Mientras entrega el petróleo peruano a la empresa norteamericana Chebrón por 30 años, el régimen de la Boluarte anuncia con bombos y platillos una decisión bomba: Reabrirá la Colonia Penal de El Frontón para recluir allí a presos “de alta peligrosidad”. Unos dicen que 180, y otros que 2,000; pero allí los tendrá
Lo primero, tiene que ver con el escenario internacional: como Estados Unidos, urgido de petróleo aúlla ante el cierre de posibilidades de conseguirlo desde Venezuela, el Perú le ofrece generosamente el suyo. Así, la detentadora del Poder en el país se arrima al hombro de Washington y gana su complacencia para cuando tenga que rendir cuentas aquí por la muerte de decenas de peruanos y muchos otros latrocinios.
Lo segundo es más bien un asunto interno. Y tiene que ver con un aniversario sangriento. El 2026 se cumplirán 40 años de la Matanza de los Penales, ejecutada por el gobierno de Alan García en junio de |986. Para recordar esa fecha, el régimen ha resuelto en homenaje a los muertos que allí cayeron, reabrir el lugar que fuera escenario de tan horrendo crimen y levantar la tierra anegada en sangre como quedara desde entonces.
Esta decisión sólo se explica de una manera: la sangre, llama. En otras palabras, no se olvida. Y la olvidan menos quienes la derramaron quitando la vida a personas que en ese instante estaban desarmadas y se habían rendido después de una protesta por las condiciones infrahumanas en las que se hallaban recluidos.
Recordemos: el 18 de junio de 1986, cuando se inauguraba en Lima la Conferencia de la Internacional Socialista con la presencia de conocidas personalidades del mundo político; se registró una rebelión penitenciaria en tres Penales de la República: el CRAS de San Pedro, El Frontón y uno de mujeres del Callao.
Como quedó claro desde un inicio, el móvil de la acción fue llamar la atención internacional respecto a lo que ocurría en el Perú, donde un gobierno supuestamente Social Demócrata mantenía encarcelados a muchos peruanos sin sentencia, víctimas más bien de la “guerra sucia” que se había iniciado en el país bajo el pretexto de combatir al terrorismo.
Luego se sabría que fue el Consejo de Ministros el que al mediodía del 18 de junio resolvió declarar los Penales en “Zona Militar Restringida” y colocarlos bajo el exclusivo dominio de la Fuerza Armada. Así, ella llevó a cabo operaciones combinadas. No fue sólo un arma, o un sector de ella, la que intervino. En todos los casos se vieron involucrados en los hechos efectivos del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones.
En Lurigancho las cosas tuvieron un desenlace rápido. La Guardia Republicana, al mando del comandante Rolando Cabezas, tuvo el protagonismo. Ocupó el Pabellón Industrial tomado por los 124 presos que allí se hallaban recluidos y los obligó a rendirse. Luego los fue sacando uno a uno a la pampa, frente al Pabellón, y les disparó un balazo en la nuca. Fueron 124 los presos, y 124 los muertos que se registraron en esa circunstancia. No quedó uno sólo vivo.
Casi en paralelo, en El Frontón, Comandos Navales se apoderaron de la isla e intimaron la rendición a los presos que apenas tomaran un empleado penitenciario como rehén para “negociar” la deposición de su medida. Como los amotinados mostraron renuencia a rendirse, cañonearon el Pabellón Azul y lo derrumbaron sepultando a numerosos presos.
Alrededor de 60, pudieron salir con vida, pero fueron doblegados y sometidos. Se dice que finalmente sobrevivieron 3 o 4, pero casi todos fueron asesinados. Y en todos los casos, esas muertes fueron seguidas por entierraros clandestinos.
No se entregaron los cuerpos de los ejecutados a sus familiares. Simplemente se les ocultó y se les desapareció sin que se sepa finalmente dónde quedaron sepultados. Vale decir, se obró con extrema crueldad, de manera absolutamente perversa y francamente inhumana.
En el Penal de Mujeres, la cosa no pasó a mayores. Las autoridades del Centro controlaron la situación sin injerencia exterior y no se registró baja alguna.
