La gente está percibiendo que ese superestado en construcción, que llamamos Unión Europea, está dañando sus condiciones de vida y que, cada día que pasa, es considerado más como un problema que como solución a los problemas actuales. El Eurobarómetro muestra que mientras, en 2007, el 65% de los españoles confiaba en la Unión […]
La gente está percibiendo que ese superestado en construcción, que llamamos Unión Europea, está dañando sus condiciones de vida y que, cada día que pasa, es considerado más como un problema que como solución a los problemas actuales. El Eurobarómetro muestra que mientras, en 2007, el 65% de los españoles confiaba en la Unión Europea (UE), hoy desconfía el 75% de la ciudadanía. Y, asimismo, el 60% de la población de la UE desconfía de la propia UE.
La UE se asienta sobre graves desigualdades territoriales y está aplicando políticas que deterioran la calidad de vida y vacían de contenido las estructuras democráticas de los estados que la integran. Esto sólo puede conducir, a medio y largo plazo, a la destrucción de la UE.
Branko Milanovic, un experto en cuestiones de desigualdad, escribió en un libro reciente que una de las causas de la disolución de la Unión Soviética y de Yugoslavia se halla en la fuerte desigualdad interregional que tuvieron. La diferencia en el PIB por persona entre la república soviética más rica y la más pobre era de 6 a 1 y, en el caso de Yugoslavia, la diferencia interregional era de 8 a 1 (frente a 1.5 a 1 entre el estado más rico y el más pobre de Estados Unidos, o 1.4 a 1 en Alemania, 1.6 a 1 en Francia o 1.7 a 1 en España). Pues bien, en el caso de la UE la diferencia es 7 a 1 y ello será un factor estructural de tensión rupturista en una UE que parece más inclinada a aceptar y gestionar las diferencias de renta, entre sus estado integrantes, que a facilitar la convergencia en nivel de renta.
En 2014, la UE reduce su presupuesto un 6%, coincidiendo con el ingreso de un nuevo estado. Sin embargo, en cualquier caso, su presupuesto sigue siendo similar al de Bélgica, pese a que su población es cincuenta veces mayor. Ese presupuesto ridículo ha impedido dar recursos a estados como España o Grecia cuando se han visto perjudicados por una misma política monetaria europea y por haberse quedado sin un verdadero banco central.
El Banco Central Europeo (BCE) tiene prohibido prestar dinero a los estados y, por tal motivo, lo que hace es prestar a la banca privada, a un tipo de interés muy bajo, para que, a su vez, ésta conceda crédito a los estados a un tipo de interés mucho más elevado. Se trata de un negocio redondo para la banca privada, que incrementa los intereses que pagamos la ciudadanía por la deuda pública, y cuyos desastrosos efectos se refuerzan gracias a la reforma del artículo 135 de la Constitución, que pactaron el PP y el PSOE, y que, al priorizar el pago de la deuda, se transforma en una palanca de reducción del gasto público social y desmantelamiento del estado del bienestar. De hecho, hay un economista que ha calculado que, si España tuviera un Banco Central de verdad, que le prestara al 1%, en vez de estimular la especulación de la banca privada sobre la deuda pública, pues entonces tendríamos una deuda pública próxima al 14% del PIB y no al 100%. Por culpa del modelo del BCE, que nos endosaron el PP y el PSOE, en 2014 gastaremos más en intereses de la deuda que en ayudas a las personas desempleadas.
La UE está dividida en más espacios fiscales que estados para provocar que los países compitan unos contra otros bajando impuestos y erosionando la base fiscal con que se financia el estado del bienestar. Un estudio publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorros muestra que el tipo nominal del impuesto de sociedades en la Unión Europea de los Quince, en 1995, era el 38.03% y, en 2005, el 30.11%. En 2004, ingresaron diez nuevos estados con un tipo impositivo nominal del 20.5%. La carrera hacia la desfiscalización de los estados ha sido organizada de manera muy eficaz. Asimismo, el hecho de que en la UE quepan diferencias que multipliquen por más de diez los ingresos salariales en unos países, en relación con otros, facilita las deslocalizaciones y la competencia salarial a la baja. El terreno de juego que se ha definido en la UE actual es inmejorable para destruir derechos: presupuesto europeo casi irrelevante, BCE que organiza la especulación de los prestamistas contra los estados, competencia fiscal y laboral a la baja y presiones constantes para privatizar lo público y socavar las pensiones.
El diseño institucional europeo, apoyado con entusiasmo por el bipartidismo español, ha agravado las consecuencias de la crisis y supone una amenaza permanente para las condiciones de vida de la ciudadanía. Ese proyecto de UE antisocial se apoya en la destrucción progresiva de las estructuras democráticas. El propio presidente del BCE, Mario Draghi, ha declarado que «muchos gobiernos todavía deben darse cuenta de que perdieron su soberanía nacional». Esto quiere decir que hay pueblos europeos que se han quedado sin soberanía para decidir, sin poder sobre sus propios asuntos, y, por lo tanto, sin democracia. Porque democracia no es elegir representantes que no pueden cumplir con el mandato programático otorgado por la ciudadanía. Tal realidad genera frustración e impotencia. Y esa impotencia la refleja la gente en España cuando el Eurobarómetro señala que el 77% de los encuestados considera que su voz no cuenta en la UE. El proyecto europeo debe dar un giro radical si quiere ser sostenible y estar al servicio de la ciudadanía europea. Y ese giro no lo van a dar ni el bipartidismo, ni las derechas nacionalistas que han apoyado el actual modelo antisocial de la UE.
Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.