De acuerdo con la suspensión decretada la semana pasada por el primer ministro conservador Boris Johnson, el Parlamento británico deberá cerrar sus puertas la próxima semana y no las volvería a abrir hasta el 14 de octubre, 18 días antes para que se produzca el brexit abrupto, o sea la salida sin negociación del Reino […]
De acuerdo con la suspensión decretada la semana pasada por el primer ministro conservador Boris Johnson, el Parlamento británico deberá cerrar sus puertas la próxima semana y no las volvería a abrir hasta el 14 de octubre, 18 días antes para que se produzca el brexit abrupto, o sea la salida sin negociación del Reino Unido de la Unión Europea.
Un grupo de 75 diputados (tanto de la oposición como del partido del gobierno) contrarios al brexit abrupto puso en marcha la maquinaria para aprobar una ley que lo impida y que obligue al gobierno a pedir a la UE que lo retrase si para el 19 de octubre ambas partes no han llegado a un acuerdo.
Este miércoles el Tribunal de Sesiones de Edimburgo (Escocia), dictaminó que Boris Johnson actuó de acuerdo con la legalidad cuando decidió suspender temporalmente -del 12 de septiembre al 14 de octubre- el Parlamento. El juez Lord Raymond Doherty ha afirmado que la acción del Gobierno «no contraviene la ley», porque la potestad de suspender la Cámara de los Comunes «es un poder reservado al Ejecutivo».
Se espera un recurso y otros tribunales de Inglaterra e Irlanda del Norte se pronunciarán sobre casos similares, mientras otros diputados opositores a la maniobra de Johnson introdujeron el martes una moción de emergencia para frenar un brexit duro y eludir así la estrategia de Johnson con el cierre parlamentario.
Quedan ocho semanas para el 31 de octubre, la penúltima fecha marcada para la retirada de Reino Unido de la UE. Y en Londres no sólo no se ha aprobado el acuerdo alcanzado por Theresa May y Bruselas, sino que aumenta el caos, con la hipótesis de unas nuevas elecciones sobre la mesa.
Johnson insiste en negarse a pedir una extensión a Bruselas y, como aseguró que haría si el plan de la oposición y los rebeles ‘tories’ de impedir el brexit sin acuerdo salía adelante, ha respondido sacando la ficha de las elecciones anticipadas. El 14 de octubre es la fecha más probable para unas elecciones generales anticipadas
«No quiero unas elecciones», dijo Johnson, pero si los parlamentarios votan a favor de pedir «otro retraso inútil al brexit, esa sería la única forma de resolver esto». Para ello necesita el apoyo de la oposición laborista y su líder, Jeremy Corbyn, le ha respondido que si quiere conseguirlo antes tendrá que esperar a que la ley que hará que el brexit sin acuerdo deje de ser una opción sobre la mesa, sea una realidad.
Lo cierto es que Johnson sí quiere elecciones, porque las encuestas dan la victoria al Partido Conservador, que para entonces ya habría dejado fuera de las listas a los ‘tories’ rebeldes que han votado a favor de la ley anti-brexit. De cara a unas nueva elecciones, Johnson consigue quitarse de en medio a los conservadores rebeldes y se garantizaría una bancada fiel para sus planes de perpetuarse (al menos por cinco años) en el poder.
El procedimiento consiste en presentar una moción que necesita los votos a favor de dos tercios de ‘los comunes’ (434 parlamentarios de los 650 que forman la Cámara de los Comunes). Los conservadores (eran 310) y sus socios de gobierno del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte sólo 10. El Partido Liberal Demócrata no lo apoyaría y de momento, tampoco los laboristas.
Mientras, la UE
Ante este escenario, la Comisión Europea ha aprobado este miércoles un «último llamamiento» a la ciudadanía ante un «posible» brexit sin acuerdo. «A la luz de la continua incertidumbre en el Reino Unido con respecto a la ratificación del Acuerdo de Retirada y la situación política interna general, un escenario de ‘no acuerdo’ el 1 de noviembre de 2019, sigue siendo posible», afirma la Comisión en su comunicación.
La UE ha publicado un checklist para las empresas que comercian con el Reino Unido a realizar sus preparativos finales «para reducir al mínimo las perturbaciones» y tener presentes «los trámites necesarios en el comercio transfronterizo».
Asimismo, propuso que el Fondo Europeo de Solidaridad y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se pongan a disposición de las empresas, los trabajadores y los Estados miembros más afectados por un escenario de retirada sin acuerdo. Las propuestas deben ser aprobadas tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo.
Isabella Arria, Periodista chilena residenciada en Europa, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE,estrategia.la)