La evaluación de la gestión económica de un gobierno es una tarea compleja. No por las cifras, hechos y/o relaciones multicausales que esta tarea implica, sino sobre todo, por la posición desde la cual se realiza esta tarea. No es lo mismo analizar el desempeño de un gobierno desde el gobierno que analizar esa misma […]
La evaluación de la gestión económica de un gobierno es una tarea compleja. No por las cifras, hechos y/o relaciones multicausales que esta tarea implica, sino sobre todo, por la posición desde la cual se realiza esta tarea.
No es lo mismo analizar el desempeño de un gobierno desde el gobierno que analizar esa misma gestión desde la oposición política. Imaginemos por un momento cuál sería hoy la interpretación que los economistas orgánicos del partido FMLN, harían sobre la tasa promedio de crecimiento de PIB en el quinquenio 2009-2013, sí el triunfador de las elecciones presidenciales de 2009 hubiese sido el partido ARENA y no el FMLN, y sí estos mismos intelectuales tuvieran que analizar esta tasa de crecimiento desde la oposición política y no desde su colaboración con el gobierno.
¿Continuarían insistiendo que la principal responsabilidad de esa tasa de crecimiento promedio del 0.8% debe atribuirse a la recesión económica mundial, y que en este contexto, esa tasa de crecimiento debería considerarse más bien un éxito? ¿O estos economistas tenderían a restar importancia a los factores internacionales y a centrar su análisis en las restricciones estructurales al crecimiento y a los desequilibrios macroeconómicos de la economía salvadoreña, que no fueron removidas durante la gestión económica evaluada?
Seguramente les pasaría algo similar a lo que les ocurre a los intelectuales orgánicos del partido ARENA que se expresan a través de FUSADES. Estos economistas en su evaluación económica de la presidencia Funes, ponen ahora su énfasis en aspectos económicos y sociales estructurales, como el sub empleo, la pobreza multidimensional y la brecha comercial, que fueron olvidados en sus análisis de las cuatro gestiones presidenciales del partido ARENA.
Tampoco da lo mismo evaluar el desempeño de las políticas económicas gubernamentales desde los intereses de la clase dominante, que evaluar ese desempeño desde los intereses de la clase dominada. Menos aún se puede pretender que este análisis económico será el mismo sí se realiza desde una perspectiva feminista o desde una postura que no tome en cuenta las asimetrías en el funcionamiento de la economía entre hombres y mujeres.
Por todo lo anterior, es una ingenuidad clasificar los análisis económicos de una gestión gubernamental en términos binarios: correctos o equivocados; objetivos o subjetivos; profundos o superficiales. Esto debido a que es inevitable que tenderemos a considerar correctos, objetivos y/o profundos, a aquellos análisis que correspondan a nuestros intereses de clase, género o de partido, y en cambio, tenderemos a considerar como equivocados, subjetivos y/o superficiales, a los que estén en contra o que no correspondan a nuestros intereses de clase, género o de partido.
Establecido lo anterior, a lo que sí podemos aspirar es a elaborar un análisis crítico de la estrategia económica de un gobierno. Entendiendo por análisis crítico una postura de inconformidad con la realidad económica actual y de búsqueda de soluciones alternativas y estructurales a los problemas que produce esta realidad económica.
Un análisis de este tipo debe realizarse a partir de tesis, que deben ser sometidas a la crítica intensa, al debate argumentativo, y sobre todo, a la confrontación con los hechos y cifras que refuten o refuercen dichas tesis.
En este artículo, y desde una postura definida (marxista, anti-capitalista, feminista, anti-imperialista, no gubernamental y no partidaria), se esbozan algunas tesis que podrían contribuir a un debate crítico sobre la gestión económica gubernamental en el período 2009-2014.
Tesis Nº 1: La gestión económica de la administración Funes se convirtió desde el inicio hasta el final, en una pieza importante de la estrategia del imperialismo estadounidense por detener el declive de su hegemonía en América Latina y el Caribe.