Pocos días después, cuando fueron denunciados los hechos y quedó en evidencia la criminalidad de lo actuado, el propio presidente García se constituyó al CRAS de San Pedro y denunció a los autores de la matanza llamándolos simplemente asesinos. No se atrevió a hacer lo mismo en El Frontón porque eso hubiera significado enfrentarse a la Marina, y tanto no le daba el fuste.
Lo que ocurrió después, fue conocido. En la Cámara de Diputado denunciamos los hechos y logramos Interpelar al Gabinete Ministerial luego de duros debates. La correlación de fuerzas existente en la Cámara era en extremo desfavorable. Se trataba de 107 diputados apristas y solo 48 de Izquierda Unida. Se logró, sin embargo que parlamentarios del PPC y de AP así como independientes, se sumaran al pedido y este fue aprobado el 3 de septiembre de ese año.
La Interpelación tuvo lugar el martes 16 de septiembre y se prologó por casi 26 horas. Aunque la mayoría parlamentaria logró aprobar un “voto de confianza” al Gabinete, fue muy claro que éste no pudo responder a los cuestionamientos planteados por la oposición. Y allí no terminó la cosa.
Nunca dejó de exigirse el deslinde de responsabilidades, y aunque se consiguió poco, el entonces ministro de Justicia, Luis Gonzales Posada se vio forzado a renunciar. Fue considerado uno de los responsables de lo ocurrido.
Entretanto, la sangre quedó fresca en los Penales. Y sobre todo en El Frontón, que nunca se reabrió quizá por consideración a lo ocurrido. Ahora, que desempeñan altas funciones quienes no tienen reparo alguno y a los que les importa un comino la sangre derramada; se vuelve a hablar de El Frontón para “recuperarlo” como centro carcelario. Quizá sea el primer paso para consumar más adelante matanzas similares.
En las últimas décadas el Perú se ha convertido en un país carcelero. Hoy hay 106 mil reclusos en ambientes construidos para un total de 44,000. El hacinamiento penitenciario se ha tornado normal, pero también se ha normalizado el negocio penitenciario. Por eso hay Penales que no se han concluido, como el de Ica. Y otros, que simplemente han quedado en abandono por no resultar “rentables”. Ahora se busca invertir 500 millones de dólares en El Frontón probablemente para favorecer algún oscuro negocio.
De todos modos, lo que le interesa al régimen es que haya más cárceles y más presos. Eso, le dará imagen de “dureza” en el combate al crimen organizado y lo pondrá “en la línea de Trump”, que inventa “el Cartel de los Soles” para amenazar a un país al que quiere arrebatarle el petróleo.
Así fue en los años del fujimorato. En 1996 fueron detenidas 630 mil personas. Y al año siguiente 645 mil. Perseguir personas, capturarlas, aislarlas, torturarlas o desaparecerlas, era casi una distracción oficial. También lo era asegurar que murieran tras las rejas. Eso dejaba la sensación de un gobierno “fuerte”, “duro” “implacable” en el combate contra sus enemigos. Es eso, lo que se busca reeditar ahora.
No será fácil, sin embargo. La gente piensa y esta advertida. Además, ha vivido ya una experiencia dolorosa. Y sabe que tras esas cortinas de miedo y de silencio, se esconden negociados turbios, maquinaciones perversas, artificios truculentos.
Por lo pronto, el Tribunal Constitucional no encontró palabras para justificar la detención de Betssy Chávez, y optó por liberarla. No tuvo otra. Y el Poder Judicial enmendó la plana a una instancia inferior y dispuso la excarcelación de Martín Vizcarra, quien cerrara el Congreso el 2018 y alcanzara la más alta votación congresal el 2021. De eso se deja constancia a modo de corregir también dos lamentables errores de digitación registrados en mi nota de la semana pasada.
Pero volviendo al tema de El Frontón, hay quienes aseguran que, con la suma prevista para ese objeto, podría concluirse el Penal de Ica y construirse por lo menos cuatro más. Adicionalmente, cabe preguntarse ¿cuántas escuelas, y cuántas postas médicas podrían implementarse con la suma que hoy se piensa destinar para este oscuro y siniestro fin que bien podría responder a un febril llamado de la sangre?
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