Las organizaciones de defensa de los derechos humanos en Perú alertaron sobre el drástico retroceso de la aplicación de justicia en los casos que involucran a militares y policías en delitos de lesa humanidad, durante la guerra contra la subversión. Desde el inicio de 2009, la Sala Penal Nacional, el tribunal más importante de los […]
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos en Perú alertaron sobre el drástico retroceso de la aplicación de justicia en los casos que involucran a militares y policías en delitos de lesa humanidad, durante la guerra contra la subversión.
Desde el inicio de 2009, la Sala Penal Nacional, el tribunal más importante de los que se ocupa de las acusaciones contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, absolvió a 65 uniformados y condenó solamente a 15, de acuerdo con cifras de organizaciones humanitarias, que defienden a las víctimas civiles del conflicto (1980-2000).
De los sentenciados, 10 pertenecen al Ejército, cuatro a la policía y uno a la Marina de Guerra, explicaron a IPS las no gubernamentales Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
«Es evidente que existe una tendencia de la Sala Penal Nacional de dejar en la impunidad gravísimos casos de violaciones de derechos humanos, en beneficio de militares y policías que deben recibir sanción por los crímenes que cometieron», afirmó Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la CNDDHH.
Las organizaciones humanitarias respondieron con cifras en la mano al ministro de Defensa, Rafael Rey, quien en una ceremonia pública castrense afirmó que los militares que combatieron a la subversión son víctimas de una «persecución judicial».
«Se insiste en maltratar y perseguir injustamente a los militares», dijo Rey, y aludió al caso de general del Ejército en retiro Juan Rivero, como supuesta víctima de la «persecución».
Rivero es acusado de haber facilitado, en su condición de director de Inteligencia del Ejército, la actuación del grupo clandestino de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, que ejecutó a 25 civiles en Barrios Altos y La Cantuta.
Por esas dos masacres, el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado a 25 años de cárcel, mientras el caso de Rivero sigue en proceso.
Gamarra, quien participó en ese juicio contra Fujimori afirmo que con sus declaraciones el ministro pretende «preparar el terreno para amnistiar a los integrantes del comando de criminales que actuó bajo la autorización del ex mandatario».
El activista humanitario fue más allá y consideró que «el objetivo de esa campaña es excarcelar a Fujimori. El guión es clarísimo».
El ministro Rey calificó también a las organizaciones defensoras de los derechos humanos de «intolerantes» con los militares, en una posición que el respalda el presidente Alan García, en el poder desde 2006, tras gobernar el país entre 1985 y 1990.
Gloria Cano, abogada de Aprodeh que ha participado en la defensa de numerosos familiares de víctimas de acciones militares y policías durante la guerra interna, dio irónicamente la razón al ministro.
«Está en lo cierto. Sí, somos intolerantes. Y cómo no serlo ante el delito, ante el abuso y ante la desidia gubernamental frente al clamor de cientos de peruanos que, 30 años después de iniciado el conflicto armado, continúan buscando los cuerpos de sus hijos, esposos, hermanos y padres desaparecidos», afirmó.
Cano recordó que esas víctimas «continúan esperando encontrar la verdad y alcanzar la justicia».
La gubernamental Defensoría del Pueblo afirma que en Perú son en total 351 los militares y policías enjuiciados, incluidos los 65 que absolvió la Sala Penal Nacional. De esa cifra, 264 corresponden al ejército, 47 de la policía y 40 de la marina. En cambio, el ministro Rey sitúa el total en 755.
«En muchos casos, los juicios se prolongan debido a que las Fuerzas Armadas se niegan a entregar información sobre la identidad de los militares que actuaron con nombres de combate, o se resisten a poner a disposición de la justicia a los acusados», explicó Carlos Rivera, abogado de IDL.
«Y, sin embargo, acusan al Poder Judicial y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos de dilatar los juicios», acotó.
Un ejemplo, el ministro Rey informó recientemente que no existe información sobre los militares que fueron destacados en la base contrasubversiva del Ejército en Putis, en la región surandina de Ayacucho, donde en diciembre de 1984 fueron ejecutados 123 campesinos, 19 de ellos niños.
«No hay documentos, ya que en esa época se destacaba al personal militar de manera verbal y con sus sobrenombres por medidas de seguridad», indicó.
Pero durante el juicio contra Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, las autoridades judiciales encontraron en los archivos del ejército documentación sobre los miembros del grupo de agentes que cometió los asesinatos, con sus nombres de guerra y sus verdaderas identidades.
Rivera estudió 19 sentencias absolutorias a favor de militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos, emitidas por la Sala Penal Nacional, y comprobó una alarmante disposición de los jueces a absolver a los acusados basándose en argumentos que calificó como discutibles.
«En los casos de desaparición forzada, los magistrados desechan el testimonio de los familiares de los víctimas que fueron testigos de los hechos alegando que son versiones interesadas», explicó Rivera.
«Cuando no se ha podido identificar a los autores de los crímenes debido a que las instituciones castrenses se niegan a proporcionar los nombres de los militares, entonces los jueces concluyeron que los asesinatos nunca se cometieron», detalló sobre otro supuesto absolutorio.
Añadió que «también han comenzado a cuestionar la validez del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2001-2003), bajo el pretexto de que la información es errónea, por supuesto, cuando se trata da favorecer a los acusados».
Pero para Rivera «lo peor de todo es que no califican los hechos como delitos de lesa humanidad».
Cano consideró que algunos casos demuestran que hay desde el Ejecutivo una política de impunidad, que se expresa en la negativa de Rey de poner a los acusados a disposición de la justicia.
«El ministro Rey se niega a entregar al teniente Carlos Morgan y al subteniente José Luis Chávez, quienes el 19 de abril de 1991 detuvieron a Zenón Huamaní, Eleuterio Fernández, Napoleón Quispe, Onofredo Huamaní, Luis Amaru, Julio Arotoma y Honorata Oré, con 8 meses de embarazo», citó a modo de ejemplo.
Aseguró que «esas víctimas fueron recluidas en la base militar de Huancapi, de donde jamás salieron».
«Rey nos pide ser tolerantes ante esto. Nuestra respuesta es: somos y seremos intolerantes ante la impunidad», reafirmó Cano.