La cancelación del movimiento popular y el enfrentamiento con cualquier movimiento constituyente, fue el tributo de la izquierda para aplacar a los militares golpistas e ingresar en el Estado. El capitalismo español, ya sin freno, se empleó a fondo en su inclusión en la Economía Mundo, donde esperaba obtener y ha obtenido, enormes beneficios. A […]
La cancelación del movimiento popular y el enfrentamiento con cualquier movimiento constituyente, fue el tributo de la izquierda para aplacar a los militares golpistas e ingresar en el Estado. El capitalismo español, ya sin freno, se empleó a fondo en su inclusión en la Economía Mundo, donde esperaba obtener y ha obtenido, enormes beneficios. A ese proceso le llamó modernización y construcción europea
CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR EN EUROPA
Las condiciones económicas que posibilitaron 25 años de capitalismo con rostro humano en Europa, finalizaron a mediados de los setenta. La acción combinada del aumento del precio del petróleo, la mejora de las condiciones laborales y el aumento de la composición orgánica del capital, en un entorno de creciente apertura de las economías y de aumento de la competitividad, desequilibraron un modelo de acumulación basado en la centralidad de la demanda. A partir de aquí, se inició una lenta y progresiva evolución de las estrategias del capital europeo en base a la aplicación de nuevas tecnologías al proceso económico que posibilitaron el aumento de la productividad, la descentralización y deslocalización productiva, el aumento del paro y la desregulación laboral. Paralelamente, el creciente déficit público legitimó a los enemigos de la intervención del estado en el ciclo económico para impulsar procesos de privatización de empresas y servicios públicos, así como para remover las condiciones de protección al desempleo y la jubilación.
Estos procesos, de diferente configuración, ritmos e intensidad, según las tradiciones y resistencias en cada país, junto con los cambios en los procesos organizativos y productivos, propiciaron una creciente segmentación y apertura de diferencias en el interior de la clase obrera. La pérdida de la fuerza propia de los sindicatos es resultado y premisa de esta dinámica.
En la economía de demanda, propia del estado de bienestar, son funcionales todas aquellas medidas que favorecen el círculo virtuoso entre crecimiento de los salarios, de la producción y de la productividad, en un contexto de inflación moderada y equilibrio en las finanzas públicas. El pleno empleo es, en este paradigma económico, la condición para el pleno despliegue de las fuerzas productivas y la máxima producción de plusvalor. Al quebrarse este modelo, se produjo un cambio de paradigma. En la economía de oferta, el buen funcionamiento del ciclo económico exige como condición la competitividad, producir mas y mejor con menor coste que los competidores. Quien impide que los salarios varíen según las exigencias del mercado, se opone a la competitividad y dificulta las expectativas del beneficio del capital que, consecuentemente, reducirá o eliminará sus inversiones y con ello, se reducirán ó eliminarán los puestos de trabajo .
La izquierda mayoritaria europea, incluido el sindicalismo, había abrazado la teoría liberal de Keynes, es decir la teoría que teorizaba el funcionamiento del capitalismo en un entorno de crecimiento económico sostenido y pleno empleo, una vez perdidas las condiciones materiales que posibilitaban el pacto social, para defender los derechos sociales era necesario impedir el avance de la nueva lógica económica con sus secuelas de despidos, eventualidad, crecimiento del paro, desprotección social y privatizaciones. Eso exigía fuerza. Pero la mayoría de la clase obrera, pastoreada electoralmente por la izquierda social-demócrata, se había acomodado a una forma de trabajo y consumo que desconsideraba los efectos medioambientales y la explotación y esquilmación de los países pobres, en los que dicha forma de vida se basaba.
El verdadero activo de la izquierda mayoritaria europea al llegar la crisis de mediados de los setenta, no era una subjetividad crítica al capitalismo en la población asalariada, sino su integración plena en la lógica del capital mediante el consumismo irracional y la democracia contemplativa. La quiebra del empleo y el consumo como forma de pertenencia social para millones de personas, al no expresarse políticamente por la izquierda, han generado el descompromiso, el individualismo y la lucha entre los de abajo en pro de los puestos de trabajo escasos.
