Los grupúsculos mediáticos neoliberales del Perú que en los últimos veinte años se dedicaron a intoxicar a la población con el lenguaje dicotómico de «la mentira transformada en verdad» -«falsimedia»-, creen todavía ser un «cuarto poder». En ese sentido presumen que aún continuaría el estado de incertidumbre que intentaron generar en la opinión pública peruana, […]
Los grupúsculos mediáticos neoliberales del Perú que en los últimos veinte años se dedicaron a intoxicar a la población con el lenguaje dicotómico de «la mentira transformada en verdad» -«falsimedia»-, creen todavía ser un «cuarto poder».
En ese sentido presumen que aún continuaría el estado de incertidumbre que intentaron generar en la opinión pública peruana, entre lo que es ficticio y lo que es real.
Y en ese contexto se ubican en el Perú -como antípodas- dos casos periodísticos llevados ante la justicia por el «presunto delito de difamación».
Por un lado, el del periodista Herbert Mujica -de ya vieja data- penado injustamente por denunciar en un libro de su autoría la corrupción que habría existido en gobiernos neoliberales peruanos para la privatización del principal terminal aéreo del país.
Y en el otro extremo, el de Fritz Du Bois director del diario «Perú 21», sancionado recientemente por la justicia por difamar la honra de una ciudadana en la «guerra mediática» electoral que emprendió su medio de comunicación.
Las empresa periodística de Du Bois -integrante del Grupo «El Comercio» de TV, radio y prensa escrita-, asumió en esos comicios (año 2011) junto con su conglomerado, un marcado activismo político neoliberal que se tradujo en una «guerra sucia» que emprendió -ese medio y otros- contra la única agrupación electoral opuesta a la corriente política foránea -Gana Perú-.
Dentro de las muchas trasgresiones legales cometidas por la «falsimedia», hace pocas semanas la justicia peruana sentenció al mencionado director de «Perú 21» por difamar el honor de una dama que participaba en el proceso electoral y a quien falsamente -según las investigaciones judiciales- Du Bois imputó estar ligada al proxenetismo.
Hoy el Grupo mediático «El Comercio» estaría tratando de establecer salvaguardas a la decisión judicial contra Du Bois, apelando a la trama político-mediática de los DDHH y la «libertad de expresión», ayudada por la acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH).
Este tratamiento especial «de Derechos Humanos» -no proporcionado al «caso Herbert Mujica»- no ha dejado de ser percibido por la opinión pública nacional e internacional, toda vez «la fama» del defensor escogido -Santiago Cantón-.
El propósito sería exculpar al escriba del grupo mediático -Du Bois- y a su «guerra sucia», intentando «santificar» las expresiones vertidas a modo de información periodística sobre la dama, encubriéndolas en una supuesta emisión de «opinión» a la que no alcanzaría el delito y la sentencia impuesta.
Y en esa tarea «defensora» se ha seguido empleando el lenguaje dicotómico del «manual de estilo» permanente de la prensa que apoya «el sistema», aduciendo que se ha agraviado a «la libertad de expresión» del mencionado comunicador.
Pero en el diccionario de esas empresas mediáticas ese término tiene diferente connotación a la genuina «expresión libre».
La «libertad» a la que aluden se refiere a la exclusiva de ellas -los conglomerados mediáticos- y sus colaboradores, que aparentemente sería «legítima» para alabar al «sistema» en crisis final -neoliberalismo- y para la realización de campañas de «guerra mediática» que emprenden a nombre de éste.
En tanto «la expresión libre» responsable, que es la que utilizó el periodista Herbert Mujica y que poseen todos los humanos en el planeta para emitir opinión libre, es desdeñada por la prensa engañosa y por los organismos de DDHH de la OEA.
Para reafirmar estas falaces ponencias estuvo en Lima el 21 de Setiembre último, el «ilustre enviado» de la OEA, Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH).
Este personaje conocido por su gris accionar y apoyar en nombre de esas entidades, dictaduras y golpes de Estado favorables a los EE.UU. en Latinoamérica, es casi un miembro vitalicio de la OEA -sin el voto de ningún país-.
En su «infatigable» tarea, su presencia siempre ha estado dirigida a apoyar «la libertad de expresión» de esos grupos mediáticos y de sus colaboradores, en circunstancias que éstos son acusados de subvertir los órdenes democráticos nacionales a través de la prensa y trastocarlos de acuerdo a los intereses de los EE.UU.
Baste señalar solamente un punto del «informe Cantón» formulado por la CIDH en el 2002 en Venezuela, con ocasión del golpe de Estado promovido por el gobierno de George Bush contra el gobierno democrático del presidente Hugo Chávez de Venezuela.
En ese «informe» Cantón se dirige a Luis Carmona, el efímero jefe del golpista «gobierno de transición» auspiciado por Bush -especie de CNT libio-, como «Excelentísimo Presidente Luis Carmona Estanga».
En el citado informe después de alabar al «democrático gobierno de transición», solicita escuetamente al «excelentísimo» Carmona «saber sobre el paradero del señor Chávez», citando de ese modo al legítimo presidente venezolano secuestrado y prisionero de los golpistas en el momento.
En su visita a Lima, Cantón con su característica doblez hizo marcada referencia al «caso Du Bois» y a la «libertad de expresión» de éste, pero obvió referirse siquiera de modo tangencial a «la expresión libre» y al caso judicial del periodista peruano Herbert Mujica Rojas.
Mujica perteneciente a la prensa libre y sin sujeciones, es autor del libro de investigación «¡Estafa al Perú! ¿Cómo Robarse Aeropuertos y Vivir Sin Problemas!» publicado en el Perú en el 2007.
