1. El año 2022 empieza con un gobierno en el que gran parte de la población centraba sus esperanzas.
Esa población que siempre ha sido explotada por los empresarios chupasangre, olvidada por el Estado y excluida de los beneficios del tantas veces celebrado crecimiento (o festín) económico votó por el maestro de escuela rural, Pedro Castillo, y por el partido Perú Libre, esperanzada en que un candidato “como ellos”, del “pueblo”, de un partido “de izquierda”, iba a llevar a cabo las reformas necesarias para acabar con el injusto sistema imperante.
Sin embargo, a casi de medio año de iniciado su mandato, se evidencia lo que anunciamos desde un principio en El Diario Internacional: como una promesa otra vez frustrada, como un engaño más para nuestro pueblo. Pedro Castillo se ha desmarcado del ala más radical de Perú Libre; aquel partido que, de prestado, lo llevó a la presidencia del país. Hace algunas semanas, rompió con la fracción liderada por Vladimir Cerrón que apenas lo tolera en el gobierno.
El hoy presidente peruano se ha apoyado en el partido de Verónika Mendoza, Juntos por el Perú, y también intenta negociar en el Congreso con partidos de “centro”, con los que espera contener las arremetidas (en cargamontón) del partido fujimorista Fuerza Popular y de Renovación Popular, del ultraderechista López Aliaga. Al haber perdido votos de la bancada de Perú Libre, la situación política de Castillo es más que vulnerable.
Contrarrestar esta fragilidad es una de las razones que explica el por qué decide Castillo virar hacia la derecha: para obtener el apoyo de los partidos del denominado centro en el Congreso. Mas estos denominados partidos de centro no son sino agrupaciones políticas claramente neoliberales, pero sin un discurso ultraconservador como el de los fujimoristas. Tal como ocurre con el Partido Morado, por ejemplo, quieren la continuidad del modelo vigente, y que no se afecten las estructuras de propiedad y poder en el Perú.
2. Otra razón para aquel viraje gubernamental es que, tanto Castillo como Perú Libre, carecen de una estrategia de poder y visión transformadora de la sociedad. El actual gobernante peruano fue un dirigente sindical que ni siquiera lideró la histórica huelga nacional de maestros, en el 2017, sino que fue puesto en tal posición por haber sido un candidato de consenso entre las fuerzas que lideraron dicha huelga. Pedro Castillo no responde a la ideología ni práctica socialistas, ni tiene este horizonte; quizás el único ideal que persigue sea el de un humanismo cristiano. Su única credencial es la de ser un maestro provinciano y padre de familia. Y es justamente por esa imagen que mucha gente votó por él, al no identificarlo con la vieja política de la clase dominante, corrupta desde sus raíces.
Pero, hasta en eso, está traicionando Castillo su imagen impoluta. El presidente se ha hecho de un entorno de “paisanos”, conformado por quienes proceden de Cajamarca (mejor aún si son de la provincia de Chota, de la cual procede), para que lo apoyen a gobernar. Es este círculo que lo ha llevado, aparentemente, a negociar beneficiando a grupos empresariales mediante suculentos contratos con el Estado. Es decir, Castillo repite la mísera práctica de prebendas y corruptelas que ha llevado a la cárcel, y a enfrentar cargos por corrupción, a todos los presidentes electos desde 1985 en el país.
El caso más reciente, en relación a lo anterior, es el del empresario
Samir Abudayeh, quien ganó una licitación de la empresa estatal
PetroPerú hecha a la medida del perfil de su negocio. Esto sucedió
después que el empresario se encontrara varias veces con Castillo y
representantes de PetroPerú en Palacio de Gobierno. Otro caso sonado es
el de empresas que obtuvieron licitaciones del Estado, después que su
representante legal se reuniera con Castillo en una casa privada de un
barrio limeño. De acuerdo con la normatividad vigente, el presidente
tiene que dar cuenta de todas las reuniones que tenga. Estos casos y
otros están siendo investigados por la fiscalía.
Hay que reconocer, también, que tales “destapes” se producen por la
persecución implacable que perpetran a diario grandes medios de prensa
para mellar la imagen del gobierno: algo que jamás hicieron con los
anteriores gobiernos. Cierto es, sin embargo, que hay inocultables
indicios de casos de corrupción que nos hablan de una patética solución
de continuidad en el escenario de la política local
3. Poco o nada ha hecho Castillo, hasta ahora, que lo haga merecedor del adjetivo de izquierdista. Otra evidencia es que, a inicios de su gobierno, anunció a todos los vientos una reforma agraria que acabaría con las viejas injusticias en el campo. Esta reforma no contiene ninguna medida que implique un cambio radical en las estructuras de poder del campo peruano. ¿De qué se trata, entonces, la reforma agraria de Pedro Castillo? Nada menos que de otorgar créditos, semillas, tecnificación y apoyo para impulsar la producción agraria. No se tocó, para nada, el poder de las grandes empresas agroexportadoras, que pagan sueldos de hambre a sus trabajadores y que imponen pésimas condiciones laborales. Ni se ha cambiado la legislación que permite a campesinos, presionados por las grandes empresas agropecuarias, a vender tierras comunales o de cooperativas a aquellas grandes empresas.