El capital europeo adquirió un rostro humano durante veinticinco años (para la mayoría de la población europea), no sólo por las oportunidades de inmensa reconstrucción y modernización económica que se dieron en la postguerra mundial, sino también por el poder constituyente de las revoluciones obreras europeas, una de las cuales triunfó en la Unión Soviética, dando paso a un sistema de bienestar social al margen del mercado capitalista. No se puede hablar, por tanto, de estado de bienestar sin tener en cuenta las condiciones políticas y económicas que lo hicieron posible.
Durante 25 años la construcción cultural de la clase obrera por parte de la izquierda europea, había consistido en fomentar la emulación de todos los valores de la burguesía, incluida la participación en el botín proveniente del saqueo de los países pobres, manteniendo una retórica mas o menos anticapitalista y solidaria con la humanidad doliente. Esto situaba el problema de la fuerza social y moral de la izquierda en el terreno del consentimiento de los poderes fácticos. Mas allá de las inevitables luchas locales o sectoriales, según la mayor o menor presencia de militantes sociales, la nueva lógica económica basada en precarizar y privatizar, se impuso y con ella, la teoría que la teorizaba, el neoliberalismo.
El prefijo neo, rompe con la promesa liberal de bienestar desde el crecimiento económico. Convierte el crecimiento en un fin autorreferente, emancipado del empleo, del bienestar, la naturaleza y la democracia. La globalización económica y la moneda única son buenas, no porque integren a toda la población, sino porque son la expresión de la máxima eficiencia económica. Las crisis sólo son la prueba de que la sociedad no se ha puesto totalmente de rodillas ante los dictados de la economía. Por eso, para superar dichas crisis, es necesario aumentar la fuerza de la política económica que las produce. Las resistencias sociales ante los efectos de desigualdad, pobreza, hambre y violencia que genera la economía (identificada con la democracia), son muestras de comportamientos irracionales, antidemocráticos y desde el 11-S-01, directa o potencialmente terroristas.
La inanidad de la izquierda mayoritaria, en perpetua retroalimentación con la impotencia y la expropiación del poder popular, solo podía, desde dentro de esa lógica, adaptarse a las nuevas formas del capitalismo en Europa, es decir, modernizarse. Durante veinticinco años de estado de bienestar en Europa, los sindicatos disciplinaban a cada empresario, interesado en que todos los empresarios, menos él, pagaran buenos salarios para que la economía prosperase y el pudiera vender bien sus productos. Ahora, los sindicatos disciplinan a los obreros para que acepten los sacrificios (minorados, eso sí, por su mediación negociadora), que la competitividad exige en una economía global.
Con el Acta Unica Europea de 1.986, se hizo visible la lógica que gobierna el proceso de construcción europea: la creación de un Mercado Unico. Un Mercado Unico necesita una moneda única. Esa nueva etapa se consagra con el Tratado de Maastricht de 1.992, que persigue una unidad europea que ya no es política, cultural, social, ni siquiera económica, sino exclusivamente monetaria.
La Europa resultante de este proceso es sólo una Europa para el Capital. Lo único que se unifica es el lenguaje del dinero, la moneda como elemento necesario para la unificación del mercado, verdadero contenido del proyecto europeo. Con estas condiciones que, voluntariamente, se dan los gobiernos se hipoteca la soberanía de dichos gobiernos para modificar la paridad de la propia moneda respecto a otras y la intervención pública en la economía. Se desiste del uso de medidas en defensa de las pérdidas de competitividad, de la dinamización económica y de la protección social. Lo que los gobiernos deciden, se presenta luego como un marco insuperable.
La debilidad política de las instituciones comunitarias, más intergubernamentales que europeas, junto a sus menguados medios para intervenir en la economía y la protección social, contrastan con la independencia política del Banco Central Europeo. Sin atenerse a control político alguno, tanto de los gobiernos y parlamentos nacionales como europeos, el BCE tiene como misión fijar la política monetaria (los tipos de interés) y velar por la estabilidad monetaria que exigen los capitales para moverse sin distorsiones por el espacio del euro.
El objetivo es la estabilidad monetaria a costa de lo que sea (precariedad, paro pérdida de poder adquisitivo de amplios sectores) y la estabilidad presupuestaria a cualquier precio (inviabilidad del seguro de paro y de las pensiones, privatizaciones). El euro unifica el lenguaje en el que se expresan las relaciones sociales capitalistas, el dinero. Las distintas monedas de los países capitalistas europeos, mantenían la capacidad de variar sus proporciones relativas mediante depreciaciones, distintos índices de subida de precios y distintos tipos de interés. El proceso constituyente del capital europeo, exigía acabar con las distorsiones debidas a las diferentes monedas y la estabilidad de los precios, incluido, en primer lugar, el precio del dinero.
