Los senadores progresistas vienen insistiendo casi como un ritual «revolucionario» sobre la necesidad de cobrar impuesto a la exportación de granos en su estado natural. Impuesto que reportaría a la arcas estatales unos 400 millones de dólares anuales. La iniciativa es plausible, pero políticamente equivocada en las condiciones actuales. Pensar que un ingreso adicional significaría […]
Los senadores progresistas vienen insistiendo casi como un ritual «revolucionario» sobre la necesidad de cobrar impuesto a la exportación de granos en su estado natural. Impuesto que reportaría a la arcas estatales unos 400 millones de dólares anuales. La iniciativa es plausible, pero políticamente equivocada en las condiciones actuales. Pensar que un ingreso adicional significaría automáticamente beneficio para el país es no entender cómo funciona la estructura estatal, que los legisladores deberían comprender mejor que nosotros.
El incremento de las recaudaciones no siempre trae beneficios, al contrario, un aumento económico para el Estado puede tener efectos contrarios del que se persigue. El Paraguay desde el 2.011 recibe una compensación adicional de 240 millones de dólares anuales de Brasil por la energía no utilizada. A estas alturas ya recibió alrededor de 1.000 millones de la moneda norteamericana. ¿Cambió en algo la situación de los sectores populares gracias a ese dinero conseguido por el gobierno de Lugo?, parece que no. En el país siguen aumentando sostenidamente la pobreza y la desigualdad, según los propios senadores del FG, los impulsores del impuesto a la soja, y los informes de organismos internacionales como la FAO y UNICEF.
Entonces, ¿qué pasa con los millones de dólares que iban a convertir al Paraguay en un país de maravillas, según la propaganda de aquel momento? El dinero ingresa, pero no para combatir la pobreza, sino para aumentar la ya gigantesca burocracia estatal. Ahí van a parar esos dichosos dólares. Entre el 2.009 y 2.014 se duplicó el presupuesto de la policía nacional, de 200 millones de dólares trepó al doble. La delincuencia y la inseguridad también subieron en la misma proporción. Las escuelas y comisarias se caen a pedazos, los hospitales están desabastecidos, pero abarrotados de funcionarios. En los centros de salud hay médicos pero no medicamentos. El Ministerio de Agricultura duplicó su presupuesto, pero aumentó su burocracia; tiene más funcionarios de corbata que técnicos en el campo.
FONACIDE es un buen ejemplo. Este fondo creado para la inversión en desarrollo con recursos de Itaipú hasta ahora sólo sirvió para enriquecer a unos cuantos intendentes. Con FONACIDE se construyeron más mansiones que escuelas.
En el 2.011 el presupuesto de Defensa era de unos 100 millones de dólares. Actualmente ya sobrepasó los 250 millones y sigue en aumento. Salud y educación corrieron la misma suerte. Las estadísticas hablan que el Paraguay incrementó su inversión social, lo cual es cierto, sólo que el aumento presupuestario se destinó exclusivamente a la contratación de más funcionarios y en mejoras salariales. El director de fotocopias del Parlamento gana mejor que el ministro de Obras Públicas, por citar un solo caso.
El aumento de ingresos estatales antes que mejorar las condiciones de vida de la población se utilizó para fortalecer la burocracia estatal, esa forma perversa de dominación que tiene el poder; los militares que reprimen en el norte, la policía involucrada cada vez más en hechos ilícitos, y la fiscalía que se dedica casi exclusivamente a imputar a dirigentes campesinos.
Cobrar a los sojeros está bien, pero cobrarles sin un proyecto político que lo sustente está mal. Ese es el problema del progresismo paraguayo; sufre la carencia de un proyecto político. El Paraguay posee una débil sociedad civil, incapaz de disputar la hegemonía al poder dominante, hegemonía que no se disputa sólo en las elecciones, sino fundamentalmente en la formación de cuadros, las movilizaciones y el fortalecimiento de organizaciones sociales.
Una última cuestión, la ley del impuesto a la soja fue una creación original de los colorados Nicanor Duarte Frutos y Galaverna, no de la izquierda, lo que debe llamar la atención. El próximo año, cuando se empiece a debatir nuevamente sobre el impuesto a la soja, más que los trabajadores lo festejarán los funcionarios públicos, los mismos que hoy se preparan para votar disciplinadamente a los candidatos de la oligarquía en las elecciones municipales.
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