“A los que han tenido éxito les encanta hacer creer que se lo deben únicamente a su propio talento y que, por lo tanto, el hecho de tener que pagar impuestos seria parecido a un robo, a pesar de que el éxito siempre es colectivo”. (Thomas Porcher)
La oposición política, gran parte de empresarios del llamado sector corporativo, prensa mediática y economistas defensores de políticas neoliberales, apostaban a que Honduras no pasaría la evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI) correspondiente a la primera y segunda revisión del Acuerdo en el marco del Servicio de Crédito Ampliado (SCA) y el Servicio Amplio del FMI (SAF), con acceso a más de 820 millones de dólares.
Existían varios argumentos para ello. El primero era que el Gobierno de Xiomara Castro y las autoridades del Banco Central tardaron en aumentar la Tasa de Política Monetaria (TPM) de 3.00% a 4.00% y acelerar el ritmo de devaluación de la moneda, en respuesta a las exigencias de dicho organismo y rezagos temporales habidos desde 2022 frente a sus principales socios regionales, lo que demostraba el incumplimiento de los compromisos contraídos. El segundo es que fue evidente la pérdida de Reservas internacionales (RI) en más de 2,000 millones de dólares (En 2022, parte de estas reservas fueron para cubrir deudas por vencerse y financiar el gasto de inversión social y productiva), donde se hicieron visibles problemas estructurales de baja oferta exportable, inestabilidad en mercados y caída de precios y problemas climáticos, más allá de los rezagos en TPM y devaluación.
Para los llamados economistas con clara orientación monetarista-neoliberal, estos rezagos fueron factores que presionaron por el mayor uso de las Reservas Internacionales, sumado a la fuerte demanda de divisas por abaratamiento del dólar y el creciente sesgo importador de la economía, donde es evidente que importamos más para producir, incluso bienes de consumo que podemos producir internamente. Hablamos de un déficit comercial de más de 5,500 millones dedólares a septiembre de 2024.
La poca mención a problemas estructurales en el sector productivo, caracterizado por pocos rubros de exportación y competividad, y la vigencia del RD-CAFTA que está pasando factura al liberalizarse el comercio de gran parte de los productos de consumo como granos básicos que deben importarse y pagarse en dólares, demuestra que las políticas de desarrollo pierden vigencia frente a los incentivos que se promueven para el capital y sector financiero con aumentos de la tasas de interés y ritmo de devaluación.
Hay también poca referencia a los esfuerzos del Banco Central por restar liquidez al sistema mediante la utilización de instrumentos de política monetaria con el encaje legal y la colocación de bonos, otorgando un gradualismo al uso de la TPM por los impactos negativos en los montos de la inversión pública y privada como política de Estado. Al aumentarse las tasas de interés, el crédito se vuelve más caro, incluso para el Gobierno que tiene que financiar su presupuesto con préstamos de la banca nacional.
El Acuerdo alcanzado con el FMI es un fuerte espaldarazo para el Gobierno de Xiomara Castro y economía hondureña, pero sobre todo, para fortalecer las RI y poder cumplir parte de los compromisos en materia social, sobre todo de aquella población en situación de pobreza extrema donde las políticas de compensación y protección social focalizadas son importantes.
“El equipo y las autoridades coincidieron en que la economía de Honduras sigue siendo resiliente a pesar del contexto mundial aún complicado y del impacto del choque climático de El Niño. Este año ha continuado el crecimiento robusto—proyectado en casi 4 por ciento—y la inflación se ha estabilizado entre 4½ y 5 por ciento, dentro del rango de tolerancia alrededor del objetivo de inflación del BCH. En el sector externo, las reservas internacionales siguen siendo adecuadas, pero han seguido disminuyendo durante este año debido a diversos factores, entre ellos la grave sequía del primer semestre del año—que lastró las exportaciones agrícolas y aumentó las importaciones de energía—y los menores desembolsos multilaterales y bilaterales de lo previsto”[1].
