Conocí personalmente a Sergio Rojas Ortiz, cuando trabajé como asesor de la Fracción del Frente Amplio entre el 2014 y el 2018, me correspondió atenderle y facilitarle reuniones con varios de los diputados de la Fracción, tuve la oportunidad de conversar con el en varias ocasiones y pude apreciar su talante y capacidad de líder, […]
Conocí personalmente a Sergio Rojas Ortiz, cuando trabajé como asesor de la Fracción del Frente Amplio entre el 2014 y el 2018, me correspondió atenderle y facilitarle reuniones con varios de los diputados de la Fracción, tuve la oportunidad de conversar con el en varias ocasiones y pude apreciar su talante y capacidad de líder, un ser humano inteligente, sagaz, firme en sus principios y conocedor del acervo cultural de su pueblo, dueño de una extraordinaria capacidad para leer la coyuntura de sus luchas y diseñar la estrategia más adecuada para avanzar en sus propósitos.
Su asesinato me ha conmocionado profundamente y quiero compartir con ustedes éstas reflexiones sobre este crimen político, cometido en el país más felíz de América, el país de la «revolución de las crayolas», del «gobierno de unidad nacional» y del Bicentenario de nuestra independencia, el gobierno que en 10 meses ha permitido que el país haya retrocedido años en su estructura socio económica aumentando la desigualdad social.
La noche del lunes 18 de marzo del 2019, a las 9:19 pm, nuestro país entró en la macabra lista de Estados cuyos gobiernos no protegen la vida de los defensores de derechos humanos, no protegen la vida de los luchadores sociales y toleran su asesinato.
Sergio Rojas Ortiz, fue un defensor de los derechos humanos, un luchador social, un líder indígena que dirigió la justa lucha para recuperar las tierras que por Ley y por derecho histórico les pertenecen a los pueblos originarios, su capacidad y liderazgo le permitió hacer sentir la voz de su pueblo ante los órganos de gobierno y junto a otros líderes lograron que se iniciara la discusión oficial sobre el derecho de su pueblo a recuperar sus tierras
El Estado costarricense, a través de los años, y por medio de los diferentes gobiernos, han entregado estas tierras de manera irresponsable a sus allegados partidarios, como parte del botín de la política clientelar desarrollada por el bipartidismo durante décadas.
Esta irresponsabilidad ha generado un conflicto legal que el Estado costarricense se ha negado a resolver, pese a haber asumido compromisos internacionales para devolver estas tierras a los pueblos originarios.
La lucha por la recuperación de tierras de parte de los pueblos indígenas en la zona de Salitre, es una lucha que ha encontrado a lo largo de los últimos 40 años, la resistencia violenta y criminal de los finqueros no indígenas, que recurren a la quema de las viviendas y sembradíos de las familias indígenas, llegando en varias ocasiones al secuestro y la tortura, hace escasos 4 años durante un recrudecimiento del conflicto, varios integrantes de la población Bribri fueron heridos de bala, torturados con alambre de púas, e incluso uno de ellos fue quemado con un hierro incandescente, todos estos atropellos fueron denunciados ante la fiscalía y la prensa nacional reseño varios de estos hechos..
Las autoridades policiales y judiciales de la zona han tolerado abiertamente las acciones violentas de los finqueros no indígenas que han ocupado las tierras que les pertenecen a los pueblos originarios. Tanto el Ministerio de Seguridad, como el Ministerio Público (Fiscalía) responden con lentitud e indiferencia ante las quejas y denuncias de los pobladores indígenas.
Los múltiples atropellos que durante décadas se comenten contra los pueblos indígenas en la zona de Salitre provocaron que el 22 de marzo del 2012 se presentara una denuncia ante la CIDH para exigirle al gobierno costarricense garantizar la vida y la seguridad de los pobladores indígenas.
La actitud de las autoridades del Estado costarricense en la zona de Salitre durante años ha sido y es en la actualidad, una actitud discriminatoria y racista, y un hecho que refleja ésta actitud, es el despliegue desproporcionado de la fuerza policial el 06 de noviembre del 2014, a sólo 6 meses del gobierno encabezado por «el progre» Luis Guillermo Solís, el entonces Ministro de Seguridad, Celso Gamboa, ordenó un operativo para que 40 patrullas y 150 policías ingresaran al territorio de Salitre a detener al líder indígena Sergio Rojas sobre el que había una denuncia por supuesta malversación de fondos, una vez apresado, el poder judicial por medio del juzgado de la zona, dictó 6 meses de prisión preventiva, al final de las cuales se le liberó con medidas cautelares que le impedían desarrollar su trabajo como dirigente de la lucha de su pueblo.
El Gobierno costarricense recibió el 30 de abril del 2015 la resolución de la CIDH, en la que se le exigía tomar medidas para garantizar la vida y la seguridad de los indígenas de la zona de Salitre, en la resolución de la CIDH se señala lo siguiente:
«En vista de los antecedentes señalados, la CIDH considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento.
