En cadena nacional el 1° de marzo, Tabaré Vázquez lo había anunciado: las «pautas salariales» no se modifican como forma de contrarrestar el «brote inflacionario» (10,8% anual). Para algunos, es el regreso de la «ortodoxia monetarista». O sea, a la receta clásica del liberalismo económico: contraer el consumo interno, afectando los salarios y quitar circulante […]
En cadena nacional el 1° de marzo, Tabaré Vázquez lo había anunciado: las «pautas salariales» no se modifican como forma de contrarrestar el «brote inflacionario» (10,8% anual). Para algunos, es el regreso de la «ortodoxia monetarista». O sea, a la receta clásica del liberalismo económico: contraer el consumo interno, afectando los salarios y quitar circulante de la plaza mediante el encarecimiento del crédito. Aunque habría un premio consuelo: la cara «heterodoxa» del plan de ajuste incluiría una mirada atenta sobre los «excesos» en que incurren los «formadores de precios» (grandes empresas, supermercados, etc.) y multarlos si «abusan» de su posición dominante.
Lo cierto, es que en las 16 negociaciones colectivas (tripartitas, gobierno, empresarios, sindicatos) que se cerraron a marzo de 2016, el gobierno votó junto a las cámaras patronales. En ningún caso hizo lugar al planteo de los trabajadores. No se firmó ningún convenio en contra de los empresarios. El «desconcierto» de la cúpula del PIT-CNT se hizo notar hasta el punto de prever un año «cargado de conflictividad», una frase repetida, que solo puede quebrar la lucha y la organización de los trabajadores de base. Las tres notas publicadas en Brecha que a continuación reproducimos, dan cuenta de la estafa salarial en tiempos de «enfriamiento» de la economía y del «»fin de ciclo» de un «crecimiento» basado, pura y exclusivamente, en el boom de las exportaciones entre 2004 y 2014 y el arribo de inversiones extranjeras. Como el «viento de cola» se terminó y los empresarios exigen mantener el «margen de rentabilidad», el salario vuelve a ser la «variable de ajuste». Mientras tanto, entre los meses de enero-febrero-marzo, un nuevo golpe contra los asalariados: aumento de las tarifas públicas (luz eléctrica, agua, telefonía) el transporte, la alimentación, los costos en salud y educación. Como bien ha dicho Jair Krisschke, para definir la capitulación del PT en Brasil, «el progresismo es una forma de engañar a las izquierdas» (Correspondencia de Prensa, 11-3-2016). Y, sobre todo, un mecanismo de conciliación de clases para afirmar el «pacto corporativo» entre gobierno, empresarios y aparatos sindicales, en perjuicio del ingreso de la clase trabajadora.
(Redacción de Correspondencia de Prensa)
Consejos de Salarios: hijos y entenados
La conspiración de los iguales
Este año vencen 126 convenios colectivos, más de la mitad de los firmados, y todo el mundo sabe que la porción de torta a repartir será la más reducida de la última década. Esta nota se pregunta si no es ésta la oportunidad de que los trabajadores organizados procuren que la parte más grande le toque a los que más apetito tienen.
Salvador Neves
Brecha, Montevideo, 11-3-2016
Veintiocho pesos el boleto urbano. «El peso, por ejemplo, de los ajustes salariales incide mucho», alegó el intendente el 30 de enero pasado, cuando se anunció la medida. «Bajaron los combustibles pero aumentaron los salarios y los costos fijos que hacen al precio del boleto. Es matemática pura», insistió Martínez a Subrayado. Para el medio millón de uruguayos que cobran sueldos de 15 mil pesos o menos, y que, salvo que caminen o pedaleen, gastan en ómnibus la décima parte de lo que ganan, la insistencia en que el 72 por ciento de esa suma se utiliza para pagar remuneraciones muy superiores a las que ellos perciben debió recordarles un hecho un tanto amargo. De acuerdo a la información que proporciona el Banco de Previsión Social, la mitad de los trabajadores formales cobra salarios de hasta 20 mil pesos. La expectativa de irla llevando con sueldos superiores a los 20 mil, pero inferiores a los 37 mil, está al alcance para uno de cada cuatro. Otros, siete de cada 100, ganan más de 67 mil pesos; y el 3 por ciento, más de 104 mil.(1)
Cuando todavía falta que concluya la renegociación de algunos convenios que vencieron en diciembre, como el de las trabajadoras domésticas, que demandan que se definan las tareas («nos contratan para limpiar y después aparecen niños para cuidar», dicen), este año vencen nada menos que 126 convenios, 105 (la mitad del total de los vigentes) en junio (véase recuadro). Durante años se escuchó protestar a las cámaras empresariales porque el Poder Ejecutivo solía votar con los sindicatos. El año pasado, en las 16 negociaciones que se resolvieron por votación, gobierno y patrones siempre votaron juntos.
