Se acaban de aprobar (27/10/2020) las nuevas recomendaciones sobre el sistema de pensiones en el marco de la comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo. Han sido avaladas por la gran mayoría del arco parlamentario, con el voto en contra de VOX y la abstención de ERC y EH-Bildu. Supone un giro positivo particularmente respecto a la reforma regresiva del Partido Popular (2013), aunque limitado y con claroscuros.
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Si esto tuviese que ver con la dignidad, PP y Vox llevarían en sus estatutos la condena a los crímenes del franquismo y los barones del PSOE se cuidarían mucho de aparecer junto al presidente bajo cuyo mandato se ejerció terrorismo de Estado
Hacemos un repaso a varios acontecimientos destacados en el conflicto saharaui cuando los socialistas han estado dentro del Gobierno.
Las declaraciones de la ministra de defensa Margarita Robles en el programa La Sexta Noche, por esperadas, no dejan de resultar profundamente perturbadoras, proviniendo como provienen de una destacada socialista.
Después de las ocho es la hora en la que los trabajadores de los invernaderos de El Ejido (Almería) terminan una maratoniana jornada que linda con la explotación. En bicicletas, muchos de ellos recorren los márgenes de las carreteras que comunican el mar de plástico que abastece de verdura barata a Europa con el lugar donde ellos sobreviven, chabolas de palés y cartones. Poco a poco, cruzan otra frontera, de la explotación a la esclavitud. Son presos de un sistema económico, el agroalimentario, del que no escapa nadie, pero que sustentan ellos, con sus manos encalladas, su piel abrasada por pesticidas y su sudor exprimido por el calor de los hornos donde crece el alimento de medio continente.
Desde el Movimiento hacia un Estado Laico denuncian que un Gobierno que defiende el Laicismo «no puede por más tiempo mantener este escándalo monumental oculto»
Después de cuatro años de reuniones, la comisión del Pacto de Toledo ha concluido su informe sobre la reforma del sistema público de pensiones, que -se supone- servirá de soporte a la futura ley. El informe tiene avances significativos, aun cuando se resiste a librarse del lastre originado por el propio Pacto de Toledo en 1995, la separación de fuentes y la disociación entre el Estado y la Seguridad Social (SS).
Una crítica desde Campamento Dignidad hacia la declaración de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en la que plantea el aumento del castigo penal a quienes ocupen viviendas.
Surge la duda cuando uno habla con Fernando Martínez (Vélez-Blanco, 1949), secretario de Estado de Memoria Democrática desde el pasado enero, de si estamos ante un historiador o ante un político. A lo largo de esta entrevista, realizada en su despacho del complejo de la Moncloa el miércoles 4 de noviembre, se van alternando sus dos caras. La del militante de izquierdas, afiliado al Partido Socialista Obrero Español desde los ochenta (antes fue candidato al Senado por el Movimiento Comunista de Andalucía), bajo cuyas siglas ha sido alcalde de Almería, presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, senador y director general de Memoria Histórica. O la del historiador, el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería, especializado en Memoria Histórica. En ese campo, ha sido el coordinador del Mapa de Fosas de Andalucía, así como de varios proyectos en torno a los Tribunales de Responsabilidades Políticas de Andalucía, la represión franquista de la masonería andaluza y el exilio republicano andaluz de 1939. De lo que no cabe ninguna duda es que estamos ante una persona comprometida con la Memoria Democrática y con las víctimas de la represión franquista.