El 7 de junio de 1990, en el marco de la infausta «Guerra del Pacífico», un valeroso grupo de oficiales y soldados peruanos cayó luchando heroicamente en defensa de lo que era parte inalienable del suelo patrio: el Morro de Arica. Francisco Bolognesi pasó a la historia cuando comunicó a quienes le intimaban la rendición […]
El 7 de junio de 1990, en el marco de la infausta «Guerra del Pacífico», un valeroso grupo de oficiales y soldados peruanos cayó luchando heroicamente en defensa de lo que era parte inalienable del suelo patrio: el Morro de Arica. Francisco Bolognesi pasó a la historia cuando comunicó a quienes le intimaban la rendición asegurando que lucharía «hasta quemar el último cartucho». Y así lo hizo- En memoria de esa jornada, el 7 de junio de cada año se celebra en el Perú «El Dia de la Bandera».
Pues bien, ha ocurrido que esta vez la bandera nacional ha sido galardonada por una acción adicional: al mediodía del viernes, el Presidente de a República, Comandante Ollanta Humala Tasso, anunció al paìs que había resuelto denegar el pedido de indulto formulado por Alberto Fujimori, el más conspicuo reo en cárcel de nuestro país, condenado a 25 años de prisión por diversos delitos, que van desde la violación de derechos humanos hasta corrupción generalizada.
La decisión del mandatario peruano puso fin a una larga farsa que ocupó los últimos ocho meses de la vida nacional, y que se caracterizó por la constante presión de los grupos más reaccionarios, y la Mafia, por liberar a quien fuera el más corrupto gobernante del Perú en el siglo XX.
En ese lapso, en efecto, fueron accionados numerosos mecanismos orientados a impactar a la opinión ciudadana. En el extremo, se optó por despertar lástima y conmiseración en importantes sectores de la población mostrando videos casi mortuorios, al tiempo que se atacó grosamente al gobierno actual acusándolo de ser «insensible» ante el drama humano, «rencoroso» y «vengativo». Todos los grandes diarios y la TV al servicio de la reacción actuaron al unísono en una ofensiva mediática sin precedentes y que hoy ha quedado plenamente desvirtuada.
El Presidente Humala -al sustentar su decisión- ha sostenido que ésta no tiene una connotación política, sino meramente legal y formal; pero unos y otros saben que esto no es así.
Fue un acto político el solicitar la libertad del sentenciado y ciertamente es un acto político denegarla. Otra cosa -y atendible- es el deseo del gobierno peruano de situar el núcleo del debate en los temas que fundamentan la resolución anunciada.
En efecto, el Presidente Humala ha sostenido que el inculpado no reúne los requisitos que ameriten un indulto humanitario: no sufre de una enfermedad terminal, no está afectado por una grave dolencia, ni las condiciones carcelarias que lo afectan ponen en riesgo su integridad física o mental. En otras palabras, que no se acreditan los elementos básicos para acceder a una petición de esa magnitud.
Pero al mismo tiempo el Presidente Peruano ha incidido en la naturaleza de los delitos que se han imputado al reo: actos de corrupción evidente y violaciones a los derechos humanos en perjuicio de numerosos ciudadanos. Estos han sido elementos que han motivado que gran parte de la población peruana se muestre renuente al pedido de gracia humillantemente reclamado por los áulicos y defensores del ex dictador.
Entre los delitos más conocidos se encuentra, por cierto, el crimen de Barrios Altos, ocurrido en noviembre de 1991, cuando un comando para militar -el Grupo Colina- incursionó en una quinta del cercado de Lima y asesinó a mansalva a más de una docena de habitantes del predio, entre los que se hallaba un niño de 8 años.
El hecho que las autoridades de entonces -lideradas precisamente por Fujimori- pretendieran negar lo ocurrido y atribuirlo más bien a una pugna «entre facciones terroristas de sendero luminoso», constituyó una suerte de agravante cuando pudo finalmente establecerse la verdad. Por ese crimen, sus autores fueron condenados y aún se encuentran en prisión.
El asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación de La Cantuta, fue otro de los crímenes emblemáticos cometidos en ese entonces. También el Grupo Colina participó en los hechos que fueron finalmente investigados y puestos en evidencia por un valeroso núcleo de periodistas de investigación y parlamentarios de la época.