El mensaje presidencial del 1 de marzo pasado confirmó las perspectivas de que las negociaciones -complicadas desde el pique por la desaceleración del crecimiento económico- pueden ser duras. El lunes, en una entrevista concedida al Portal del Pit-Cnt, Fernando Pereira, presidente de la central de trabajadores, negó que tras los dichos el movimiento sindical hubiese «declarado la guerra» al gobierno, pero valoró que «de una u otra forma se nos declara un conflicto».
El transporte está resuelto, así que no habrá protestas por paros de este gremio. Habrá paros en otros, tal vez llegue a faltar algún producto, seguramente subirán precios. No faltará quien, como el intendente, recuerde a los quincemilpesistas indignados con los aumentos que, al menos en alguna parte, éstos se explican por las remuneraciones que otros trabajadores han obtenido.
Con ese nivel de ingresos, que el movimiento sindical logre que el Poder Ejecutivo modifique las pautas salariales y se cuente con su voto para mantener el salario real, objetivo en que insisten sin tregua los representantes de los trabajadores, parece muy poco. La cuenta es trivial: para un quincemilpesista tal triunfo implicaría a lo sumo unos 300 pesos más por semestre.
Esto mientras una encuesta de Equipos publicada el 27 de enero, que ordenó las instituciones de acuerdo a la confianza que depositarían en ellas los uruguayos, ubicó a los sindicatos en penúltimo lugar, sólo por arriba de los partidos. Parece razonable pensar que sería justo y conveniente que los sindicatos pusieran en el centro de la atención la situación de aquellos que trabajan dos o tres días al mes sólo para pagar el boleto.
Conciencia y estructura
«Si el movimiento sindical siempre lograse priorizar la situación de los más desfavorecidos, no se entiende, por ejemplo, por qué sigue sin modificarse el régimen de seguro de desempleo de los trabajadores rurales, que deja a tantos sin cobertura. El gobierno no quiere que se le dispare la inflación, está bien. ¿Pero cuánto podría costar arreglar esto?», argumentó a Brecha el sociólogo Bolívar Moreira, delegado del Ministerio de Trabajo en los consejos de salarios entre 2005 y 2014 y autor de algunos aportes a la sociología de las relaciones laborales en el campo.
(Una investigación de los economistas Andrés Dean, Estefanía Galván e Ivonne Perazzo mostró que si un 70 por ciento de los trabajadores rurales están formalizados en este país, los que de necesitarlo acceden al seguro de paro no llegan a la mitad de ese porcentaje, cosa que se mejoraría sustancialmente sólo con aplicarles el régimen vigente para el resto de los trabajadores). (2)
«Hay como una cultura en la que nadie se apura en poner en negro sobre blanco cuáles serían los sectores que se deberían priorizar y cuáles no. En realidad es más cómodo decir que todos somos trabajadores iguales y pedir reglas uniformes que lo que hacen es tratar igual a los que son distintos», afirmó Moreira. El sociólogo ha observado que «cuesta» hablar de estas cosas, que «son parte de lo no dicho».
«Utaa (Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas) y algún otro sindicato suelto señalan a veces estas cosas», comentó.
