Crisis capitalista y gobiernos progresistas en América Latina

Son múltiples y variadas las causas que se pueden identificar como responsables de la crisis económica y política que experimentan las economías y los países del bloque progresista, en particular, y de América Latina en general.¹

En primer lugar, consideramos como marco global explicativo -que no siempre se contempla en los análisis- la crisis mundial capitalista en curso que se expresa en fuertes caídas de las tasas de ganancia en virtud de graves problemas estructurales que enfrentan los sistemas productivos para producir y reproducir valor y plusvalía en condiciones que posibiliten aumentar las tasas promedio de crecimiento económico de las principales economías capitalistas del orbe. Esta limitación estructural es lo que explica, grosso modo, el mediocre crecimiento de la economía mundial que sin considerar la participación de países fuertes como China e India, no rebasa el 3% promedio anual.

En segundo lugar, en nuestra entrega anterior² identificamos que la mayor parte de los países progresistas rebasaron con creces los límites y vicisitudes marcados por Washington en su diseño de las democracias «restringidas», «gobernables», y «viables», y sólo en este sendero toleradas en su «patio trasero». Al avanzar por el camino de una mayor participación por parte de amplios sectores populares, como se observa en Venezuela, Ecuador y Bolivia, dichos límites fueron rebasados, amenazando los objetivos geoestratégicos del imperialismo y los propios de las oligarquías nacionales y de sus derechas intransigentes. De aquí que, en el discurso de éstas, se asevere grotescamente que lo que caracteriza a los gobiernos y a sus mandatarios de estos países, es que «son autoritarios», «impopulares», y que no cuentan con la legitimidad política suficientemente sustentada en el apoyo popular. Los medios de comunicación dominantes (CNN, NTN24, TELEVISA, Clarín, O Globo) ocultan, por ejemplo, la frecuente presencia en las calles y puntos populares de reunión de un mandatario popular y legítimo como Maduro cuando camina entre miles y miles de manifestantes y en actos públicos y sin embargo lo presentan como un «dictador solitario» que se sostiene en el poder únicamente por la fuerza y por el ejercicio de la violencia. Esto para «restituir» la democracia y «superar» la crisis económica y política que ellos identifican con el progresismo y con sus políticas públicas porque, afirman, son las responsables de haber sumido a los pueblos en la bancarrota: escasez alimentaria, inflación, delincuencia y criminalidad, pobreza, emigración, ignorando los evidentes efectos de la crisis estructural del capitalismo mundial, la caída de los precios del petróleo (que afecta a todo el mundo y no sólo a Venezuela); la historicidad de la crisis derivada de un patrón de acumulación de capital centrado en el rentismo petrolero que, por cierto, viene desde la época de la Cuarta República, lo hereda el chavismo y sigue siendo la característica central del patrón de acumulación de capital prácticamente hasta la actualidad. Al respecto hay que destacar, sin embargo, para no caer en juicios fáciles en el sentido de que frente a la crisis y la dependencia petrolera no se está haciendo absolutamente nada, las intenciones del gobierno bolivariano de encaminar y concentrar esfuerzos para superar la dependencia de la renta petrolera y la crisis de aquí derivada, entre otras razones, por la fuerte caída de sus precios de exportación -situación que, por cierto, no es privativa de este país, sino prácticamente de todos los países petroleros, como ha ocurrido y está ocurriendo en el caso de México – mediante la puesta en marcha de 14 motores económicos para el desarrollo del país centrados en sectores como el farmacéutico, industrial, petroquímico y minería, construcción y sector forestal, industria militar, telecomunicaciones e informática, economía comunal, social y socialista, sector agroalimentario, exportador, banca y servicios. Habrá que evaluar, a mediano plazo, si un desarrollo económico sustentado en estos motores podrá revertir, en alguna medida, la fuerte dependencia del país de la renta petrolera y ser palanca de un desarrollo encaminado al socialismo.

Articulando lo anterior, consideramos un factor propio a la dinámica interna de las fuerzas progresistas, a sus izquierdas interactuantes y sus partidos políticos que han ponderado una estrategia de cambios sociales, económicos y políticos por etapas: figuran, en primera instancia, el desarrollo de políticas públicas de corte neodesarrollistas (las llamadas Misiones se inscriben en este proceso) que, sin embargo, si bien coadyuvaron a mejorar las condiciones generales de vida de las mayorías de la población en relación con la situación que privó durante el período anterior bajo el yugo de las dictaduras militares y, posteriormente de las democracias neoliberales alineadas a Washington, sin embargo, no transformaron el modo de producción capitalista ni sus relaciones fundamentales cimentadas en la propiedad privada de la tierra y de los medios de producción, en la explotación de la fuerza de trabajo por el capital y en la apropiación por este de las mercancías producidas por aquella.

