Los 16 meses de gobierno de Pedro Castillo dejaron el sinsabor del fracaso, que se expresó en la improvisación, la corrupción y la absoluta falta de liderazgo del propio expresidente.
Una seguidilla de errores de gestión que tuvo su punto culminante en su irresponsable intento de “autogolpe” de estado; disolviendo las instituciones y pretendiendo gobernar por decreto; lo que generó un mayoritario rechazo nacional e internacional a su decisión, y el posterior fracaso del mismo y el contragolpe derechista a las pocas horas.
Con el “autogolpe”, la derecha peruana tuvo el argumento esperado para destituir a Castillo, el suicidio político del ex presidente le permitió al bloque conservador tener los votos en el Congreso para la vacancia e imponer sus condiciones políticas a la nueva gobernante (la entonces vicepresidenta Dina Boluarte, además de imprimir una derrota política y moral a las fuerzas de cambio que querían evitar la caída de Castillo, no tanto por convicción sino porque resultaba siendo el mal menor frente a la extrema derecha fujimorista, militarista y neoliberal.
Lo cierto es que el contragolpe derechista ha sido brutal, se ha instalado un gobierno que – por sucesión constitucional – lo preside formalmente la que fue vicepresidenta de Pedro Castillo, pero en los hechos son los sectores de la derecha ligados al militarismo los que tienen las riendas del país y han desatado una represión solo comparable con las dictaduras de los años 70 que asolaron América Latina y que hasta le momento ha costado la vida de más de 40 civiles, asesinados por las fuerzas policiales y militares, sin contar los cientos de heridos, las detenciones arbitrarias, las acusaciones – sin fundamento – de terrorismo y los toques de queda a fin de impedir la libre circulación.
Hoy existe unidad en el bloque dominante, la extrema derecha tiene todo el poder, solo le faltaba el gobierno, que con la caída de Pedro Castillo ahora está bajo su control. En el Congreso las bancadas de la derecha en todas sus vertientes mantienen una unidad y cohesión pocas veces vista en la política peruana, a ello hay que agregarle el pacto implícito de impunidad y cogobierno que – todo indica – tienen con las Fuerzas Armadas y las demás instituciones copadas; por los sectores más reaccionarios de la sociedad como son el Tribunal Constitucional o por la corrupción como es el caso de la Fiscalía y el Poder Judicial.
El bloque de izquierda y centro izquierda que apoyó a Pedro Castillo; y que al final solo lo terminó sosteniendo para evitar que la extrema derecha tenga todo el poder; se encuentra dividido, no tiene ninguna estrategia conjunta, las últimas movilizaciones y protestas expresan la falta de liderazgo y conducción de estos sectores en la movilización social, su ausencia evidencia su desconexión con el mundo popular además de lo espontáneo y anárquico de los reclamos en las calles y plazas. No existe hasta hoy un espacio que centralice y convoque las protestas, de ello se aprovecha el gobierno derechista para decir que no existen interlocutores o con quien sentarse a negociar una salida a la actual crisis política.
El escenario es complejo, no se ven salidas en el corto plazo, la derecha no quiere perder el gobierno que tomó por asalto, sin ganar las elecciones y utilizando a Dina Boluarte, una mujer llena de ambiciones y sin mayores brillos políticos. La derecha prefiere matar antes de ceder, y los hechos lo demuestran. La posible renuncia de Boluarte podría apresurar los plazos electorales, pero el gobierno seguiría en las mismas manos conservadoras, ya que asumiría el presidente del Congreso, José Williams, que es un militar cuestionado por sus antecedentes que lo vinculan a masacres campesinas durante la lucha contrasubversiva.
El adelantar las elecciones es una salida inmediata pero en ningún caso resuelve la profunda crisis estructural del país, siglos de racismo, centralismo y desigualdad no se corrigen de un día a otro, quizás el paso más certero sería que se abra un proceso constituyente y refundacional donde se establezca un nuevo pacto social en la sociedad peruana, la institucionalidad actual está agotada, pero la derecha no está dispuesta a permitir que el pueblo, el soberano, se pronuncie sobre si quiere o no un proceso constituyente. La derecha en el parlamento ha secuestrado la voluntad popular.
En el Perú se ha roto el equilibrio de poderes, nadie fiscaliza al gobierno, los grandes medios de comunicación han cerrado filas con la derecha más dura. Solo queda persistir en la movilización, utilizando el legítimo derecho a la protesta como forma de limitar las maniobras de la extrema derecha tanto en el gobierno y el parlamento, que pretenden hacer un proceso electoral a su medida y sin ninguna garantía. La movilización social debe buscar el apoyo internacional a fin de poner en evidencia la naturaleza represiva y criminal del régimen instalado. La presión y el aislamiento internacional será fundamental para obligar a la extrema derecha a ceder en sus posiciones, y por lo menos, lograr un proceso electoral con las mínimas garantías del caso.
El Perú vive su peor momento, gobiernan los que perdieron las elecciones, la democracia formal está deslegitimada porque esta no expresa la voluntad popular ni el contrato electoral establecido con las mayorías, razón teníamos algunos cuando creíamos que era preferible un gobierno mediocre como el de Pedro Castillo; que aún cuidaba las formas democráticas; a tener un gobierno de extrema derecha – como el actual – donde prácticamente no existe el estado de derecho.
Carlos Aguilar del Carpio. Docente Universitario. Doctor en Comunicación.
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