo conciliador, no de choque contra el Estado. La Constituyente, en este caso, no sería Soberana, sino que conviviría con un poder estatal mínimamente reconstituido. Se crearían así las condiciones para que terminara como la trucha Constitución que impuso Boric en Chile, en contra de las aspiraciones de las masas.
¿Nuevas elecciones o Asamblea Constituyente soberana?
En este escenario de profunda polarización, volatilidad y descomposición política que la izquierda frentepopulista (y algunos sectores que se reclama revolucionarios), plantean “nuevas elecciones” como “la salida a la crisis política”. Pero esta propuesta es una farsa: un callejón sin salida para las masas explotadas. Si bien se podría ver un retroceso para los sectores que plantean que el actual régimen golpista se continúe hasta el 2026, se trataría en realidad de una maniobra para sacar a las masas de las calles, impedir la demolición del régimen y el avance de fuerzas revolucionarias que plantean una real transformación antiimperialista y socialista del Perú. El CONUL lo ha señalado oportunamente, al plantear que no se quiere cambiar de hombres, sino de sistema.
Defensores de “nuevas elecciones como la salida a la crisis política”, antojadizamente, se valen de las últimas encuestas como las del IEP que indican que, “el 82% de la población cree que lo más conveniente para el país es que haya nuevas elecciones” (https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2023/05/Informe-IEP-OP-Mayo-2023-Informe-completo.pdf)). Es una maniobra tendenciosa del diario La República (que financió la encuesta telefónica de IEP y apoyó a Dina en un principio), ya que en esta encuesta no se plantea la cuestión de la Constituyente. Pero otra encuesta de IEP de enero de este año constató que “…un 69% estaría de acuerdo con que se convoque a una asamblea constituyente…” (LR, 16/01/23).
Lo que no señalan los defensores de “nuevas elecciones” es que, de llevarse a cabo, serían convocadas por Dina Boluarte (quien antes ya lo planteó y luego abandono), o en su defecto por quien presida la Unicameral. Es decir, por la dictadura golpista. En otras palabras, sería “cambiar moco por babas”. Una “salida gatopardista” en el marco del régimen de explotación y opresión capitalistas.
Las encuestas, de forma distorsionada, manifiestan la evolución de conciencia de las masas. No es necesario que se tenga educación superior para comprender que lo que existe actualmente es un avance y repartija autoritaria sobre todos los poderes del Estado por parte de los golpistas: copamiento de la Justicia Electoral preparando futuros fraudes, etc. Con una avaricia clasista sin parangón la Unicameral derechista avanza en más y más ataques a conquistas y condiciones de vida de las masas trabajadoras. La Comisión de Economía del parlamento acaba de aprobar un proyecto de ley que elimina el sistema público de pensiones en beneficio de volcarlo a favor de las AFP privadas, monopolizadas por el sistema financiero. Quieren terminar de enterrar los resabios de nuestras conquistas más elementales.
El régimen golpista no debe continuarse un minuto más y menos aún montar su salida continuista.
Es así como se puede comprender la consigna levantada en las manifestaciones: “esta democracia ya no es democracia”.
El problema central reside en la necesidad de que intervenga masivamente la clase obrera y especialmente la masa trabajadora de Lima. Es necesario reclamar a la CGTP y a todas las direcciones sindicales la convocatoria de Asambleas y Plenarios para organizar e impulsar la lucha de los trabajadores. Dándole vigor a sus reclamos reivindicativos. El intento de sepultar el sistema jubilatorio estatal por las AFP de los banqueros debiera servir para una campaña general sobre los trabajadores (siguiendo el ejemplo de los obreros de Francia). Si se rompe esta tregua no declarada por parte de las burocracias sindicales los días de Dina y el régimen golpista estarían contados.
Preparemos la masividad de las movilizaciones del 19 de Julio. Especialmente en Lima: asambleas, plenarios, coordinadoras y pronunciamientos a favor de la “tercera toma de Lima”.
Hay en desarrollo un fuerte debate en el seno de la vanguardia obrera, campesina y estudiantil. Es necesario intervenir en el mismo reagrupando a los sectores más combativos detrás de la perspectiva estratégica de la lucha por un Gobierno Obrero y Campesino. Por un partido obrero socialista, independiente de la burguesía y la pequeño burguesía oportunista.
Abajo el régimen golpista de Dina y el parlamento reaccionario. Por una Asamblea Constituyente Soberana.
César Zelada es dirigente de la Agrupación Vilcapaza.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.