La manipulación histórica sobre las verdaderas razones que motivaron la construcción del Canal de Panamá en 1904; las cúpulas de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), aliadas a la partidocracia y al poder económico; y la ampliación de la vía interoceánica, mediante la construcción de un tercer juego de esclusas […]
La manipulación histórica sobre las verdaderas razones que motivaron la construcción del Canal de Panamá en 1904; las cúpulas de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), aliadas a la partidocracia y al poder económico; y la ampliación de la vía interoceánica, mediante la construcción de un tercer juego de esclusas -plagada de engaños y secretos- rodean el cumpleaños número 100 del Canal de Panamá.
Para celebrar el aniversario, la ACP, administradora de la ruta acuática, organizó una fiesta el viernes 15 de agosto, cuando hace un siglo, el paso del Vapor Ancón dio por inaugurada la vía. Pese a repetir hasta el cansancio, mediante dardos publicitarios, que los panameños son sus dueños, no les convidó a la velada, excluyendo también a los trabajadores del Canal. Para agravar el desprecio por la plebe, sugirió presenciar la gala por televisión. La fiesta, preparada para el «jet set», confirma el secreto a voces; el Canal y las áreas adyacentes, son el gran negocio de una élite y no la conquista de un país, cuyos héroes a través de varias generaciones lucharon para expulsar del territorio canalero al colonialismo estadounidense, que humillaba la dignidad nacional.
La propaganda de la ACP empleó varias semanas de fuego graneado mediático, dirigido a manipular a la población. Son mensajes de una guerra psíquica que exalta el triunfo patriótico y en tono contradictorio camufla el oportunismo de grupos empresariales obsesionados por fortalecer sus riquezas.
Textos de enseñanza, reportes periodísticos y hasta producciones cinematográficas omiten detalles de la historia original. La zanja de la amnesia histórica se agiganta con la decisión del expresidente Ricardo Martinelli y su ministra de Educación, la periodista Lucy Molinar, al eliminar la asignatura; «Relaciones entre Panamá y Estados Unidos», que formaba parte del esquema curricular de la educación secundaria.
Lo arriba expuesto, obliga a pegar una mirada por la historia para aclarar conceptos y hechos. El 3 de noviembre de 1903, Panamá se liberó de Colombia. La emancipación estuvo inspirada en los intereses expansionistas de Estados Unidos y en una visión de negocios en manos de extranjeros y pseudos panameños, en lugar de un verdadero espíritu libertario. Un canal por Centroamérica le facilitaba a EU comunicar sus costas y lograr sus objetivos, que para fines del siglo XIX había conquistado Cuba y Puerto Rico. La ruta original era Nicaragua, por ser menos costosa y por el precedente del fracaso francés. EU varió su decisión debido al buen trabajo de venta que hicieron dos extranjeros; el francés Philippe Jean Bunau-Varilla, representante de la quebrada compañía francesa Nueva del Canal y el abogado estadounidense William N. Cromwell, representante legal de la Compañía del Ferrocarril de Panamá y de la Compañía Nueva del Canal. Ambos mostraron a los senadores norteamericanos estampillas del correo nicaragüense con imágenes de volcanes. El hecho del que volcán Mount (Montaña) Pelée había hecho desaparecer a la isla francesa de Martinica y afectó la ciudad colonial de Saint Pierre y una estampilla falsa, que hacía referencia a la erupción del volcán «Momotombo», -pese a los intentos del gobierno nicaragüense por desmentir la información- llevaron a los senadores, impresionados por tan locuaz manipulación, a votar por Panamá.
Debido al fracaso de los franceses en la construcción del canal y ante el riesgo de perder 250 millones de dólares, en virtud de que la concesión culminaba en 1904, la Compañía Nueva del Canal, contrató a Cromwell para convencer a EU de comprar sus propiedades. Empresarios de Wall Street adquirieron acciones por 3.5 millones de dólares y las revendieron al gobierno estadounidense en 40 millones. El negocio ideal de la codicia capitalista.
