El incumplimiento de medidas de justicia y reparación para las miles de mujeres esterilizadas durante el gobierno de Fujimori, la falta de un Protocolo de aborto terapéutico y la prohibición de la distribución de la AOE en los centros de salud públicos, son temas sobre los que deberá responder ante dicha instancia internacional. Los días […]
El incumplimiento de medidas de justicia y reparación para las miles de mujeres esterilizadas durante el gobierno de Fujimori, la falta de un Protocolo de aborto terapéutico y la prohibición de la distribución de la AOE en los centros de salud públicos, son temas sobre los que deberá responder ante dicha instancia internacional.
Los días 2 y 3 de mayo, en Ginebra, el Estado peruano será interpelado por el Comité de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)-Comité DESC, sobre las medidas que está adoptando y los avances conseguidos para garantizar los derechos a la educación, al trabajo digno, a la seguridad social, al más alto nivel de salud, incluida la salud mental, sexual y reproductiva, de su población.
Para las organizaciones feministas peruanas DEMUS, Manuela Ramos, Promsex y el Centro de Derechos Reproductivos, es de suma importancia que el Estado brinde la información pendiente requerida por el Comité DESC sobre el rol del Estado en el reconocimiento, respeto, ejercicio y/o vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres peruanas, omitida en el reporte oficial, presentado en el 2009.
En tal sentido, la obstrucción a la investigación, sanción y reparación a las miles de víctimas de las esterilizaciones forzadas cometidas durante el régimen fujimorista, las limitaciones al acceso de las mujeres a la más amplia gama de métodos anticonceptivos, incluida la AOE, principalmente en las zonas rurales; y la falta de protocolización del aborto terapéutico, que impide su práctica aunque sea legal desde 1924, son algunos de los temas sobre los que deben responder los representantes estatales.
Las organizaciones feministas que elaboraron el informe alternativo alcanzado al Comité DESC, proporcionaron en el mencionado documento información sobre las barreras legales de acceso de adolescentes a los servicios de salud sexual y reproductiva, los problemas en el acceso a la anticoncepción, la mortalidad materna, la discriminación en el acceso a la salud para las personas LGTB y las políticas de prevención y atención del VIH, así como el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los casos de K.L. c Perú (Comité de Derechos Humanos) y de L.C. c Perú (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer).
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), aprobado por las Naciones Unidas en 1966 y vigente en el Perú desde 1978, constituye una poderosa herramienta jurídica a disposición de los Estados para la protección y promoción de los derechos humanos, en particular los que hacen posible un nivel de vida adecuado para las personas.