En Nicaragua, como hace más de 10 años no se hacía, la población se ha unido para hacer alianzas en contra del gobierno de Daniel Ortega, contra los abusos de la fuerza policial, tortura, secuestros y asesinatos cometidos por grupos paramilitares afines al gobierno, y para exigir la democratización del país, justicia para las víctimas […]
En Nicaragua, como hace más de 10 años no se hacía, la población se ha unido para hacer alianzas en contra del gobierno de Daniel Ortega, contra los abusos de la fuerza policial, tortura, secuestros y asesinatos cometidos por grupos paramilitares afines al gobierno, y para exigir la democratización del país, justicia para las víctimas y la renuncia de su presidente, Daniel Ortega.
En entrevista con Cimacnoticias, las defensoras de Derechos Humanos, Evelyn Flores y Juana Antonia Jiménez, conversaron sobre los acontecimientos ocurridos en aquél país desde abril pasado, cuando la población se congregó en una marcha en protesta por el incremento en las cuotas de pensión, teniendo como respuesta del gobierno la represión que ocasionó la muerte de 212 personas, y más de un mil 337 personas heridas.
Ambas coinciden en que defender los Derechos Humanos en medio de esta crisis se ha vuelto aún más difícil pues las defensoras se han convertido en un blanco de ataque al grado que no están seguras ni en sus casas.
Desde hace 10 años cuando Daniel Ortega asumió el poder, el hostigamiento, asesinatos y amenazas contra defensoras ha provocado que más de 200 defensoras hayan sido víctimas de algún tipo de violencia.
La representante nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, Evelyn Flores, comentó que el gobierno de Daniel Ortega, busca «sembrar miedo, silenciar sus voces y romper la cohesión social que se ha construido en el país bajo el lema: «Nicaragua te peleamos o te perdemos».
Dijo que el gobierno amenazó a las defensoras con tenerlas identificadas y que muchas han buscado refugio en otros países, pero para la mayoría esta situación no es tan fácil debido a las dificultades económicas y por la demora en la respuesta de los países donde se solicita el refugio.
De acuerdo con datos proporcionado por Evelyn Flores, en los últimos dos meses más de 160 defensoras han sufrido algún tipo de violencia, de las cuales sólo 16 tienen medidas cautelares, 12 se han desplazado de sus territorios, 7 dejaron el país y el resto sigue en espera.
«El gobierno ha asegurado activar el mecanismo de represión que irá más allá de una simple amenaza», y agregó que en redes sociales circulan «unas listas» hechas por el gobierno con los nombres y direcciones de las defensoras, que sirven, aseguró, para que los grupos paramilitares identifiquen dónde pintar amenazas con sangre o qué casa deben quemar o balacear.
En este sentido, declaró que esta situación es muy grave, pues no sólo se pone en riesgo la vida de las defensoras, sino también de sus familias. Recordó que al principio de los dos periodos presidenciales de Daniel Ortega, la violencia ejercida por sus grupos sólo acontecía en las calles o en los lugares de trabajo, pero no en los hogares.
Señaló que el gobierno ha empleado recursos estatales para difundir «calumnias» que desprestigien las décadas del trabajo de las defensoras así como los espacios de comunicación, también se ha asesinado a periodistas que tienen posturas contrarias al gobierno, con el fin de acallar las voces de lucha y mostrar ante los medios de comunicación una imagen tergiversada de lo que ocurre en el país.
Lamentó que lo anterior posibilite que los actos de vandalismo de las y los seguidores de la «dictadura sandinista» queden en la impunidad y ejemplificó los grupos de jóvenes conocidos como «turbas sandinistas», que son enviados por el gobierno para cometer actos de vandalismo en lugares emblemáticos y culpar de éstos a las y los líderes del movimiento.
Explicó que ante las pocas opciones de seguridad, hace cuatro semanas, la población nicaragüense colocó tranques (barricadas) en diversas zonas de sus ciudades para obstaculizar el paso de los paramilitares, lo que ha dificultado el tránsito de los transportes que abastecen los hospitales con medicinas y a los comercios con alimentos.
Alertó que de no recibir apoyo o ayuda de alguna otra institución u organización, el panorama para Nicaragua se ve sombrío pues el número de personas fallecidas podría ser mayor debido al recrudecimiento de la violencia.
En entrevista por separado, la directora ejecutiva del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), organización de DH, Juana Antonia Jiménez, lamentó que ser defensora en Nicaragua sea sinónimo de muerte, pues desde enero de este año viven acoso de paramilitares y grupos afines al gobierno, amenazas por parte de la Policía Nacional a través de llamadas telefónicas, se les fabrican delitos, las agreden físicamente y les toman fotos.
Ante el panorama de violencia que vive Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anunció la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento Para Nicaragua (MESENI) que dará seguimiento a las recomendaciones hechas tras su visita al país, así como el envío de su equipo técnico, el cual llegó el 24 de junio y se quedará hasta que lo requiera el país.