A nuestro juicio, esto generó una suerte de impasse político en los contornos de la lucha de clases que posibilitó, por un lado, no profundizar ni radicalizar el proceso revolucionario en los países progresistas -obviamente sin achacarle toda la responsabilidad a los gobernantes, a sus partidos políticos y a las fuerzas de izquierda- y, por el otro, concomitantemente, permitió a las derechas, envalentonadas y desafiantes, acumular fuerzas que ahora utilizan sistemáticamente para derrocar por todas las vías posibles a dichos gobiernos bajo el cobijo de los Estados Unidos que ha rediseñado y actualizado su estrategia de contrainsurgencia con una nueva versión de la tenebrosa y terrorista Operación Cóndor que fue diseñad en el pasado por las dictaduras militares del Cono Sur, obviamente, bajo la coordinación y tutela de Estados Unidos para destruir los movimientos revolucionarios y a los opositores políticos a las dictaduras identificados con los movimientos y partidos de izquierda, particularmente, de la izquierda revolucionaria de la época.

La nueva derecha y la asimilación de sus fracasos

En el espectro político de las sociedades de clase, la derecha siempre ha existido en función de sus adversarios. En términos generales, está constituida por grupos, partidos políticos, fuerzas y agrupaciones sociales e individuos y por determinados medios de comunicación a su servicio, cuya función elemental es la defensa y preservación del orden capitalista y de sus relaciones sociales fundamentales, amparados en la existencia y prevalencia de la propiedad privada, del derecho de los poderosos a explotar y oprimir a los trabajadores para apropiarse de los productos de su trabajo: la riqueza social y para lo cual en general se sirven de la maquinaria jurídico-política y represiva del Estado

El historiador argentino José Luis Romero³ mostró que la derecha existe y muestra voluntad de cambio -elemento capaz de seducir e inclinar a ciertos sectores populares y de la izquierda a apoyarla- para preservar el orden y evitar su disolución. Valga esta elemental definición para aplicarla a la nueva derecha latinoamericana que viene proclamando a viento y marea su «voluntad de cambio» -aunque en realidad es de retroceso- en los llamados países con gobiernos relativamente antiliberales justamente mediante el retorno a los proyectos de factura neoliberal vigentes durante el período de la post dictadura en la región (1985-2016). Éste es justamente el caso actual de Argentina y de Brasil donde la derecha ha arribado al poder, en el primero, mediante un estrecho margen mediante el proceso electoral y, en el segundo, a través del golpe de Estado parlamentario y legaloide contra la institución presidencial legítimamente constituida. En ambos casos, además del de Venezuela pero desde la Asamblea Nacional, se ha prometido el «cambio» pero para retornar al pasado, es decir, al de la vigencia de las prácticas económicas y políticas francamente neoliberales impulsadas por los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento y el BID, obviamente bajo el auspicio de la prometida «ayuda» de Estados Unidos.

Usando masivamente los medios dominantes de comunicación, las nuevas derechas de vocación golpista han sembrado el pánico, el terror, la angustia y la incertidumbre entre los sectores populares y sabido asimilar sus fracasos de sus intentos de golpe de Estado primero contra el presidente Hugo Chávez (11 de abril de 2002) y, después, contra el presidente Maduro (12 de febrero de 2015) en Venezuela o, como ocurrió en Ecuador, contra el Presidente constitucional de ese país el 30 de septiembre de 2010.