El primer agente económico a disciplinar por la economía neoliberal es el estado, que maneja a través de los P.G.E. el 40% de la producción total de riqueza anual producida. El Tratado de Maastricht, limitó la capacidad del estado para intervenir en el ciclo económico, al establecer que el déficit público, es decir la diferencia entre sus gastos y sus ingresos, no podía superar el 3% del P.I.B. y que la deuda pública (suma de los déficit históricos) no podía exceder del 60% del P.I.B. En un contexto de protagonismo social del beneficio de las empresas, financiar el déficit subiendo los impuestos de forma progresiva, o bien acabando con el fraude fiscal de los ricos, no es «políticamente» posible porque ahuyentaría a los dueños del dinero.
Por lo tanto, la única vía para reducir el déficit del estado es reducir los gastos, aunque eso suponga abandonar a su suerte a los millones de perjudicados por un mercado de trabajo controlado por los empresarios, la imposibilidad de acceso de los jóvenes a una vivienda y la necesidad de una supuesta optimización de las empresas y servicios públicos, a través de las privatizaciones en sus diferentes formas e intensidades.
El Tratado de Ámsterdam de 1.997 incorporó, con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el compromiso de la estabilidad presupuestaria, independientemente de las necesidades sociales que tuviera cada país, bajo la amenaza de cuantiosas multas a los que incumplieran dicha norma. Este tratado fracasó en los intentos de modificación de la arquitectura política europea de cara a una ampliación de países miembros. Sin embargo, dio una vuelta de tuerca a la subordinación de la sociedad respecto a la estabilidad monetaria y al protagonismo del beneficio empresarial, al incorporar el Pacto de Estabilidad en la legalidad comunitaria.
Este Pacto establece que, salvo recesión económica, los países que incumplan las condiciones de déficit público mayor al 3% del PIB, tendrán, por ese solo hecho, una multa de 0’2% de su P.I.B. Por cada punto porcentual que exceda el déficit del 3%, la multa se incrementará en una décima (0’1% sobre el PIB) hasta el límite del 0’5%.
Las cantidades, que serán detraídas de los fondos de cohesión y los fondos estructurales que, presumiblemente, recibe el país infractor, permanecerán en una cuenta del BCE sin remuneración durante dos años. Si el país infractor persiste en su incumplimiento, a los dos años la cantidad retenida pasará a propiedad del BCE para ser repartida posteriormente entre los países que sí cumplan la condición de estabilidad presupuestaria. Estamos ante un caso de discriminación negativa. Los países más débiles, que son los que se verían obligados a gastar mas recursos públicos para superar sus deficiencias, serán castigados con sanciones económicas que les volverá más débiles aún, para acabar repartiendo esas cantidades entre los países virtuosos que serán los más fuertes.
La involución del Estado como mecanismo de redistribución de la renta y de protección social es de tal intensidad, que en posteriores acuerdos, los ministros del ECOFIN (Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea), han establecido el objetivo de Déficit cero. En esa política, como alumno adelantado, inscribe el Gobierno Español sus planes legislativos de Estabilidad y reforma fiscal:
Rebajar impuestos directos para atraer inversiones extranjeras y para que circule el dinero y active los negocios, aunque eso impida al Estado disponer de recursos para atenuar las desigualdades que origina el mercado.
Descargar al Estado del esfuerzo financiero de garantizar las pensiones, la sanidad, la educación, en la inteligencia que el mercado, la persecución del interés privado protegerá mejor estos derechos constitucionales.
Prohibir por ley la financiación de la inversión pública mediante endeudamiento de las administraciones. Precarizar y despojar de derechos al trabajo asalariado para hacerle transparente a las leyes de la oferta y la demanda, poner a las personas a los pies de los inversores de capital y de las empresas de tráfico de esclavos, aplastar las necesidades humanas para que no estorben al funcionamiento de la mercancía fuerza de trabajo.
Condicionar los subsidios y prestaciones por desempleo a la disponibilidad ante las empresas privadas, que ofrecen los contratos basura.