Cromwell y Varilla debían lograr que Colombia firmara con EU el tratado Herrán-Hay, que tenía como objeto la construcción de un canal. Aunque el gobierno colombiano firmó, el Congreso no lo ratificó. El presidente andino, José Manuel Marroquín, exigía una porción de los 40 millones, pero los inversionistas norteamericanos no estaban dispuestos a compartir. Esto provocó que el presidente Teodoro Roosevelt fraguara separar a Panamá de Colombia. Manuel Amador Guerrero, el médico colombiano que se convirtió en el primer presidente de Panamá, nacido el 30 de julio de 1833 en Turbaco, una región colombiana próxima a Cartagena, viajó a Nueva York a fines de agosto de 1903. Ahí se reunió con el abogado Cromwell y Bunau Varilla, de quienes recibió instrucciones para realizar el movimiento separatista.
Los intereses económicos y la ambición, que prevalecieron en la separación con Colombia, permanecen hoy. La Junta Directiva de la ACP, integrada por 11 personas, según el precepto constitucional, es producto del rejuego político. El Presidente de la República nombra a nueve de sus miembros, uno es ministro de Estado quien la preside y el otro lo designa el Órgano Legislativo. Ninguno representa a la clase trabajadora, ni a los sectores populares o el grupo de académicos de las universidades estatales. En la directiva actual, ocho de sus miembros fueron nombrados por el expresidente Ricardo Martinelli y tres por el expresidente Martín Torrijos. La mayoría está vinculada a los sectores inmobiliarios y construcción; a la élite de negocios y a la partidocracia que se permuta el poder cada quinquenio. Es otro efecto de la distorsión de un Estado dentro de otro Estado. Los hechos contradicen el ideal del General Omar Torrijos, quien rechazó el enclave colonial y destacó la finalización de un Estado -Panamá-, subyugado por otro Estado -Estados Unidos-, durante su lúbrica del tratado Torrijos-Carter, el 7 de septiembre de 1977.
El caso de la ACP es elocuente, creada por la Constitución, es el ente responsable de administrar la vía interoceánica, sus actividades conexas y su cuenca hidrográfica. El presupuesto de financiamiento anual no forma parte del presupuesto general del Estado. Posee un régimen laboral especial, que prohíbe las huelgas. La Junta Directiva nombra al administrador y subadministrador.
En el 2004, antes de aprobarse el proyecto actual de ampliación, la partidocracia modificó la Constitución, lo cual reforzó el poder de la ACP. Paradójicamente, el mamotreto jurídico fue liderado por el torrijista Partido Revolucionario Democrático -PRD- bajo el gobierno del hijo del General, Martín Torrijos Espino. El artículo 319, hoy 325, traslada los poderes del ejecutivo a la ACP, con lo cual limita sus injerencias como Órgano del Estado y las del Legislativo. La interpretación de varios juristas panameños, entre ellos el finado constitucionalista Humberto Ricord, concluye que con esta reforma, a la ACP se le otorga poder que excede su papel como administrador de la vía.
Ante una pluralidad de irregularidades que rodean los 100 años del Canal, los medios masivos de comunicación, aliados de la ACP, desvían la mirada y coadyuvan a la distracción nacional: La información en torno al proyecto de ampliación -redactado en inglés- es limitada. Los trabajos que iniciaron en el 2007, según las estimaciones de la ACP, culminarían este año. Incluso aseguraban que la ampliación sería inaugurada el 15 de agosto del 2014. Aún perduran los misterios sobre el costo de la obra. Mientras está consignado mundialmente, que nueve, de cada diez mega obras terminan costando mucho más de lo estimado, la ACP insiste en que el costo será de 5 mil 250 millones. Hay insuficiencia de datos en torno a los conflictos surgidos entre la ACP y el Grupo Unidos por el Canal -GUPC-. A principios del 2014 el consorcio paralizó la obra durante 18 días por falta de liquidez y por supuestos sobrecostos calculados en mil 600 millones de dólares. Aunque la pugna se mantiene, el impacto noticioso es minimizado.