Esta «asimilación» es sin embargo, muy significativa en la medida en que revela por lo menos dos hechos de enorme trascendencia: que ya no es tan fácil, ni factible, sin experimentar los costos correspondientes en destrucción material y en vidas humanas, una intervención militar del imperialismo norteamericano como ocurrió en el siglo XIX en América Latina y durante la década de los años sesenta y setenta del siglo pasado. Por otro lado, y articulando este hecho, refleja que frente al apoyo popular y la legitimidad política de que gozan los representantes de los gobiernos progresistas, la derecha tenga que «molestarse» y «desgastarse» con el juego de la democracia, de la presunta defensa de los derechos humanos (que obviamente la derecha venezolana en particular circunscribe a quienes considera «presos políticos», pero que en realidad son más bien políticos presos encarcelados por haber cometido crímenes de lesa humanidad y por incitar a la violencia contra las personas y los gobiernos constituidos mediante los procesos electorales) y con la idea de que la única manera de salir de la crisis y recuperar el crecimiento económico es mediante un cambio de gobierno obviamente a favor de las oligarquías, del capital nacional y extranjero y de las derechas. Al respecto, hay que mencionar que, frente a la crisis mundial del capitalismo y los problemas que experimenta el sistema imperialista global en las zonas calientes como el Medio Oriente, Ucrania o en América Latina, para mencionar las más encendidas, el capital y las derechas no cuentan con un proyecto alternativo frente a dicha crisis y su superación, que no sea explícita y fehacientemente la aplicación de las carcomidas políticas del neoliberalismo de libre mercado, de la expropiación violenta de las naciones y de los Estados de sus recursos marítimos, naturales, sociales, culturales y de los patrimonios arqueológicos de los pueblos originarios; del afianzamiento de los intereses del capital ficticio y especulativo; de la desreglamentación, flexibilización y precarización de todos los elementos que constituyen el mercado de trabajo para ponerlo al servicio de la explotación intensiva y extensiva de la fuerza de trabajo con el objetivo de obtener masas mayores de valor y de plusvalía con destino a las arcas de las empresas trasnacionales y de sus poderosos dueños. Realidad que estamos observando, de manera trágica y acelerada, a raíz del arribo de la derecha en Argentina y con el golpe de Estado parlamentario en Brasil contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff. Ambas experiencias están mostrando que su lumpenburguesía dependiente y atrasada, acostumbrada a recibir fácilmente las migajas del imperio a cambio de dar rienda suelta a la superexplotación de la fuerza de trabajo, al intercambio desigual, a la concentración de los ingresos y de la tierra, a la expoliación y explotación sistemática de los recursos naturales en virtud de que son economías que se han constituido como extractivistas y exportadoras en el contexto de una coyuntura internacional que en la primera década de 2000 benefició los precios de las materias primas y de los alimentos, contrariamente a lo que ocurre hoy de manera vertiginosa, por lo menos desde la crisis estructural y financiera del capitalismo mundial en 2008-2009, pero de manera particular, según la CEPAL, a partir del año 2012, que es cuando se han agudizado los problemas de países como Argentina, Brasil y de Venezuela, que muy bien han sabido aprovechar en beneficio propio las derechas decadentes y siervas del imperialismo.

Cuando uno oye hablar a un conspicuo representante de la ultraderecha venezolana, como el señor Henry Ramos Allup -actual Presidente de la oposición en la ­ Asamblea Nacional y miembro de la derechista Acción Democrática y de la MUD y que a su avanzada edad anda incitando a sus huestes golpistas a perpetrar la violencia contra las instituciones y la policía bolivariana⁴– por ejemplo sobre el tema relativo a qué harían en el remoto caso de que tomaran el poder él y su grupo para resolver la crisis económica del país, la aguda escasez inducida, la inseguridad, la cuestión de las largas colas para comprar los productos básicos en manos de la especulación («bachaqueo» o reventa de productos de primera necesidad) o frente a la inflación, en respuesta sólo invoca el sacrosanto evangelio del neoliberalismo y de la austeridad con su correlato en la privatización del petróleo, de la vivienda, la reducción del gasto social en materia de educación, salud, salarios, prestaciones y de las jubilaciones, obviamente con el socorrido y condicionado «apoyo» de la in [TER]versión extranjera, obviamente proveniente de Estados Unidos y de otros países europeos, como el Estado español a cuyo gobierno y empresarios tanto favores le debe por sus buenos oficios y servicios en los menesteres desestabilizadores del gobierno bolivariano.

Brasil: el audio que desnudó la conspiración golpista

Es muy probable que el curso de los acontecimientos en Brasil y en América Latina se pueda modificar no solamente para la depuesta presidenta y su partido, sino para el mismo gobierno interino responsable del golpe de Estado. Los medios brasileños plantean distintas alternativas a dos semanas de la votación de la admisibilidad del juicio de responsabilidad». Partiendo de la premisa de que es muy baja la probabilidad de que la presidenta pueda realmente superar el juicio político puesto que sus enemigos alcanzarían la mayoría calificada (55%) para destituirla definitivamente en la votación que se contempla llevar a cabo el 2 de agosto del presente, se abren tres posibilidades. En primer lugar, los propios errores y excesos que Temer pudiera cometer durante su gestión podrían conducir a un acuerdo para impulsar la realización de nuevas elecciones. Si las investigaciones del Lava Jato y los escándalos en que están envueltos los principales personeros del gobierno (más de la mitad de sus integrantes están siendo investigados por la justicia) y de los partidos políticos hicieran insustentable la presidencia interina, la salida podría ser que el Tribunal Superior Electoral, antes de diciembre, convocara a nuevas elecciones directas; pero si esto ocurre después, las elecciones serían «indirectas» el siguiente año y entonces sería el Congreso quien elegiría al nuevo presidente.