Flexibilizar los contratos a tiempo parcial de manera que ya no sean compatibles con los cuidados familiares sino el principal camino de ingreso al mercado de trabajo de jóvenes y padres de familia, cuyas madres y esposas deben estar en casa para administrar y optimizar los escasos ingresos.
Esta dinámica, que ignora y vulnera de forma estructural y continuada los derechos políticos y sociales, es una dinámica europea, impulsada o consentida por toda la clase política. Pero en España contiene elementos específicos. La forma como se instauró la monarquía parlamentaria permitió que la clase política y empresarial del fascismo ocupara el aparato del estado y las organizaciones de la gran patronal, ahora formalmente democráticas.
La cancelación del movimiento popular y el enfrentamiento con cualquier movimiento constituyente, fue el tributo de la izquierda para aplacar a los militares golpistas e ingresar en el Estado. El capitalismo español, ya sin freno, se empleó a fondo en su inclusión en la Economía Mundo, donde esperaba obtener y ha obtenido, enormes beneficios. A ese proceso le llamó modernización y construcción europea. Su precio no solo es patente en términos de precariedad, participación popular y libertades democráticas. Ante la falta de pulso de la clase obrera, resurge con fuerza la identidad original del moderno capitalismo español.
Los programas electorales de la izquierda cuando está en la oposición, demostrando sobre el papel que otra política económica es posible, contrastan con su entusiasta apoyo al proceso de unidad monetaria europea y la implacable ejecución de las políticas de flexibilización, privatización y represión de la protesta social, cuando está en el gobierno. Bajo gobiernos socialdemócratas, los períodos de depresión económica y el desmontaje de la protección social, han generado el estado de necesidad que obliga a millones de personas a aceptar «libremente» condiciones de trabajo por debajo de las leyes.
El consentimiento del fraude de ley generalizado en el mercado de trabajo y de la violación sistemática de las normas laborales para con los sectores precarizados, por parte de los empresarios, constituyen la condición para que éstas políticas funcionen. Las reformas laborales, impulsadas desde el gobierno, tanto por la socialdemocracia como por la derecha, han ido convirtiendo en legal lo que ya era moneda corriente ilegal en la realidad.
En los períodos de crecimiento económico, los nuevos contingentes laborales entran en el mercado de trabajo bajo condiciones, ya precarizadas, que son constantemente presionadas hacia abajo, en franco y abierto desafío al estado de derecho, reprimiendo a quienes pretenden ejercitar los derechos fundamentales de negociación colectiva, expresión, reunión ó sindicación. La alarma social, el miedo de masas y la inseguridad que este estado de cosas produce, se naturalizan al mirar la izquierda hacia otro lado, colaborando con ello a la profundización de las diferencias entre los estables y los precarios.
SINDICALISMO Y MONEDA UNICA EUROPEA.
La moneda única, el euro, no es un hecho beneficioso para el sindicalismo. Ni siquiera es un hecho neutral. La estabilidad monetaria exigida para estar entre los países del euro ha supuesto paro masivo, contención salarial, precariedad, ataque a las jubilaciones y a la sanidad pública. Pero una vez dentro del euro, los sacrificios para no salirnos y para evitar las sanciones, si se incumplen las condiciones monetarias y presupuestarias de Maastricht (1992) y Ámsterdam (1997), son mayores.
Estas condiciones son decisiones políticas que favorecen la seguridad para la inversión y el movimiento del capital. Sin embargo, se presentan como límites infranqueables para las políticas económicas y sociales. El orden monetario implica el desorden social. Más bien, el desorden y la inseguridad en la vida de millones de ciudadanos y ciudadanas, son la condición para el orden monetario, que garantiza el aumento continuado de la ganancia empresarial.
El sindicalismo, si quiere modernizarse y hacerse respetable, debe interiorizar estas normas. La defensa de las necesidades de los trabajadores y trabajadoras debe tener como condición el aumento, siempre insuficiente, de los beneficios. Cuando hay crisis no se pueden pedir reivindicaciones porque hay que salir de la crisis. Cuando no hay crisis, es decir, cuando hay prosperidad, no se pueden pedir mejoras porque se pone en peligro la continuidad del ciclo expansivo. La Comisión Europea deja claro el porvenir del sindicalismo en el euro:
«La Unión Monetaria comporta un cambio global en el que los requerimientos macroeconómicos se dirigen, clara y creíblemente, hacia la estabilidad de la nueva moneda. Este nuevo marco macroeconómico afectará a la forma en que se establecen en el mercado laboral los salarios y las condiciones de empleo. En la Unión Monetaria, al darse cuenta los sindicatos y empleadores de que ya no existe la posibilidad de devaluar monedas nacionales, los acuerdos de salarios variarán acordemente. Por lo tanto, en la hipótesis de unos sindicatos racionales completamente adaptables, se puede esperar la aparición de una conducta sobre salarios compatible con el empleo».