La explicación de este fenómeno «sin duda tiene que ver con que los que están mejor casi siempre coinciden con los que están más organizados e inciden más en la central», sostuvo Moreira. La discusión del salario mínimo se resuelve en un par de semanas, la de los salarios de cada grupo puede llevar meses. «En realidad, la central potencia las luchas de los más fuertes, pero no siempre sucede así en el caso de los más débiles. Si queremos que los que están más atrás avancen respecto de los que están mejor, los que están mejor deberían admitir estacionarse un poco, si no necesitaríamos una tasa de crecimiento que ni te cuento. En esto me parece claro el ejemplo de Adeom, que vivió un conflicto suficientemente importante como para esperar que la central tomara posición. El Pit-Cnt nunca le dijo explícitamente a Adeom ‘no te apoyo’ o ‘no te sigo en tales reivindicaciones'», ejemplificó.
Para Moreira resulta paradójico que esta dinámica «no le provoque ningún problema político a los que en teoría pelean para que los que tienen menos tengan más». Sin embargo, para el sociólogo la raíz del problema no está en los sindicatos. «En realidad, esa cultura se formó como en espejo de la cultura estatal. Fue el Estado el que diseñó esta lógica de negociación. Todos nos felicitamos de la ley de consejos de salarios y la consideramos un ejemplo formidable del legado batllista, pero en la medida en que organizó la discusión por ramas de actividad, determinó que los sindicatos se formaran en función de esa perspectiva. Un postulado histórico señala que a la misma tarea debe corresponder la misma remuneración, pero en realidad esa igualdad sólo se produce dentro de cada rama. ¿Cuál es la diferencia entre un peón de la construcción, uno de un depósito y otro de un establecimiento rural? ¿Por qué debería haber una diferencia?», argumentó Moreira. «Por eso, como en tantas otras cosas, yo creo que la responsabilidad está en la política, en el Estado, en los partidos», concluyó.
¿Hay algún sitio donde esto no funcione así? Fernando Errandonea también es sociólogo, autor de Pacto corporativo en América Latina (Ediciones El Mendrugo, Montevideo, 2014), donde repasa las experiencias mexicana, argentina, venezolana y uruguaya en materia de relaciones entre Estado, empresarios y sindicatos, para afirmar que, aun superada la era de las «reformas neoclásicas» (habitualmente llamada etapa neoliberal), subsiste «tercamente» un pacto cuya naturaleza corporativa bloquea el avance de alternativas francamente igualitarias. A la pregunta por las excepciones, Errandonea respondió que no conoce casos ni en América Latina ni en la mayor parte de Europa.
Donde las cosas sí funcionarían distinto sería en los países nórdicos (Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia y Dinamarca), pero la razón de que así sea no está para el sociólogo en que los sindicatos sean sustancialmente distintos, sino en que el Estado ha asegurado una gama de derechos universales que protegen a todos, empleados y desempleados, formales e informales, suficientemente robusta para acotar sustancialmente los incordios de la desigualdad. «Es el rol del Estado», subrayó. «Hasta el primer gobierno del Frente Amplio sólo tenían derecho a asignación familiar quienes trabajaban. Era una prestación contributiva. El gobierno fue el que la hizo universal. No recuerdo que los sindicatos hayan luchado por esto. Los sindicatos luchan por los derechos de los trabajadores y, en particular, de los trabajadores formales», concluyó.
Centro de Pereira
Hay quien no se resigna. «Esa discusión está presente en el movimiento sindical», aseguró a Brecha Jorge Peloche de Fuecys. «Nosotros en la mayoría de los convenios establecimos ajustes diferenciales. Sé de sectores de Aebu que se plantean la misma discusión. Hay que recordar que ahí están los bancarios clásicos pero también los trabajadores de Abitab o Red Pagos, que están como nosotros», ilustró. No siempre es sencillo lograr que todos acompañen esta idea: «cuando prima la lógica pesista, se te complica», admitió. «No sé si 50 mil pesos es mucho o poco, pero de alguna manera hay que definir un criterio y en alguno de nuestros convenios se aceptó que los salarios que alcanzaban esa cifra no tuvieran aumento para que fuera más importante el que recibían los peor pagos», agregó, sin embargo.