En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno de Costa Rica que:
a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre, quienes se encontrarían en la región sureste del departamento de Puntarenas, específicamente en la zona denominada Salitre»; *
* Para ver la resolución completa visite:
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC321-12-ES.pdf
Pese a esta decisión de la CIDH la acción del Gobierno del «progre» Luis Guillermo Solís, fue débil y omisa en cumplir lo que se le estaba exigiendo de parte del máximo órgano de defensa de los derechos humanos a nivel latinoamericano, así lo comprobaron una delegación de diputados del Frente Amplio que ante los hechos violentos, visitaron la zona el 14 de setiembre del 2015. El periódico digital El Mundo CR publicó una nota de la que extraemos lo siguiente:
San José, 14 set (elmundo.cr). «…Los diputados José Ramírez, Patricia Mora y Carlos Hernández, legisladores frenteamplistas constataron en la gira algunas de las problemáticas que experimentan cotidianamente las personas indígenas, tales como la inseguridad por falta de medidas cautelares, la quema de sus viviendas, así como amenazas y agresiones físicas.
Según el diputado José Ramírez, «La presencia de policías no genera seguridad en la población, más bien están denunciando que la policía se hace de la vista gorda o se desaparecen cuando se van a perpetrar hechos violentos, aquí la situación es grave y hay que actuar antes de que alguien pierda la vida», comentó Ramírez.
Por su parte Patricia Mora afirmó que «es evidente que la intervención estatal no ha sido eficiente para buscarle una solución al conflicto, tampoco vemos la presencia de instituciones como el Pani o el INAMU, ni siquiera la fiscalía de la zona viene a tomar las denuncias de la gente, sino que les obligan a ir hasta Buenos Aires para poner las denuncias, los ponen más en riesgo».
El indígena Sergio Rojas, quien actualmente tiene medidas de protección y quien fue visitado por los diputados, aseguró que los indígenas en recuperación de tierras se sienten desprotegidos y no pueden caminar tranquilos por las tierras ya que con son víctimas constantes de acoso y violencia. «Aquí realmente no nos protegen, no me siento seguro ni para salir de mi casa, más bien los finqueros nos tienen vigilados», manifestó Rojas».
Para ver la nota completa visite: http://www.elmundo.cr/costa-rica/comitiva-del-frente-amplio-visita-territorio-indigena-de-salitre-en-busca-de-solucion-al-conflicto/
Hoy ante el vil asesinato de Sergio Rojas, un crimen que pudo haberse evitado, el «Gobierno de Unidad Nacional de Carlitos el progre» , buscan eludir responsabilidades al escudarse en un juego de palabras señalando que es el Estado y no el Gobierno quien ha fallado, una falacia jurídica, pues si bien es cierto que es el Estado como ente superior el responsable por garantizar la protección a la vida de todos los habitantes de un país, es el Gobierno, sus integrantes, las personas que asumen los cargos públicos, los verdaderos responsables de ejecutar la medidas que garanticen la efectividad de ésa protección.
Las medidas cautelares solicitadas por la CIDH, fue una orden para el Gobierno de Costa Rica, y es evidente que no cumplió ni en el gobierno de Luis Guillermo Solís, ni en el gobierno actual.
Sergio Rojas fue asesinado a las 9:19 de la noche del 18 de marzo del 2019 como represalia contra la lucha por recuperar las tierras que le pertenecen a su pueblo, Sergio Rojas fue asesinado por ser un líder legitimado ante su pueblo como ejemplo de perseverancia y lucha.
El asesinato de Sergio Rojas Ortiz, nos avergüenza como sociedad al haber fallado durante años ante los justos reclamos de los pueblos indígenas por recuperar sus tierras, nos avergüenza como país al tener gobiernos que no protegen a la población indígena e incumplen las resoluciones de la CIDH, nos avergüenza el desinterés de todos por los derechos de los pueblos originarios.
Sergio Rojas fue asesinado por la desidia del Gobierno de Carlos Alvarado y su gabinete, el actual gobierno es el más neoliberal de los últimos 40 años, un gobierno que desde hace poco más de 10 meses ha gobernado para los poderosos y de espaldas e indiferencia a las necesidades del pueblo, un gobierno que en solo 10 meses ha provocado el mayor retroceso en el Estado Social de Derecho que como sociedad hemos construido a lo largo de los últimos 70 años.
El gobierno de Carlos Alvarado, es un gobierno que contando con el apoyo mayoritario de la asamblea legislativa no ha aprobado una sola ley a favor de las mayorías marginadas de nuestra sociedad, y muy al contrario ha aprobado una serie de leyes que favorecen de manera desmedida a los grandes capitales en manos de poca gente, un gobierno que en solo 10 meses ha agigantado la desigualdad social en nuestro país, la muerte cruel de Sergio Rojas nos lanza a la cara el tipo de sociedad que se esta encubando en éste gobierno.
El asesinato de Sergio Rojas Ortiz, es un crimen político, que coloca a Costa Rica en la vergonzante lista de países con gobiernos que no protegen a los defensores de derechos humanos, un crimen que ha manchado de sangre al «Gobierno de unidad nacional» y ha manchado de sangre el Bicentenario de nuestra independencia.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.