El Presidente Funes realizó a lo largo de todo su mandato los mayores esfuerzos por ser recocido por el gobierno de Estados Unidos como un aliado confiable y por formar parte de la revitalización de la estrategia de control político, económico y territorial de Estados Unidos en Mesoamérica. La búsqueda compulsiva de este reconocimiento llevó al gobierno de Funes a asumir posturas que lo distanciaron de los gobiernos progresistas y anti-imperialistas de sur América y el Caribe y lo acercaron a gobiernos conservadores y pro-imperialistas.
En lo económico, esto implicó la decisión del gobierno de no realizar ninguna revisión a las condición de comercio e inversión impuestas por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos(TLC); la decisión de incorporar a El Salvador como observador de la Alianza para el Pacífico y mantener alejado al país del ALBA y de Petrocaribe; las gestiones para la firma del Asocio para el Crecimiento con Estados Unidos, y su absoluta disponibilidad para aceptar la creciente condicionalidad del gobierno de ese país para conceder una donación de $277 millones de la Cuenta Reto del Milenio (MCC), incluyendo la formación de una Comisión Nacional por el Crecimiento integrada por los miembros más destacados de la oligarquía neoliberal salvadoreña y principales financiadores del partido ARENA.
Tesis Nº 2: La gestión económica 2009 – 2014 se vio obligada inicialmente a proseguir con la inercia neoliberal heredada por los veinte años de gobiernos del partido ARENA, pero terminó por asimilarla e incorporarla a su discurso de cambios.
Por inercia neoliberal se entiende la trayectoria de políticas y de reformas económicas inspiradas en el llamado Consenso Neoliberal (privatización, concesiones de bienes y servicios públicas, acuerdos de libre comercio e inversión, fortalecimiento de derechos de propiedad, etc.) que tienen como objetivo principal crear condiciones favorables para que las empresas capitalistas nacionales y extranjeras puedan ampliar sus opciones para invertir capital al mismo tiempo que reducen sus costos y aumentan sus ganancias. Esta trayectoria de políticas supone entre muchas otras cosas, el despojo de la sociedad de sus bienes comunes y de sus bienes públicos, la pérdida de capacidad de los pueblos de controlar las cadenas agro alimentarias así como la pérdida de la capacidad de los gobiernos de decidir sus propias políticas para el desarrollo.
En un primer momento, la incorporación del gobierno de Mauricio Funes a la inercia neoliberal estuvo determinada por factores coyunturales.
En primer lugar, los efectos macroeconómicos de la recesión económica mundial de 2008 y la necesidad de mantener acuerdos de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), condicionaron al gobierno a aceptar el «blindaje» de las reformas económicas de los 20 años anteriores y abortar cualquier intento de reversión de estas reformas.
En segundo lugar, el reclutamiento y la conformación de los equipos técnicos que dieron soporte al gabinete económico, representaron obstáculos prácticos para que el gabinete económico dispusiera de capacidades para interpretar de una manera diferente los problemas económicos y para pensar en soluciones alternativas a las soluciones propuestas por el consenso neoliberal. No se podía esperar que las cosas se hicieran de manera diferente a cómo se hacen en el neoliberalismo, sí se encomendó esta tarea a personas que piensan en términos neoliberales y/o personas a las que les es indiferente trabajar para una entidad como FUSADES, para un gobierno de ARENA o para un gobierno del FMLN.
En el mediano plazo, y ante la incapacidad de articular en la teoría y en la práctica un proyecto económico contra hegemónico, el gobierno terminó por asumir la revisión y la profundización del proyecto neoliberal como su propio proyecto.
La revisión se llevó adelante mediante la adopción de políticas económicas sectoriales, y el incremento del gasto social focalizado a los grupos más vulnerables y más afectados por las dinámicas económicas impulsadas desde el año 1989.
La profundización del modelo se logró a su vez por la vía de las reformas a las leyes de inversión, la ratificación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, y la identificación de la Ley de Asocios Público Privado (APP) como la «madre de todas las reformas» para el crecimiento y el desarrollo.
Tesis Nº 3: Un importante sector de economía popular (cooperativas, asociaciones agropecuarias, etc.) logró incidir en el diseño de políticas sectoriales encaminadas a fortalecer a sectores económicos populares. Sin embargo, los beneficios potenciales de estas medidas terminaron siendo neutralizados por la incapacidad e inexperiencia de funcionarios y funcionarias responsables de áreas claves de este ámbito de la gestión económica.