En algunos sectores una medida que podría conducir a acercar los salarios sería que la negociación se estructurara por cadenas productivas y no por rama de actividad, como sucede actualmente. «Vos sabés que el peón de tambo gana chirolas y el que está en la planta industrializadora, si es Conaprole, gana muy bien. Si la negociación fuera por cadena seguramente se mejoraría en mayor medida al peón de tambo que al trabajador de la industria. Esta es una discusión que está buena y está planteada. Pero ahora precisamente ese sector está en la lona», ejemplificó Peloche.
Uruguay además tiene sus cosas. Incluso Errandonea lo presenta como un caso desviado de su tesis. En un país de cercanías la distancia social entre los trabajadores mejor y peor situados no es insondable. Al menos hace 60 años que los «cuellos duros» y los peones de tambo creen que marchar juntos los beneficia. Tal vez eso en alguna medida explique que, a pesar de que según la encuesta de Equipos sólo el 39 por ciento de los uruguayos expresa confiar en los sindicatos, Uruguay sea uno de los países de América Latina donde esa confianza es mayor, siendo en esto sólo superado por Chile.(3)
El próximo lunes los representantes del Pit-Cnt se reunirán con los del Poder Ejecutivo para intentar acercar posiciones. En su entrevista del lunes pasado Pereira recordó el medio millón de trabajadores que ganan 15 mil pesos o menos, lo que «implica unos 13 mil pesos líquidos, y no hace falta aclarar que hay cientos de miles de trabajadores de 11 o 12 mil pesos, por lo que es lógico que nuestra preocupación inmediata es que, mientras la riqueza crezca, esos salarios tienen que mejorar». El presidente de la central añadió que es necesario discutir cómo se mantiene el empleo «porque para el que pierde su puesto de trabajo, aunque se logre un gran porcentaje de aumento de salario, eso significará cero. Ese es uno de los aspectos clave, mantener empleo y generar nuevos empleos (…). El otro punto clave es la mejora de los salarios sumergidos», ratificó. Falta saber si desde el Ejecutivo alguien aparecerá para cabecear.
Notas
1.Como los últimos datos disponibles en la web del Bps sobre la evolución de cotizantes son de diciembre de 2014 y la distribución por tramos de ingresos se presenta en función de la cantidad de bases de prestaciones y contribuciones (Bpc) a que equivalen esas remuneraciones, para actualizar los salarios consignados se los calculó tomando el valor actual de la Bpc, puesto que no parece haber razones para pensar que en 2015 haya habido cambios relevantes en ese aspecto.
2.»¿Acceden los trabajadores rurales al subsidio por desempleo en Uruguay? Análisis de la situación actual y simulación de esquemas alternativos», Documentos de Trabajo, Instituto de Economía, Udelar, diciembre de 2014.
3.Latinbarómetro, «La confianza en América Latina. 1995-2015. Veinte años de opinión pública latinoamericana», disponible en la página de la empresa.
Para este invierno
Ciento cinco convenios se vencen el próximo 30 de junio. Prácticamente la mitad de los vigentes, que son 216. Del 1 de julio en adelante se renegociarán salarios y condiciones de trabajo en una enorme variedad de actividades.