Esto tiene varios significados.
Primero, la convergencia es monetaria, no de salarios ni de condiciones de vida y trabajo.
Segundo, lo racional es plegarse a esto. Pretender que los precarios y eventuales tengan unas condiciones dignas es una quimera.
Tercero, si aceptamos la moneda única, aceptamos el control de la inflación, luego no se puede mejorar la capacidad adquisitiva. Si aceptamos la moneda única, aceptamos la contención del déficit público, luego no se puede pretender que los parados cobren un subsidio, ni que los jubilados mantengan, ni mucho menos mejoren, la estructura actual de las pensiones de jubilación.
Partiendo de aquí, el sindicalismo que luche por mejorar las condiciones de la gente, sin más, será el culpable de la pérdida de competitividad y por lo tanto del paro, causará el aumento del déficit público y con él, de las multas de la Unión Europea y será responsable de la inestabilidad monetaria, con lo cual, se retendrá la inversión y aumentará el desempleo. Es decir, la culpa del paro la tienen los sindicalistas.
Con la reforma laboral de 1997 y el Pacto de Toledo sobre Pensiones de 1995 y sus reformas posteriores suscritos por CCOO y UGT, el gobierno demostró que la precariedad y el recorte de pensiones fomentan el crecimiento económico, la creación de empleo y la estabilidad monetaria. Los sindicatos firmantes le han acompañado en ese razonamiento. El gobierno tiene legitimidad para continuar sin ellos. Máxime en un entorno de crisis económica que exige, para mantener el crecimiento y los beneficios, descargar las inestabilidades sobre la gente trabajadora.
El penoso sindicalismo mayoritario que padecemos se sustenta en algunas nociones que es necesario revisar. Desde el horizonte político de la moneda única, la competitividad y el empleo asalariado como única forma de pertenencia social, es imposible hacer nada más que gestionar la degradación del trabajo de la gente. No «echarse al monte», es decir, no impugnar la lógica del capital (globalización, euro, competitividad, etc.) sirve para legitimarse frente al poder, el Estado y una opinión pública conservadora y adoctrinada. Pero también supone un tipo de actividad que debe ser cada vez más «eficiente», más compleja, más centralizada y, sobre todo, más dependiente de los recursos ajenos y más alejada de la organización del conflicto social.
El sindicalismo mayoritario no se echa al monte, pero se deja en el monte, a merced de las leyes del mercado, a la mayoría de las personas asalariadas. Ese monte crece cada vez más. En él habitan, asalvajadas, cada vez más especies de «asalariados»personas, sobre todo jóvenes, compitiendo entre sí, en una ciega carrera hacia los puestos de trabajo escasos, propiedad privada de los empresarios. Sin enfrentar estos mecanismos y ensayar fórmulas para internarnos en esa selva, organizar y expresar el conflicto social oculto, sin un sindicalismo alternativo, no hay salida.
MOVIMIENTO OBRERO Y MOVIMIENTO CONTRA LA GLOBALIZACIÓN, LA EUROPA DEL CAPITAL Y LA GUERRA (M.A.G.)
Movimiento sindical y movimiento obrero no son la misma cosa. El primero es la forma que adopta la resistencia a la constante degradación que el capitalismo global impone a la población asalariada. Esta forma es dispersa, despolitizada, institucionalizada, burocrática y desprovista de discurso propio frente al discurso de la competitividad, la globalización, el progreso tecnológico y el consumismo. Por el contrario, movimiento obrero es un movimiento social que no solo defiende el precio y las condiciones de venta de la fuerza de trabajo, sino que también se plantea el problema de la subordinación total del trabajo respecto al capital, la crítica a la economía como principio que se impone a la política y a las relaciones sociales, el cuestionamiento de la propiedad privada de los empleos en manos de los empresarios que al darlos y quitarlos, dan y quitan los derechos económicos y políticos, además de los recursos de vida, a toda la población.