La falta de vinculación orgánica entre el gobierno de Funes y el partido FMLN en el ámbito del diseño de políticas públicas, fue compensado mediante el establecimiento de alianzas con sectores de la economía popular y con organizaciones con base territorial, que tradicionalmente han sido bases del FMLN o en menor medida de partidos como el PDC y el PCN.
Con estos grupos el gobierno pudo conformar el sector social del Consejo Económico Social (CES) y pudo crear las mesas sectoriales sobre diversas temáticas que le procuraron el oxigeno y la legitimidad necesaria en momentos críticos de la gestión económica, como la aprobación de la Ley de Asocios Público Privados y las protestas sindicales. En gran parte, estos grupos que se movilizaron en calles y actos públicos multitudinarios para mostrar la fuerza y el apoyo popular a la gestión gubernamental, a pesar de su distanciamiento con el partido FMLN.
Estas alianzas conllevaron algunos cambios en las políticas sectoriales, en especial en el sector agropecuario, tales como medidas para fortalecer la capacidad de producir alimentos y semillas nacionales, y la canalización de fondos no reembolsables para el desarrollo productivo de empresas pequeñas y medianas, en particular, empresas asociativas y cooperativas. Estas medidas tenían la potencialidad no solo de democratizar la base productiva territorial de la economía salvadoreña sino también de promover la emergencia de relaciones de poder contra hegemónicas a las relaciones de poder económicas basadas en la explotación del capital sobre el trabajo y/o en la expoliación de productores no capitalistas por parte del sector de empresas capitalistas nacionales y transnacionales.
Sin embargo, la falta de perspectiva de Economía Política por parte de funcionarios y funcionarias responsables de estas áreas de la gestión económica, representaron un serio obstáculo para que estas reformas económicas se tradujeran en el fortalecimiento de nuevos actores económicos y de nuevas relaciones económicas en los territorios.
Un ejemplo de esta incapacidad durante este quinquenio fue la desafortunada labor de la CONAMYPE-MINEC que se plegó a la visón de la USAID en el diseño y ejecución de los proyectos de asociatividad y encadenamientos productivos de la micro, pequeña y mediana empresa. Estos proyectos tuvieron como meta la vinculación de las iniciativas económicas populares a las cadenas productivas dominadas por grandes empresas capitalistas (Walmart, Super, Sab Miller, etc.), ya sea en calidad de proveedoras de materias primas y otros productos a precios bajos, como en calidad de distribuidoras de los bienes y servicios producidos por estas empresas.
De esta manera, los mínimos avances logrados en materia de desarrollo de la capacidad productiva del sector popular de la economía terminaron siendo canalizados a beneficiar a las empresas capitalistas nacionales y transnacionales, mediante el abaratamiento de sus costos de producción y de distribución de bienes y servicios, y en el afianzamiento de su capacidad de controlar en su propio beneficio las cadenas productivas nacionales, en particular, las cadenas agroalimentarias.
Tesis Nº 4: La gestión económica del período 2009- 2014 se realizó sin cumplir con el compromiso contenido en el Plan Quinquenal de Desarrollo de incorporar el enfoque de género en el ciclo de las políticas económicas y terminó reduciéndose a acciones puntuales y aisladas de promoción de iniciativas económicas de mujeres pobres.
Incorporar el enfoque de la igualdad de género en la gestión económica de un gobierno no puede limitarse al financiamiento y/o ejecución de proyectos económicos para mujeres ni tampoco se puede limitar a ejecutar acciones de discriminación positiva o acciones afirmativas para beneficiar económicamente a las mujeres pobres.
Incorporar el género en la gestión económica de un gobierno es convertir la preocupación por la desigualdad de género y el interés por equilibrar las oportunidades de acceso a recursos productivos, a empleo, ingresos y a incentivos económicos entre hombres y mujeres, en las líneas maestras de todas las políticas económicas, sean estas políticas fiscales, políticas comerciales, políticas de industrialización, políticas de desarrollo rural, entre muchas otras.
Desafortunadamente, durante la gestión económica del quinquenio, las políticas económicas continuaron siendo ciegas a las relaciones de género y se limitaron a los discursos de buenas intenciones hacia las mujeres y a la ejecución de pequeños proyectos en favor de la «autonomía económica de las mujeres».