La preocupación del equipo técnico del FMI se sustenta en cinco (5) pilares que fueron parte de las discusiones con el Gobierno. Uno es la disciplina presupuestaria y capacidad de gestión del Gobierno para garantizar solidez de los ingresos fiscales, cuando existe un mandato de la presidenta Castro porno aumentar los impuestos. Hay evidencia de un menor ritmo de crecimiento del endeudamiento, pero preocupa el aumento del servicio de la deuda pública que para 2024 superará lo previsto de 2,250 millones de dólares. Una nueva Ley de Servicio Civil, mejor control y productividad del gasto son fundamentales, pero también urge la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria que, al parecer, el FMI e incluso ciertos diputados del partido LIBRE, ya perdieron la batalla con los empresarios corporativos y Embajada “Gringa” en contra, por la fuerte oposición de organizaciones de sociedad civil y en el Congreso Nacional. [2]
Lo segundo refiere al reforzamiento del gasto social a favor de los más vulnerables, o sea aquellos (as) en situación de extrema pobreza. Se necesita de urgencia concluir el censo de hogares urbanos y un Sistema Único de Información del Sector Social para darle más trasparencia y efectividad a las intervenciones. Al igual que cuando Manuel Zelaya Rosales (2006-junio2009), un cuestionamiento no público del FMI es la generalización de los subsidios a la energía, combustibles, bonos tecnológicos y crédito del banco campesino a personas que no son pobres o tan pobres como lo manifiestan, lo cual genera filtración y pérdida de recursos. Esta focalización efectiva es más urgente, cuando hay dificultades para obtener mayores ingresos para el fisco.
El FMI reconoce la aplicación decisiva, no tardía, de las políticas monetarias (aumento de la TPM) y cambiarias (mayor deslizamiento de la moneda), para mantener bajas las presiones inflacionarias y proteger las reservas internacionales. El Gobierno se comprometió a la aprobación de aumentos adicionales de TPM y la aplicación del régimen cambiario de banda móvil.
Los economistas monetaristas-neoliberales y empresarios ligados al sector exportador, no consideran agregar el monitoreo y evaluación de los impactos negativos en la economía y población de estas decisiones, especialmente aquella que depende para vivir de rentas fijas como sueldos y salarios. Se habla que este debe ser el punto de partida en el tema cambiario, esperando una depreciación de la moneda de 30 centavos, alcanzado un cambio de 25.30 lempiras por dólar a finales de diciembre. La TPM debería alcanzar 4.30% a finales del año 2024. Se espera que el BCH y personal técnico del FMI, analicen a profundizar los efectos negativos de un régimen cambiario de devaluación acelerada, y de alternativas a la luz de las experiencias habidas en otros países.
De cara a la contienda electoral, una política de este tipo para una economía como la hondureña, implica un alto costo para el sector productivo interno y población, lo que, a no dudarlo, aumentaría las protestas públicas y el descontento con la gestión de Gobierno y aspiraciones del candidato (a) oficialista para las elecciones próximas.
En cuarto lugar se encuentra el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Contrario a otras visitas, donde no se mostraron avances en la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas de la empresa, los funcionarios del FMI se fueron alentados con esta reducción que, para el Gerente de la ENEE, Erick Tejada, ha significado una reducción de 37.44% en agosto de 2023 a 35.12% en septiembre de 2024, esperando una reducción de 3% a finales del año. No obstante, el déficit financiero de la empresa sigue alto y el FMI recomienda colocar bonos en el mercado doméstico, donde las instituciones de previsión social están en primera lista, haciendo frente a los atrasos de pagos y desafíos de nuevas inversiones para la generación de energía limpia y barata.
Finalmente, el FMI valora un compromiso firme con el combate de la corrupción, referido al “reciente establecimiento de un sistema de declaración de activos para funcionarios públicos y de un Observatorio Nacional de Transparencia y Anticorrupción”. No obstante, la oposición política considera que lo que ocupa Honduras es un juez externo no contaminado, caso de la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), esperando el Gobierno una respuesta a una segunda solicitud presentada a Naciones Unidas. Este es uno de los grandes desafíos de la gestión del Gobierno de la presidenta Castro, por ser una promesa de campaña que la población espera se cumpla para enfrentar el flagelo de la corrupción e impunidad.
Notas:
[1]Comunicado de Prensa del FMI, N. 24/384, del 18 de octubre de 2024
[2]Se ha cuestionado al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por anunciar una consulta a la población para ver si está de acuerdo o no con la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria; sin embargo, los diputados del LIBRE la apoyan, así también dirigentes de organizaciones gremiales y estudiantiles.
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