Los individuos aislados que luchan por mejorar la venta de su fuerza de trabajo en el mercado, habitualmente compitiendo entre sí, no son, en el sentido político del término, clase obrera sino fuerza de trabajo. La clase obrera como sujeto con una ideología antagonista, se muestra en un movimiento real. Eso hay que construirlo. Para su construcción es necesario un discurso que rompa con las categorías, los principios y los deseos que inocula, también en sus víctimas, la relación social llamada capitalismo. Mirando solo a la relación salarial, al interior de una empresa y a los intereses de cada cual, no se entiende nada y por lo tanto, se es prisionero de los discursos del enemigo. El movimiento obrero debe aportar su fuerza al movimiento antiglobalización y recibirla de las múltiples identidades presentes en el mismo. El diálogo y el apoyo mutuo entre la caleidoscópica identidad del movimiento antiglobalización es la condición para un poderoso movimiento anticapitalista. El internacionalismo de los movimientos antiglobalización constituye un eje esencial, también para el movimiento obrero.
El movimiento obrero puede, desde dentro del movimiento antiglobalización y en cooperación con otros movimientos, afrontar en mejores condiciones el déficit de expresión política organizada de la mayoría de la población asalariada (mujeres, jóvenes, inmigrantes, presos, minusválidos, excluidos, etc.), actualmente al margen de las organizaciones de la izquierda tradicional. Combinar la defensa del trabajo asalariado, con el impulso, fuera del mercado y del estado, de formas de producción, cooperación, consumo y sociabilidad al margen de la relación salarial, cada vez más totalitaria y excluyente. Defender un mínimo vital para una vida digna y criticar el deseo consumista irracional, compartido por la mayoría de la población, por su papel degradante de la conciencia y base de la complicidad de la población asalariada con el capitalismo y las Dictaduras Parlamentarias de Mercado que lo perpetúan.
¿QUE HUELGA GENERAL?
El primer semestre de 2002, con la Presidencia Española de la U.E., brindó un buen marco para desplegar una gran movilización popular, cuya desembocadura fue una forma primigenia de democracia participativa. Una gran huelga general contra la violencia del euro. Una huelga general es absolutamente necesaria para expresar políticamente el destrozo material y moral de la clase obrera. Podría suponer un punto de inflexión en el deterioro sindical y social si fuera el resultado de un intenso y generoso proceso de confluencia en la acción de múltiples sujetos y movimiento sociales. Si se concibiera como un salto cualitativo en un proceso, hoy inexistente, de acumulación de fuerzas populares, que impidiera el avance de esta lógica brutal llamada globalización,
Para que una huelga general consiga detener, en parte, la creciente explotación y recomponer, también en parte, la unidad y la confianza de l@s trabajador@s, debe conseguir, entre otros objetivos, la máxima integración con el M.A.G., recoger la fuerza de sus movilizaciones y en un círculo virtuoso, contribuir a potenciarlas.
La huelga general es oportuna. Tras casi veinte años de integración en Europa, el paro sólo baja con el aumento de la precariedad. La estabilidad monetaria y la moneda única, exigen trasladar a los costes salariales los desequilibrios competitivos con otros países. El Pacto de Estabilidad de los países euro, impide las políticas de gasto social para proteger a l@s damnificad@s por el mercado. El «progreso» basado en el libre comercio y el crecimiento, pone la competitividad en el puesto de mando. Esto exige más producción con menos personas. Una espiral de violencia que impone condiciones degradadas, degradantes y homicidas a la gente trabajadora. Las «ventajas» de la flexibilización y las privatizaciones se dejan notar a través de una inseguridad de masas sólo atenuada por la anestesia televisiva y un consumismo irracional. Los perjudicados por la globalización también somos cómplices de la misma. Por eso la precariedad genera sumisión y no rebelión.
La huelga general es proporcionada a la magnitud de los problemas sociales: dependencia y frustración de los jóvenes, desigualdad y subordinación de las mujeres sustentada en el beneficio de los hombres, violación de los derechos humanos de presos e inmigrantes, contaminación, precariedad, agobio, soledad, amenaza a las jubilaciones y a la protección social. La economía global traslada a la mayoría de la población todos los desequilibrios de una producción que no se planifica antes, según las necesidades de la gente, sino después, según las fuerzas ciegas del mercado.