Estas alternativas, por lo pronto, permanecen envueltas en los graves problemas de corrupción e impunidad que se han puesto de manifiesto en los últimos meses de manera vergonzosa y ante los cuáles se exhiben los distintos personeros de la derecha que tratan por todos los medios de ocultarlos.

El punto más álgido se alcanzó el 23 de mayo cuando la Folha de S. Paulo difundió una grabación⁵, previamente realizada en marzo de 2016, es decir, antes del juicio político llamado Impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff y de la votación que la separó del cargo durante 180 días al aceptar el pleno del Senado Federal la «admisibilidad del crimen de responsabilidad» el 12 de mayo de 2016. El escándalo cayó como una bomba en los círculos políticos, las escuadras de la derecha, los medios de comunicación y en el pueblo brasileño. Puso al descubierto la conspiración golpista fraguada por la derecha en la que el señor Romero Jucá, senador, líder del PMDB y ministro de Planeación recién nombrado por el «presidente interino», Michel Temer, conversa con Sérgio Machado, expresidente da TRANSPETRO – que es una subsidiaria de Petrobras Transporte S.A. y la mayor procesadora en el país de gas natural – y donde asegura que es necesario un cambio del gobierno federal (refiriéndose al de Dilma Rousseff) para detener la Operação Lava Jato también denominada «petrolão» que investiga los delitos de corrupción. Esta Operación la inició la policía federal el 17 de marzo de 2014 para investigar el lavado de dinero y los delitos de corrupción existentes en el país. En posteriores audios difundidos en la prensa brasileña⁶ aparecen altos políticos involucrados en la conspiración golpista como el ex-presidente de la República José Sarney y el presidente del Senado Renan Calheiros, ambos involucrados en los escándalos de corrupción del Lava Jato y miembros del PMBD. Al escribir estas líneas un nuevo escándalo de corrupción salió a luz pública en un audio difundido por la prensa en el que el Ministro de la Transparencia, Fiscalización y Control, el señor Fabiano Silveira, recién nombrado por Temer, y que tuvo que renunciar a su cargo, conversa con el presidente del Senado, Renan Calheiros, acerca de intervenir en el Lava Jato con el objeto de conocer su situación. Como una prueba más de la trama de la conspiración golpista consideró una buena parte del público en el país y en el extranjero.

Como se puede apreciar es este el verdadero trasfondo del «impeachment» y el motivo fundamental del juicio político contra la presidenta que ese partido y sus aliados, como el PSDB que lidera el ex-candidato presidencial, Aécio Neves, también involucrado en dicha Operación entre otros, planeó y desencadenó para procesar a la presidenta con el objetivo de destituirla de la investidura presidencial. Como vemos lo del «crimen de responsabilidad» fue un pretexto de ese grupo para evitar que continuaran las investigaciones criminales alrededor de los graves problemas de desfalco y de corrupción donde se involucran empresas privadas, públicas y la misma petrolera estatal Petrobras.

El hecho es que en poco menos de dos semanas y a una velocidad impresionante -que sólo la iguala la Argentina de Macri- el gobierno interino se ha dado a la tarea de destruir y desmontar los programas y las conquistas sociales de los trabajadores bajo el yugo de las políticas monetaristas y neoliberales que se vienen aplicando en América Latina y en otros países del mundo, como en España, Grecia, Portugal y Francia, bajo las directrices macroeconómicas y políticas de reducción del gasto público para supuestamente corregir los desequilibrios fiscales y el déficit financiero de la balanza de pagos. Todo ello con cargo en una racionalización no solamente del gasto corriente, sino también del destinado a la creación de empleos, al aumento salarial, el recorte a los programas sociales y de Ministerios los cuáles han pasado de 31 a 23 en menos de dos semanas del interinato gubernamental. Sólo las protestas populares y de los artistas obligaron al gobierno a restituir la Secretaria de Cultura que había sido extinguida por órdenes del actual mandatario interino.

De acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos es posible aseverar que el gobierno interino ha considerado como irreversible la salida definitiva de la presidenta dado que no sólo está cambiando la política interna sino también la externa bajo una orientación de la cancillería encabezada por el tucano José Serra del mismo partido del ex-presidente Cardoso, completamente diferente opuesta a la del gobierno anterior, al ponderar el rediseño de las relaciones internacionales bajo los lineamientos de Washington y de sus proyectos de integración como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (Trans-Pacific Partnership, TPP por sus siglas en inglés) que promueve Estados Unidos y otros países que se mueven en su esfera como México, Perú y Chile.

En la eventualidad de que el Juicio Político o Impeachment no evolucionara hacia la destitución definitiva de la presidenta Dilma Rousseff, los organismos competentes como el Supremo Tribunal Federal (STF), el Congreso, los partidos políticos y los movimientos populares del país, tendrán que abocarse a la tarea de analizar, evaluar y determinar si los excesos del gobierno interino, en cuanto a los cambios radicales que está realizando a nivel del Estado, de la aplicación de las políticas neoliberales, así como en cuanto a los efectos perniciosos que lo anterior acarrea para la población, ameritan o no fincar responsabilidades judiciales y penales a quien o quienes resulten responsables de estos actos. Lo anterior debido a que, según distintos juristas y especialistas, el Impeachment sólo faculta al gobierno interino a realizar cambios de tipo administrativo de manera limitada, por lo menos hasta que no se desahogue el juicio político contra la presidenta y se decida si va a ser o no definitivamente removida del cargo.

¡No es posible que 55 senadores, la mayoría de ellos involucrados en las investigaciones de la justicia por indicios de corrupción, impongan su voluntad a 55 millones de ciudadanos y ciudadanas que eligieron al gobierno depuesto por el golpe!

Los senderos del golpismo y las posibilidades de enfrentarlo para derrotarlo

En los medios de comunicación se viene difundiendo la idea de que luego de la caída de Cristina Kirchner en Argentina, del arribo a la Asamblea Nacional de la derecha venezolana y, recientemente, de la separación temporal de la presidenta Dilma Rousseff de la presidencia en Brasil, como en un juego de boliche con bolos truqueados continuará «inexorablemente» la caída de los gobiernos de Correa, en Ecuador; de Evo Morales, en Bolivia; de Maduro, en Venezuela, y así «sucesivamente» hasta que no quede ninguno en pie en toda la región, en función, supuestamente, del «inminente agotamiento del ciclo progresista» latinoamericano que muchos, sin mayor análisis, prevén que va a ocurrir y está ocurriendo en virtud de un proceso casi metafísico que opera al margen y por encima de la historia y de la lucha de clases. ¡No es así!, por supuesto. El proceso es complejo, difícil, contradictorio e inesperado… pero también sorpresivo.

Lo más grave de esta situación es que sectores de la misma izquierda se han hecho portadores de esta difusión de ideas y, de alguna manera, opacan cualquier análisis profundo capaz de captar las raíces histórico-estructurales -y, por consiguiente, la coyuntura- de estos cambios en curso y de sus significados. Lo peligroso de estos enfoques y miradas conformistas y derrotistas del acontecer latinoamericano y mundial es que contribuyen a crear en la sociedad, particularmente en el exterior, una visión que termina por favorecer las concepciones dominantes de la derecha y el imperialismo, lo que coadyuva a legitimar, incluso, una intervención militar, como lo ha denunciado recientemente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, respecto a que, junto con la derecha, la OTAN se prepara para una posible intervención militar con el fin de destruir la revolución bolivariana y reemplazarla por un gobierno de derecha afín a los intereses de Washington. No es cosa menor respecto a las consecuencias a nivel regional y mundial que tal acción pudiera desencadenar. De aquí la imperante necesidad de contar con medios alternativos, como TELESUR, las redes sociales y otros medios independientes como instrumentos de lucha ideológica, mediática y teórico-política lo suficientemente capaces para contrarrestar los poderes mediáticos hegemónicos y de brindar la orientación suficiente a los movimientos populares, a los liderazgos y a las izquierdas no solamente para enfrentar o contrarrestar las acciones y estrategias de las derechas -incluso la intervención militar- sino fundamentalmente trascenderlas y difundir una alternativa anticapitalista y antimperialista capaz de convivir con la derivada del binomio: socialismo-democracia.

