Traducido por Antoni Jesús Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez
La suerte está echada y nada puede hacerse para evadir la pregunta que flota en el ambiente: ¿Portugal es un negocio o una democracia? Para el Gobierno y sus satélites, Portugal es un negocio. A pesar del escándalo de las contribuciones a la seguridad social (TSU) [1], la confiscación de un salario más a los trabajadores portugueses y su transferencia a los empresarios, lo más grave e irreversible que está sucediendo tiene que ver con las privatizaciones y los negocios internacionales que éstas propician. El intermediario de estos negocios se llama Antonio Borges, un agente opaco, como todos los agentes-sombra. Al contrario de lo que parece, no es un intermediario neutral y mucho menos un atento cuidador de los intereses nacionales. Es un agente de Goldman Sachs con pasaporte portugués. Su principal negocio es la venta de activos nacionales a precio de saldo, aunque también está interesado en entregar a Monsanto la producción agrícola transgénica y a otras multinacionales los recursos naturales del país. Si tuviera el poder y la oportunidad, este hombre causaría un daño inmenso a Portugal.
Este es el primer peligro al que los portugueses se enfrentan. El segundo es tratar de neutralizar el primero a través de la dimisión del actual Gobierno y del nombramiento de un gobierno de salvación nacional liderado por un tecnócrata, tipo Lucas Papademos en Grecia o Mario Monti en Italia. Los portugueses están en la calle tras el estado de shock en el que otra dosis de medidas de austeridad los sumió. Como los griegos y los españoles, se están dando cuenta de que estas medidas dan resultados opuestos a los que proclaman y no ofrecen otra alternativa que medidas aún más gravosas.
En vista de ello, el Gobierno, con su indescriptible insensibilidad social, ha perdido apoyo y legitimidad entre los portugueses. El país pronto podría volverse ingobernable. Los portugueses están en una situación de emergencia que puede situarlos más allá de la división entre izquierda y derecha, lo que, sobre todo en el contexto portugués, es preocupante. La tentación puede ser buscar garantizar la estabilidad a toda costa, recurriendo a un gobierno de salvación nacional. No funcionará, como no funcionó en Grecia (en Italia se hizo antes de la troika y el resultado es incierto). El nuevo gobierno dará continuidad al memorando de la troika y los problemas de fondo volverán con la misma intensidad.
La solución a estos peligros tiene que venir de dos ejercicios normales, pero exigentes con las instituciones democráticas. Lo quiera o no, el Presidente de la República estará en el centro de ambos. El de más corto plazo está relacionado con el próximo presupuesto general que, si contiene las medidas anunciadas, será ciertamente inconstitucional. Compete al Tribunal Constitucional (TC) hacer ese control a solicitud de una fiscalización preventiva. Si el TC opta por la inconstitucionalidad, Borges, Gaspar [2] y sus acólitos tendrán que prestar cuentas ante sus patrones internacionales, pero los portugueses sabrán que es bueno tener tribunales independientes y que ello sólo es posible en democracia. Y también quedará patente que las instituciones no se dejarán chantajear por los golpes bajos de la troika, que no ha dispuesto el último tramo de financiamiento hasta la discusión del presupuesto, a pesar de haber aprobado el desempeño del Gobierno.
El segundo ejercicio son las elecciones anticipadas. Más tarde o más temprano, los portugueses deberán ser llamados a pronunciarse sobre la actual situación del país y las propuestas de gobierno sometidas al sufragio. Con todo, las instituciones europeas ven con preocupación el aumento de la protesta social en la zona euro y recomiendan la renovación de los consensos. La misma troika reclama que su recetario cuente con apoyo social. ¿Pero existe consenso en cuanto a la continuidad de la austeridad inscrita en el memorando? No hay otro modo de saberlo en democracia que no sean las elecciones.
Esta solución es particularmente exigente porque las elecciones sólo tendrían sentido si los partidos estuvieran preparados para ellas y tuviesen soluciones creíbles para el descalabro al que este Gobierno condujo al país. Dos condiciones parecen indispensables. Por un lado, un entendimiento de convergencia con incidencia pre o poselectoral entre el Partido Socialista (PS), el Bloco de Esquerda (BE) y el Partido Comunista Portugués (PCP); o, si ello no fuese posible, entre el PS y uno de estos dos últimos. Por otro lado, bases programáticas de convergencia que muestren a los portugueses las posibilidades concretas de recuperar la dignidad del país.
Irónicamente, la segunda condición, siendo más compleja, es la que más avanza en este momento, plasmándose en la amplia convergencia de fuerzas democráticas que sustentan el próximo Congreso Democrático de las Alternativas y en las bases programáticas que de él pueden surgir. Los partidos tendrán ahí una buena base de trabajo.
Ambos ejercicios presuponen la desobediencia democrática al memorando de la troika pues, como he venido sosteniendo, la democracia portuguesa no sobrevivirá a su pleno cumplimiento.
Notas:
[1] La Taxa Social Única (TSU) es la contribución mensual pagada a la Seguridad Social por el empleador y los trabajadores.
[2] Vítor Gaspar es ministro de Estado y de Finanzas del actual Gobierno de Portugal.
Artículo original del 20 de septiembre o de 2012.
Fuente:
http://visao.sapo.pt/dois-perigos-e-duas-solucoes=f687028
Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Coímbra (Portugal).