La mayor parte de ellas pertenecen a los grupos 10, 18 y 19, que involucran a los trabajadores del comercio y los servicios. «Call centers, áreas verdes y recolección de residuos siguen siendo sectores con los salarios más bajos y condiciones de trabajo bien complicadas. También la limpieza, pero firmó convenio por cinco años, por lo que su convenio no vence ahora. Supermercados, mayoristas y bazares estarían en un segundo escalón», señaló a Brecha Jorge Peloche, dirigente de Fuecys, la federación que reúne estos sindicatos. Para el dirigente el primer problema será definir al sector como dinámico, de actividad media o en problemas, cosa que, de acuerdo a las pautas establecidas por el gobierno, afectará el porcentaje de aumento que se le asigne. «El gobierno no ha dado parámetros claros para esta clasificación. Podría pensarse en que lo fuera la cantidad de gente que cada sector tiene en el seguro de paro, pero esto también puede indicar que en realidad se está operando en él una reestructura que hace que la productividad se incremente y con eso las ganancias empresariales. También podría pensarse en el nivel de ventas, pero ese número no suele estar sobre la mesa», ilustró Peloche. Y a continuación seguirá la discusión por los porcentajes. Fuecys espera además que la negociación no se restrinja a los salarios. En 50 de los subgrupos cuyos trabajadores representa la federación los convenios firmados establecen la creación de comisiones de salud y seguridad laboral, pero de éstas sólo funcionan cinco, y Fuecys espera lograr cambios en este sentido. «¿Cómo termina su jornada la trabajadora de un call center que está seis horas y media atendiendo reclamos todo el día, con una pausa de siete segundos entre llamada y llamada, pausa que antes ni siquiera existía? Cajeras de supermercado, vendedoras de tiendas, gente que trabaja en las carnicerías de las grandes superficies, si no están sufriendo tendinitis es más que probable que -por efecto de su tarea- la van a sufrir; hay cosas para hacer sobre eso», anotó el dirigente. La federación también espera lograr avances en materia de categorización; «en los depósitos de algunas grandes tiendas como Si-Si o Daniel Cassin tenemos trabajadores auxiliares de depósito, que cobran salarios de 15 mil pesos, cuya definición de tareas agrega, a las lógicas, la cláusula ‘y cualquier otra tarea inherente a su función’, cosa que permite que por 15 mil pesos terminen haciendo cosas muy distintas a aquellas para las que fueron contratados», graficó Peloche.
En esta instancia también se negociará la situación de 14 subgrupos del grupo 1 («Procesamiento y conservación de alimentos»), la mayor parte de los cuales estarán representados por la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines (Foeyma). Aquí también se anuncian discrepancias acerca de la situación económica de cada sector. «Las empresas que se dedican a las raciones balanceadas, sobre todo las que venden alimentos para mascotas, por ejemplo, han tenido un enorme crecimiento, y allí y en las fábricas de pastas es donde tenemos los sueldos más bajos. En el arroz los empresarios entienden que están perdiendo y la realidad dice otra cosa», explicó a Brecha Federico Barrios, de Foeyma. Según el dirigente, en estos sectores los salarios más bajos llegarán a 15 mil pesos recién cuando se haga el ajuste de julio.
Los convenios de la construcción y la industria frigorífica vencen en setiembre, pero los de tres rubros de esta última (avícolas, chacinados, y carga y descarga de carne) caen también el 30 de junio. Luis Muñoz, de la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica), enfatizó que «la industria de la carne no tiene ningún tipo de problemas, tenemos el mismo trabajo que hace cinco años, y si tenemos problemas es con las pautas, porque señalan porcentajes muy inferiores a los que el sector puede dar». ¿Y las avícolas? «La única que exporta es Tres Arroyos. Es cierto que no le está vendiendo a Venezuela, pero está sacando la producción para otros destinos, vuelca también al abasto interno y en cualquier momento vuelve a venderle a Venezuela. Chacinado tuvo años de crecimiento explosivo, de 2007 a 2014, y ahora paró un poco pero está en lo real.» En carga y descarga la complicación está en que los frigoríficos tercerizaron la tarea ya desde los ochenta. Entre los trabajadores de ese rubro y los de las avícolas estarían los problemas mayores, «sueldos de 15 o 16 mil pesos, que son bajos y que no tienen razón de ser en una industria que marcha como marcha ésta», consideró Muñoz.
Tres subgrupos de la pesca, ocho de la química, dos de los trabajadores rurales y el fútbol también serán parte de la tanda de julio.
El gobierno y la negociación colectiva
Cuestión de clase
Hugo Dufrechou *
Entre los meses de enero y marzo se cerraron las negociaciones de los grupos y subgrupos que estaban negociando desde 2015. El hecho destacable de esta nueva ronda de negociación colectiva ha sido que en 16 oportunidades el Poder Ejecutivo votó junto a las patronales en contra de los trabajadores, mientras que en ningún caso ocurrió lo inverso. O sea, no se firmó ningún convenio con los trabajadores en contra de los empleadores.