El mencionado periodista habría cometido en concepto extraño de la justicia peruana, el supuesto «delito» de describir en su obra -demostrativamente- la que habría sido una secuencia de conexiones de corrupción de los gobiernos del Perú del período 2000 al 2007 -Fujimori, Paniagua, Toledo y García-, con la empresa transnacional «Lima Airport Partners».
Ello para la privatización del Aeropuerto Internacional «Jorge Chávez», principal terminal aéreo del Perú y tránsito obligado del tráfico aéreo dentro de América del Sur.
Todo esto en el contexto -según refiere Mujica en su obra- de manejos «invisibilizados» a ojos de la ciudadanía peruana durante el otorgamiento de la concesión a esa empresa transnacional, realizada aparentemente con irregularidades extremas ya que ésta habría contado con tan sólo 3 mil dólares de capital para hacerse de la privatización.
En el año 2008, el reconocido periodista César Hildebrandt conductor a la fecha de un sintonizado programa político en Lima-Perú («Al día con Hildebrandt» – Radio «San Borja»), se refirió a la concesión investigada por Mujica y a las denuncias de irregularidades que éste describió.
Expresándose de los que serían sus autores, Hildebrandt los señaló como «la selección peruana, pero la selección que siempre gana», relacionando con ese eufemismo los resultados alcanzados a la fecha por el futbol peruano, con los obtenidos por la corrupción.
A partir del 2009, Mujica de voz independiente y profesional opinión, fue enjuiciado por tribunales peruanos acusándolo del «presunto delito de difamación en contra de una empresa» -inaudito-, en proceso legal emprendido por la citada empresa y que al parecer habría contado con la complacencia del gobierno de Alan García.
Además del «caso Mujica» -y por denunciar los mismos hechos-, también son objeto de causa judicial los periodistas peruanos Raúl Wiener del diario «La Primera», y el director del mismo diario César Lévano, acusados del mismo «presunto delito de difamación» cuando denunciaron la que habría sido una componenda entre los corruptos gobiernos peruanos y la citada empresa.
Para los ciudadanos del Perú la apertura de estos juicios llamaron la atención, por aparecer como unos «raros desaguisados jurídico-legales» en los que aparentemente se utilizaba el derecho, en favor de aquellos que presuntamente lo habrían infringido -es decir el mundo al revés-.
El libro de Mujica habría hecho a éste merecedor injustificado «de todo el peso de la Ley» -cinco juicios a partir del inicial y «reparaciones civiles» por 500 mil dólares-, de parte de una justicia que por su dureza y derivación del caso en otros cargos, parecería no haber sido del todo ciega con el periodista.
Habría que preguntarse entonces ¿ cuál es «el delito» cometido por Mujica y su libro, para que Cantón se haya eximido de defender los mismos derechos de «libertad de expresión» que alude posee Du Bois y su medio de prensa ?
¿O es que acaso a la «difamación» no se le debe llamar delito, siempre que ella agravie con falsas imputaciones el honor de personas incómodas para «el sistema»?
¿O es que quizá «sólo» se constituye en delito de difamación objeto de pena, aquella que exprese denuncias sobre la corrupción de empresas y/o gobiernos neoliberales? ¿O es que tal vez el «delito» es determinado por la pertenecía ó no del autor del escrito, a un determinado conglomerado mediático?
Creemos que la razón es muy sencilla; Herbert Mujica no es periodista integrante de los listados de alguno de esos grandes núcleos mediáticos a los que Cantón defiende en su «libertad de expresión amenazada», en cualquier país de Latinoamérica.
Por el contrario, éste pertenecería al bando considerado adverso por los grandes conglomerados mediáticos -y la CIDH de Cantón-, constituido por medios independientes de prensa alternativa mundial con información y opiniones veraces, tales como la «Red Voltaire» -de Francia-, la Columna Digital «Páginas Libres» y la Agencia «Informe de Prensa Internacional» (IPI).
Desde ellos con su «expresión libre» y su pluma soberana y profesional, Mujica denunció en el año 2002 entre otros casos, las irregularidades cometidas por diversos gobiernos neoliberales peruanos sobre el gas de Camisea (Cuzco-Perú).
También se refirió a las extrañas concesiones mineras de Yanacocha (Cajamarca-Perú) y a temas urticantes para los gobiernos de turno sobe las relaciones exteriores del país doblegadas a intereses foráneos, etc., tratándolos con la debida investigación y prosa.
Y en éste punto de inflexión radicaría para Cantón, la determinación de cuándo una mordaza se constituye en contraria a la expresión de la prensa, y cuándo también, esa mordaza se torna en «benéfica».
Lo dice así su indiferencia con el injusto caso contra el periodista Mujica y su libro, sus alusiones indirectas de apoyo a «las informaciones» del director del diario «Perú 21» -DuBois- y su velada insistencia en «la libertad de expresión», que incumbe solamente a las grandes empresas mediáticas asociadas a los lineamientos de la potencia norteamericana.
Para el flamante gobierno del actual presidente Ollanta Humala, el caso del periodista Mujica también llevaría a confrontar tres de sus promesas de campaña electoral, aún pendientes.
La primera, que fue despenalizar el delito de difamación para el periodismo responsable -asunto delicado-; la segunda, castigar la corrupción «venga de donde venga» -tarea gigante-, entendiéndose con ello, la proveniente de la enquistada corrupción profesional y la que se cometiera desde la justicia utilizando la Ley.
Finalmente la tercera, de emitir una ley de prensa que divida en tres el espectro de la información, conciliando en esa actividad en igualdad de condiciones, a los medios públicos del Estado, a los medios de prensa alternativa y a los medios privados de los conglomerados mediáticos de la «falsimedia» -dueños al momento del espectro-.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.