Esta es una tónica, a través de la cual, los grandes intereses agroexportadores continúan imponiéndose despojando de tierras a la mayoría del campesinado, sobre todo en la costa. Dotarlos de mejores fertilizantes, semillas y programas de regadío no constituye ninguna medida revolucionaria, y por eso ya fue aplicada por todos los gobiernos neoliberales anteriores. Por lo que esta reforma agraria solo apunta a optimizar la producción capitalista, sin tocar en absoluto las obsoletas estructuras de poder en el campo. De esta manera, se comprueba que Pedro Castillo es otro presidente más que vende humo (1).
Otra promesa de su campaña fue la regulación de la producción minera; de tal manera que no afectase de manera grave el medio ambiente, y especialmente el hábitat de comunidades campesinas. Esta promesa también caerá en saco roto. Un ejemplo es lo que ocurrió con la primera ministra Mirtha Vásquez, quien anunció que cuatro unidades mineras en Ayacucho serían cerradas. La ministra hizo gala de un burdo populismo, porque dichas empresas ya estaban por culminar sus contratos de licitación. Aun así, el gremio empresarial CONFIEP y la prensa derechista chillaron porque, según ellos, se estaría afectando la inversión privada. Lo real es que las empresas mineras pueden solicitar prolongación de sus contratos, y ya lo habían hecho en este caso.
A los pocos días, salió el caviar ministro de economía, Pedro Francke, anunciando que se había mal entendido a la primera ministra Vásquez, y que por supuesto [sic] se iba a revisar las solicitudes de prolongación de actividades de las unidades mineras que lo hayan pedido. Al mismo tiempo, cabe acotar que el Congreso negó facultades al Poder Ejecutivo para aumentar el impuesto a las empresas mineras en 3 o 4 puntos porcentuales. Esto hace entrever que el gobierno intentará subir un tanto el impuesto a las grandes empresas, pero que este aumento no afectará realmente los intereses del gran capital minero que continuará obteniendo jugosas ganancias del subsuelo peruano.
Siguiendo esta línea política, el ministro Francke anunció, con desparpajo, que no se aumentaría el sueldo mínimo porque se halla en un nivel razonable. El sueldo mínimo es 930 soles, que equivalen a cerca de $ 228 dólares estadounidenses. ¿Alguien puede, en su sano juicio, pensar que ese dinero alcanza para vivir en un país sometido a largas cadenas de producción y consumo del capital global, y que se puede vivir con poco más de 4 dólares diarios para pagar vivienda, alimentación, salud, educación, transporte y demás servicios indispensables? Ese el gobierno de Pedro Castillo, que se reclama popular, a la vez que aplica una política general al servicio del gran empresariado nacional y transnacional.
4. Todo lo dicho y otros hechos semejantes demuestran, una vez más, que no estamos frente a un gobernante de auténtico carácter popular, sino ante una vieja retórica populista que simula estar al servicio del pueblo. Solo un partido comunista que tenga en su agenda la expropiación del gran capital, y su entrega a las masas trabajadores a través de la administración estatal, es lo que podrá conducir hacia una transformación radical de la sociedad.
El sistemático sabotaje que ejecutan los conservadores en el Congreso, la presencia dominante del gran empresariado y sus serviles medios de comunicación, las ínfimas e insustanciales reformas que quiere implementar el gobierno de Castillo, nos muestran como un solo paquete de seudo año nuevo que una verdadera transformación de la sociedad no cabe en el marco de una democracia neoliberal representativa. Aquel presente se halla aún lejano en el Perú y el mundo. Lo que corresponde a las masas trabajadoras, en este 2022 que recién empieza, es erguirse contra el antipopular gobierno de Pedro Castillo, organizarse y construir una vanguardia revolucionaria para conquistar, de manera conjunta, una vida solidaria, justa y realmente democrática.
Nota:
(1) Recomendamos este artículo sobre concentración de tierras en el Perú. Aun siendo del 2012 todavía mantiene su vigencia: Arias Nieto Custodio (2012) De vuelta a la concentración de tierras en el Perú, en UNMSM. Investigaciones Sociales, Volumen 16, Nr. 28°, p. 49-58.
Fuente: http://eldiariointernacional.com/spip.php?article4515
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