Un ejemplo de la ausencia de esta perspectiva de género en las políticas económicas se puede encontrar en la política de desarrollo rural.
En los principales programas de desarrollo productivo que se ejecutaron desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en estos años, se estableció que la propiedad de la tierra sería una de las condiciones indispensables para que las organizaciones rurales pudieran obtener los beneficios de los fondos de inversión no reembolsables para el desarrollo de negocios rentables. Sin embargo, esta condicionalidad excluyó en la práctica a las mujeres rurales, ya que ellas representan una minoría en las organizaciones rurales que poseen tierras y porque las organizaciones de mujeres rurales se caracterizan por no tener acceso a la tierra.
Esto obviamente no fue un resultado intencional de los responsables de estas políticas, sino más bien fue el producto de la ausencia de capacidades para colocar la problemática de género como un tema relevante para el desarrollo rural y para el diseño de estas políticas.
Un diagnóstico de género le hubiera advertido a la administración Funes que las mujeres solo representan el 15% de los propietarios de tierra de vocación agrícola mientras que los hombres representan el 85% de estos propietarios. En consecuencia, esto les habría permitido saber que sí realmente aspiraban a un desarrollo rural con inclusión de las mujeres, debían ejecutar de manera simultánea a estos programas de desarrollo rural, acciones de compra y adjudicación de tierras a las organizaciones rurales de mujeres, para que ellas tuvieran las mismas oportunidades que las organizaciones de hombres de ser beneficiadas con las medidas de promoción a la diversificación y a la competitividad rural.
Ejemplos similares se pueden identificar en otras áreas de política económica.
Tesis Nº 5: La gestión económica gubernamental 2009-2014 se caracterizó por un estilo autoritario, errático y patriarcal.
Hace exactamente cuatro años, el Doctor Manuel Sevilla presentó su renuncia como Ministro de Agricultura y Ganadería. En su carta de renuncia justificaba su decisión aduciendo que después de casi doce meses encontraba imposible continuar en el MAG por varios motivos, entre ellos porque profesionalmente le era difícil trabajar en un ambiente de «poca coordinación y debilidad de liderazgo, especialmente a nivel de área económica». Según Manuel Sevilla, los funcionarios del Gabinete Económico carecían en ese entonces de los espacios de análisis y discusión indispensables para convertir al conjunto del Gabinete en un equipo efectivo que le brinde al mandatario la asesoría y el apoyo necesario para gobernar. Asimismo, denunció en ese momento «el estilo centralista y poco participativo que el equipo presidencial ha adoptado en sus relaciones con el Gabinete provoca que las decisiones y equipos se están concentrando en las instancias inmediatas a la presidencia, debilitando la autoridad y capacidad de los ministerio, restringiendo la iniciativa y creatividad de muchos ministros». (LPG, 12.05.2010)
Dos años después, el Doctor Héctor Dada Hirezi, tomó la decisión de renunciar al cargo de Ministro de Economía debido a la falta de condiciones para crear una política inclusiva dentro del gobierno. Según sus declaraciones, como titular de economía no solo no tenía comunicación directa con el Presidente sino que no participaba en la construcción de la política económica. En sus palabras: «Venían ya cocinadas desde Casa Presidencial y no había oportunidad de opinar» (CP, 30.05.2014)
Estos casos son apenas algunos ejemplos que ilustran el talante autoritario y excluyente que caracterizó el liderazgo del Presidente Funes en todas las áreas de la gestión gubernamental, y en particular, la gestión económica.
A esto debe agregarse el estilo patriarcal de la presidencia Funes, que se tradujo en la conformación de un gabinete económico sin participación de mujeres y con un discurso sexista según el cual, la fortaleza y capacidad de su gobierno tenía como causa principal el hecho de tener «bien puestos los pantalones».
Un debate sobre estas y otras tesis, es importante y necesario, sobre todo de cara a la nueva gestión económica gubernamental que está por iniciarse. Entre otras cosas, porque como decía Albert Einstein, no se pueden lograr resultados diferentes si se insiste en seguir haciendo las cosas de la misma manera.
Julia Evelyn Martínez es profesora de la escuela de economía de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA) de El Salvador.
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