Traducido por Antoni Jesús Aguiló
En el momento en que escribo, los portugueses disponen de dos visiones muy diferentes sobre cómo salir de la crisis en la que nos encontramos. Por un lado, el «Manifiesto de los 28» y, por el otro, el «Manifiesto de los 52». Para el primero, la solución es el límite del endeudamiento, lo que implica una reducción drástica de la inversión pública, fuente de muchos males, siendo los mayores el TGV, el nuevo aeropuerto y las autopistas. Para el segundo, la prioridad es la promoción del empleo y la capacitación económica, lo que implica una fuerte inversión pública -no necesariamente en los proyectos aludidos-, ya que sólo el Estado dispone de los instrumentos para desencadenar medidas que minimicen los riesgos sociales y políticos de la crisis y preparen el país para los poscrisis.
Las diferencias entre los dos documentos son, más que otra cosa, «genealógicas». El primero está suscrito por economistas, la gran mayoría de los cuales ocupó cargos políticos en los últimos quince años, y colaboró en la promoción de la ortodoxia neoliberal que nos condujo a la crisis. El segundo está suscrito por economistas y teóricos sociales que, a lo largo de los últimos quince años, tomaron posiciones públicas contra la política económica dominante y advirtieron contra los riesgos que derivarían de ella. La partida contiene, pues, una cuestión de credibilidad: ¿cómo pueden los primeros estar tan seguros de su saber técnico si las recetas que proponen, cosmética a parte, son las mismas que nos condujeron al bache en el que nos encontramos y en cuya aplicación participaron con tanto desvelo político?
Pero las diferencias entre los dos documentos son más profundas que la descripción sugerida. Implican dos concepciones distintas de la economía, la sociedad y la política. Para el Manifiesto de los 28, la economía no es una ciencia social; es un conjunto de teorías y técnicas neutras a las que los ciudadanos deben obediencia. Puede imponerles sacrificios dolorosos -pérdida del empleo o de la casa, caída abrupta en la pobreza, trabajo sin derechos, inseguridad respecto al futuro de las pensiones construidas con su propio dinero- que contribuyan a garantizar el buen funcionamiento de la economía, entendida como la expansión de los mercados y el beneficio de las empresas. El Estado debe limitarse a garantizar que esto ocurra, no transformando el bienestar social en uno de sus objetivos, pues, aunque lo quisiera, fallaría, dada su ineficiencia inherente.
Por el contrario, para el Manifiesto de los 52, la economía está al servicio de los ciudadanos y no al revés. Los mercados deben ser regulados para que la creación de riqueza social no se transforme en motor de injusticia social. Mientras el supermillonario Américo Amorim no tenga que recortar gastos en el supermercado, a pesar de haber perdido montantes astronómicos de su inmensa riqueza, no ocurrirá lo mismo con el trabajador a quien el desempleo privó de un escaso puñado de euros. Cabe al Estado garantizar la cohesión social, accionando mecanismos de regulación y de inversión para que la competitividad económica crezca junto con la protección social. Para eso, el Estado tiene que ser más democrático y la justicia más eficaz en la lucha contra la corrupción.
Es de recibo que haya opciones y que los portugueses dispongan del conocimiento para evaluar las consecuencias de cada una de ellas. En momentos electorales es importante que sepan que no hay «una única solución posible para salir de la crisis». Hay varias y éstas, sin dejar de ser económicas, son, sobre todo, sociales y políticas. Aún así, el pluralismo, para ser eficaz, tiene que estar equilibrado en su publicidad. Anoto, sin sorpresa, que a pesar de que varios periódicos de referencia dieron un protagonismo equilibrado a los dos manifiestos, no sucedió lo mismo con Público, cuyo director nos brindó un comentario ideológico y autodescalificador contra el Manifiesto de los 52. Este proselitismo conservador tiene muchos antecedentes -¿quién no se acuerda de la grosera apología de la invasión de Irak y la demonización de todos los que se opusieron?- y, tal vez por eso, este periódico tenga los días contados como diario de referencia.
Artículo original publicado el 1 de julio de 2009.
Fuente:
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=4386
Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra (Portugal).
Antoni Jesús Aguiló es miembro de Rebelión y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente, a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y la fuente.