Esto ha provocado una sensación de desconcierto a nivel sindical, sobre todo entre quienes tenían confianza en que el gobierno votaría con ellos en caso de tener que definir una mesa de negociación.
Sin embargo, el presidente Vázquez en cadena nacional despejó cualquier duda al defender la política laboral de su administración y al asegurar su mantenimiento. Para abordar la interrogante sobre el futuro, y encontrar algunas explicaciones sobre lo que pasó, vale la pena repasar un poco parte del proceso que confluyó con las resoluciones de las mesas de negociación resueltas. En primer lugar, cabe analizar los lineamientos elaborados por el Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Mtss) a mediados del año pasado. Estos establecen aumentos salariales nominales diferentes según la catalogación de cada grupo de negociación de acuerdo a: su nivel de actividad, el envío de gente al seguro de paro, o por los subsidios que recibe.
La lógica de los aumentos salariales nominales es el avance de uno de los objetivos explícitos en los lineamientos de la ronda de 2013, pero que sin embargo recién en la actual ronda se efectiviza. Esta tiene como cometido romper con la lógica de determinación salarial de «ajuste por inflación más un aumento real». Con esta fórmula, el aumento del salario real sólo será posible si la inflación en los primeros 18 meses (o la inflación en los primeros 24 meses para los convenios firmados a tres años) es menor al porcentaje del nivel de aumento.
Para poder mantener el poder de compra de los salarios, en los convenios a tres años se hará un correctivo por inflación al final del segundo año. En los acuerdos a dos años, el correctivo será al final del convenio (también con una espera de 18 o 24 meses). A su vez se mantiene una cláusula gatillo -que hace que si la inflación acumulada desde el inicio del convenio pasa determinado límite, se aplica un ajuste adicional entre la diferencia de la inflación acumulada y el ajuste salarial correspondiente-, que se activa si la inflación anual pasa del 12 por ciento (en los convenios anteriores se fijó una inflación anual del 10 por ciento). Esto deja entrever dos cosas, la primera es que en el mejor escenario (con correctivo de inflación al año) los trabajadores podrían compensar su salario real a los 18 meses (cabe consignar que dado cómo viene la dinámica inflacionaria en la mayoría de los casos nunca va a aumentar). Lo segundo es que al ampliar el límite inflacionario en la cláusula gatillo y al mantener las metas de inflación incambiadas, el gobierno acepta en los hechos que tales objetivos no se cumplirán, haciendo que el aumento generalizado de precios signifique una transferencia de dinero desde los trabajadores y el resto de las personas que reciben partidas fijas de dinero hacia los empresarios, que tienen partidas de ingresos variables. En efecto, el aumento de tarifas de algunas empresas públicas en enero y el último dato de inflación acumulada de 10,23 por ciento dan cuenta de ese fenómeno.
Por último, vale mencionar la importancia que se le da en los lineamientos a la condicionalidad de los aumentos salariales al aumento de la productividad laboral. Más allá de si actualmente hay niveles de productividad deseables o no, esta lógica es peligrosa para la clase trabajadora por diversas consideraciones: a) no es única la forma de medir la productividad, por lo cual se debería discutir cómo se va a captar; b) es difícil identificar cómo recompensar individualmente a un trabajador por su productividad, cuando ésta depende de tareas y procesos colectivos; c) la productividad laboral no sólo depende del esfuerzo y la habilidad de los trabajadores, sino también de otros factores como la organización del trabajo o el nivel de inversión de la empresa -aspecto en el cual, en organizaciones privadas y jerárquicas, los trabajadores no tienen ninguna responsabilidad; d) también se presenta como un problema la asimetría de información en cuanto a los niveles y la captación de la productividad, es decir, los dueños de la empresa tienen incentivos para esconder la información a los trabajadores; e) por último, suponiendo que se superan todas las trabas anteriores (y varias otras más), aceptar que se aten los aumentos salariales a la productividad es aceptar que la masa salarial no puede disputar el excedente de la producción, por lo cual no puede haber cambios en la correlación de fuerzas sobre la distribución del ingreso.