También aquí el gobierno de Fujimori, en ese entonces, pretendió encubrir los hechos y eludir responsabilidades, pero las pruebas en su contra fueron concluyentes. Y se dejaron sentir incluso después, cuando al encontrarse los restos de los asesinados, ellos fueron parcialmente entregados a sus familiares en cajas de cartón de uso comercial. Ni siquiera un elemental respeto mostraron los autores del crimen por las víctimas, o sus familias: los consideraban simplemente «terroristas».
Otros crímenes de no menor trascendencia en Lima y en el interior del país, fueron considerados en la causa judicial que se le incoara al dictador, y que ameritara una condena dictada un 7 de abril del año 2007 en Lima.
Pero no solo este tipo de delitos fueron planteados en el proceso. También itros graves, de corrupción. Durante el gobierno de Fujimori fueron malversados fondos públicos por más de treinta mil millones de dólares, se amasaron cuantiosas fortunas en manos de personas adictas al régimen, de saqueó la hacienda pública e incluso se robaron lingotes oro del Banco Central de Reserva. Al Japón fueron remitidas maletas enteras llenas de dinero del que nunca se dio cuenta en el país-.
En colusión con el Jefe de sus servicios de inteligencia, el dictador hizo de las suyas con los recursos públicos durante diez años. Y usó los métodos más pérfidos para denigrar o perseguir a sus adversarios. Incluso compró adhesiones parlamentarias sobornando descaradamente a congresistas que pusieron precio a sus adhesiones puntuales. El Poder Judicial y el Ministerio Público fueron usados como instrumentos de terror y castigo en perjuicio de los críticos de la «verdad oficial» entonces imperante.
Pero formando parte de esta sucesión de delitos vinculados a la denegatoria anunciada, está el hecho que Alberto Fujimori no mostró nunca el más leve arrepentimiento. Siempre proclamó a viva voz su «inocencia», no obstante verse abrumado por pruebas incontrovertibles, y sostuvo que sus acusadores no eran sino «cómplices del terrorismo y la subversión»- Renuente a cumplir la sentencia que fuera dictada en su contra, Fujimori no pagó hasta hoy un solo centavo de la reparación civil que está obligado a cumplir en beneficio de los familiares de sus víctimas.
En el extremo del escarnio, Fujimori fugó del país, renunció a la Jefatura de la Nación por «fax» y se hizo ciudadano nipón, postulando incluso al Senado japonés en el empeño de eludir su obligación de dar cuenta a la justicia peruana por sus latrocinios. Sólo retornó cuando consideró allanado el camino de su reinmersión en la política peruana, pero fue detenido, procesado y sentenciado en un juicio trasparente y ejemplar. Tuvo una luz de esperanza en los comicios del 2011 con la candidatura de su hiia Keiko, pero ella perdió, y el hecho sumió a Fujimori en una depresión constante que ahora usó como argumento para pedir su libertad.
Durante el gobierno de García, el Presidente aprista bien pudo otorgar el «indulto» que se exigió al gobierno de Humala. No lo hizo por cobardía personal, por no desacreditarse definitivamente en el plano nacional e internacional, dado que Fujimori está considerado entre los 7 mandatarios más corruptos del planeta. Hoy, sin embargo, García «se jugó entero» para arrancar al indulto en provecho del genocida, pero fracasó en su empeño.
Después de esta decisión, el escenario político peruano habrá de registrar cambios. Es previsible que la Mafia pase a la ofensiva en todos los planos y que esto obligue al gobierno del Presidente Humala a acercarse más a la ciudadanía y ligarse más estrechamente al pueblo. Lo veremos.
Entre tanto. El Día de la Bandera tuvo en el Perú consideraciones adicionales. Florindo Eleuterio Flores Hala, publicitado como «Artemio», y considerado el líder narcoterrorista más importante en la zona del VRAE fue condenado a cadena perpetua y al pago de más de 200 millones de dólares por indemnización al Estado.
Y, por si esto no fuera aún suficiente, Perú logró una significativa victoria deportiva en la competencia futbolística con miras al campeonato mundial que se celebrará en Brasil el próximo año-.
El Día de la Bandera, fue celebrado por todo lo alto y una sola frase resumió la jornada: ¡Ganó el Perú…!
Gustavo Espinoza M. del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera
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