Se violan los derechos de los trabajadores del Canal y nadie exige rendición de cuentas a una cúpula que decide en cuánto engrosa los jugosos salarios que devengan altos ejecutivos de la ACP, que incluso superan al del Presidente del país. Según el semanario Capital Financiero, en el 2010, por ejemplo, la Junta Directiva aprobó un incremento a 14 de los ejecutivos principales, entre ellos Alberto Alemán Zubieta quien fue reemplazado en el cargo en septiembre de 2012, por el actual administrador, Jorge Luis Quijano. Para esos días, Zubieta, quien devengaba un salario anual de 125 mil 900 dólares, pasó a 148 mil 599, es decir, de 10 mil 491 mensuales a 12 mil 383 dólares. El aumento más jugoso lo recibió el periodista extranjero naturalizado panameño, Fernán Molino Delaswsky, quien fungió como Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas. De 7 mil 803, pasó a ganar 10 mil 33 dólares. El administrador y el subadministrador tienen derecho a que se le sufraguen los gastos por una casa mientras permanezcan en el cargo. Al margen de los pilotos del Canal, que son los que mejor salario devengan, el panorama para el resto de los trabajadores es muy diferente, tienen más de 15 años sin recibir ningún tipo de ajuste y son objeto de violaciones a sus derechos laborales. La ACP, vista por todo un país como la empresa modelo y galardonada a nivel regional como una de las más eficientes del área, invirtió cerca de 200 millones de dólares en dos dragas para empezar los trabajos de ampliación de la vía acuática, que según sus propios operadores se dañan con excesiva irregularidad. Se trata de las dragas Quibián I y Alemán Zubieta. Ambas son de fabricación holandesa. Lo paradójico del caso es que las más viejas que datan del siglo pasado, con más de 50 años de funcionamiento, son las que mejor resultado han arrojado durante los trabajos de ampliación. Los operadores, quienes no fueron consultados antes de realizar la inversión, sostienen que Quibián I fue diseñada para trabajar en arena. El corte Culebra es el área más rocosa del Canal, por pertenecer a la Cordillera Central – a las rocas del Canal, internacionalmente se les conoce como Panama Rock -. Los obreros revelan que la compra a los holandeses se hizo por la urgencia de iniciar los trabajos en vista de que escaseaba el tiempo para mandar a diseñar las dragas según la necesidad de los trabajos que se realizan. Los excesos rayan en el absurdo. Mientras en los últimos 15 años, el Canal ha generado al Estado más de 10 mil millones de dólares, la ejemplar empresa le niega a un sector de sus trabajadores insumos básicos, como guantes, jabón y papel higiénico. Las experiencias de algunos proveedores independientes, también revelan secretos de la inmaculada ACP. En el 2013, unos 18 proveedores indirectos, decidieron demandar por falta de pago a un proveedor directo de la ACP, la poderosa empresa surcoreana Hyundai que en septiembre de 2011 resultó ganadora de una licitación por 110 millones de dólares para la construcción de una planta termoeléctrica en las esclusas de Miraflores. A la fecha, la ACP evade su compromiso pese a que la norma establece responsabilidad contractual. El caso se mantiene en proceso en los despachos judiciales y las demandas superan los 7 millones de dólares. La mayoría de los medios le han restado importancia a este hecho, que incluso han preferido ocultar.
El jolgorio del cual excluyeron al pueblo, tuvo lugar en el Centro de Convenciones Figali, ubicado un poco antes de la entrada de la Calzada de Amador, un relleno construido por los estadounidenses con material extraído del Corte Culebra y que conecta a las islas, Naos, Perico y Flamenco, para la supuesta defensa del canal. Aunque la gran gala fue objeto de duras críticas por algunos panameños, quienes manifestaron su decepción en varios programas radiales, los medios masivos no reflejaron el sentir de muchos. En Twitter, la frustración fue contundente. Manifestaban molestia, descontento, frustración, frases irónicas, dignidad y reflexiones críticas. Una tuitera, refiriéndose al cantautor Rubén Blades anotó: «en la excluyente celebración del centenario, solo faltó cantar: a dónde van los desaparecidos, es decir, el pueblo». El rechazo a la jarana de la nobleza istmeña y foránea, dignifica y remembra la lucha del 9 de enero de 1964 y de sus 21 mártires y otros acontecimientos que sentaron las bases para la recuperación de la soberanía nacional y la administración y operación del Canal de Panamá. Es la expresión de los latidos de una conciencia histórica que resiste los perversos intentos de una clase apátrida por anular la verdad y la voz firme de un pueblo que desde sus entrañas bramó; «Cien años de celebración o un siglo de engaño».
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