La huelga general es democrática. No sólo como expresión de millones de perjudicad@s, sino también como rechazo a que el derecho del capital a unos beneficios siempre insuficientes, tenga más fuerza que el derecho a una alimentación suficiente y saludable, a un trabajo, una vivienda y una jubilación dignas, o que el derecho a la integridad física y a la vida, que pierden cada año miles de trabajadores, sobre todo eventuales. Pedir el respeto a los derechos sociales desde dentro de la moneda única es como pedir la cuadratura del círculo.
¿Qué huelga general? En los últimos dieciséis años hemos conocido cuatro huelgas generales de dimensión estatal. El 20 de junio de 1985 contra la Reforma de las Pensiones; el 14 de diciembre de 1988 contra el Plan de Empleo Juvenil; el 28 de mayo de 1992 contra el Decretazo, que reducía la duración y la cuantía de las prestaciones por desempleo; y el 27 de enero de 1994 contra la segunda gran Reforma Laboral. Con toda su importancia, este modelo de huelga general basado en paralizar la producción un día y sólo uno, no es válido. La prueba está en que no ha conseguido detener la maquinaria precarizadora y privatizadora. Con la huelga general del 20 de junio de 2002 contra el «decretazo» del PP ha pasado lo mismo. MAS aún con los «paros generales» de 15 minutos convocados por CCOO y UGT en contra de la guerra (14, 21 y 26 de Marzo de 2003) y el paro de 2 horas de UGT no secundado por CCOO el 10 de Abril del 2003.
Una huelga general, para ser realmente útil, debería presentar otro perfil.
Primero. No constituir un hecho extraordinario, aislado de un proceso de acumulación de fuerza en torno a objetivos estratégicos. La paralización de la producción a día fijo, con toda su importancia, es tan fácil de asumir por la patronal como un día de fiesta, con la ventaja de que se ahorra los salarios.
Segundo. No tener su centro de gravedad operativo únicamente en las empresas y ramas. El capitalismo global no sólo es producción, sino circulación y consumo de mercancías, no sólo es una actividad económica, sino también una forma de relación política y social. No sólo produce objetos para los sujetos, sino también sujetos para los objetos. Es decir, no hay un espacio de la explotación (las empresas) y un espacio de la democracia (la sociedad), sino un solo espacio social dominado por la persecución del interés privado. Enfrentarse a los efectos del capitalismo global supone movilizarnos como trabajador@s asalariad@s, pero también como consumidor@s, ecologistas, inmigrantes, jubilad@s, estudiantes de universidad y de enseñanza media, profesor@s, vecin@s, pres@s, … … La huelga general no debe ser sólo del trabajo asalariado, sino también del no asalariado, para visibilizar, como se pretende desde el feminismo, el papel del trabajo doméstico y de cuidados como sostenedor del capitalismo global y a las mujeres como perjudicadas por la falta de recursos sociales y el desentendimiento de los hombres.
Tercero. Para demostrar quien tiene la representación de l@s asalariad@s basta con un día de huelga organizada por los sindicatos. Pero si se trata de confrontar miles de conflictos aislados con las políticas que los originan, de incorporar decenas de miles de activistas sociales a la Política en general, de mejorar la vida de la gente y regenerar la democracia, los objetivos de una huelga general adquieren perfiles más complejos.
Cuarto. Una huelga general puede constituir el horizonte de una larga, ancha y profunda campaña social. Si se consigue la cooperación de la parte más activa de la sociedad, se despertará un deseo compartido, por primera vez en muchos años de desencanto y nacionalsindicalismo, que actuará como un poderoso multiplicador.
Quinto. Una huelga general debe rescatar del olvido el caudal de las setecientas mil firmas que en 1999, se recogieron por una ley de 35 horas, en cómputo semanal y sin rebaja salarial, por el reparto del trabajo, de todo el trabajo y por una Renta Básica como derecho ciudadano individual, incondicional y suficiente.
EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES, LA DEMOCRACIA Y EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN. NO A LA CONSTITUCIÓN EUROPEA. LO QUE MAS LES DUELE: NO VAYAS A VOTAR.
Nota: Este artículo forma parte del libro: «El Movimiento Antiglobalización en su laberinto. Entre la nube de mosquitos y la izquierda parlamentaria». VVAA. Editorial Catarata/Caes 2003. Otros materiales: en la web del CAES www.nodo50.org/caes