La derecha se nutre de su propia estrategia golpista, de los errores de sus enemigos, de la crisis capitalista cuya responsabilidad adjudica a los gobiernos progresistas, aunque solapa lo que ocurre en otros países en materia, por ejemplo, de violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como ocurre en Colombia, Perú o México, y, por último del financiamiento que le proporciona de manera condicionada Estados Unidos en el marco global de su estrategia de contrainsurgencia. Es posible también que la crisis estructural del capitalismo mundial, por un lado, radicalice y profundice las políticas de la derecha en el poder como está ocurriendo en Argentina y también en Brasil, dado que ambos tienen que retribuir con creces a todos aquéllos que los apoyaron -y apoyan- para desarrollar el golpe y llegar al poder: empresarios trasnacionales, capitalistas privados, especuladores, jefes paramilitares, políticos y partidos corruptos, organismos internacionales (FMI, BM), etcétera, todo ello impactando y deteriorando las condiciones de vida y de trabajo de las gran mayoría de la población mediante la especulación monetaria, el incremento del desempleo, de la inflación, de los recortes presupuestarios y del gasto social en materia de educación, salud, alimentación, vivienda y, en general, en los beneficios sociales que son objetivo de ataque de las fuerzas del neoliberalismo. Ante el desgaste de los gobiernos de la derecha éstos tienen que recurrir cada vez con mayor frecuencia a la represión y al uso de las fuerzas públicas para contener la lucha de clases y el conflicto social, cuestión que va mermando su «cuota de popularidad», como está ocurriendo con Macri en Argentina, donde ha caído en lo que lleva de su gestión alrededor de 25%.⁷ Lo que bien aprovechado puede ser una factor de convencimiento de los sectores populares de que la única vía de salida de la crisis y de los problemas estructurales y sociales del capitalismo es justamente el socialismo y la toma de decisiones desde abajo por el pueblo movilizado, organizado y entrenado frente a la necesidad de tener que responder ante cualquier eventualidad que se presente, incluso, la intervención militar.

Articulando todo lo anterior: la crisis, la violencia y la necesaria represión del Estado como mecanismos de contención del descontento y la lucha popular, pueden desencadenar el «efecto radicalización» del pueblo que precipite el deterioro y la caída de los gobiernos de la derecha, así como discutir los problemas de la transición del capitalismo al socialismo, o la plausibilidad de establecer temporalmente un gobierno de corte popular, aunque todavía burgués-capitalista que impulse políticas neodesarrollistas, similar a los que existen en el área del llamado progresismo. Todas son alternativas que están en la mesa de discusión y tarde o temprano tendrán que definirse y desarrollarse.

Por ello, las fuerzas populares y revolucionarias deben establecer una coordinación estratégica trasnacional que le permita desarrollar sus propios proyectos y, simultáneamente, apoyar los de los demás con el fin de fortalecerlos y consolidarlos.

Notas:

1^ Para el tema de la crisis véase mi libro: Crisis capitalista y desmedida del valor: un enfoque desde los Grundrisse, coedición Editorial ITACA-UNAM-FCPyS, México y David Harvey, Harvey, David, O enigma do capital e as crises do capitalismo, São Paulo, Boitempo Editorial, 2012.

2^ «Las nuevas derechas y la contrarrevolución latinoamericana. Apuntes para una comprensión de la coyuntura histórico-política en curso [I]», rebelión: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212538, 23 de mayo de 2016:

3^ José Luis Romero, El pensamiento político de la derecha latinoamericana, Buenos Aires, PAIDÓS, 1970.

4 ^ Véase la detención del Jefe de Seguridad de Ramos Allup acusado de financiar, por órdenes de su jefe, actividades violentas que culminaron en la agresión a 6 elementos de la policía bolivariana: VIDEO: «Joven confiesa financiamiento para actos violentos en Venezuela», en: http://www.telesurtv.net/news/Revelan-nexos-de-Ramos-Allup-con-agresores-de-policias-en-Venezuela-20160522-0009.html.

5^ http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1774018-em-dialogos-gravados-juca-fala-em-pacto-para-deter-avanco-da-lava-jato.shtml?cmpid=compfb.

6^ Véase la cobertura en la Folha de S. Paulo, 25 de mayo de 2016, en: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1774950-em-gravacao-sarney-promete-ajudar-ex-presidente-da-transpetro-mas-sem-advogado-no-meio.shtml.

7 ^ TELESUR: «Popularidad de Macri continúa en caída según sondeos», 30 de mayo de 2016.

Adrián Sotelo Valencia. Sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la FCPyS-UNAM.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.