Estos lineamientos marcan un claro retroceso para la clase trabajadora, no deben verse únicamente como un viraje conservador del gobierno en materia laboral, hay que ampliar la mirada para entender este movimiento. Concibiendo al Estado como la síntesis de la correlación de fuerzas en el interior de la sociedad, la hipótesis que planteamos es la de un nuevo avance de las clases dominantes en el terreno político-económico. Este avance puede tener como punto de partida el año 2013, cuando las principales cámaras empresariales lanzaron el documento «Aportes para una agenda de mejora. La competitividad y el desarrollo de Uruguay», donde se expone un programa económico político con muchos puntos de contacto con los lineamientos del Poder Ejecutivo.
La beligerancia de los sectores empresariales está alentada por el desaceleramiento de la economía, la caída de los precios de las materias primas y, como consecuencia, la pérdida de captación de renta extraordinaria. Esto genera que los sectores empresariales necesariamente operen para cambiar la correlación de fuerzas de modo de ampliar sus márgenes de rentabilidad, atacando el salario (directo en el caso de los consejos de salarios, pero también el indirecto, exigiendo menor gasto público o atacando a las empresas públicas).
Este avance ha hecho mella en el gobierno, al aceptar la premisa de una suerte de «curva de Phillips» original,1 en la que el salario real atenta contra el nivel de empleo. Este precepto también lo expuso el presidente Vázquez, al contestarle indirectamente al Pit-Cnt el pedido de modificación de los lineamientos para los consejos de salarios (en especial en la modificación del tiempo de ajuste por inflación para 12 meses), al decir: «en el plano de las negociaciones salariales, y a los efectos de evitar un mayor impacto negativo sobre el empleo se requiere mantener los lineamientos salariales diseñados en 2015».
Por otro lado, está presente el combate a la inflación partiendo de la perspectiva de cortar la «espiral de precios y salarios».2 Sin embargo, un estudio de la consultora Cinve demuestra que para el caso uruguayo (y para el período poscrisis hasta 2012), los aumentos salariales sólo se trasladan en un 30 por ciento a precios. La elección del ataque a los salarios para el combate de la inflación debe ser entendido como una política de clase, dado que mientras se ataca el salario, el gobierno permite la depreciación del dólar para compensar la rentabilidad de los sectores exportadores, así como incrementa las tarifas de las empresas públicas para aumentar los ingresos del Estado sin tener que proponer una nueva modificación de la estructura tributaria.
Durante este año vencerán los convenios colectivos de 126 subgrupos, donde destaca la mayor parte de la industria así como la construcción. Se prevé un año cargado de conflictos, que -tal cual ha venido sucediendo a nivel regional- profundizará la puja entre las clases para poder modificar a su favor la correlación de fuerzas sociales. Independientemente de la buena voluntad, el pasado político o la ideología de los representantes del gobierno, los reales actores de esta partida serán las organizaciones de las clases en pugna: partidos, sindicatos, cooperativas, cámaras empresariales y medios de comunicación. La reivindicación de la acción política en un contexto estructural desalentador, así como la independencia de las organizaciones de clase, serán las claves para la intervención en esta etapa.
* Integrante de la cooperativa Comuna.
Notas
1.La curva de Phillips expresa una relación inversa entre salario real y empleo. Esta constatación la hizo el economista neozelandés Alban William Phillips, que en 1958 llevó adelante un estudio llamado «The relationship between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom 1861-1957», y cuyas conclusiones se han tomado como regla general para el sistema capitalista, a pesar de que él mismo en su estudio las relativiza.
2.2. Se le dice «espiral de precios y salarios» al fenómeno que haría que un aumento de salarios se traslade directamente a los precios generando un alza inflacionaria directa. Ante esta suba de precios, los salarios deberían volver a aumentar para no perder poder de compra y se reiniciaría el ciclo generando una espiral.
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